
Es imposible hacer una transición ecosocial justa, que no deje a nadie atrás, sin unos servicios públicos que garanticen el acceso a los mínimos vitales: en agua, en transporte, en energía, en dependencia.
Es imprescindible reconocer la gravedad del momento que atravesamos, y dar pasos que posibiliten una vida buena para todas las personas y que deberán funcionar con menos energía, menos materiales y menos recursos naturales, adaptadas a un contexto de cambio climático. Y eso sin abandonar a quienes más lo necesitan.
La Transición Ecológica Justa es el camino que hemos de recorrer para poder vivir bien. Cierto es que quienes tienen más de lo que les corresponde han de aprender a vivir con menos energía, minerales o bienes materiales, pero, si pensamos en vidas con derechos básicos, económicos y sociales, cubiertos, con tiempo disponible, derecho al descanso, cuidados compartidos y riqueza relacional, la vida de la mayoría será, sin duda, mejor. Hay mucho que transformar para transitar por una senda sostenible e impulsar una ordenación de territorio que proteja, conserve y restaure el medioambiente, los espacios protegidos y los que no lo están.
Izquierda Unida impulsa un desarrollo económico, industrial, agrícola, ganadero y pesquero que tenga como eje fundamental la sostenibilidad, donde las actividades humanas se desenvuelvan con pleno respeto al resto de la naturaleza. Para lograrlo hay que realizar una transición justa, planificada y diseñada por todas y hecha desde las más radicales posiciones democráticas. Es decir, el modelo industrial de nuestro país habrá de diseñarse contando con los recursos existentes, las necesidades sociales y la capacidad de carga, apostando por un modelo industrial que nos fortalezca frente a las necesidades que puedan surgir y las actuales y con capacidad de disminuir su huella ecológica. Hablar de reconversión industrial da mucho miedo por años de desmantelamiento de sectores enteros sin alternativa a las personas trabajadoras, pero es hora de afrontar que necesitamos una reconversión del sector que lo potencie frente al sector turístico siempre dentro de los límites del planeta y vincularlo a abastecer servicios esenciales: sanidad, transporte, alimentación, digital, energética o cultural. El turismo ha de reinventarse para dejar de ser un sector atractor de recursos y contaminación que apenas deja valor añadido y vincularlo al sector cultural y de naturaleza, de bajo impacto y alto valor añadido.
Eso supone reorientar las actividades económicas para que sean sostenibles en el uso de los recursos naturales, promover las energías renovables y la proximidad en la generación, la gestión de los materiales desde “la cuna a la cuna”, la producción limpia, la agricultura ecológica, la pesca responsable que salvaguarde el futuro de los recursos naturales marinos, el consumo responsable y la creación de empleo socialmente útil.
Defendemos nuevos modelos para la movilidad y educación y sensibilización ambiental en todos los sectores de la población.
Creemos en el principio de precaución porque queremos asegurarnos de que todos los procesos productivos, servicios e investigaciones se sometan a controles previos que eviten la acción nociva sobre los seres humanos y demás seres vivos. Los recursos naturales biológicos deben considerarse bienes de la humanidad, por lo que no pueden estar sujetos a sobreexplotación ni a los derechos de propiedad intelectual y a las patentes.
1. Planificación económica con una mirada puesta en la reducción
El escenario al que nos enfrentamos en el siglo XXI incluye dos elementos desestabilizadores. Convivimos con la creación de escasez relativa que genera el capitalismo con la escasez absoluta a la que hemos llegado de recursos estratégicos, pérdida irreversible de biodiversidad y desestabilización abrupta del clima. Todo ello genera una amenaza existencial que nos lleva inevitablemente a pensar que nuestro horizonte no puede ser relacionar el “vivir bien” con producir y consumir cada vez en mayor medida porque vivimos en un planeta finito.
Es urgente que nos replanteemos nuestro modo de vida. Este es el debate más importante de nuestro tiempo que la crisis ecosocial ha puesto encima de la mesa. La idea de calidad de vida es un concepto cardinal en la evaluación de la evolución de una sociedad. Es imposible pensar que una sociedad pueda prosperar cuando no lo hace la mayoría de sus miembros o se genera un ambiente adverso. Los factores clave para que una sociedad prospere tiene que ver con lo que contribuye a que las personas sean más autónomas y saludables, sus relaciones más significativas y sus comunidades más resilientes.
El consumo es, probablemente, uno de los actos más políticos que existen. Preguntarnos qué hay detrás de nuestros consumos y hacerlo con las gafas de las desigualdades es clave para construir esa nueva cultura que necesitamos como sociedad. Reconocer qué explotación existe detrás de cada producto para cambiar hábitos de consumo, siendo conscientes de que también, aquí, existen consumos diferentes según el grado de explotación y desigualdad que presenta la persona consumidora.
Al menos tan importante como la lucha contra el cambio climático es garantizar vidas dignas, saludables y con suficiente grado de confort ante los distintos fenómenos meteorológicos extremos, como las recurrentes olas de calor o el ya conocido efecto isla de calor, así como prevenir los efectos de la subida del nivel del mar o de las recurrentes inundaciones, planificando el territorio de manera que se minimicen los riesgos emergentes.
Por eso la transición ecosocial, si quiere ser real y conducir a buen puerto, implicará tomar decisiones drásticas en el ámbito de la producción y el consumo y conllevará la necesidad de acomodar nuestra noción de bienestar a los límites ecológicos del planeta, a fin de reducir los flujos materiales y el gasto energético.
En definitiva, se trata de transitar hacia una vida mejor y más sostenible, pero requiere construir un soporte económico y financiero que haga viable el proceso.
Por supuesto que hay capacidad para financiar la Transición Ecológica Justa. Es cuestión de prioridades y de redistribución. Si hay voluntad política, se puede.
Proponemos:
- Comprometer inversiones por valor del 3,5 % del PIB durante los diez años para abordar una Transición Ecológica Justa.
- Creación de una Agencia Especial para la TEJ y de un Observatorio del Avance de la TEJ que incluya mecanismos de evaluación de políticas públicas y herramientas de devolución a la ciudadanía (2024). Dependerá de la presidencia del Gobierno y la Conferencia de Presidentas y Presidentes, tener seguimiento parlamentario y una comisaría al frente que disponga de recursos y competencias para marcar prioridades y objetivos en todas las áreas de gobierno. El observatorio deberá verificar avances, proporcionar información para consolidar o corregir tendencias y rendir cuentas sobre el avance de la TEJ.
- Impulsar la creación de una agencia supranacional sobre TEJ, que pueda ir más allá del Estado nación.
- Realización de una gran campaña de información y sensibilización sobre la TEJ que conduzca a la firma de un Pacto Social para la TEJ que podría ser sometido a referendo público en 2029 para dotarlo de legitimidad y formulación de una estrategia de desarrollo de competencias ciudadanas para la TEJ (2030-2034). Avanzar hacia una Transición Ecológica Justa requiere de la realización de un esfuerzo de información y sensibilización masivo sobre su sentido y horizonte.
- Desarrollar una planificación política y económica que establezca límites globales en el techo ambiental y garantice que todas las personas y comunidades puedan disfrutar de una vida segura y digna, compatible con la restauración y preservación de sus entornos sociales, naturales y territoriales. Porque sin justicia no habrá transición ecológica y es evidente que, si las personas se ven obligadas a elegir entre supervivencia económica a corto plazo y ecológica en el medio plazo, será imposible que se produzca una transición ecológica. O es justa, o no será.
- Reducir la huella ecológica del sistema económico para compatibilizar la cobertura de las necesidades sociales con las biocapacidades del país y globales, así como con el abordaje del cambio climático. Hay eliminar el despilfarro con medidas de reducción. Es necesario hablar de reconversión industrial, pero eliminando las connotaciones negativas que en el pasado ha tenido. Y por eso hay que dedicar recursos a las personas que trabajan en sectores que hay que reconvertir en vez de apuntalar los sectores que no tienen utilidad social por su extrema dependencia de combustibles fósiles o minerales y energía declinantes.
- Adaptar el trabajo y las relaciones laborales a las circunstancias de la crisis ecosocial y al servicio de la Transición Ecológica Justa. Se reducirá el empleo en algunos sectores, pero también se incrementará en otros.
- Desplegar procesos que acometan las situaciones de contingencia y urgencia derivadas de los efectos de la crisis ecológica y climática. Planifiquemos y trabajemos con anticipación situaciones y cuestiones que van a ocurrir con toda seguridad.
- Transitar hacia modelos territoriales justos y sostenibles que generen nuevas relaciones de cooperación entre los mundos urbanos, rurales y naturales.
- Invertir en investigación y tecnociencia orientada a resolver los retos que plantea una Transición Ecológica Justa en el campo de la energía, el industrial, la arquitectura o el transporte.
- Establecimiento de objetivos concretos, medibles y evaluables para todos los ámbitos de gobierno en las diferentes escalas del Estado, acompañado de un plan de financiación y asignación de recursos que lo hagan viable.
- Reformar con criterios ecológicos y sociales el Sistema de Contabilidad Nacional de modo que permita que los sistemas de medición adopten un enfoque ecointegrador (2024-2027). Hay que incorporar un sistema de cuentas de los recursos naturales y del uso del tiempo, así como un mecanismo claro de indicadores sociales multicriterio (no solo monetarios), de modo que se prescinda del PIB como único objetivo de política económica e indicador de bienestar y se incorporen los que analicen elementos de bienestar social y sostenibilidad medioambiental.
- Promover una educación ambiental transversal que pueda llegar a todos los grupos poblacionales.
- Establecer programas específicos que aseguren la conservación de los espacios naturales y la biodiversidad ante los peligros de la crisis ecosocial.
- Establecer medidas de adaptación al cambio climático para minimizar los impactos del mismo. Dichas medidas no deben estar sólo enfocadas en las infraestructuras, sino que también deben tener en cuenta el cuidado de las personas y colectivos vulnerables.
- Implementar el “Territorio 30 minutos”: servicios esenciales en el medio rural a no más de media hora. El objetivo de esta medida es que todos los habitantes del medio rural tengan acceso a los servicios esenciales en un tiempo máximo de 30 minutos. Se trata de un objetivo a medio plazo en el que hay que empezar a trabajar y a invertir de manera urgente. Implica avanzar en:
- conexión a internet de calidad en todo el territorio
- servicios de atención a las personas y a las familias (escuelas infantiles, primarias e institutos, centros públicos de atención primaria, oficinas postales y bancarias – ambulantes en su caso -, formación profesional y continua, casas de la juventud, servicios de ayuda a domicilio a personas mayores y dependientes);
- red de transporte público para conectar provincias y pueblos y servicio de transporte público para los desplazamientos de las personas mayores a la atención sanitaria, gestiones administrativas y compras básicas;
- Aplicar la gratuidad al transporte público de viajeros rurales de lunes a viernes para facilitar su acceso a centros hospitalarios, universitarios y administrativos, con el objetivo de ir alcanzando la igualdad entre el medio rural y urbano.
- iniciativa pública de construcción de vivienda nueva y de compra y reforma de vivienda en desuso para alquiler;
- refuerzo de la presencia de las administraciones públicas, con beneficios fiscales o incentivos económicos, a los empleados públicos que se comprometan a trabajar y residir en las zonas rurales un mínimo de cinco años;
- fomento del asociacionismo y dinamización de la vida social de los territorios rurales, con especial atención al papel de las mujeres rurales, a las personas migrantes, la juventud y la participación activa de las personas mayores en su entorno social.
2. Agua como derecho humano y bien público
Necesitamos una política hidrológica que gestione la demanda del agua como recurso natural cada vez más escaso, considerando el derecho humano al agua, estableciendo una distribución de usos de forma sostenible y fomentando la participación ciudadana, en coherencia con la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. El incumplimiento de dicha Directiva en materia de depuración le cuesta al Estado más de 22 millones de euros al año.
Un programa de inversiones en agua urbana tendría un fuerte impacto en el empleo y el medioambiente ya que el 30% de nuestra red tiene más de 40 años y las zonas rurales supera con creces esta antigüedad lo que provoca, además de deficiencias en el servicio, ingentes pérdidas de este recurso vital cada vez más escaso. Es imprescindible realizar obras de reparación y mejora de la red y programas para el fortalecimiento de la gestión. Sin mejora de la gestión la mejora tecnológica tiene poco impacto.
Proponemos:
- Desarrollo, aprobación e implantación de una Ley de base reguladora del ciclo integral del agua. Esta normativa, cuyo ámbito de actuación sería principalmente la gestión del agua debería tratar e incluir aspectos tales como:
- Establecimiento de una gestión pública y directa del agua, en particular por parte de los ayuntamientos, mediante la creación y, en su caso, fortalecimiento de gestores públicos de servicios de abastecimiento y saneamiento con capacidad técnica y económica que garanticen un servicio eficaz y justo.
- Con independencia de la forma legal del ente público o comunitario que asuma la gestión del ciclo integral del agua (servicios municipales, patronato, ente público empresarial, sociedad mercantil 100% pública, cooperativa de consumidores, etc.), establecer que la titularidad de la misma deberá ser siempre cien por cien pública o comunitaria, no admitiendo el acceso de empresas privadas a su accionariado.
- Promover y facilitar los procesos de remunicipalización de la gestión del agua mediante la modificación de la normativa de contratación pública para reducir los límites de duración de los contratos futuros de gestión indirecta y el estudio de la reversión de las concesiones que no cumplan con la legislación vigente.
- Establecer que los servicios de abastecimiento y saneamiento forman parte de un ciclo urbano integrado cuya gestión es indisoluble y debe realizarse de manera conjunta, incluyendo la adecuada gestión de las aguas pluviales y el drenaje del espacio urbano, así como el uso eficiente de la energía.
- Establecer un modelo de gestión integrada que permita tener una visión de conjunto de los servicios prestados, así como de los ecosistemas implicados de donde se toma y vierte el agua de abastecimiento y saneamiento, mediante la coordinación con los gestores del Dominio Público Hidráulico y Marítimo Terrestre.
- Establecer la puesta en marcha procesos de planificación a largo plazo para desarrollar, acordar e implementar acciones que integren todos los aspectos del ciclo urbano del agua, incluida la reutilización, así como otros sectores de la gestión urbana con los que interacciona.
- Defender íntegramente la Directiva Marco del Agua y rechazar la reforma que la Comisión Europea tiene en marcha, que debilitará sus objetivos ambientales, el principio de no deterioro y las garantías actuales para proteger ríos, humedales, acuíferos, lagos, estuarios y aguas costeras, así como las actividades económicas sostenibles que dependen de la buena calidad de los recursos hídricos.
- Garantizar una dotación mínima –cuyo valor debería concretarse, pero que en el contexto mundial está entre 60 y 100 litros por persona y día- y el compromiso de no cortar el suministro en casos de impago justificados socialmente (asequibilidad económica), estableciendo la eliminación de los reglamentos municipales y ordenanzas de abastecimiento y saneamiento, en caso de que lo prevea, de las suspensiones de suministro por impago en los supuestos de incapacidad económica.
- Establecer la obligatoriedad de la elaboración, implantación y seguimiento de Planes de Gestión Sostenible del agua para grandes consumidores (p.e. consumo mayor a 10.000 m3/año) en todos los ámbitos de actividad (industrial, servicios, recreativa, etc.).
- Realizar programas de prevención de la contaminación basados tanto en la intervención sobre las infraestructuras como en programas de sensibilización y formación.
- Valorar y respetar la red de drenaje natural como un recurso del territorio urbano y metropolitano.
- Endurecimiento de las sanciones en materia de contaminación del agua, ya sean ríos, embalses, el mar por vertidos ilegales o por mala depuración de aguas y contaminación de acuíferos.
- Penalizar los elevados consumos a través de una tarifa por bloques progresiva vinculados al número de habitantes por vivienda.
- Plan de Reordenación y Optimización de los Recursos Hídricos que incluya también como meta el ahorro del recurso con el cierre definitivo de los pozos ilegales y la reparación de los sistemas de canalización y conducción de agua desde embalses y depósitos.
- Garantizar que los trasvases entre cuencas hidrográficas solo se realicen cuando respeten el medioambiente, garanticen el suministro de agua para necesidades básicas y sólo se ejecuten cuando haya excedente, sin que ello suponga comprometer el recurso que es necesario para mantener los ecosistemas.
- La gestión hídrica tiene que respetar el principio de unidad de cuenca, impidiendo el incremento de la demanda del consumo de agua, más allá de la capacidad de la cuenca y de sus necesidades ambientales. En los trasvases que actualmente cuentan con infraestructuras, hay que garantizar que se realicen cuando respeten el medioambiente, garanticen el suministro de agua para necesidades básicas y sólo se ejecuten cuando haya excedente, sin que ello suponga comprometer el recurso que es necesario para mantener los ecosistemas.
- Legislar para garantizar que en ningún caso los recursos hídricos disponibles sirvan para cambiar el modelo agrícola o ganadero del territorio a otro insostenible con las condiciones climáticas, ambientales o de aporte hídrico natural de esa zona.
- Planificar y realizar las inversiones necesarias para garantizar que el agua llegue a las personas en las mejores condiciones y de acuerdo con la normativa aplicable en cada momento.
- Establecer un programa estable y plurianual de inversión pública para renovar redes, mejorar la depuración, proteger captaciones y adaptar los servicios a los riesgos climáticos. Deben distribuirse los recursos según necesidades acreditadas y criterios de equidad territorial, con mecanismos que permitan concurrir a los pequeños municipios y eviten que su menor capacidad administrativa los excluya.
- Controlar y minimizar las pérdidas en las redes de suministro y saneamiento.
- Promover la gestión diferencial de la calidad del agua y adecuar, por tanto, la calidad del agua al uso a que se destine en cada caso
- Promover el acceso de la ciudadanía a la información básica de la gestión del ciclo integral mediante el establecimiento de una batería de indicadores significativos. y umbrales de sequía según las proyecciones de caudales futuros, nuevos caudales ecológicos y demanda de agua futura.
- Impulsar campañas de sensibilización y concienciación sobre el uso eficiente del agua que debería dar lugar a actuaciones que faciliten dicha sensibilización. Como ejemplo de lo anterior, tendríamos campañas como la de fomento del agua de “grifo”.
3. Lucha contra el cambio climático y política energética
Es imprescindible desarrollar la descentralización y democratización energética que implica nuestro modelo de transición energética. Y para eso es fundamental el papel que pueden jugar las administraciones públicas. Además, deben monitorear y medir el consumo de recursos incluyendo las huellas de suelo, agua, y gases de efecto invernadero.
Nuestro programa no debe plantearse bajo una óptica catastrofista, sino todo lo contrario, conscientes de la crisis ecosocial, debemos señalar con nuestras propuestas un horizonte en el que vivir bien.
Proponemos:
- Adoptar medidas en todos los ámbitos de sus competencias que vayan en la línea de mitigar el calentamiento global, frenar el cambio climático y hacer frente a sus efectos relacionados con la pobreza energética. Se trata de ofrecer salidas justas a la crisis ecosocial.
- Transición energética con decrecimiento priorizando los consumos socialmente necesarios, con especial atención a las situaciones de vulnerabilidad, evitando cortes y garantizando el confort necesario.
- Apostar por un modelo de generación basado en las siguientes premisas:
- Un tercio de autoconsumo fundamentalmente sobre tejados y cubiertas en las propias ciudades.
- Otro tercio en pequeñas plantas de hasta 5 MW que se deben integrar dentro de la red de distribución de 20KV y de forma complementaria y planificada con el desarrollo del autoconsumo dentro de una filosofía de energía distribuida.
- El último tercio en grandes plantas centralizadas con una planificación autonómica para las plantas de hasta 50 MW y estatal para las de potencias superiores.
- Apoyo decidido a la participación pública, ciudadana y de la economía social en la generación y distribución de energía.
- Desarrollar normativamente las Comunidades Energéticas cambiando lo referente a autoconsumo compartido, como los 5 MW de potencia máxima en Alta Tensión, en lugar de los actuales 100 KW y ampliar la distancia máxima hasta los 5 Km en lugar de los actuales 500 metros.
- Impulsar el autoconsumo colectivo y pequeñas plantas con participación ciudadana, autonómica y municipal, de hasta 5 MW en todos los territorios.
- Formación de nuevos profesionales y técnicos competentes, así como la adaptación de los currículos de Formación Profesional.
4. Soberanía alimentaria y alimentación saludable
La apreciación de las debilidades y dependencias de la cadena alimentaria ante la crisis por Covid19 debe servirnos para transformarla ante la amenaza aún mayor de la crisis climática. Debemos asegurar un abastecimiento nutricionalmente correcto como derecho de toda la población en toda circunstancia, de manera que contribuya al mantenimiento de la población rural en el territorio y que sea socialmente justa y ecológicamente compatible con la salud de las personas y de los ecosistemas.
La FAO reconoce que el sistema agroalimentario actual busca obtener el máximo beneficio económico sin tener en cuentas los costes ambientales y sociales asociados: elevado consumo energético y de agua, 30% de las emisiones globales de los gases que contribuyen al cambio climático, deforestación y pérdida de la biodiversidad silvestre y cultivada y de los ecosistemas, perdida suelo fértil y riesgo de desertificación (de un 65% de superficie en España), despilfarro de una tercera parte de alimentos, repercusión en la salud de las personas y en las condiciones laborales.
También 11 de 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas tienen relación directa con el sistema alimentario, como el Pacto de Milán sobre Políticas Alimentarias firmado por 200 ciudades en todo el mundo (22 españolas), que formaron la Red de Ciudades por la Agroecología.
Al mismo tiempo, un sector agroalimentario ya al borde del colapso ha recibido un nuevo golpe por Covid19. Y necesitamos adaptar los hábitos alimentarios a la lucha contra el cambio climático y su aprendizaje a roles igualitarios.
Hay que asegurar el derecho esencial a la alimentación de todas las personas y no meramente como un servicio mercantilizable.
Proponemos:
- Aprobación de una Estrategia para la Soberanía Alimentaria que integre y coordine, con todos los agentes clave, las políticas alimentarias con las de salud, igualdad, educación, emprendimiento, desarrollo rural, medio ambiente y consumo, para promover el consumo de alimentos de cercanía, km 0, de temporada -y ecológicos siempre que sea posible-, así como el incremento de la producción y consumo directo de proteína vegetal.
- Elaborar un Plan Estatal por la Alimentación Sostenible y Saludable que permita la armonización de distintas políticas, en el marco del futuro reglamento de la UE sobre sistemas alimentarios sostenibles. Trabajaremos para introducir la perspectiva alimentaria saludable y sostenible en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común de España (2023-2027); la aplicación del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (2021-2027); la Estrategia de Salud Pública 2022; el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030) y otros.
- Impulsar el desarrollo de departamentos específicos para la promoción de la alimentación sostenible y saludable, con personal y presupuesto propios, para el desarrollo de políticas alimentarias específicas y velar por la coordinación entre las distintas Administraciones con competencias en cuestiones alimentarias en la escala estatal.
- Creación de la Seguridad Social Alimentaria vinculada a una Red Alternativa Pública de Distribución de Alimentos, similar a la seguridad social médica, para garantizar el acceso universal a alimentos saludables y sostenibles. El sistema se establecerá a través de diferentes mecanismos entre los que están: vinculación del acceso de alimentos a una red alternativa de distribución basada en criterios sociales y agroecológicos con precios justos para los productores y productoras; medidas de política fiscal impositiva a los alimentos menos saludables y ayudas a los saludables; disposición de una cuantía fija mensual no acumulable (y variable en función de determinados criterios) para gastar, obligatoriamente, en las entidades participantes en el sistema de forma que se garantice el derecho a una alimentación adecuada para todas las personas, independientemente de su situación de vulnerabilidad, y que favorezca una transición agroecológica en la producción, transformación y distribución de alimentos.
- Evaluar y monitorizar la inseguridad alimentaria estableciendo mecanismos para que las estadísticas e indicadores midan el derecho a la alimentación saludable y sostenible, incluyendo este enfoque en las encuestas del INE; a través de indicadores clave como el FIES, entre otros. Desarrollaremos además un informe periódico anual que genere recomendaciones de mejora para todas las políticas públicas mediante datos adecuados y desagregados en función de territorio (rural/urbano; centro/periferia), renta, edad, género, origen geográfico y cultura, etc. como los recogidos actualmente por el Observatorio por el Derecho de la Alimentación.
- Frenar la exposición a contaminantes químicos de origen alimentario mediante la producción y el consumo de alimentos libres de productos fitosanitarios, medicamentos, o residuos químicos en la preparación, procesado y embalajes; favorecimiento de la producción agroecológica frente a la convencional y los productos de la ganadería y la acuicultura libres de medicamentos; refuerzo de los controles del residuo de pesticidas en alimentos, estableciendo un sistema más seguro que no abuse del «uso excepcional».
- Establecer restricciones en la determinación de los Límites Máximos de Residuos a partir del conocimiento científico; reducción del uso del embalaje alimentario innecesario, eliminando los materiales de «un solo uso».
- Apoyar mediante medidas fiscales asociadas a incentivos a los beneficios ecosistémicos que esas actividades generen. El precio es el principal condicionante en la compra de alimentos. Se ha demostrado que una dieta sana y sostenible como la mediterránea, es más cara que una dieta tipo occidental. Introduciremos beneficios o ayudas económicas a los alimentos saludables y sostenibles (frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales; provenientes de canales cortos, poco procesados, agroecológicos) que favorezcan un aumento de su consumo, especialmente entre la población vulnerable. Complementariamente estableceremos tasas que graven, desincentiven y reduzcan el consumo a los alimentos no saludables para lograr un cambio sustancial del modelo alimentario actual y como consecuencia, de la salud de la población, el fin último de esta política fiscal.
- Realización de campañas de educación y sensibilización que incluyan información obligatoria en el etiquetado sobre origen y huella de carbono debida a transporte de los ingredientes.
- Implementar la gestión pública directa de todos los comedores públicos con criterios de salud, ratios y condiciones laborales adecuadas y sostenibilidad medioambiental con priorización de productos locales y ecológicos. Hay que impedir la privatización de los servicios alimentarios en educación, sanidad y residencias públicas.
- Apoyo a la creación de espacios de articulación logística mediante el fomento de nodos logísticos, centros de acopio o food hubs sostenibles gestionados por el sector productivo (pequeñas y medianas producciones agroecológicas y pesca artesanal orientadas al circuito corto) para impulsar la agregación, almacenamiento, procesamiento, logística y distribución de alimentos.
- Plan de actuación de MERCASA para la incentivación de la distribución agroecológica y para facilitar las ayudas en la fase de definición del modelo o para el acceso a instalaciones adecuadas, apoyar la digitalización, el transporte sostenible de reparto de última milla y ayudar en la comunicación y difusión.
- Resolución de las trabas administrativas para mejorar la sustentabilidad de iniciativas agroecológicas existentes y creación de otras nuevas, siguiendo el ejemplo de los avances en la normativa higiénico-sanitaria para elaboradores de pequeña escala.
- Impulsar la Compra pública como motor de la transición alimentaria. Reforzaremos el marco normativo común para facilitar la compra pública a nivel estatal en la alimentación escolar y en otros servicios dependientes de las administraciones públicas, como centros sanitarios, universitarios, deportivos, residencias de personas mayores, etc… Se dedicará al menos un 25 % de la compra pública a alimentos saludables y sostenibles procedentes de producción agroecológica, local y de temporada, con una provisión directa desde redes locales de producción e incluyendo otras propuestas como las del ICLEI (fincas de pequeña escala, reducción de las emisiones de GEI, condiciones de trabajo dignas, productos de comercio justo, bienestar animal, empresas de economía social, etc); Apoyaremos la planificación, logística y distribución de la producción para lograr el éxito de los programas.
- Inclusión de cláusulas en el mismo sentido en los pliegos de servicios externalizados hasta su reversión.
- Eliminación de los productos alimentarios no saludables en menús que se ofrecen en todas las instituciones públicas y en las máquinas de venta.
- Implementar una Transición agraria justa con territorios y personas basada en la vocación de los terrenos, que reduzca y ordene el regadío y la ganadería, especialmente, como los dos sectores de mayor impacto ambiental y se planifique en función de los recursos disponibles y la capacidad de carga del terreno en cuanto a contaminación. Cerrando ciclos, aumentando la biodiversidad y mejorando los terrenos.
- Descentralización del modelo de ayuda alimentaria, actualmente en revisión, que permita por una parte la entrada de productores locales a los fondos y que las personas usuarias de los bancos de alimentos tengan acceso a alimentos frescos, seguros, saludables y sostenibles.
- Potenciación de una dieta con mayor peso de los productos vegetales y de proximidad. Implantación de la obligación de ofrecer platos vegetarianos y veganos dentro del menú de restaurantes y comedores.
- Establecimiento de puntos de información, asesoramiento y acompañamiento para el impulso de la Ley de titularidad compartida, así como refuerzo de las oficinas que ya existentes, garantizando la formación adecuada al funcionariado a través de cursos específicos en las escuelas de formación de las administraciones autonómicas, así como colaboración con los Grupos de Acción Local y otras entidades supra municipales.
5. Biodiversidad y Servicios ecosistémicos
La altísima ocupación del territorio por la actividad humana -el 75% de la superficie terrestre libre de hielo ha sido transformada en distinta medida- refleja una saturación del sistema natural global cuya resiliencia se resiente gravemente. La contaminación de aire, suelo, océanos y ríos, la deforestación descontrolada, las prácticas agrarias intensivas, la proliferación de especies invasoras, el tráfico ilegal de especies, la destrucción de hábitats, el cambio de usos del suelo, el uso desmedido de pesticidas, la explotación intensa de los recursos pesqueros, la presencia de plásticos en la cadena trófica, el repunte minero global son algunos de los problemas que deben abordarse para limitar la continua pérdida de biodiversidad. Causas todas ellas que han generado las demás dimensiones de la crisis ambiental, la pobreza y la generación de un modelo social injusto. Recordemos que el último Índice Planeta Vivo global 2022 muestra una disminución media de 69% en las poblaciones analizadas de animales salvajes entre 1970 y 2018.
En España participamos de los mismos problemas globales con respecto a la biodiversidad. No obstante, es importante señalar datos como ser el país de Europa con mayor uso de plaguicidas, o el de mayor producción de transgénicos, o también uno de los que más proyectos mineros mantiene tanto continentales como marinos, así como otras particularidades tales como la carencia de recursos en la gestión de espacios naturales protegidos, la insuficiencia en el seguimiento de la Directiva Marco del Agua, la intensa urbanización de la línea de costa, la sobreexplotación de los recursos pesqueros, el aniquilamiento de los humedales, la gestión insuficiente de los residuos, la construcción de infraestructuras innecesarias o el arrollador impacto del turismo de masas.
Ya no hay dudas de que la pérdida de biodiversidad, al igual que el calentamiento global, responden a un modelo económico basado en la explotación sistemática de los recursos naturales que prioriza el beneficio económico a la sostenibilidad ambiental, provocando intensos desajustes ecosistémicos que pueden provocar en el plazo corto el colapso del sistema natural y por ende afectar a nuestra propia estabilidad como especie.
La pérdida de biodiversidad no es solo una mera cuestión ambiental, sino que tiene repercusiones fundamentales en la economía, la salud, la cultura o el acceso al agua, a los alimentos, a la energía y resulta clave para la regulación del clima, la mejora de la calidad del agua, el control de la contaminación, la salvaguarda de la polinización, el control de las inundaciones y de los grandes incendios. De lo que se trata en definitiva es conseguir que la actividad humana se muestre en equilibrio con las dinámicas propias de los ecosistemas. Cuidar la biodiversidad es cuidarnos también como especie.
Los servicios ecosistémicos hacen referencia a los beneficios derivados de las funciones ejercidas por los ecosistemas con respecto a nuestra especie o nuestra sociedad. Estos beneficios pueden encuadrarse en los relativos a la economía, la salud, el empleo, la cultura o el ocio.
Como ejemplos de servicios ecosistémicos podemos nombrar la producción de agua limpia para abastecimiento humano, animal y para regadío, la formación de suelo necesaria para cultivar la tierra, la regulación del clima por parte de los bosques necesario para mitigar los efectos del cambio climático, la polinización ejercida por los insectos tan necesaria en la agricultura, los valores estéticos de un paisaje propiciadores de actividades de ocio y recreo…
En el estudio “La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio” (2005) se clasifican estos servicios en cuatro tipos:
1) servicios de abastecimiento (alimentos, agua, energía, materias primas, recursos medicinales)
2) servicios de regulación (purificación del agua, del aire, regulación climática, polinización, control de plagas, prevención de la erosión y conservación de la fertilidad del suelo, tratamiento de aguas residuales)
3) servicios culturales (actividades de recreo y salud mental y física, turismo, apreciación estética e inspiración para la cultura, el arte y el diseño, experiencia espiritual y sentimiento de pertenencia)
4) servicios de apoyo, que mantienen todos los demás servicios (ciclo de nutrientes, formación del suelo, hábitat para especies, conservación de la diversidad genética).
Proponemos:
- Dotar de la misma relevancia ambiental el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, dos problemas con un mismo origen y ambos trascendentales para el ser humano, siendo por tanto indispensables relacionar las políticas que se apliquen en ambos casos. La conservación de la biodiversidad debe estar ligada a acuerdos ambiciosos de reducción de gases de efecto invernadero, de eliminación de subsidios a los combustibles fósiles o a la creación de fiscalidad internacional a favor de la naturaleza.
- Incluir en todas las políticas públicas medidas que eviten o reduzcan las causas principales de la pérdida de biodiversidad: pérdida o destrucción de hábitats, especies invasoras, sobreexplotación de especies, contaminación y cambio climático.
- Promover la conservación de al menos 30% de las áreas terrestres y marinas del planeta (especialmente las de particular importancia para la biodiversidad y sus contribuciones a las personas) a través de un sistema de áreas protegidas eficaz, ecológicamente representativo, bien conectado y manejado de forma equitativa.
- Reducir al menos un 50% la tasa de introducción de especies exóticas invasoras y trabajar para el control o erradicación de dichas especies para eliminar o reducir sus impactos.
- Reducir el exceso de nutrientes que se descarga en el medio ambiente al menos a la mitad y el exceso de pesticidas al menos en dos tercios, así como eliminar la descarga de desechos plásticos.
- Trabajar para que las contribuciones basadas en la naturaleza a la mitigación del cambio climático sean realmente significativas, y que todos los esfuerzos de mitigación y adaptación eviten impactos negativos en la biodiversidad.
- Difundir las funciones y el valor de la biodiversidad en una sociedad con una percepción limitada del valor de la naturaleza y de los procesos y servicios que generan.
- Actuaciones con respecto a los servicios de abastecimiento:
- Alimentación. Es necesario repensar la alimentación disponible para la mayoría de la población, no tanto por su cantidad sino por su calidad nutritiva y ambiental. Es necesario recuperar y aumentar la producción local de alimentos y potenciar los circuitos cortos de distribución y comercialización, favoreciendo con ello la soberanía alimentaria, las variedades agrícolas y razas ganaderas locales, así como la pesca artesanal de bajura. Es por ello urgente la creación de una Estrategia de la Soberanía Alimentaria, que mejore la calidad de vida de las personas del sector, el incremento de las rentas agrarias y fundamentalmente pueda organizar sistemas alimentarios territoriales soberanos y sostenibles que integren la producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos, así como el impulso de una cultura alimentaria y educación nutricional entre la población.
- Materias primas y recursos medicinales. Existe una industria tradicional que se ha ido perdiendo, con la llegada de productos derivados del petróleo y por las sucesivas oleadas de deslocalizaciones de empresas, en relación con el aprovechamiento de determinadas materias primas como la madera y derivados como la resina, o bien el cuero y las fibras del ganado, o bien elementos vegetales como flores, hojas y raíces, o bien organismos marinos como algas que pueden ser utilizados en industrias de la madera, del textil, del calzado, de la industria química, farmacéutica o de la cosmética. Para ello sería interesante un Plan de Reconstrucción de Industrias Tradicionales que uniendo los saberes antiguos con técnicas más actuales de producción pudieran ofrecer alternativas a la oferta actual de productos fabricados en lugares lejanos así como una garantía de disponer de productos de los que, como se ha podido comprobar en las circunstancias actuales, el país ha quedado desabastecido.
- Agua. El agua es un recurso básico para todos los seres vivos. Pero también lo es para la actividad económica y por tanto es necesaria su correcto uso y gestión. En agricultura y ganadería la huella hídrica es importante debido al incremento del regadío tanto para alimentación humana como animal. Reducir este consumo es necesario para asegurar el suministro de agua y debe conseguirse mediante la optimización del consumo, cambiando parte de los usos, con menos regadío y menos superficie para cultivo para animales. Es necesario un Plan de Reordenación y Optimización de los Recursos Hídricos que incluya también como meta el ahorro del recurso con el cierre definitivo de los pozos ilegales y la reparación de los sistemas de canalización y conducción de agua desde embalses y depósitos. Es necesario también proteger los bosques y fomentar su diversidad como elementos de fijación de carbono, pero también como agentes de filtración del agua y de retención del suelo que eviten o mitiguen las inundaciones. Para ello, sería importante impulsar un Plan Integral de Reforestación con especies autóctonas teniendo en cuenta los estratos vegetales presentes en los ecosistemas.
- Actuaciones con respecto a los servicios de regulación
- Clima local y calidad del aire. Es conocida la capacidad de los ecosistemas en la regulación local del clima y en la calidad del aire. En esa regulación cobra protagonismo la existencia de árboles con especial incidencia en el medio urbano, donde la vegetación juega un papel primordial en la reducción de la contaminación y en la mitigación de las temperaturas extremas del clima local. Por ello se propone un Plan de Implementación de Parques y Jardines con especies adaptadas al clima local, de bajos requerimientos hídricos y de bajo mantenimiento.
- Secuestro y almacenamiento de carbono. Para la reducción de las emisiones de los GEI es importante implementar medidas que reduzcan el efecto negativo de la agroindustria sobre el medio natural. Nuevas prácticas agrícolas y ganaderas son necesarias con recuperación de pastizales, setos, linderos y otros elementos que conviertan los terrenos intensamente explotados en agroecosistemas que cumplen una función de absorción de carbono. Por otra parte, los mares son importantes sumideros de carbono por lo que es necesario disponer de sistemas de pesca y acuicultura respetuosos con las características físicas del ecosistema marino. Es importante salvaguardar las plantas marinas, como la posidonia en el mediterráneo, vitales para la función descrita. Como queda dicho en el apartado anterior, la vegetación en general y los árboles en particular cumplen asimismo esta función. Se trataría aquí de impulsar una Estrategia Agraria y Forestal de absorción natural de carbono en concordancia con los planes agrarios y forestales descritos y con los planes de reducción de emisiones de los gases de efecto invernaderos, así como la estrategia de cambio climático del Ministerio de Transición Ecológica.
- Moderación de fenómenos extremos. Los ecosistemas ofrecen un efecto amortiguador frente a las catástrofes naturales como las inundaciones, sequías o incendios. Es importante, con efecto adaptativo, contar una diversidad agraria notable para no depender de los monocultivos al igual que es importante la diversidad de las razas ganaderas. Asimismo, la diversidad de especies en los bosques es sinónimo de ecosistema sano y resiliente, superando el concepto de explotación forestal monoespecífica. Por ello es necesario implementar un Plan de Utilización de variedades agrícolas y razas ganaderas, así como de plantas autóctonas en los ámbitos agrarios y forestales.
- Tratamiento de aguas residuales. Mediante la actividad biológica de los microorganismos presentes, los humedales, lagunas, charcas y otros depósitos naturales de agua superficial prestan un servicio de depuración de aguas contaminadas por efecto de los restos de fitosanitarios y abonos, así como de los purines de la ganadería. Mantener estas áreas inundadas es vital por tanto para una mejor calidad del agua. Por ello es necesario implementar el vigente Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los Humedales con nuevas actuaciones de recuperación de aquellos espacios desecados total o parcialmente.
- Prevención de la erosión y conservación de la fertilidad del suelo. La pérdida de suelo en España va avanzando, particularmente en el sureste peninsular pero también en otras muchas zonas, debido fundamentalmente a prácticas agrarias intensivas, a la sobreexplotación del agro y también al cambio climático. Es por ello fundamental una acción decidida para cambiar el modelo agroganadero hacia otro extensivo con menor o nula dependencia de la industria agroquímica, con menores necesidades hídricas y con utilización de variedades y razas autóctonas. Es necesario por tanto apostar por un Plan de Transformación o Reconversión de los aprovechamientos agroganaderos.
- Polinización. La polinización animal es un servicio ecosistémico proporcionado principalmente por los insectos, pero también por algunos pájaros y murciélagos, siendo vitales para la producción agrícola mundial. Pero en las últimas décadas los productos fitosanitarios empleados en la agricultura han hecho disminuir alarmantemente el número de polinizadores, poniendo en peligro, además de la biodiversidad, la propia alimentación humana. Esto hace pensar en la necesidad de luchar contra la causa de este desastre. Por ello hay que incidir en el uso adecuado de las variedades locales, más resistentes a las condiciones biológicas y climáticas, el uso de setos como refugio de los insectos y el empleo, en caso de plagas o enfermedades, de productos naturales para combatirlas. Por ello es necesario potenciar un Plan de Implementación de la Agricultura Ecológica.
- Control biológico de plagas. Complementario del punto anterior y para proteger cultivos amenazados por plagas persistentes es el control biológico a través de un enfoque ecosistémico para asegurar la producción, pero sin limitar la biodiversidad, efecto causado por el uso abusivo de los plaguicidas. Asimismo, este control biológico puede utilizarse ante algunos problemas de parasitismo observados en sanidad animal o de plagas en masas forestales en sanidad forestal. Por ello sería necesario implementar las líneas de investigación y aplicación en esta materia mediante un Plan de Control Biológico del Medio Agrario y Forestal.
- Regulación de los flujos de agua. Las masas de agua (ríos, lagos, aguas subterráneas, etc.) proporcionan una amplia gama de servicios ecosistémicos a la sociedad, tales como agua potable para consumo humano, agua para agricultura o ganadería o energía. En el contexto actual del cambio climático y las demandas crecientes de agua, se hace necesario llevar a cabo una gestión flexible de los recursos hídricos que garantice la prestación de esos servicios. Desgraciadamente estas masas de agua han sido concebidas en gran medida como elementos necesarios para el desarrollo socioeconómico de algunas regiones sin tener en cuenta su función ecológica. Recuperar esta función entrañaría además una nueva mirada económica y social del entorno local. Por ello sería importante elaborar un Plan de Recuperación y renaturalización de los Ecosistemas Fluviales tanto en ambientes rurales como urbanos.
- Actuaciones con respecto a los servicios de apoyo.
- Hábitat para especies. Los hábitats son aquellas áreas naturales y seminaturales, terrestres o acuáticas, que albergan distintas especies en número variado tanto de flora como de fauna. Son lugares esenciales para la vida de los ecosistemas y su cuidado ha generado una Directiva europea, la de Hábitats, que juntamente con las zonas de protección especial de la Directiva Aves ha creado una red ecológica coherente de zonas especiales de conservación con el nombre de Natura 2000. De los 231 Hábitats de Interés Comunitario, 118 se encuentran en España distribuidas en 4 regiones biogeográficas. La Red Natura 2000 incluye los llamados Lugares de Interés Comunitario, las ZEC (Zonas de Especial Conservación) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Dado que en Europa, el 50% de las especies y hasta el 80% de los tipos de hábitat de interés comunitario presentan un estado de conservación desfavorable, es preciso potenciar las medidas de protección, terminar de incluir los hábitats aún no representados en el inventario actual y de redactar los planes de gestión de los espacios que aún no disponen de ellos como tareas aún pendientes de la administración. Otra de las labores importantes pendientes es la el conocimiento y la divulgación de la existencia de estos lugares para el general entendimiento de la población. Por ello se propone redactar un Plan General de Señalización de la Red Natura 2000.
- Conservación de la diversidad genética. Existen pérdidas significativas de variedades locales y razas autóctonas en el mundo agrario, que indican que desde 1990 se ha perdido el 75 % de la diversidad genética de los cultivos mundiales o que en Europa al menos 97 razas de animales domésticos se han extinguido en los últimos años. Es por ello que el enfoque ecosistémico es esencial en la conservación y la utilización sostenible de los recursos genéticos en la agricultura y la ganadería, que favorecerán una mejor resiliencia del agro frente al cambio climático, la sequía o ante el peligro de expansión de plagas y enfermedades. Además, la utilización de variedades y razas locales limita o anula directamente la dependencia del mundo agrario de las grandes multinacionales de la agroindustria, mejora el comercio de proximidad y obtiene mejores productos alimentarios. Por ello se propones una Plan de Recuperación de variedades agrícolas y razas autóctonas.
- Actuaciones con respecto a los servicios culturales.
- Actividades de recreo y salud mental y física. Las actividades de ocio o deporte en la naturaleza son apreciadas por un sector amplio de la población. Es importante disponer de lugares cercanos a los núcleos de población más densamente poblados para poder practicar ejercicios físicos o modalidades diferentes de deportes en espacios limpios y cuidados. Es por ello importante restaurar los entornos urbanos, usualmente degradados, proponiendo un Plan de Restauración de Áreas Degradadas de los Entornos Urbanos.
- Turismo. Es de sobra conocida la importancia del turismo en países como el nuestro cuyo impacto económico es de primer orden. El turismo es un importante sector económico en nuestro país sin embargo el empleo que genera es en muchos casos de mala calidad y la riqueza que se genera no llega a la población. Por otro lado, es también el responsable del deterioro ambiental de numerosos ecosistemas, singularmente los del litoral, pero también de determinados lugares de las montañas o de pueblos del interior que pierden sus señas de identidad en favor de una banalización de su propia imagen mediante la construcción de elementos extraños a su fisonomía tradicional. También en los últimos años, la penetración de las multinacionales de las reservas de alojamiento en los centros de las ciudades ha generados fenómenos no deseados de expulsión de la población, por el incremento sin control del precio de los alquileres, y la pérdida de la identidad de muchos barrios tradicionales. Es necesario repensar el modelo turístico depredador que se ha impuesto en España en las últimas décadas por lo que habría que trabajar en un Plan de Reconversión de la Industria Turística.
- Apreciación estética e inspiración para la cultura, el arte y el diseño. El paisaje ha sido siempre motivo de inspiración para las distintas manifestaciones artísticas e iniciativas culturales de todo tipo. No obstante, desde la explosión del fenómeno turístico, el paisaje, en cualquiera de sus plasmaciones (montaña, litoral, interior, urbano…) ha sido considerado básicamente como elemento de mercado, un bien vendible y canjeable sometido a los vaivenes de la especulación. Recuperar el sentido del paisaje es importante para disponer de otra mirada sobre el entorno que nos haga mejor comprender su evolución en el tiempo histórico. Por ello se propone optimizar el vigente Plan Nacional del Paisaje Cultural del Ministerio de Cultura ampliando los contenidos de formación y difusión contemplados en él a través de actuaciones dirigidas por otras instituciones de ámbito local
- Experiencia espiritual y sentimiento de pertenencia. Según la FAO, la naturaleza es un elemento común en la mayoría de las principales religiones, en el que el patrimonio natural, el sentimiento espiritual de pertenencia, el conocimiento tradicional y las costumbres conexas son importantes para crear un sentido de pertenencia. Recuperar esta mirada del pasado desde una perspectiva cultural ahonda en esa necesidad de comprender la evolución de nuestro entorno que nos permitirá sentirlo nuestro, y consecuentemente respetarlo y protegerlo. Este objetivo requeriría de la misma actuación contemplada en el punto anterior.
6. Políticas públicas para un mundo rural vivo
A mediados de 1987, la población rural activa en el campo español se situaba en torno al 20%. En ese mismo año se establecieron las bases, por exigencia de la Comunidad Económica Europea, para que se redujese hasta el 6%. Todo ello conllevó el desmantelamiento de las pequeñas explotaciones que no eran competitivas en esa deriva de reducción de los costes de producción.
A principios de este siglo, la despoblación y abandono del mundo rural empieza a causar graves problemas y las administraciones públicas empiezan a incentivar la lucha contra ella.
En Izquierda Unida consideramos que no hay otra forma de lograr éxito que garantizar la plena igualdad en la calidad de los servicios públicos y de los servicios sociales, teniendo en cuenta las diferentes características territoriales y la diversidad del medio.
Merece la pena pelear por un Mundo Rural vivo.
Proponemos:
- Reformar el artículo 138 de la Constitución para agregar al hecho insular, el factor de despoblación dentro de las situaciones de especial atención para atender el reequilibrio económico entre los distintos territorios del país.
- Aprobar el Estatuto de Municipios de Reducida Dimensión que incluirá el compromiso de dedicar al menos un 1% del PIB anual en la lucha contra la despoblación.
- Reformar el artículo 24 bis de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que delega en las Comunidades Autónomas la regulación de las Entidades de ámbito territorial inferior al municipio, pero, en ningún caso, podrán tener personalidad jurídica. Las nuevas EATIM se considerarían entidades desconcentradas, por lo que su ámbito de competencias, su financiación, incluso su desaparición depende enteramente del ayuntamiento al que pertenecen.
- Recuperar y ampliar los servicios públicos porque solo con ello se consolidarán incentivos demográficos para nuestro país en estas zonas en unas condiciones dignas y similares a las de las zonas urbanas.
- Coordinación estatal para que las comunidades autónomas realicen de forma adecuada la prestación de servicios públicos.
- Diseñar Planes comarcales de cobertura de servicios públicos (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) que garanticen el acceso a dichos servicios por parte de la población rural y que respondan a las peculiaridades y necesidades de cada territorio. Deberán incluir una estrategia de descentralización de la red de recursos asistenciales públicos con el objetivo de crear una malla de centros asistenciales –infancia, juventud, mayores, ayuda domiciliaria, residencias, centros de día– que contribuyan a acercar el empleo social a esos territorios.
- En lo referente a la salud rural, se garantizará lo siguiente:
- Atención primaria y prevención en la salud. Se deberá asegurar la atención tanto en las consultas del centro de salud como en los consultorios rurales o domicilios, así como la realización de otras actividades atención de pacientes con enfermedades crónicas en sus domicilios; asistencia a pacientes que requieran cuidados paliativos en sus domicilios; educación para la salud e intervenciones comunitarias y formación, docencia o investigación. Incluir a más categorías de personal sanitario en los consultorios rurales, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, odontologia, psicología.
- Urgencias: El transporte sanitario es fundamental y deben revertirse todos los conciertos a la Sanidad pública y realizarse mapas de Salud teniendo en cuenta 30 minutos como máximo a un centro sanitario. Y bases ambulancia 24 horas al día no noches sin ambulancias. La Organización Mundial de la Salud recomienda que una UVI móvil debe cubrir un circuito en el que el tiempo máximo en llegar al punto más lejano sea de 20 minutos.
El cierre de muchos puntos de atención continuada en mundo rural supone un deterioro irreversible en el nivel asistencial del medio rural que como es bien conocido tiene un alto porcentaje de población envejecida y por tanto con mayores necesidades asistenciales. Especialización. MIR. Docencia e investigación. Especialidad de AP rural. Incentivar desde las universidades el conocimiento del trabajo en el medio rural con sus especificidades. Promocionar la investigación en este ámbito. Obligatoriedad MIR de Medicina comunitaria, rotación en el medio rural.
- Potenciar aquellos servicios sociales que favorecen la permanencia en el domicilio habitual, con la incorporación de TIC (caso de las prestaciones de ayuda domiciliaria, entre otras, y nuevos mecanismos que puedan definirse a futuro).
- Poner en marcha alternativas al modelo residencial, como la prestación de servicios de comida a domicilio, lavandería o pequeños establecimientos residenciales para situaciones de mayor dependencia.
- Ampliar la cobertura de la ayuda a domicilio.
- Garantizar el acceso de la Educación de 0 a 3 años con medidas específicas para adaptarse a la realidad de los pequeños núcleos.
- Impulsar servicios oficiales de proximidad a modo de ventanilla única y asesoramiento para la puesta en marcha de nuevos negocios o actividades productivas.
- Incentivar a los empleados públicos que fijen su residencia habitual en el municipio o zona rural en la que presten servicio.
- Garantizar la universalidad del acceso telefónico y la calidad de las conexiones móviles, conectividad con banda ancha de al menos 30 Mbps en, al menos, todos los municipios. Y que todos los municipios de más de 1.000 habitantes tengan conexiones de más de 100 Mbps, velando por favorecer el acceso a estos servicios a los colectivos más desfavorecidos en condiciones de igualdad.
- Garantizar la prestación de servicios bancarios a toda la población.
- Articular acceso mediante transporte público con criterios racionales que tengan en cuenta como elemento fundamental su necesidad como eje fundamental de vertebración del territorio.
- Implementar políticas públicas para facilitar el acceso a la vivienda en el entorno rural. Garantizar ayudas suficientes para que los Ayuntamientos puedan invertir en el arreglo y adecuación de las viviendas.
- Mejorar la capacitación y formación e implantar servicios de asesoramiento técnico para favorecer el relevo generacional en las explotaciones agropecuarias, con especial atención a jóvenes y mujeres.
- Subvencionar la ganadería extensiva para limpieza de montes y elaboración de productos ecológicos derivados.
- Prohibición de las macro granjas en base a los riesgos medioambientales y sanitarios que acarrean (contaminación, uso masivo de antibióticos, dependencia de combustibles fósiles)
- Apoyo, incentivo y asesoramiento para recuperar el pequeño comercio en las áreas rurales.
- Implantar programas para la recuperación del patrimonio cultural de las áreas rurales, promoviendo la inclusión de una nueva figura patrimonial dentro de la legislación existente sobre Patrimonio Cultural que se denomine «Patrimonio Agrario», en reconocimiento a los valores patrimoniales de la actividad agraria (agrícola, ganadera, silvícola) como práctica social de indudable y crucial aportación a la civilización humana.
- Creación de espacios de ocio amables para las mujeres.
- Apoyo a las asociaciones de mujeres rurales
- Planes de empleo específicos para las mujeres del mundo rural, que amplíen las actividades y que no se queden en los empleos tradicionalmente ofertados para las mujeres.
7. Gestión sostenible de los residuos
La mejor normativa en relación con los residuos es la que impide que se generen.
Por eso se deberán incrementar las actuaciones para ser más exigentes en cuanto a porcentajes y cumplimientos de cantidades a reciclar, impulsando acciones con el comercio local para contribuir su tránsito hacia la sostenibilidad y responsabilidad con el medioambiente.
Proponemos:
- Implementar legislación que incorpore medidas de reducción de residuos y gestión relacionado con el desperdicio alimentario, control de circulación de residuos, control de gestores de residuos e información pública.
- Puesta en marcha de normativa para el SDDR (Sistema de Devolución y Retorno).
- Implementar planes que desplieguen políticas de prevención en la generación de residuos con la participación de movimientos ecologistas, sociales y vecinales.
- Supervisar el cumplimiento de la obligación contemplada en el artículo 18.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, donde se indica que los establecimientos del sector de la hostelería y restauración deben ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios de sus servicios, la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita. Hay que lograr que se cumpla de forma efectiva.
- Impulsar desde el ámbito estatal el trabajo con el comercio local para fomentar la venta a granel, tanto a nivel impositivo como de apoyo económico para impulsar la transformación del comercio local.
- Desplegar normas a nivel estatal que faciliten, de acuerdo con el comercio local, el fomento de la venta con recipientes y bolsas reutilizables.
- Facilitar la creación de tiendas o espacios de venta de segunda mano.
- Fomentar espacios de alquiler o préstamo de herramientas, enfocadas a facilitar tareas de reparación por los vecinos y vecinas.
- Promover espacios compartidos para la limpieza de ropa y textil.
8. Bienestar y Protección animal
Desde la aprobación, en los años 70 del pasado siglo de la Declaración Universal de los derechos de los animales, se han empezado a generar una serie de acuerdos internacionales en los que se considera que los animales tienen que ser un sujeto de derecho. Pero ¿qué significa ser un sujeto de derecho? Significa que, al igual que los humanos, los animales tienen derechos que deben ser respetados, como el derecho a la libertad, a que no se les cause dolor, a la satisfacción de sus necesidades básicas y la preservación de su hábitat.
Proponemos:
- Aplicación de la ley de bienestar animal para que no se permitan espectáculos que produzcan sufrimiento a los animales. Tampoco proporcionarán recursos públicos ni subvencionarán actividades lúdicas, pruebas deportivas o recreativas y concursos que no garanticen el bienestar animal durante todo el proceso incluido el traslado.
Se incluyen en este apartado los circos con animales.
La administración central actuará contra todas las excepciones legales basadas en la tradición, como las corridas de toros o els corre bous. Las administraciones públicas asesorarán y ayudarán técnica y económicamente, para la reconversión del sector taurino y de otros sectores que utilicen animales para festejos y facilitar una salida laboral alternativa a sus trabajadores.
- Incorporar indicadores específicos de bienestar animal en las políticas de desarrollo sostenible, en particular en la aplicación nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
- Reconversión de las plazas de toros en espacios culturales para conciertos, teatro u otras actividades que no empleen animales o no puedan garantizar el bienestar animal.
- Los Zoológicos, acuarios y delfinarios sólo albergarán ejemplares recuperados o que nazcan de su cautividad, devolviendo a su hábitat a los animales que puedan ser liberados.
- Prohibición del comercio de especies exóticas aun cuando no estén categorizadas como amenazadas o en peligro de extinción. No emisión de permisos de importación ni exportación, incluidos zoológicos, acuarios y delfinarios.
- Impulso de normativa estatal que contemple que las tiendas de animales deberán ser controladas para asegurar que la estancia de los animales sea digna y serán microchipeados antes de su entrega.
- Limitar el número de camadas deseables como máximo para cada raza y circunstancia en función de los criterios que fijen las asociaciones de veterinarios que priorizan el bienestar animal.
- Prohibición de la emisión en los programas de la televisión y la radio pública de programas que fomenten el maltrato animal en cualquiera de todas sus formas.
- Prohibición de todo tipo de experimentación animal que no tenga como justificación clara la mejora de la salud de la población humana, la mejora de la producción con criterios ecológicos o de bienestar animal, o la preservación del medio ambiente y siempre que no sea posible sustituir estas prácticas por otros métodos científicos con menos impacto en el bienestar animal, por ejemplo, la utilización de cultivos celulares.
- Sustitución de experimentación y vivisección de animales por alternativas científicas éticas existentes, como los modelos informáticos a partir de datos recabados en experimentos anteriores. Con este fin, se creará un sistema de libre acceso a la información sobre conclusiones y resultados de la experimentación en animales. Para conseguir esto las administraciones públicas ayudaran y financiaran proyectos de investigación dirigidos a encontrar métodos alternativos a la experimentación con animales. En el mismo sentido se incluirá como eje prioritario en los Planes Nacionales de Investigación, y se obligará a la industria química y farmacéutica a destinar parte de sus beneficios, siguiendo el ejemplo de la industria cosmética.
- Creación de un etiquetado que identifique los productos que han utilizado investigación/tests de Calidad con animales.
- Incorporar criterios de bienestar animal en la contratación pública alimentaria, incluyendo la exclusión de huevos procedentes de gallinas criadas en jaulas y una mayor presencia de alimentos de origen vegetal.
- Poner fin a la matanza sistemática de pollitos macho, mediante la modificación de la normativa y el establecimiento de un calendario para implantar alternativas como el sexado in ovo.
- Avanzar hacia la eliminación de la alimentación forzada (pautada) en la producción de foie gras, dando cumplimiento a la PNL aprobada y estableciendo, a partir de sus resultados, las medidas necesarias y un calendario para poner fin a esta práctica.
- Incorporar el bienestar animal en la legislación sobre consumo sostenible, garantizando que las afirmaciones y distintivos sobre bienestar animal estén respaldados por información objetiva, verificable y sistemas de certificación adecuados.
- Mejorar el bienestar de los cerdos, eliminando progresivamente el confinamiento de las cerdas en jaulas durante la gestación, el parto y la lactancia, prohibiendo definitivamente el raboteo y otras mutilaciones rutinarias y sustituyendo el aturdimiento con CO₂ por métodos que reduzcan el sufrimiento.
- Puesta en marcha de programas de sensibilización y respeto hacia los animales
- Inclusión en las asignaturas y materias del currículo escolar obligatorio, de contenidos acerca de la empatía hacia los animales, reconocidos actualmente como seres sintientes en la legislación española, así como la posibilidad de dotar de personalidad jurídica a nuestros ecosistemas.
- Garantizar la formación del funcionario público en protocolos de respeto y protección animal.
- Desarrollo de normativa estatal que obligue a la gestión y titularidad 100% públicas con participación del tejido social en los centros autonómicos y municipales de protección animal.
- Impulsar líneas de subvenciones finalistas para entidades de protección animal, controles estrictos que apoyen las políticas animalistas impulsadas desde la Administración Pública.
- Elaboración de un reglamento que establezca los pasos a dar en los casos en que la población animal silvestre y el ser humano entren en conflicto. Este protocolo prohibirá la caza de estos animales y toda medida que suponga el sufrimiento para ellos y/o cambios en la biodiversidad de la zona. Estableciendo siempre una gestión ética del control de poblaciones siempre que sea posible.
- Creación de santuarios públicos para animales no recepcionales en centros de protección animal. Apoyo logístico, económico y humano a los Centros de Protección Animal, CPA’s. Implantación de CPA’s en cantidad suficiente para cubrir las necesidades de cada territorio.
- Fomento de la adopción de animales de compañía.
- Promoción y subvención de las campañas CER (Captura, Esterilización y Retorno).
- Facilitar el acceso de los animales de compañía a espacios públicos.
- Derogación de la legislación sobre animales potencialmente peligrosos.
- Implementación de medidas para evitar el impacto de aves en edificios, molinos eólicos, etc. Siempre mediante la gestión ética del control o traslado de poblaciones.
- Incentivar programas de protección de especies en peligro de extinción.
- Que los animales domésticos abandonados en zonas rurales dejen de considerarse asilvestrados o especies invasoras y no puedan ser abatidos. Cuando haya riesgo de conflicto con zonas de la Red Natura 2000, gestión ética (esterilización cuando sea posible o retirada y traslado de forma ética.
- Creación del Consejo Superior de Defensa y Bienestar Animal, de carácter consultivo y estatal, que incorpore un Observatorio de Buenas Prácticas, con participación de organizaciones animalistas, ciudadanas… del conjunto del estado y en colaboración con los de las comunidades autónomas.
- Sacrificio cero en animales sanos o con enfermedades curables.
- La eutanasia, en animales con enfermedades no curables, se realizará siempre por veterinarios, de forma rápida, indolora y con previa sedación.
- Establecer sanciones en caso de abandono y maltrato animal, que incluya la inhabilitación de tenencia de animales en casos graves y muy graves, mediante registro autonómico.
- Garantizar legalmente condiciones dignas de estabulación, de habitabilidad, de higiene y de sanidad; así como soluciones indoloras a aplicar en los sacrificios.
- Posibilitar que los animales de compañía puedan viajar en los transportes públicos en las mejores condiciones posibles.
- Modificación de la normativa para lograr que se permita la convivencia con animales en Residencias, casas de acogida y albergues y espacios hosteleros.
- Posibilitar la opción de menú sin alimentos de origen animal en todas las administraciones y edificios públicos, así como en los centros escolares y hospitales y fomentar para mejorar la salud pública que dichos menús en general reduzcan el consumo de derivados cárnicos y utilicen alimentos con sellos ecológicos y pescados de captura sostenible.
- Realización de programas de formación e información desde las Administraciones Públicas basadas en el respeto animal.
- Control ético de la gestión de las especies autóctonas, garantizando la biodiversidad en el medio rural mediante políticas que garanticen la convivencia entre seres humanos y animales.
- Gestión ética de las especies no autóctonas.
- Creación de una base de datos estatal de animales perdidos conectada con las existentes en comunidades autónomas, reforzando la implantación del microchip.
- Fomento de espacios verdes y aumentar la densidad de vegetación en las plazas y parques ya existentes.
- Fomento de Pipicán y playas dónde puedan acudir perros.
- Fomento de espacios acotados para instalar los refugios (comederos y bebederos permanentes) para Colonias Felinas y aves urbanas
- Establecer en los protocolos de protección civil, mecanismos de evacuación o rescate de animales en caso de emergencias o catástrofes naturales, como incendios, inundaciones.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto quiere invertir Izquierda Unida en la transición ecológica?
El programa de IU compromete inversiones por valor del 3,5 % del PIB durante diez años para una Transición Ecológica Justa, con una Agencia Especial para la TEJ y un Observatorio del Avance que evalúe las políticas y rinda cuentas a la ciudadanía, dependiendo de la Presidencia del Gobierno.
¿Qué propone Izquierda Unida con la gestión del agua?
Una ley de base que regule el ciclo integral del agua y una gestión pública y directa, en particular por los ayuntamientos, con gestores públicos de abastecimiento y saneamiento. La titularidad debe ser siempre cien por cien pública o comunitaria, sin acceso de empresas privadas, sea cual sea la forma jurídica del ente gestor.
¿Qué modelo energético defiende Izquierda Unida?
Una transición energética con decrecimiento, que priorice los consumos socialmente necesarios, atienda a las situaciones de vulnerabilidad, evite los cortes de suministro y garantice el confort necesario.
¿Qué propone Izquierda Unida en alimentación?
Una Estrategia para la Soberanía Alimentaria que coordine las políticas alimentarias con salud, igualdad, educación, desarrollo rural, medio ambiente y consumo, y un Plan Estatal por la Alimentación Sostenible y Saludable, con departamentos específicos dotados de personal y presupuesto. La prioridad son los alimentos de cercanía, de temporada y ecológicos siempre que sea posible.
¿Cuánto territorio quiere proteger Izquierda Unida?
Al menos el 30 % de las áreas terrestres y marinas del planeta, mediante un sistema de áreas protegidas eficaz, ecológicamente representativo, bien conectado y gestionado de forma equitativa.
¿Qué propone Izquierda Unida contra la despoblación?
Reformar el artículo 138 de la Constitución para incluir la despoblación entre los factores de atención especial, aprobar un Estatuto de Municipios de Reducida Dimensión y dedicar al menos el 1 % del PIB anual a la lucha contra la despoblación.
¿Qué propone Izquierda Unida para los residuos?
Poner en marcha el Sistema de Devolución y Retorno (SDDR), legislar para reducir residuos y el desperdicio alimentario, controlar a los gestores y la circulación de residuos, y desplegar planes de prevención con la participación de movimientos ecologistas, sociales y vecinales.
¿Qué plantea Izquierda Unida sobre el bienestar animal?
Aplicar la ley de bienestar animal para que no se permitan espectáculos que causen sufrimiento, ni subvencionar actividades que no garanticen el bienestar durante todo el proceso, e incorporar indicadores de bienestar animal a las políticas de desarrollo sostenible. Además, propone reconvertir las plazas de toros en espacios culturales para conciertos, teatro u otras actividades sin animales.
