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Programa 29N 2026 – Bloque 5. La economía y los recursos al servicio de la gente

Programa de Izquierda Unida a las Elecciones Generales del 29 de noviembre de 2026

Necesitamos más estado y menos mercado.

Se trata de poner la economía al servicio de la mayoría social y eso supone intervención colectiva, sí. Pero no para apuntalar los privilegios de las élites sino justamente para lo contrario.

1. Intervención en la economía para ponerla al servicio de las familias trabajadoras

Todas las crisis son un marco en el que la pugna política e ideológica se acentúa, pasando a primer término los diferentes modelos de salida a la crisis, donde, en estos momentos, son evidentes la ofensiva desatada por los diferentes sectores de las clases dominantes de nuestro país. Frente a ellos, es el tiempo de hablar de cooperación, producción, de lo público, de vidas seguras, de equidad y de justicia. Ante esta pandemia global, los estados nacionales y los organismos supranacionales, especialmente la UE, va a poner en circulación ingentes cantidades de dinero. Debemos aprovechar esta situación para impedir que como en otras ocasiones, todas las ayudas no acaben saneando a la gran banca y grandes empresas sin contrapartidas para el Estado. Es vital que luchemos para que todas las ayudas del estado al sector privado se hagan con condiciones, para evitar socializar las pérdidas y privatizar los beneficios.

Que se haya sacralizado el sistema de libre mercado es especialmente relevante cuando crisis como la actual provocan tantas dificultades a nivel mundial. El mercado, que tendría que ser la panacea y que debería autorregularse y asignar eficientemente los recursos, muestra claramente su inoperancia y su incapacidad de resolver de manera adecuada la provisión de bienes tan aparentemente sencillos de producir como mascarillas, guantes o, incluso, respiradores.

Para ello, el estado tiene múltiples herramientas, como múltiples son las formas de propiedad pública que debemos impulsar.

Proponemos:

  1. Fortalecer los instrumentos normativos para garantizar una mayor protección social y un mayor control de la economía que supedite el mercado al interés general. Entendemos que debemos fortalecer los instrumentos del Estado para garantizar una mayor protección social y un mayor control de la economía que supedite el mercado al interés general. Disputar la propiedad, tras décadas de imposición neoliberal, es el camino para reducir la desigualdad, avanzar hacia una democracia plena y garantizar que la crisis no sirva para empobrecer a las clases populares. Queremos avanzar en un Estado social que no solo nos proteja, sino que ponga límites al enriquecimiento con dinero público de unos pocos y pueda redirigir la economía hacia las necesidades reales de nuestro país.
  2. Blindar los servicios públicos de titularidad y gestión pública con la necesaria reversión de las privatizaciones y externalizaciones de estos. Apostamos por la gestión directa.
  3. Empresas participadas por el Estado en sectores estratégicos. Si hay que rescatar una empresa, la mejor manera para garantizar que no se traslada renta pública a renta privada, es que, en vez de regalos fiscales o financieros, el Estado compre acciones de las empresas en crisis. De esta forma, el Estado podrá incidir en la orientación económica de los sectores en los que dicha empresa opere.
  4. Apostar por las Cooperativas y la Economía Social como forma preferente para las ayudas a las pequeñas y medianas empresas y explotaciones.
  5. Reforzar la dimensión social de la contratación pública con la aprobación de porcentajes de reserva de contratos para centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción superiores al mínimo del 15 % fijado por la Ley 1/2026.
  6. Reformar la Ley de Contratos del Sector Público, siguiendo la propuesta de marco de compra pública elaborada por la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), para eliminar el precio como criterio preferente de adjudicación y que los criterios sociales y ambientales representen al menos el 51% de la ponderación. Para ello, incorporar cláusulas sociales, ambientales, de Comercio Justo y de finanzas éticas, y adjudicar por fases con mínimos de calidad que garanticen el pago justo a las personas productoras y trabajadoras de las cadenas de suministro. También diseñar fórmulas que no sobrevaloren las bajadas de precio, revisar los umbrales de las ofertas anormalmente bajas y penalizar las bajas temerarias.
  7. Convertir la compra pública en motor del Mercado Social, estableciendo objetivos vinculantes de contratación de productos y servicios de la Economía Social y Solidaria en la Administración General del Estado y sus empresas públicas, e incorporando el Balance/Auditoría Social como criterio de valoración reconocido en los procesos de contratación y en el acceso a ayudas públicas.
  8. Reconocer a las finanzas éticas como agente transformador y generador de riqueza, de equidad y de oportunidades a través de medidas legislativas, operativas y de sensibilización.
  9. Desarrollar instrumentos financieros dirigidos al tejido socioempresarial de la Economía Social y Solidaria, diseñados de forma conjunta entre los distintos niveles de la administración, las entidades financieras públicas (ICO, CERSA) y las entidades de finanzas éticas y facilitar el acceso a una financiación éticamente orientada al tejido socioempresarial de la Economía Social y Solidaria a través de medidas de capacitación para la gestión financiera y la capitalización.
  10. Desarrollar el reconocimiento del Comercio Justo recogido en la Ley 1/2026, asignando recursos estatales para la formación, sensibilización y campañas dirigidas a escolares, jóvenes, personas consumidoras y tejido empresarial. Se establecerán líneas presupuestarias específicas a nivel estatal que permitan la promoción efectiva del Comercio Justo como sector estratégico para la transición socioecológica justa.
  11. Gestión participativa de los bienes comunes. En la economía de proximidad, promover los bienes comunes en los que con titularidad es pública, la gestión sea democrática y participada por los sectores sociales implicados por ese bien común.
  12. Reformar la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para modificar de manera sustancial la actuación de un regulador que no está cumpliendo con los objetivos que tiene encomendados.
  13. Establecimiento del tipo de interés oficial del dinero del Banco Central Europeo como único indicador legal para los contratos de préstamo en el estado español y promover que también lo sea en la Unión Europea.

2. Intervenir el mercado para hacer asequible la cesta de la compra

Desde el gobierno han de adoptarse medidas para garantizar una reducción de los precios de los alimentos. Pero ha de actuarse teniendo en cuenta dos principios básicos:

  • La reducción de los precios de los alimentos no puede ir en detrimento de los ingresos que reciben los productores, especialmente los pequeños y medianos. Debe ser el resultado de una planificación democrática del sistema alimentario y de una disminución de los márgenes de beneficio.
  • Esta reducción debe estar orientada según criterios ecológicos y de salud, generando una disminución más pronunciada principalmente en aquellos alimentos vinculados a una dieta de salud planetaria. Es obligación de las administraciones públicas desplegar políticas que, teniendo en cuenta las especificidades del medio rural y del litoral, faciliten la transición del sector agroalimentario y pesquero hacia este modelo.

El objetivo no es solo contener o bajar los precios, sino desmercantilizar progresivamente la alimentación esencial, garantizando el acceso universal a través de un sistema público que asegure la compra a precio justo y la distribución a precios ajustados según el contexto social y territorial.

Proponemos:

  1. Fijar precios máximos de la cesta de productos alimenticios básicos para tener una alimentación saludable tal y como permite el derecho europeo cuando concurren razones de interés general, siempre que sea una medida justificada, proporcional y temporal (conforme al TFUE y la jurisprudencia del TJUE).
  2. Introducir un gravamen para reducir los márgenes excesivos de las grandes empresas de la cadena de producción y distribución de alimentos que penalice y corrija comportamientos abusivos y anticompetitivos.
  3. Creación de un Fondo de Estabilización de Productos Alimenticios Básicos para reducir las fluctuaciones en los precios ante la volatilidad en las cosechas.
  4. Prohibir la actuación en los mercados de futuros de productos alimenticios a todo aquel operador que no sea productor para evitar que puedan distorsionar los precios en mercados que son esenciales. Facilitará la estabilización de los precios agrícolas globales y protegerá el derecho a la alimentación frente a la lógica especulativa.
  5. Apoyo decidido a la ganadería extensiva a través de la nueva Política Agraria Comunitaria con la implementación de avances contemplados en la nueva PAC como la condicionalidad social, las relaciones laborales dignas de las y los trabajadores del campo, la incorporación de la juventud al sector y la potenciación de la mujer en el mundo rural.
  6. Garantizar la renta agraria al tiempo que se establecen mecanismos de solidaridad que garanticen el acceso a alimentos sanos y variados a un precio accesible para el conjunto de la población y unos precios justos para los productores.
  7. Proteger los suelos agrarios y favorecer el relevo generacional con la puesta en marcha de bancos públicos de tierra y medidas restrictivas a la compra de tierras agrarias por inversores no comunitarios siguiendo los criterios de la UE.
  8. Cesión de suelo rústico de Sareb (banco malo) para fomentar explotaciones agrarias ecológicas. El desarrollo rural tiene que ponerse al servicio de un nuevo modelo productivo para las áreas rurales españolas. En dicho modelo han de primar las explotaciones familiares agrarias y ganaderas, los circuitos cortos de comercialización, los productos de calidad diferenciada, el mayor protagonismo de la mujer, la innovación y formación permanentes, y la mejora medioambiental.
  9. Promover en la UE la puesta en marcha de un etiquetado que favorezca la producción extensiva en contraposición a la intensiva.
  10. Control exhaustivo y sanción de los incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria.

3. Un nuevo Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras del siglo XXI

Es fundamental reforzar el componente democrático, igualitario y colectivo de la legislación laboral y las trabajadoras y trabajadores organizados en sus sindicatos de clase deben resignificar el artículo 35.2 de la Constitución reformulando un Estatuto del Trabajo del siglo XXI que sea un instrumento útil para la protección de sus derechos.

Los derechos fundamentales han de ser preservados también en los lugares de trabajo. Las transformaciones tecnológicas nos presentan nuevos retos y la obligación de adaptarnos a las grandes transiciones digital y ambiental, poniendo especial cuidado en los derechos a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de datos o el derecho al medio ambiente y deben integrar tanto los relativos a las libertades civiles como los referidos a los derechos colectivos de sindicación y representación, huelga y negociación colectiva, así como el principio de no discriminación.

Además, las empresas deben abrirse a la participación de las personas que trabajan para ella y para ello es preciso extender los mecanismos de representación también a las pequeñas y medianas empresas.

Proponemos:

  1. Resignificar el artículo 35.2 de la Constitución aprobando un Estatuto del Trabajo para este siglo XXI en el que se fortalezcan los derechos de las personas que trabajan como una eficaz forma de profundizar en la democracia en nuestro país. Incluiremos en el mismo:
    • Derecho al trabajo que implica, el derecho a acceder a los servicios públicos de empleo y a recibir orientación y seguimiento de las demandas y ofertas de empleo, el derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo, el derecho a unas políticas de inmigración que respeten y apliquen la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todas las Personas Trabajadoras Migratorias y de sus Familiares de Naciones Unidas de diciembre de 1990, el derecho a la estabilidad en el empleo, el derecho a condiciones de trabajo claras, previsibles y transparentes, formuladas por escrito, y a recibir informaciones u tiles para la defensa de sus intereses y para ejercitar la defensa de sus derechos, el derecho a que la relación laboral individual solo pueda ser extinguida por justa causa, siguiendo un procedimiento formalmente establecido, el derecho de todas las personas trabajadoras a ser representadas colectivamente por los sindicatos, el derecho a una prestación económica suficiente que atienda a la situación de quienes han perdido su empleo.
    • Derecho a la vida, a la salud y a la seguridad de las personas que trabajan y al ambiente seguro y saludable que implican como nivel mínimo esencial el derecho fundamental a la salud laboral, el derecho a la prevención de riesgos laborales con perspectiva de género y protección frente a los efectos derivados de la exposición laboral a determinados agentes que se manifiestan biológicamente de forma diferente en mujeres y hombres y el derecho a que el sistema público de seguridad social ofrezca prestaciones suficientes y adecuadas al salario real de las personas que trabajan en el caso de accidentes laborales o de enfermedades profesionales, el derecho a un medio ambiente seguro y saludable, inclusivo y diverso y el derecho a que los poderes públicos establezcan límites a la iniciativa económica privada en la medida en que esta pueda dañar la salud o el ambiente.
    • Derechos de ejercicio colectivo como la sindicación o la huelga, el derecho de reunión y de asamblea en los lugares de trabajo y fuera de ellos, el derecho de información, consulta y participación en la empresa y el derecho de los sindicatos a la participación en la gestión y en el gobierno de la empresa a través de las fórmulas que se establezcan legalmente.
    • Establecer garantías a las personas trabajadoras frente al despido mediante un sistema restaurativo y disuasorio, así como mediante el reforzamiento de la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral. Ello implica el derecho del trabajador a optar por la readmisión o a la indemnización por despido improcedente, incluyendo el cese durante el periodo de prueba. En ambos casos, se reconocerá el derecho a una indemnización adicional que compense efectivamente el daño causado en atención a las circunstancias del despido y a la capacidad económica de la empresa.
    • Derecho a un trato digno y a no sufrir discriminación que implica la prohibición de tratos ofensivos y humillantes, infamantes, vejatorios y despreciativos de las personas que trabajan por parte de otras personas trabajadoras o de la dirección de la empresa, como es el caso del acoso moral o el del acoso sexual, el derecho de la persona a no ser tratada desfavorablemente o a sufrir consecuencias sobre el empleo por el hecho de haber efectuado una reclamación en la empresa.
    • Derecho a un salario digno, suficiente y adecuado que implica como mínimo el derecho a la fijación por el Estado de un salario mínimo sobre la base del 60 % del salario medio como piso salarial obligatorio en todas las ramas de producción y territorios, el derecho a un salario adecuado al valor del trabajo prestado, sin que sean admitidas diferencias salariales por razón de género, edad, raza o de otra condición, ante trabajos de igual valor, o efectuados a través de cualquier forma de externalización, el derecho a un salario adecuado al vigente en el sector de actividad y a la cualificación profesional de quien trabaja, con independencia de la naturaleza temporal o indefinida de su contrato de trabajo, la obligación del Estado de proteger mediante instrumentos públicos la garantía del salario ante situaciones de crisis o de incumplimiento empresarial de la obligación salarial.
    • Derecho a una prestación de desempleo que no podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional establecido legalmente.
    • Derecho al tiempo de trabajo y a su adaptación a la persona que implica el derecho de la persona trabajadora a no prestar su actividad más allá del tiempo pactado y en ningún caso más allá del límite máximo de jornada anual.
    • Derecho al estudio y a la formación.
    • Derecho a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de datos personales que implica el derecho de las personas trabajadoras a preservar su vida privada fuera del control empresarial, el establecimiento de limitaciones estrictas al poder de dirección y control de la actividad laboral, específicamente cuando se desarrolle a distancia, en especial mediante el uso de medios audiovisuales sobre las personas trabajadoras, control a distancia de su actividad laboral por geolocalización, así como la posibilidad de registros y cacheos personales, El derecho de las personas que trabajan a la protección de sus datos personales, que no podrán ser utilizados para fines diferentes de aquellos para los que se recabaron con finalidades productivas u organizativas de la empresa y siempre con el consentimiento individual y expreso de las personas afectadas.
    • Derecho a la libertad ideológica y de pensamiento y a la libertad de expresión e información que implica el establecimiento de limitaciones al poder de dirección y control de la actividad laboral.
    • Derecho a la tutela de la Seguridad Social ante estados de necesidad de las personas que trabajan que implica que el Sistema de la Seguridad Social es una función del Estado en el que está excluida toda operación de lucro privado, así como que el Sistema está basado en el principio solidario que impone un mecanismo financiero de reparto, caja única, consideración conjunta de las contingencias y redistribución de rentas de quienes más a quienes menos tienen, protección de la familia en situaciones de viudedad, orfandad, etc., exclusivamente en consideración a los lazos reales de convivencia y afecto, que puedan ser acreditadas por cualquier medio de prueba válido en derecho y no solo a través de actos.
    • Derecho a una eficaz protección de los derechos reconocidos a las personas trabajadoras que implica el derecho a una eficaz Inspección de Trabajo, que controle el cumplimiento de las normas legales y convencionales, el derecho a una tutela judicial eficaz y la eliminación de la condena en costas cuando no se estime la demanda, mientras se mantenga un distinto orden jurisdiccional.
  2. Ganar más tiempo para la vida, limitando el tiempo de trabajo efectivo hasta las 32 horas semanales. Esta propuesta pretende una reducción y reparto equitativo del tiempo de trabajo, evitando situaciones de desempleo, subempleo y sobreexplotación, así como garantizar el derecho a un uso del tiempo marcado por las necesidades sociales y colectivas que haga realidad, con carácter general, el principio de adaptación del trabajo a la persona.
  3. Acabar con las horas trabajadas que no se pagan ni se compensan implantando un registro horario digital fiable e interoperable, que recoja la jornada realmente realizada y sus interrupciones, con trazabilidad de las modificaciones y acceso para cada trabajador, su representación y la Inspección de Trabajo. Se acompañará de más medios de inspección, sanciones disuasorias y mecanismos ágiles para reclamar los salarios y las cotizaciones correspondientes.
  4. Recuperar los salarios de tramitación que fueron anulados por la reforma laboral del gobierno de M. Rajoy del año 2012 (RDL 3/2012 del 10 de febrero).
  5. Elevar la indemnización por despido a 45 días por año trabajado y las 42 mensualidades de indemnización máximas.
  6. Aplicar con contundencia medidas que eviten los accidentes laborales. En el año 2025, 735 personas fallecieron a causa de accidentes laborales en el estado español. Además, se comunicaron alrededor de 1,2 millones de accidentes de trabajo.
    • Aumentar los Planes de Sensibilización del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
    • Realizar, de manera inmediata, un Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral.
    • Realizar acciones y asignación presupuestaria para fomentar iniciativas de las organizaciones que trabajen activamente en la disminución de los riesgos psicosociales.
    • Aumentar el número de personas en la Inspección de Trabajo, tanto en la escala de Empleo y Seguridad Social como en la Escala de Seguridad y Salud Laboral para aumentar la capacidad inspectora y de control del poder público frente al incumplimiento de la normativa legal en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud en el Trabajo.
  7. Garantizar la representatividad y la defensa de los derechos de las organizaciones de personas trabajadoras autónomas ya que el último proceso de 2011 no se corresponde con un patrón de representación política de las personas autónomas como personas físicas.
  8. Limitación estricta de la subcontratación y prevención de la cesión ilegal con la oportuna regulación restrictiva de la subcontratación de actividades esenciales y de la cadena de subcontratas, limitándola exclusivamente a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa. Se introducirán modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores para sancionar con la fijeza automática y la nulidad los supuestos de cesión ilegal de mano de obra y el uso fraudulento de contratas en centros de trabajo con actividad continuada, garantizando la igualdad salarial y de condiciones laborales plenas entre los trabajadores de la empresa principal y los de las empresas auxiliares.

4. El papel de las administraciones públicas en la reducción de la precariedad del empleo

Las Administraciones Públicas pueden y deben jugar un papel decisivo para reducir la precariedad en el empleo.

Proponemos:

  1. Reducción de jornada laboral hasta las 32 horas semanales en las administraciones públicas así como incentivar la extensión a todos los sectores económicos a esa cantidad con la realización de jornadas semanales más reducidas o incremento de los días de vacaciones.
  2. Adopción de medidas para cumplir con las principales demandas de los colectivos de interinos que se centran en sancionar el fraude de ley y la precariedad laboral en la Administración:
    • Fijeza como sanción: Tras el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que declaró insuficientes las medidas actuales de España, los sindicatos y asociaciones exigen que la fijeza sea la sanción directa y automática para el abuso prolongado (más de 3 años).
    • Reconocimiento del abuso y daños morales tal y como ha establecido el Tribunal Supremo indicando que los empleados públicos temporales que sufran abuso sin obtener la plaza fija tienen derecho a una indemnización de referencia de hasta 10.000 euros por daños morales, importe que puede ser mayor si se acreditan perjuicios superiores.
    • Nulidad de los ceses mientras se dilucidan las compensaciones económicas disuasorias exigidas por Europa.
    • Puesta en marcha de procesos de estabilización para proteger a quienes han quedado fuera de procesos extraordinarios.
  3. Inclusión de cláusulas en la contratación pública que garanticen el cumplimiento de las relaciones laborales, incluyendo las de resolución de contratos y la responsabilidad subsidiaria de las administraciones para con las personas trabajadoras y Protocolos de resolución de conflictos laborales.
  4. Utilización de cláusulas de intervención sindical en materia de seguridad y salud en la contratación pública.
  5. Aprobación de acuerdos marcos que homogeneicen las condiciones laborales en la gestión indirecta de servicios públicos objetos de contratación por parte de las administraciones públicas.
  6. Prohibición del uso de las ETT.
  7. Establecer como criterio imprescindible para contratar con la Administración no haber sido sancionado con carácter firme por infracción grave en materia profesional, o por infracción muy grave en materia laboral o social.

5. Garantizar el pleno empleo

La propuesta de Trabajo Garantizado (TG) es simple: el Estado tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo remunerado (con condiciones laborales dignas) a cualquier persona que no haya podido encontrar empleo en el sector privado o en el sector público tradicional, y que esté preparada, capacitada y dispuesta a trabajar, sin importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, renta o edad. El TG parte de la premisa de que si bien es cierto que hoy día en nuestras sociedades hay muchísimas personas que no están ocupando ningún puesto de trabajo, también es cierto que hay mucho trabajo por hacer en nuestras comunidades y mucho trabajo que ya se realiza pero que no es remunerado. Que no haya empleo no quiere decir que no haya trabajo. Es profundamente absurdo y contraproducente en términos económicos y sociales que mantengamos inactivas a personas que pueden y desean trabajar mientras las necesidades de nuestros conciudadanos y de nuestro medio ambiente no estén cubiertas. Y no están cubiertas porque al sector privado no le es rentable, y/o porque el Estado no ha decidido realizarlas. Un trabajo que redundará en beneficio económico, social, ecológico y cultural. En la actualidad necesitamos que cuiden de nuestros mayores, adultos dependientes, de nuestros hijos y de nuestros enfermos, que haya apoyo psicológico y educativo, que se cuide la fauna y la flora, que se cuiden y reforesten bosques y otros espacios verdes, que se retiren residuos, que se habiliten edificios para que sean más eficientes energéticamente, que se realicen servicios de reparación, reutilización y reciclaje, que aumenten los servicios de ocio, deporte y cultura, que se cuiden las infraestructuras urbanas de muchos barrios de nuestras localidades, que aumenten y mejoren los servicios sanitarios y educativos, que se defienda a los grupos discriminados y a los más vulnerables, que se construyan y mantengan centros de producción de energía renovable, etc… Hay necesidades, y todo economista sabe que donde hay necesidades hay economía, hay puestos de trabajo y generación de renta. La economía es la herramienta que nos permite vivir mejor, ser más felices.

Hemos estimado un coste neto por millón de empleos creados del 1,5% del PIB y un alcance del programa del 75% de las personas registradas en las oficinas del desempleo, por lo que la inversión anual neta ascenderá al 2,5% del PIB, unos 42.000 millones de euros.

Proponemos:

  1. Poner en marcha un Plan de Empleo Garantizado que prevé proporcionará ocupación al 75% de los 2,3 millones de personas inscritas en septiembre de 2026 en el Servicio Público de Empleo. Es decir, a un total de 1,7 millones de personas. Se dirigirá preferentemente a personas desempleadas de larga duración se aplicarán mediante Convenios con las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, las Diputaciones, Cabildos Insulares, Mancomunidades y otras instituciones locales en el cumplimiento de sus competencias y en el ámbito de sus territorios. Los contratos que se firmen no podrán referirse a puestos de trabajos estructurales o estatutarios de las Administraciones Públicas. Los Programas podrán desarrollarse a través de mecanismos de colaboración público-social (es decir, con iniciativas de economía social). Las retribuciones serán las mínimas de ingreso existentes para cada puesto según la titulación exigida en los Convenios Colectivos del personal laboral de cada Institución. En el caso de que no exista Convenio Colectivo propio, se regulará por el Convenio Colectivo de sector aplicable. Quedará garantizado en todo caso el SMI y una jornada de 32 horas. El promedio anual de retribución por persona para los cálculos se ha establecido en 25.200 euros (1.800 euros al mes en catorce pagas)

El programa estará destinado a:

  • Reforzar las actividades económicas y sociales que hoy día son insuficientes (educación pública, sanidad pública, culturales, deportivas, conservación del medio natural, prevención de incendios, generación de energía renovable, etc…).
  • Crear nuevas actividades (sobre todo ecológicas: servicios de reutilización y reparación de materiales y productos, optimizar rendimiento energético de edificios, etc…).
  • Remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados domésticos y otros trabajos hoy día voluntarios repartiendo esas actividades de forma solidaria entre la comunidad.

6. Regulación y Nacionalización para garantizar las necesidades básicas de energía

La energía es un bien esencial para toda la actividad humana. Por ese motivo, las administraciones públicas deben garantizar su acceso universal y que este se realice con criterios de equidad y de sostenibilidad.

La emergencia climática y la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles hacen ineludible la necesidad de reducir la dependencia de estos y apostar por propuestas valientes de política energética basadas en la electrificación de la demanda, la eficiencia energética, el ahorro y el consumo responsable y una oferta 100 % renovable. Aunque la electricidad va a ser el vector energético fundamental, no debemos desdeñar la aportación de la energía solar térmica, la biomasa agrícola y forestal, el biogás o los biocombustibles siempre bajo criterios estrictos de sostenibilidad.

Nuestro modelo renovable debe ser sostenible ambientalmente, socialmente justo y equilibrado territorialmente con instalaciones de medio tamaño evitando las megainstalaciones que generan graves problemas en algunas entidades locales de reducida dimensión. Igualmente se debe apostar en los municipios por pequeñas instalaciones de generación distribuida que cuente con la participación mixta de los Ayuntamientos y de cooperativas energéticas o la ciudadanía. Los Fondos Next Generation debe ser una herramienta de reequilibrio que impulse nuevos modelos negocio y de participación ciudadana, y no una fuente adicional de ingresos, ayudas o subvenciones a grandes empresas expertas en la captación de fondos públicos.

La energía es un bien esencial para toda la actividad humana. Por ese motivo, las administraciones públicas deben garantizar su acceso universal y que este se realice con criterios de equidad y de sostenibilidad.

El funcionamiento de nuestro modelo energético está lejos de comportarse de esta forma y la regulación, especialmente del sector eléctrico, se ha realizado históricamente para beneficiar a las grandes corporaciones. El sistema de fijación de precios marginalista actual implica que, para cada hora, la central eléctrica más cara que sea necesaria para satisfacer la demanda fija el precio que reciben todas las centrales. El sistema marginalista se introdujo en España con la liberalización del mercado eléctrico en 1997. Este mismo sistema marginalista se utiliza en el resto de la UE pero no de la misma forma porque no es igual en todos los países el porcentaje de la electricidad producida que se negocia en este mercado; es decir, «el tamaño» relativo de dicho mercado. En España, un porcentaje muy grande del total de la electricidad producida se negocia en el mercado.

Por ese motivo, la reforma que proponemos, compatible con la actual normativa de la UE, tiene tres pilares:

  • La primera etapa con el cambio regulatorio permitiría configurar un sistema de formación de precios que pueda abastecer las necesidades energéticas bajo criterios de eficiencia y que responda, de forma transparente, a los costes que los originan. De esta manera, en un escenario de precios altos en el mercado mayorista estos solo serían percibidos por una parte de la generación eléctrica. Esto supondría de facto un menor coste para los consumidores eléctricos, abaratando su factura.
  • Sin embargo, eso no es suficiente. Por ese motivo hay que potenciar el papel y la intervención del Estado en el sector de la energía para poder garantizar las necesidades básicas de la ciudadanía en este ámbito. Deben ser propiedad pública la totalidad de redes de generación, transporte, distribución y almacenamiento que permiten las actividades de operación del sistema eléctrico y del gas porque es la única forma de garantizar las inversiones estratégicamente necesarias para nuestro país. Para ello hay que actuar conforme al Artículo 54 de la Ley del Sistema Eléctrico de 2013 que declara de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte, distribución de energía eléctrica, así como las infraestructuras eléctricas, incluidos los accesos y extensiones de red, así como los centros de transformación y de seccionamiento, de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos de potencia superior a 3.000 kW, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y cuando por razones de eficiencia energética, tecnológicas, o medioambientales sea oportuna su sustitución por nuevas instalaciones o la realización de modificaciones sustanciales en las mismas. Hay motivos y amparo legal.
  • Por último, se deben aplicar medidas fiscales que reduzcan la imposición indirecta de los consumidores domésticos.

Pasamos a detallar las medidas de cada uno de los bloques.

  • Cambios regulatorios

Proponemos:

  1. Garantizar el acceso universal a la energía como bien esencial de primera necesidad con el establecimiento para cada tipo de unidad familiar de un mínimo vital energético que tenga un coste reducido o, incluso, nulo si su estado es de vulnerabilidad.
  2. Se aprobará una tarifa social para los colectivos vulnerables que sustituya y mejore el actual bono social.
  3. Llevar a cabo una auditoría pública sobre los costes reales de cada una de las tecnologías con las que se genera electricidad en España, y así poder retribuir a cada una en función de dichos costes para que no paguemos toda la energía al precio de la más cara.
  4. A partir de la auditoría real de costes, modificación de la Ley del Sistema eléctrico que reformará el método de fijación de precios del mercado eléctrico estableciendo un precio fijo para la energía nuclear y la hidroeléctrica.
    • Estableceremos un mecanismo equivalente al ARENH (Acceso Regulado a la Energía Nuclear Histórica), actualmente vigente en Francia, que fije un precio fijo máximo para la energía nuclear. Para establecer el precio de referencia se podrá tener en cuenta que, considerando las centrales amortizadas, en 2008 la Comisión Nacional de Energía (CNE) estimaba un coste para la generación nuclear de 18€/MWh.
    • La reforma establecería otro precio fijo máximo para la energía hidroeléctrica para eliminar los beneficios caídos del cielo de los que se alimenta de forma injusta el oligopolio y sacar por tanto del sistema marginalista de fijación de precios a la hidroeléctrica y la nuclear, además de la que ya está fuera (parte de la renovable). Por ello, nuestra propuesta consiste en establecer un precio máximo que, por un lado, permita que las centrales hidroeléctricas tengan una señal de precios para optimizar el uso del agua disponible y, por otro lado, en el caso de precios muy elevados marcados por el gas, el precio al que se remunera la hidroeléctrica esté limitado. Para establecer el precio máximo se podrá tener en cuenta que, considerando las centrales amortizadas, en 2008 la Comisión Nacional de Energía (CNE) estimaba un coste para la generación hidroeléctrica de 3€/MWh. Para la aplicación de dicho límite, proponemos un mecanismo similar al establecido en los artículos 18 y 23 del Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula el régimen económico de energías renovables para instalaciones de producción de energía eléctrica.
  5. Reformar los periodos regulatorios de las instalaciones RECORE (renovables, cogeneración y residuos que reciben una retribución específica “primas”) para ajustar su retribución de mercado de forma más continua y no cada 3 y 5 años en base a estimaciones poco realistas.
  6. Elaboración de un nuevo Estatuto de Consumidores Electro e Hiperelectrointensivos, que reconozca la singularidad de estos últimos y les facilite herramientas reales para llegar a contratos a largo plazo con productores renovables, mayores ayudas por emisiones, reducción de peajes en la media europea. Todo ello previa presentación de planes de descarbonización de las fábricas y con garantías para el empleo y el territorio.
  7. Endurecimiento del régimen de incompatibilidades para eliminar la posibilidad de que, quienes han tomado decisiones sobre la regulación del mercado o gasista, puedan ser contratados laboralmente o en los consejos de administración de las beneficiarias. Adiós a las «puertas giratorias».
  • Plan de Intervención Estatal para nacionalizar redes de generación, transporte, distribución y almacenamiento que permiten las actividades de operación del sistema eléctrico y del gas

Proponemos:

  1. Expropiar los activos de la red de distribución de energía eléctrica en 2029. El 98% de la electricidad distribuida está en manos de las grandes eléctricas y, según la última valoración de los activos realizada por la CNMC, ascendería a unos 34.000 millones de euros. Iberdrola (12.812 millones), Endesa (13.761 millones), Naturgy (5.167 millones), EDP (977 millones) y Viesgo (1.064 millones).
  2. Expropiar los activos de la red de generación de energía eléctrica y de gas de las empresas Endesa, Iberdrola y Naturgy en 2030. La valoración en libros es actualmente 30.000 millones de euros.
  3. Ampliación de capital en las empresas Redeia y Enagás en las que ya tiene participación pública el estado a través de la SEPI. Se aportarían los activos de generación y distribución a las empresas Redeia y Enagás con lo que la propiedad pública superaría en ambos casos el 90%. Los resultados económicos por parte del grupo público conformado por Redeia-Enagás con activos de generación, transporte y distribución superaría los 6.000 millones anuales, incluso duplicando las inversiones actuales. Eso permitiría amortizar la inversión en once años, un tiempo récord.
  4. Aportación parcial al capital del grupo público Redeia-Enagás de parte de los 98 millones de metros cuadrados de suelo rústico que tiene la sociedad pública Sareb (supone una superficie similar a la ciudad de Zaragoza) para el despliegue de una estrategia de inversión en energías renovables. Permitiría una potencia fotovoltaica y eólica instalada de hasta 5.000 MW y una producción anual de al menos 8.000 GWh que podrían abastecer a 250 mil hogares de energía limpia. La inversión necesaria para los 14 millones de paneles ascendería a 3.000 millones de euros.
  • Medidas fiscales

Proponemos:

  1. Reducción fiscal del IVA al 5% para consumidores domésticos de energía eléctrica.
  2. Reducción fiscal del IVA al 5% para consumidores domésticos de gas.
  3. Recuperar el Impuesto sobre el Valor de Producción de la Energía Eléctrica del 7% con el que se grava a los productores de electricidad.

7. Apuesta pública por una política industrial en los sectores estratégicos

La situación provocada por el virus Covid-19 ha puesto de manifiesto las debilidades de un sistema productivo como consecuencia de los continuos ataques de las políticas neoliberales a los derechos laborales, los recortes de los servicios públicos, la depauperación del sector científico tecnológico y la desindustrialización del país.

La crisis sanitaria desatada por el coronavirus en España y las dificultades de producción de bienes básicos y elementos sanitarios esenciales, demostró la fragilidad de un modelo productivo que apostó todo por el sector turístico y de servicios en detrimento de la industria, siendo en estos momentos las fábricas localizadas por todo el territorio, un puntal básico en la producción de bienes dirigidos a garantizar la salud de la población.

La industria es un sector clave en el conjunto de la actividad económica en todos los países. Su impacto positivo sobre la balanza comercial; su notable aportación al progreso tecnológico, su mayor capacidad para generar empleos de calidad, su efecto tractor, vía demanda, sobre los servicios de mercado y, en especial, los avanzados, o la mayor productividad de sus empresas son las razones que explican su relevancia.

En 2025 el peso del sector el sector manufacturero español ha supuesto una aportación del 11,8% del total del Valor Añadido Bruto (VAB), muy lejos del 18% que teníamos hace un cuarto de siglo

Además, hay que tener en cuenta su efecto arrastre sobre el resto de la economía, en tanto que se trata del sector que más consumos intermedios requiere por cada unidad de producción y genera notables efectos indirectos en otros sectores. Considerando dicho efecto indirecto e inducido de la actividad industrial, diferentes estudios estiman su contribución al PIB en torno al 43 por 100, y un 30 por 100 en el caso del empleo. Sin embargo, la industria española ha sufrido una significativa pérdida de peso en el conjunto de la actividad, afectada por políticas económicas que han traído como consecuencia la desindustrialización del país.

La industria y los servicios públicos pueden generar el gran crecimiento de la productividad necesario para reiniciar un desarrollo sostenible y la recuperación del empleo, así como la reconstrucción económica en torno a un nuevo modelo productivo más fuerte.

Con la iniciativa de un nuevo país industrial IU propone estrategias, con horizontes a medio plazo, para recuperar la posición central del sector industrial y los servicios públicos en el modelo de crecimiento económico y, con ello, afrontar de la mejor manera posible los restos que tenemos como sociedad. Y todo ello desde un decidido impulso desde lo público, único garante de que la reconstrucción industrial asegure los sectores estratégicos y nos pongan en la senda de una industria sostenible con empleos de calidad.

Proponemos:

  1. Apostar por la intervención del estado para rescatar sectores en crisis, bien a través de:
    • Políticas fiscales y financieras para empresas en crisis, siempre bajo condiciones sociales de mantenimiento del empleo, sostenibilidad y adecuación a los objetivos de estratégicos e interés general.
    • La participación pública en empresas de sectores estratégicos.
    • La nacionalización de empresas que vayan a cerrar y que sean necesarias para el interés general.
  2. Creación de empresas públicas que generen empleo y que garanticen el suministro en sectores estratégicos para nuestra economía.
  3. Avanzar hacia la relocalización de actividades industriales. El proceso de deslocalizaciones ha debilitado el tejido productivo del país, trayendo consecuencias negativas para la actual situación de crisis sanitaria, social y económica que vivimos. El suministro de bienes esenciales pasa a ser una prioridad para nuestro futuro inmediato, siendo imprescindible acercar la producción de bienes y servicios allí donde se demandan, permitiendo las nuevas tecnologías trabajar la productividad, consistente en hacer lo mismo -o mejor- con menos y en menos tiempo que si dependemos de los mercados globales.
  4. La defensa de una política de I+D+i y apuesta por un sector científico tecnológico nacional, con el sector público como eje, que asegure la suficiencia en cuanto a medios y personal, que apueste por la actividad innovadora de las empresas, que permita aumentar la productividad y la generación de producciones de mayor valor añadido, en especial aquellas dirigidas a facilitar la relocalización industrial, la creación e industrias estratégicas y la superación de nuestra dependencia tecnológica.
  5. Orientar la política industrial hacia el objetivo de reestructurar la demanda agregada, capaz de dotarnos de las bases materiales para la superación de la crisis ecosocial que sufrimos, así como de la dependencia tecnológica y del control que tienen las Empresas transnacionales extrajeras sobre el cambio tecnológico de nuestra economía. Para ello, en primer lugar, es necesario orientar la industria hacia la transición energética, a través de la renovación térmica de edificios, las energías renovables, las redes eléctricas inteligentes, la calidad del agua y la gestión de la escasez; y, en segundo lugar, ser capaces de diseñar y producir nuevos sistemas digitales como el impulso a las nanotecnologías, la nanoelectrónica o la nanofabricación, la realidad aumentada, los objetos conectados, las impresoras en 3d y el cloud computing.
  6. Es indispensable impulsar una política de formación y empleo que garantice la capacitación y formación de los trabajadores ante las nuevas necesidades del sector, considerando que constituyen el principal y más valioso activo de un modelo productivo que tenga en el sector industrial su eje.
  7. Es necesario diseñar una política de infraestructuras logísticas y de transporte por medio del fomento de un sistema multimodal integral, que permita combinar los distintos modos de manera más eficiente y sostenible, aportando valor añadido a la cadena de suministro. Específicamente, se incide en potenciar las cadenas con eslabones ferroviarios y el objetivo de asegurar la vertebración territorial del país, así como una mayor presencia y capacidad de absorción de los nodos marítimos-ferroviarios reforzaría la posición geoestratégica de España como lugar de paso de flujos de mercancías entre América, África y Europa, dotándole de potencial para convertirse en uno de los principales nodos logísticos a nivel mundial.
  8. Facilitar la financiación para la potenciación del tejido industrial, con el objetivo de aumentarlo e impulsar su diversificación productiva hacia actividades de mayor valor añadido. Para el logro de estos objetivos es necesario que el desarrollo tecnológico y la innovación alcance a todas las fases de la producción, para lo que se requieren fuentes de financiación de largo plazo, que tengan en cuenta el tamaño de la empresa y el sector en el que desarrollan su actividad.
  9. El tamaño de las empresas industriales españolas está sesgado a unidades de menor dimensión, un factor que dificulta el acceso a la financiación, la capacidad exportadora, la capacidad de innovación y, en definitiva, al acceso a determinantes básicos para la mejora de la productividad. Se requieren marcos reguladores y medidas de carácter fiscal que permitan avanzar hacia el objetivo de un sector industrial sustentado en empresas de tamaño medio, el mejor adaptado para los objetivos reindustrializadores y de equilibrio territorial, de proximidad y creación de encadenamientos productivos.
  10. La reindustrialización del país debe tomar como uno de sus motores la producción relacionada con la sanidad y la biotecnología sostenible y saludable, considerando ambos como sectores estratégicos. De esa forma el país podría evitar desabastecimientos como el ocurrido con la pandemia del COVID, por depender de las exportaciones de material sanitario básico
  11. Impulsar la sosteniblidad y su contribución continúa al desarrollo de procesos, productos y bienes cada vez más sostenibles y comprometidos con la seguridad y la protección del medio ambiente de forma general y, particularmente, con las estrategias de mejora de la eficiencia energética, de la lucha contra el cambio climático y de la economía circular. Asimismo, y con objeto de promover la sostenibilidad de modo global, debe simultáneamente salvaguardarse la viabilidad de empresas industriales radicadas en nuestro país para evitar su deslocalización en lugares donde la producción se realiza con estándares de seguridad y protección del medio ambiente sensiblemente inferior a los europeos. Todo ello para ayudar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, impulsando entre otros la gestión de residuos.
  12. Reforzar los instrumentos de defensa comercial de forma que se garantice, por una parte, el acceso a los mercados exteriores y, por otra, evite la competencia de importaciones desleales, se incluyan los criterios éticos, de defensa de los derechos humanos, de los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo, y del compromiso con la lucha contra el cambio climático en el alcance de los mismos.
  13. Añadir la construcción de mejores redes de comunicación, física y digitales, para potenciar el desarrollo industrial de la España vaciada, cuestión básica para la estabilización de la población en el terreno, impulsando la industria agropecuaria y forestal. Así como crear las infraestructuras que permitan una mejora captación y gestión del agua, y de los recursos naturales.
  14. Una reorientación de la política llevada en el sector exterior y en la promoción de exportaciones, por medio de la adopción de una política comercial estratégica, lo que requiere de una política de Estado que defina “industrias estratégicas”. Se requiere el desarrollo de instrumentos activos para la conformación de ramas industriales avanzadas, con capacidad de mantener o ganar posiciones hegemónicas en los principales mercados exteriores. Las potencialidades que se desprenden del Sector de bienes de equipo, ámbitos como el aeronáutico, el de energías renovables o material de transporte permiten sentar las bases para una nueva especialización en las ramas más demandadas a nivel internacional.
  15. Crear el Banco de Inversión para la Nueva Economía (BINE), un ente público de inversión, en línea con modelos implantados en nuestro entorno similar, como el al Kredintanstalt für Wiederaufbau (KfW) alemán. El BINE será una herramienta fundamental para impulsar la inversión pública y privada en España hacia la modernización económica, en concreto la transición ecológica y la reindustrialización, contribuyendo al desarrollo de proyectos industriales y empresariales. Será el encargado de canalizar los recursos necesarios para financiar proyectos innovadores y sostenibles en diferentes sectores con el fin de mejorar la competitividad y el desarrollo económico del país. También tendrá un papel prioritario en la financiación de un parque amplio y profundo de vivienda pública o protegida, así como de la rehabilitación de la vivienda existente. Para su puesta en marcha se impulsará una simplificación y mejora la arquitectura financiera pública estatal, partiendo de instituciones ya existentes como ICO, COFIDES, CDTI, ENISA entre otras, con el objetivo de mejorar la eficiencia, ampliar su alcance y los recursos disponibles.

8. Avanzar hacia una Estrategia Estatal de cuidados

La sostenibilidad de la vida es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, sin embargo, la organización social de los cuidados actual es muy injusta.

No se entienden los cuidados como una responsabilidad colectiva, por lo que no actuamos de manera corresponsable, la resolución de las necesidades de cuidados recae sobre los hogares privados, y dentro de éstos mayormente sobre las mujeres (de manera gratuita «por amor» o remunerada, muchas veces en condiciones precarias), por lo que el resultado es un reparto del trabajo de cuidados basado en la desigualdad de género, etnia y clase social.

¿Queremos cuidar la vida dentro del mismo conjunto de relaciones sociales existentes o queremos que el cuidado esté involucrado en la construcción de otro modelo social más justo?

Es decir, ¿queremos inventar “otra vida”?

Si optamos por la primera opción basta con rescatar la importancia de los cuidados sin entrar al problema de posibles fenómenos de captura como la mercantilización o el fortalecimiento de posiciones esencialistas de lo femenino y el cuidado.

En cambio, si optamos por la segunda, no sólo hay que valorar lo que ya hay, sino hacer un ejercicio fuerte de imaginar qué otro modelo deseamos y, por tanto, cuál rechazar.

Resulta evidente la incapacidad de la economía de mercado para satisfacer las necesidades de cuidados de una manera socialmente justa, así como para dar respuesta a las necesidades globales de la vida de manera medioambientalmente sostenible.

Para transitar hacia un modelo que ponga la vida en el centro del sistema debemos tener en cuenta criterios de justicia social, para lo que una clave es que la satisfacción de necesidades sea universalizable y otra, que no se sustente en un sistema de dominación atravesado por desigualdades de género, clase o etnia. Además, la satisfacción de necesidades debe realizarse dentro de los límites físicos del planeta, cuestionando la centralidad en nuestro modo de vida de la producción, el empleo y el consumo.

En definitiva, hay que dilucidar qué tipos de estructuras son potencialmente válidas a la hora tanto de asignar los recursos finitos como de contestar a las preguntas de ¿qué necesidades satisfacer?, ¿para quién satisfacerlas? y ¿cómo satisfacerlas?, con objeto de vivir unas vidas que merezcan la alegría de ser vividas.

Toca repensar el mundo desde los cuidados.

En primer lugar, se debería impulsar que los hombres participen en mayor medida en el cuidado y educación infantil. En segundo lugar, se debería garantizar que mujeres y hombres puedan participar en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones y reduciendo, así, el riesgo de pobreza, especialmente por causas relacionadas con el cuidado infantil. Por último, resulta imprescindible incorporar una mirada interseccional que, junto al género, incorpore otras desigualdades como prioridades de la acción pública.

Para ello hay que actuar sobre tres dimensiones esenciales: tiempo para criar, servicios universales y gratuitos de educación y cuidado y unos recursos materiales para hacer todo ello posible.

Es imprescindible revisar la lógica productiva que emana de las medidas mayoritariamente centradas en fomentar la disponibilidad laboral absoluta y, como consecuencia, contribuyendo a invisibilizar la maternidad, la salud y el trabajo de cuidados. Por el contrario, se requiere una lógica que fomente la responsabilidad social (corresponsabilidad entendida en sentido fuerte) en los cuidados. Ello implica cambiar el paradigma de la conciliación a la corresponsabilidad; reconocer el valor del trabajo de cuidados; y garantizar la igualdad de oportunidades de las personas cuidadoras para evitar discriminaciones como, por ejemplo, las que implica el abandono laboral involuntario. La redistribución, socialización y corresponsabilidad del trabajo de cuidados conlleva reconocer a todas las personas adultas como cuidadoras (mujeres y hombres), a todas las instituciones sociales como responsables (administración pública, empresas privadas, agentes sociales y comunidad) y a todas las estructuras familiares como ámbitos de actuación (tradicional, monoparental, reconstituida, etc.).

Avanzar hacia una desfamiliarización y desinstitucionalización progresiva y real de los cuidados de larga duración, con una planificación y calendarización realista, reforzando distintas fórmulas y recursos públicos desde una lógica de colaboración público-comunitaria, con servicios suficientes, adecuados, de calidad y de proximidad, adaptados a los distintos territorios; promoviendo una mayor y mejor coordinación de los recursos y prestaciones disponibles; transitando hacia una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación de los mismos a los diferentes ciclos vitales de las personas que requieren cuidados de larga duración.

El Plan Corresponsables puesto en marcha por el gobierno de coalición es una nueva política pública destinada a iniciar el camino que consolide el cuidado como un derecho en España, favoreciendo que el Estado se corresponsabilice de los cuidados de forma decidida, apoyando el derecho a la conciliación de las familias. Para desplegarlo es imprescindible la participación activa de las comunidades autónomas.

Proponemos:

  1. Aprobar un Pacto de Estado por los Cuidados que garantice los cuidados marcando los mínimos requeridos, así como sistemas específicos de seguimiento y evaluación, con especial atención a la educación pública, sanidad pública, servicios sociales y vivienda. En el marco descentralizado de competencias del Estado de las autonomías, el Estado debe evitar disparidades territoriales y valorar la posibilidad de establecer leyes básicas de mínimos.
  2. Constituir los siguientes órganos: un Consejo Interministerial de Cuidados (CIC), como mecanismo institucional para la articulación de la decisión política; una Secretaría Estatal de Cuidados (SEC), como mecanismo institucional para la gestión intersectorial de los componentes del Sistema; una Mesa Asesora por los Cuidados, como un espacio de participación social entre los actores integrantes del sistema en el marco del principio de corresponsabilidad social; y finalmente, una Conferencia Intersectorial de Cuidados, como espacio para la concertación y el acuerdo entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
  3. Crear un Fondo específico para los Cuidados, destinado a cubrir el funcionamiento de la gobernanza del sistema, además de financiar o cofinanciar la ampliación de la cobertura de servicios y prestaciones existentes y de poner en marcha iniciativas que permitan avanzar en la mayor coordinación con las comunidades autónomas y corporaciones locales, en los distintos pilares del sistema, en línea con los planes quinquenales de actuación y los planes operativos anuales. Se trataría de un mecanismo de financiación que debiera contar con un programa presupuestal propio, integrado en los Presupuestos Generales del Estado, sin que, en ningún caso, vaya en detrimento de la financiación de otras políticas públicas, como los programas presupuestarios de dependencia, servicios sociales, o de igualdad. Este fondo podría nutrirse de ingresos tributarios, recursos procedentes de fuentes de financiación europea y de la seguridad social.
  4. Reformar el permiso por nacimiento y cuidado de menor para que se extienda el cuidado en el hogar y fomente la corresponsabilidad de madres y padres, y para que atienda las particularidades de. las familias monoparentales. Además, niñas y niños aprenderían que padres y madres pueden cuidar y trabajar de forma remunerada, apostando por la igualdad de género desde los aprendizajes más inconscientes de la más temprana infancia.
  5. Universalización de la educación pública y gratuita de calidad en la primera etapa de infantil que incorpore la perspectiva de género, lo que supone un elemento clave de inversión social en la etapa de 0 a 3 años, con enormes beneficios cognitivos, sociales, económicos, y para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el corto y largo plazo.
  6. Duplicar la dotación presupuestaria del Plan Corresponsables para su implementación a través de comunidades autónomas y corporaciones locales lo que supondría 200 millones anuales adicionales.
  7. Creación de bolsas de cuidado en domicilio o en lugares públicos convenientemente habilitados, con garantías de dignidad laboral para las personas que entren a formar parte de las mismas.
  8. Fomentar el empleo en cuidados y dignificación del trabajo de cuidados mediante la certificación de la experiencia informal, facilitando el tránsito hacia el mercado formal.
  9. Creación de empleo público en sectores comunicantes con los trabajos de reproducción social (cuidados infantiles, cuidados de personas adultas, ayuda a domicilio y atención a la dependencia, regeneración medioambiental, cuidado de parques y jardines, energías renovables, etc.). Crear condiciones dignas para el desarrollo profesional del sector de cuidados resulta clave para el cambio de modelo productivo, ya que facilitaría pasar de la aberración actual extractivista a una producción deseable para la sostenibilidad de la vida.
  10. Desarrollo de servicios de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, con un necesario cambio de enfoque que reduzca el asistencialismo y las medidas paliativas a las necesidades derivadas de situaciones de gran dependencia y propicien una amplia red de servicios multinivel orientados al acompañamiento y al apoyo de procesos de autonomía personal.

El efecto combinado de las anteriores propuestas sería altamente beneficioso para la igualdad de género, con capacidad de generar cambios a corto plazo y de reforzar la potencialidad género-transformativa de la estrategia de abordaje de los cuidados. Si bien dichas propuestas tienen un amplio respaldo social, lo cierto es que la falta de compromiso político dificulta su materialización.

9. Hacia la sostenibilidad social, medioambiental y económica de la Agricultura y la Pesca

Es perentorio avanzar hacia un sector agroalimentario y pesquero que garantice la soberanía alimentaria con productos de calidad y saludables y hacia un modelo agroecológico que tenga en cuenta los límites del planeta no contaminando el agua y haciendo un uso sostenible de los recursos hídricos, con explotaciones agrarias rentables social y económicamente y en las que las personas que trabajen en las mismas reciban retribuciones justas por su desempeño.

Es obligación de las administraciones públicas desplegar políticas que, teniendo en cuenta las especificidades del medio rural y del litoral, faciliten la transición del sector agroalimentario y pesquero hacia este modelo.

Proponemos:

  1. Un Pacto de Estado que se plasme en una Ley de Futuro de la Agricultura, la Ganadería y la Alimentación para realizar la necesaria transición agroecológica que nos permita avanzar hacia un modelo agroalimentario sostenible. Debe contar con la participación activa y la implicación de las personas trabajadoras, organizaciones del sector agrario y de consumidores y con medidas regionales de acompañamiento.
  2. Apoyo decidido a la ganadería extensiva a través de la nueva PAC con la implementación de avances contemplados en la nueva PAC como la condicionalidad social, las relaciones laborales dignas de las y los trabajadores del campo, la incorporación de la juventud al sector y la potenciación de la mujer en el mundo rural.
  3. Garantizar la renta agraria al tiempo que se establecen mecanismos de solidaridad que garanticen el acceso a alimentos sanos y variados a un precio accesible para el conjunto de la población y unos precios justos para los productores.
  4. Proteger los suelos agrarios y favorecer el relevo generacional con la puesta en marcha de bancos públicos de tierra y medidas restrictivas a la compra de tierras agrarias por inversores no comunitarios siguiendo los criterios de la UE.
  5. Cesión de suelo rústico de Sareb (banco malo) para fomentar explotaciones agrarias ecológicas. El desarrollo rural tiene que ponerse al servicio de un nuevo modelo productivo para las áreas rurales españolas. En dicho modelo han de primar las explotaciones familiares agrarias y ganaderas, los circuitos cortos de comercialización, los productos de calidad diferenciada, el mayor protagonismo de la mujer, la innovación y formación permanentes, y la mejora medioambiental.
  6. Promover en la UE la puesta en marcha de un etiquetado que favorezca la producción extensiva en contraposición a la intensiva.
  7. Control exhaustivo y sanción de los incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria.
  8. Plan de Empleo Forestal en zonas de incidencia de grandes incendios, con personas contratadas en los pueblos para la gestión integral forestal que se ocupen de la vigilancia, conservación, explotación de los recursos forestales en el marco del Plan de Empleo Garantizado.
  9. Adoptar el principio de “dinero público para bienes y servicios públicos”, en las negociaciones para la futura Política Agraria Comunitaria que debe conllevar la eliminación de los derechos históricos y orientar las ayudas a los sistemas productivos que socialmente más aportan y no a los grandes terratenientes.
  10. Garantizar que la caza y la pesca estén vinculadas a la mejora de los recursos.
  11. Incremento de las indemnizaciones por daños a la ganadería extensiva por fauna silvestre y subvención de las medidas implementadas para la protección del ganado.
  12. Considerar los stocks pesqueros como bien público y modificar las políticas marcadas a nivel de la UE que únicamente las consideran un bien de mercado.
  13. Apostar por el mantenimiento de la flota pesquera con la adopción de medidas que faciliten su rentabilidad y el futuro del sector ya que en el periodo 2019-2020, mientras España ha perdido 153 buques, Italia y Francia han incrementado su flota.
  14. Gestión de las cuotas pesqueras con criterios sociales en vez de puramente mercantiles. Para ello deben establecerse mecanismos que obliguen a consumirlas y no a especular con ellas.
  15. Plan de ayuda y búsqueda de alternativas al sector pesquero afectado por especies invasoras, como, por ejemplo, el alga Rugulopteryx okamurae. Esta alga invasora se ha convertido en el mayor peligro para la pesca litoral del estrecho de Gibraltar y Mar de Alborán. Dicha especie se está expandiendo, teniendo un área de expansión potencial a todo el Mediterráneo. Es un problema grave que habrá que afrontar y que supondrá grandes esfuerzos e inversiones públicas.

10. Por un Pacto social por la Ciencia e innovación

El gasto en I+D en España alcanzó un máximo histórico de 23.931 millones de euros en 2024 (1,5% del PIB), según la estadística sobre Actividades de I+D en nuestro país del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este aumento representa un crecimiento del 6,9% respecto a 2023. Desde 2018, el gasto en I+D ha aumentado un 60,1%.

Sin embargo, la cifra permanece lejos del compromiso europeo de dedicar al menos el 2% del PIB en I+D. Nuestro país se encuentra en la tabla media de inversiones en investigación con respecto al resto de socios de la UE, y por debajo de las grandes potencias del club comunitario. Alemania destina más del 3% de su PIB a I+D y Francia, el 2,3%. Fuera del continente, destacan potencias tecnológicas como Corea del Sur (4,8%), Estados Unidos (3,4%) y Japón (3,3%).

Proponemos:

  1. Acordar un Pacto Social por la Ciencia y la Innovación que recoja los compromisos de imprescindible implementación en la próxima década.
  2. Comprometer una mayor inversión en ciencia e innovación con el compromiso de duplicar hasta el 3% del PIB los recursos dedicados al final de la próxima legislatura para acercarnos a los países que están en cabeza en la UE.
  3. Distribución más efectiva de la financiación que, no se base únicamente en convocatorias de subvenciones en concurrencia competitiva, sino que incluya mecanismos de financiación continuos y estables para los grupos de investigación consolidados.
  4. Elaborar un Estatuto del Personal Investigador (EPI) que sea el principal instrumento de regulación de los derechos y deberes fundamentales de todo el personal dedicado a la ciencia y la innovación, en sus distintas modalidades (investigador, técnico y de administración y gestión) y momentos de la carrera profesional. Como parte de ese EPI se recogerá el actual EPIPF (Estatuto del Personal Investigador en Formación) fortaleciéndose en el sentido del reconocimiento de nuevos derechos en línea. Incluirá las recomendaciones de la Comisión Europea en la Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta para la Contratación de Personal Investigador (suscritos por 300 centros de investigación españoles) y derechos como, por ejemplo, una retribución mínima (incluyendo complementos) comparable a administraciones del Estado, estandarización del reconocimiento de actividades como la docencia, orientación postdoctoral como derecho asociado a cualquier contrato predoctoral e inclusión de protocolos de garantía integral de libertad sexual.
  5. Transformación de la Agencia Estatal de Investigación de forma que, además de incorporar más medios, elimine burocracia e introduzca mejores criterios de evaluación (alineados con la Declaración de San Francisco de Evaluación de la Investigación, DORA).
  6. Limitación de la propiedad intelectual de las creaciones conseguidas gracias a fondos públicos, ampliando las actualmente existentes para favorecer a toda clase de personas que realicen actividades científicas, no condicionando las excepciones o límites a su pertenencia a organizaciones formales, favoreciendo tanto la labor de investigación como de difusión y reutilización de los resultados.
  7. Modificación de la evaluación del reconocimiento del mérito investigador, fortaleciendo el modelo no comercial de publicación y de diseminación de los resultados de la investigación, en el sentido de las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre Evaluación de la Investigación e implementación de la Ciencia Abierta, aprobadas en fecha 10 de junio de 2022.

11. Banca Pública vinculada a la política económica y social

El sistema financiero, que es un servicio esencial para la economía y la sociedad y la última crisis nos ha mostrado claramente lo que supone su gestión privada, un desastre social que ha requerido enormes ayudas públicas para evitar su quiebra. Un esfuerzo económico que ha supuesto un coste hasta ahora de más de 100.000 millones de euros de fondos públicos que no evitarán nuevas crisis porque la reestructuración ha consistido en la concentración del sector y la conformación de entidades de mayor tamaño que son demasiado grandes para caer.

Por ese motivo la banca pública es crucial para que se pueda poner en marcha una política alternativa real. Lo que entre todos sostenemos, propiedad de todos debe ser.

Izquierda Unida defiende la creación de una Banca Pública de carácter estatal, cuya gestión esté participada por el Estado, las comunidades y los ayuntamientos, bajo unas normas de gestión democráticas y transparentes, que sea un servicio público vinculado a las políticas económicas y sociales de las administraciones públicas.

De esta forma sería posible que la gestión de los ahorros de la sociedad depositados en estas entidades esté dirigida a la atención de las necesidades sociales, el desarrollo de unos servicios públicos de calidad y de un sector público productivo con el objetivo fundamentalmente puesto en la creación de empleo.

Proponemos:

  1. Paralizar de forma definitiva cualquier proceso de privatización y desinversión de la única entidad que todavía tiene participación accionarial estatal, es decir, Caixabank.
  2. Tal y como se detalla en el apartado del programa de la reforma fiscal, elevaremos el actual tipo impositivo del impuesto a los depósitos bancarios del 0,03% hasta llegar al 1% para recuperar el coste del rescate al sector. Pero, además se fijará por ley que, la contribución de las entidades bancarias al Fondo de Garantía de Depósitos para responder de futuras insolvencias deberá ser calculada al precio de mercado de un aval estatal de esa magnitud (en el momento actual, más de 950.000 millones de euros). Al importe de esa prestación se descontará el impuesto a los depósitos bancarios abonado por las entidades. Se estima que supondría abonar por este concepto un 0,5% anual del volumen de depósitos garantizado por el estado.
  3. Las ayudas públicas estatales no devueltas se transformarán en derechos políticos, es decir, en acciones, y en el derecho a participar en la gestión efectiva.
  4. Las entidades bancarias que resulten nacionalizadas por la capitalización de las ayudas públicas recibidas deberán ser controladas democráticamente.
  5. Crear un Banco Postal Estatal a partir de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. El Banco Postal Estatal recibiría como aportación a su capital los activos de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y las acciones de Caixabank en manos del Frob. Garantizaría la estabilidad del sistema financiero, financiaría políticas públicas estratégicas y coordinaría el sistema de banca pública inicial.

La vocación del Banco Postal Estatal sería de crecimiento y paulatina integración de la banca privada sistémica cuya rentabilidad se desplomaría sin las ayudas públicas derivadas de la contribución inferior a los sistemas de garantía de depósitos de la que actualmente se benefician. También procedería a la integración paulatina de las cooperativas de crédito como filiales, con la oportuna modificación legislativa, que permita conservar los elementos indudablemente positivos del modelo de cajas rurales y combinarlo con la banca pública estatal. Se ampliarían las funciones que ya permiten a Correos operar como EDE (Entidad de Dinero Electrónico). Los 8.267 puntos de atención de Correos, de los que más de 2.388 son oficinas digitalizadas, tienen la capilaridad necesaria para alcanzar el objetivo de la inclusión. Dada la peculiaridad de la cobertura de correos, los servicios bancarios minoristas estarían distribuidos por toda la geografía española, y así quedaría mitigado rápidamente uno de los problemas más importantes de la exclusión financiera: la exclusión territorial.

  1. La estructura organizativa de la banca pública española debe adaptarse a las características del sistema político y administrativo del país, aprovechando las ventajas del modelo autonómico mientras garantiza la coherencia y eficiencia del conjunto.

A nivel autonómico se crearían Bancos Autonómicos de Desarrollo en aquellas comunidades que lo soliciten, con la participación mayoritaria de la comunidad autónoma (51%) y participación del Banco Público Estatal (49%).

  1. Potenciar el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como el ICO actúa como instrumento financiero de política económica, concediendo financiación a las familias y a las empresas.

Preguntas frecuentes

¿Qué propone Izquierda Unida para bajar la cesta de la compra?

Fijar precios máximos de la cesta de productos alimenticios básicos, amparándose en el derecho europeo cuando concurren razones de interés general y siempre como medida justificada, proporcional y temporal (conforme al TFUE y a la jurisprudencia del TJUE). La rebaja no puede ir en detrimento de los ingresos de los productores, sobre todo pequeños y medianos, y debe orientarse por criterios ecológicos y de salud.

¿Cuántas personas trabajarían con el Plan de Empleo Garantizado de Izquierda Unida?

El plan prevé dar ocupación al 75 % de las 2,3 millones de personas inscritas en septiembre de 2026 en el Servicio Público de Empleo, es decir, a 1,7 millones de personas, con preferencia para las desempleadas de larga duración y mediante convenios con comunidades autónomas y entidades locales.

¿Quiere Izquierda Unida nacionalizar la energía?

Sí: el programa defiende que sean de propiedad pública la totalidad de las redes de generación, transporte, distribución y almacenamiento que permiten operar el sistema eléctrico y el gasista, además de medidas fiscales que reduzcan la imposición indirecta de los consumidores domésticos.

¿Qué propone Izquierda Unida con la jornada laboral?

Reducir la jornada a 32 horas semanales en las administraciones públicas e incentivar su extensión a todos los sectores económicos, con jornadas semanales más reducidas o más días de vacaciones.

¿Qué es el nuevo Estatuto de los Trabajadores que propone Izquierda Unida?

Un Estatuto del Trabajo del siglo XXI que resignifique el artículo 35.2 de la Constitución y refuerce los derechos de quienes trabajan: derecho al trabajo y a la orientación de los servicios públicos de empleo, igualdad de oportunidades, salud y seguridad laboral, prevención de riesgos con perspectiva de género y protección frente a la exposición a determinados agentes.

¿Qué plantea Izquierda Unida sobre la banca pública?

Paralizar definitivamente cualquier privatización o desinversión de la única entidad con participación estatal, Caixabank, elevar el impuesto a los depósitos bancarios del 0,03 % al 1 % para recuperar el coste del rescate y convertir en acciones —y en derecho a participar en la gestión— las ayudas públicas no devueltas.

¿Cuánto quiere invertir Izquierda Unida en ciencia?

Duplicar los recursos dedicados a ciencia e innovación hasta el 3 % del PIB al final de la próxima legislatura, en el marco de un Pacto Social por la Ciencia y la Innovación, con financiación continua y estable para los grupos de investigación consolidados.

¿Qué propone Izquierda Unida para los cuidados?

Un Pacto de Estado por los Cuidados que fije mínimos y sistemas de seguimiento, con un Consejo Interministerial de Cuidados, una Secretaría Estatal de Cuidados, una Mesa Asesora de participación social y un Fondo específico para financiar la ampliación de servicios y prestaciones.

¿Qué haría Izquierda Unida con las empresas en crisis?

Intervenir desde el Estado: en lugar de regalos fiscales o financieros, comprar acciones de las empresas en crisis para que la renta pública no acabe en manos privadas, participar en empresas de sectores estratégicos y nacionalizar las que vayan a cerrar y sean necesarias para el interés general.

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