Documentos

Programa 29N 2026 – Bloque 3. Un país que ofrece futuro a nuestra infancia, nuestros jóvenes, nuestras personas mayores y a quienes emigraron

Programa de Izquierda Unida a las Elecciones Generales del 29 de noviembre de 2026

La Constitución española hace referencia a las personas mayores en el artículo 50 indicando que “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

La juventud en España sufre una precariedad estructural caracterizada por una tasa de desempleo juvenil que ronda el 24%, salarios bajos y sobre todo un gravísimo problema de acceso a la vivienda con un mercado de alquiler inasumible que impide la emancipación autónoma (solo un 15-17% logra irse de casa) y sitúa a este colectivo como el segundo más afectado por el riesgo de pobreza.

La infancia es un sector de la población con riesgo especialmente significativo de vulnerabilidad. En nuestro país es el colectivo con mayor riesgo de pobreza (un 27,8% frente al 19% de las personas adultas) como resultado del encadenamiento de crisis económicas, sanitarias y sociales y además sufren violencias que suelen permanecer ocultas.

La emigración tiene consecuencias sociales, políticas y económicas como son la desestructuración de grupos primarios, la adquisición de la condición de emigrante (baja autoestima, pérdida de confianza, complejo de inferioridad; consecuencias de la desadaptación cultural que provoca la emigración forzada). Para el sistema supone una disminución de votantes críticos y una inversión educativa desperdiciada, pérdida de fuerza de trabajo fundamental para el cambio del modelo productivo del país.

Desde Izquierda Unida consideramos que deben abordarse las problemáticas de cada colectivo de forma específica más allá de las políticas transversales para el conjunto de la población.

1. Políticas para nuestras personas mayores

Es evidente que el envejecimiento de la población es un fenómeno que hay que abordar desde las políticas públicas puesto que interroga a la sociedad en su conjunto y exige la responsabilidad de los Estados como garantes de los derechos de las personas mayores. Desde Izquierda Unida pensamos que esas políticas deberán estar guiadas por los estándares y principios marcados por Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea, que reclaman adoptar un enfoque basado en derechos Humanos y una atención integral centrada en la persona, como canales para articular un tratamiento adecuado de los derechos de las personas mayores, sin olvidar el compromiso ético de todos los agentes implicados en dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad.

Si así se hubiese actuado, jamás las personas mayores ingresadas en residencias habrían sido privados de atención sanitaria en los momentos más duros de la pandemia. El impacto de la pandemia sobre las personas mayores ha golpeado elementos esenciales del derecho a la salud entendida como el más alto nivel de salud física y mental. Ha habido discriminación por edad para acceder a medios de soporte vital escasos y muchas personas mayores se han visto encerradas en las habitaciones de sus residencias sin salir durante largos periodos, sin poder recibir visitas y con un escaso o nulo contacto con sus familiares, lo que ha afectado de forma irreversible su salud mental.

España gasta en dependencia la mitad de la media de los países de la OCDE, que reúne a los países más avanzados del mundo (el 0,7 % frente al 1,4 % del PIB). 12.843 millones de euros fue la inversión pública en Atención a la Dependencia en el año 2024. De ellos, las Comunidades Autónomas financiaron, como media, el 72,9 %, con 9.365 millones de euros (13,8% más que en 2023). La aportación estatal fue el 27,1%, con 3.478 millones de euros (+5,6%).

Proponemos:

  1. Duplicar la inversión pública en dependencia y alcanzar el 1,4% del PIB, promedio de lo dedicado por los países de la OCDE. Supondría 23.000 millones de euros de inversión en total en 2028 de todas las administraciones públicas.
  2. Consolidar el incremento de la aportación estatal hasta la legalmente establecida (50%) del coste total del Sistema de Dependencia en España. Supondrá 8.000 millones de euros adicionales que estarían condicionados a que las comunidades autónomas incrementen su financiación en 2.500 millones de euros.
  3. Aprobación de medidas efectivas que agilicen los trámites que conceden el nivel de dependencia. El plazo máximo de tramitación de las solicitudes hasta la emisión del dictamen será de tres meses. Las comunidades autónomas revisarán los criterios de aplicación del Baremo de Valoración, estableciendo un protocolo de actuación para una aplicación adecuada y no restrictiva del mismo.
  4. Introducir medidas para realizar con gestión directa la ayuda a domicilio, lo que indudablemente redundará en mejoras de este servicio público.
  5. Establecimiento de las bases de un modelo público de servicios sociales para personas mayores de inspiración comunitaria.
  6. Prohibición de medidas discriminatorias por edad para el acceso a medios de soporte vital escasos.
  7. Implementar medidas que permitan y faciliten el derecho al retorno de nuestras personas mayores.
  8. Plantear una oferta formativa acorde con las necesidades de la población ampliando la Red Pública de Centros de Educación de Personas Adultas, garantizando un adecuado mantenimiento de instalaciones.

2. Sin erradicar la precariedad de la juventud no hay futuro

En España, los y las adolescentes y jóvenes constituyen los grupos más expuestos a la pobreza y la exclusión social. Desde 2007, la exclusión social entre la población infantil y juvenil no ha dejado de aumentar, y ambos grupos se han convertido en “los grandes perdedores del modelo socioeconómico actual”, según el IX Informe FOESSA. Casi 2,5 millones de los jóvenes viven en situación de exclusión social y se detecta una “cronificación alarmante” de la desigualdad y que “el código postal y la mochila familiar pesan más que la capacidad y el esfuerzo”, porque el origen familiar determina más que el mérito las posibilidades de movilidad social.

Además, la educación obligatoria ya no basta para escapar de la pobreza: el verdadero “cortafuegos” se encuentra ahora en los niveles postobligatorios —Bachillerato y Formación Profesional—, lo que multiplica los riesgos para quienes no completan estos estudios.

La juventud española acumula una pérdida de poder adquisitivo del 22,65 % desde 2008.

La cara más extrema de la pobreza y la exclusión social se refleja en el incremento de jóvenes en situación de sinhogarismo. Las personas jóvenes de 18 a 29 años representan en la actualidad el 21,1% de la población que se encuentra sin hogar. Durante la crisis actual, la reducción del poder adquisitivo de las personas trabajadoras a través de la inflación ha alcanzado el 13,1% acumulado, lo que afecta especialmente a las rentas más bajas y a los segmentos más atenazados por el paro y el trabajo precario: los jóvenes y las mujeres.

El sistema capitalista obliga a la juventud a tener una vida precaria en todos los ámbitos. Nuestra juventud sigue estando sometida a condiciones laborales que no les permiten emanciparse, acceder a una vivienda, a una educación a la altura de sus necesidades.

En definitiva, la precarización juvenil afecta a todos los ámbitos de la vida, provocando una imposibilidad de construir un proyecto de vida.

Con esa situación, no se dan las condiciones para que se cumpla el artículo 48 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, socioeconómico y cultural. En Izquierda Unida pensamos que las políticas públicas para resolverlo deben estar orientadas desde un punto transversal, ya que son políticas estratégicas y prioritarias.

Proponemos:

  1. Aprobar la primera Ley de Juventud a nivel estatal para crear un marco garantista para las personas jóvenes y que se estructurará en cuatro pilares fundamentales:
    • Derechos económicos y cobertura social: Políticas de acceso a la vivienda, emancipación, empleo digno y servicios públicos.
    • Participación democrática: Fomento de la participación activa juvenil, incluyendo el derecho a voto a los 16 años.
    • Salud mental y bienestar: Recursos específicos para el cuidado psicológico de los jóvenes.
    • Crisis ecosocial y justicia intergeneracional: Garantía de sostenibilidad ambiental y protección de los derechos de las futuras generaciones.
  2. Aprobar un Pacto de Estado por la juventud que obligue a considerar a esta como un vector crítico en la elaboración de cualquier política pública y que incorpore un Plan con presupuesto detallado por acciones.
    • La elaboración de este Plan joven partirá de un verdadero análisis de la realidad y será un proceso eminentemente participativo, tanto del movimiento asociativo y agentes sociales, como de los diferentes niveles de las Administraciones públicas.
    • Seguimiento continuo y evolución del Plan Joven por parte del movimiento asociativo juvenil y las Administraciones implicadas sobre el grado de cumplimiento del mismo usando mecanismos participativos para la distribución de los presupuestos en materia de juventud.
  3. Implementación de un Plan de emancipación que incluirá la creación o fortalecimiento de un parque público de viviendas que dé la oportunidad para poner en marcha planes específicos para jóvenes y, así, facilitar el acceso a la vivienda con alquileres ligados a la renta y que incluya la creación de una Oficina de Información sobre Emancipación Juvenil que centralice toda la información sobre las ayudas a la emancipación disponibles en las distintas administraciones, y asesore sobre los derechos y deberes de las personas jóvenes que quieran acceder o hayan accedido a una vivienda, en cualquiera de sus modalidades.
  4. Eliminar la discriminación en el acceso al IMV de las personas de entre 18 y 23 años y retirar los requisitos especiales para quienes tienen entre 23 y 30 años. En 2021, tras la pandemia, la tasa de exclusión social de las personas de entre 16 y 34 años creció hasta el 28,3 %, y continúa siendo superior a la media de la población en general. Actualmente, las personas entre 18 y 23 años quedan fuera de la prestación salvo extrema gravedad y a las personas entre 23 y 30 años se les exigen tres años de emancipación para obtener el IMV, siendo los 29 años la edad media del abandono del hogar familiar.
  5. Aprobación de programas que estimulen la promoción de construcción y rehabilitación de viviendas, mediante escuelas-taller. Además de medios e instrucción, habría que proporcionar estudios técnicos, informes sobre habitabilidad e infraestructuras y equipamientos. Rehabilitación de edificios comunitarios (residencias para la emancipación) con servicios compartidos y régimen de autogestión.
  6. Creación de la Mesa por el Empleo Joven para plantear iniciativas de mejora del empleo juvenil compuesta por la Comunidad Autónoma, la patronal, los sindicatos, la representación de la economía social y el Consejo de la Juventud de la comunidad.
  7. Articulación de políticas de empleo de calidad dirigidas hacia las jóvenes con programas específicos que faciliten su acceso. Especialmente, se ve oportuno impulsar planes especiales de ayuda al autoempleo y al cooperativismo, así como a la oferta de trabajo a tiempo parcial compatible con actividades de formación.
  8. Creación de servicios y programas de orientación dirigidos a los jóvenes en los centros educativos para mejorar la sensibilización sobre los derechos laborales y sindicales en centros educativos.
  9. Aprobación de la gratuidad tanto del material escolar y libros de texto de las jóvenes como de las rutas de transporte escolar y de los cursos de idiomas destinados a la acreditación universitaria apostando de esta manera por una educación al alcance de todos y todas.
  10. Bajada de las tasas universitarias de forma progresiva, al igual que de otros trámites para estudiar, hasta que los estudios universitarios sean gratuitos.
  11. Aprobar y desarrollar el Estatuto del becario para eliminar o al menos reducir la explotación que ocurre en las prácticas extracurriculares, donde se produce la mayor parte del fraude, garantizar la labor formativa de las prácticas y mejorar y agilizar el proceso judicial para estos casos y remunerar los procesos formativos en la empresa.
  12. Promover y reconocer la educación no formal como promotora del desarrollo de la ciudadanía.
  13. Garantizar una formación no reglada pública de calidad. Definición de los itinerarios formativos a través de centros de dinamización juvenil de cara a fortalecer el acceso de los y las jóvenes a la formación y el empleo.
  14. Garantizar una estrategia para una educación de participación paritaria que propicie la generación de redes y fomente el ejercicio de la ciudadanía.
  15. Impulsar la participación estudiantil representativa con voz y voto en todos los organismos de decisión en materia educativa.
    • Estructuración y canalización de la participación estudiantil, en la educación obligatoria y bachillerato, a través de los consejeros y consejeras escolares. Los y las representantes autonómicos y estatales serán elegidos y elegidas democráticamente por y entre ellos y ellas. Asimismo, se autoorganizarán en consejos de estudiantes.
    • Se potenciará la creación de consejos interuniversitarios de estudiantes, reconocidos y con competencias que contarán con presencia en los órganos de la administración educativa.
  16. Subvencionar el transporte urbano e interurbano de jóvenes que se encuentren en situación de desempleo a fin de garantizar su gratuidad o coste simbólico.
  17. Aprobar de forma permanente el Abono de Transporte Joven actualmente en vigor con una tarifa plana y única para menores de 30 años para el uso de los distintos medios de transporte público.
  18. Generar laboratorios de participación juvenil en un marco autogestionado que contemple todos los ámbitos locales:
    • Locales y recursos compartidos.
    • Ventana única joven que promueva una información integral y organizada.
    • Espacios de experimentación cultural y de ocio.
  19. Aprobar un Plan Nacional del Fomento del Uso del Anticonceptivo basado en la educación sexual integral, acceso gratuito y universal a métodos anticonceptivos, fortalecimiento de la investigación y desarrollo, producción nacional de anticonceptivos genéricos y la promoción de relaciones sexuales saludables y seguras. El objetivo del plan es garantizar el acceso equitativo a métodos anticonceptivos y empoderar a las personas para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva.
  20. Desarrollar servicios destinados a la promoción de la salud en el ámbito joven que al menos contemplen:
    • Relaciones afectivo-sexuales.
    • Atención a la reducción de riesgos (sexualidad, drogas…).
    • Atención eficaz, gratuita y diferenciada a problemas psico-sociales de los y las jóvenes.
    • Aumentar los puntos de recogida gratuita de anticonceptivos en lugares accesibles y frecuentados por la juventud como puede ser en centros escolares, casas de la juventud etc., en coordinación con las administraciones locales.
  21. Garantizar el protagonismo de los y las jóvenes con el análisis y decisión de todas las cuestiones que les afecten.
  22. Garantizar los recursos económicos suficientes para que los consejos de la juventud cumplan sus fines y tengan el papel determinante para el que han sido creados.
  23. Desarrollar normativamente el artículo 48 de la Constitución Española, como mínimo, con una Ley de Participación Juvenil donde se regule de forma específica el movimiento asociativo juvenil, y que incluya áreas jóvenes de sindicatos, partidos políticos, organizaciones religiosas y empresariales.
  24. Promulgar una Ley de Ocio y Tiempo Libre a las instituciones regionales que fomente un tipo de ocio alejado de las casas de apuestas y que sensibilice ante estas nuevas adicciones.
  25. Potenciar el acceso a la cultura de la juventud y el ocio alternativo reformando el bono cultural para que se pueda emplear en herramientas que permitan producir nuestra propia cultura, además de consumirla. Se necesita apoyar la cultura y el ocio alternativo que también sea desarrollado por la juventud y a su vez, combata la desigualdad cultural y cumpla con las expectativas de la propia juventud.
  26. Impulsar las Casas de la Juventud, en coordinación con Ayuntamientos y Diputaciones, para el establecimiento de red común, nueva, atractiva en forma y contenido, dotándolos de recursos, renovando las instalaciones y abriendo procesos participativos para el diseño de los espacios y de la oferta de actividades. Se basarán en un formato de gestión participativa donde se promoverán experiencias de autogestión lo más amplia posibles.
  27. Poner en marcha un Plan Integral de Salud Mental para personas jóvenes, dotado de la inversión necesaria para reducir el tiempo de espera para la atención psicológica en el sistema público de salud, con especial atención a la prevención del suicidio, los trastornos de conducta alimentaria y la ludopatía. También se deberá implementar planes de prevención del suicidio en centros escolares, dotados de recursos económicos y materiales y de personal especializado.
  28. Prohibición de concesiones de nuevas autorizaciones de juego para casas de apuestas presenciales y establecimiento de una distancia mínima entre casas de apuestas y ciertas zonas consideradas de riesgo, como centros educativos, centros de rehabilitación y hospitales, así como el refuerzo de las inspecciones en estos establecimientos para controlar la entrada de menores.
  29. Poner en marcha puntos de asesoramiento a jóvenes del sector cultural en aspectos legales, económicos y para el desarrollo de sus carreras, haciendo hincapié en el cooperativismo y la economía social. Fomento de una identidad cultural juvenil mediante proyectos de dinamización cultural: bolsa de artistas, intercambios de estos, organización de eventos culturales, etc.

3. Garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia

Tenemos datos peores que la media europea en cuestiones como pobreza infantil, abandono y fracaso escolar e inversión en infancia. En concreto, España no solo es uno de los países que menos invierte en protección social a la infancia y a las familias (1,6 % del PIB) de la media de la Unión Europea (2,5% del PIB), sino que, además, la inversión que hace es ineficiente e inequitativa, ya que no llega a las personas que más lo necesitan, beneficiando sobre todo a quienes en mejor situación están. Las niñas, niños y adolescentes que han vivido en pobreza, en especial durante la primera etapa de vida muestran mayores dificultades en el desarrollo de habilidades sociales, están más expuestos al fracaso escolar y tienen más problemas de salud, así como es más probable que sigan siendo pobres en su vida adulta hasta en el 80% de los casos.

En el informe sobre El coste de la pobreza infantil en España se demuestra que mantener altas tasas de pobreza infantil tendrá en el futuro gran coste económico, tanto directo como indirecto, para el conjunto del país. Así, se calcula que la pobreza infantil del 2019 supuso un coste de 63.079 millones de euros al año. Por ese motivo, incrementar el esfuerzo presupuestario en erradicarla es una inversión con elevado retorno. Por eso implantaremos la Prestación Universal por Crianza dado que su efecto sobre la reducción de la pobreza es inmediato. De aplicarse este modelo universal, los estudios de simulación social reflejan un impacto masivo e inmediato sobre los índices de vulnerabilidad en España ya que 530.000 menores saldrían de la pobreza y se produciría una caída del 27% en la tasa de pobreza infantil por la reducción de la tasa general de pobreza en menores de 18 años que descendería en unos 7 puntos porcentuales. El impacto sería también muy potente en términos de reducción de la pobreza infantil extrema que disminuiría un 43% y el índice de menores en hogares con ingresos severamente bajos caería de forma drástica del 13,7% al 7,8%. Además se produciría un alivio de la intensidad de la pobreza dado que la distancia económica que separa a los hogares vulnerables de salir de la pobreza (brecha de pobreza) se reduciría entre un 45% y un 47,5%. La medida también produciría un efecto positivo en la población general ya que la tasa de pobreza extrema en el conjunto de la ciudadanía española descendería del 8,3% al 6,7%.

Por ese motivo, la infancia debe ser objeto de atención prioritaria dado que las niñas, los niños y los adolescentes son sujetos sociales plenos y no un mero objeto de protección, en consonancia con la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña.

Izquierda Unida defiende todas las actuaciones que contribuyan a la mejora de la vida de los niños y las niñas, la visibilización de sus necesidades y el reconocimiento y la garantía del ejercicio de sus derechos, entre ellos el de participación en todas las decisiones y ámbitos que les afectan.

Proponemos:

  1. Alcanzar al final de la legislatura el 2,5% del PIB en inversión en protección social a la infancia y a las familias lo que supone más de 12.000 millones de euros adicionales cada año.
  2. Implantar en 2030 una Prestación Universal por Crianza (PUC) de 200 euros al mes por hijo/a en España. Se estima en 19.308 millones de euros anuales el coste en términos brutos. Dado que se descontarían las ayudas actuales que se sustituirían (como el CAPI), el gasto adicional neto con un diseño fiscal de sujeción al IRPF ascendería a unos 11.000 millones de euros anuales, un 0,7% del PIB.
  3. Mejorar el acceso al Ingreso Mínimo Vital y garantizar que alcanza a la infancia y adolescencia más vulnerables, cuyas familias actualmente no pueden acceder a él, igualando el umbral de acceso al Ingreso Mínimo Vital al de pobreza moderada, así como a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación administrativa irregular o a aquellas familias que están en trámite de solicitud de asilo de protección internacional.
  4. Aumentar la inversión pública en becas y ayudas al estudio desde el 0,19% del PIB actual al 0,50% del PIB en 2028, estableciendo un umbral de renta mínimo que garantice el acceso a ayudas de comedor, transporte, actividades extraescolares, material escolar para todas aquellas niñas y niños que viven en situación de vulnerabilidad, garantizando así la cobertura de los costes directos e indirectos.
  5. Unificar e incorporar a la legislación española una definición del concepto de vulnerabilidad socioeconómica, en la que se establezca como criterio general la presencia de niñas, niños y adolescentes en las unidades familiares. Asimismo, en las diferentes normas que recogen los requisitos económicos para la consideración de la vulnerabilidad económica, se deberán incrementar las cuantías adicionales por cada niño, niña y adolescente que integre la unidad familiar, con la finalidad de adecuar los requisitos económicos solicitados a la realidad de la unidad familiar.
  6. Garantizar que no se ejecuta ningún desalojo de familias con hijos e hijas mientras no haya una garantía de vivienda alternativa digna.
  7. Blindar legalmente y de forma definitiva la prohibición de los cortes de suministro más allá de la vigencia de las medidas temporales, aplicable a todas las situaciones de vulnerabilidad (más allá del actual “consumidor en riesgo de exclusión social” o los beneficiarios del bono social) y con atención específica a la presencia de niñas, niños o adolescentes en el hogar.
  8. Priorizar las políticas de infancia en la agenda pública y política para visibilizar a una infancia, privada de muchos de sus derechos y oculta en la estructura familiar.
  9. Dotar presupuestariamente de forma adecuada a la Fiscalía y a los Juzgados especializados en violencia contra la infancia creados en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y la Ley Orgánica 1/2025 con el objeto de dar una respuesta judicial adaptada, rápida y sensible a las necesidades de las víctimas menores de edad para conocer de la instrucción y enjuiciamiento de los delitos cometidos contra niños y niñas.
  10. Asegurar la dotación presupuestaria suficiente para el desarrollo e implementación de todos los ámbitos e instrumentos que regula la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), para todos los niveles administrativos (estatal, autonómico y local), y para garantizar el cumplimiento de la Estrategia de erradicación de la violencia hacia la infancia, elaborando los planes operativos previstos.
  11. Articular medidas que prioricen el acogimiento familiar, cuando la familia de origen no pueda, ni siquiera con el apoyo apropiado, proveer el cuidado o cuando lo abandona o renuncie a su guarda. Para ello se implementarán las disposiciones presupuestarias y los apoyos técnicos y la capacitación necesaria para las familias acogedoras.
  12. Establecer un Comité de Seguimiento de las Resoluciones de los Órganos Internacionales de Derechos Humanos que vele por el cumplimiento de las resoluciones de los Comités de tratados, tanto las Observaciones Finales de los informes periódicos, como de las medidas cautelares y Dictámenes emitidos ante quejas individuales.
  13. Aprobación de un Plan para la Promoción de los Derechos y del Bienestar de la Infancia y la Adolescencia que desarrolle los programas intersectoriales que estimulen y regulen las garantías de calidad de los servicios de atención a la infancia, la adolescencia y las familias.
  14. Fortalecer y consolidar el Consejo Estatal de Participación infantil y Adolescente como órgano estable de participación infantil de la Administración estatal, que permita trasladar las propuestas de las niñas, niños y adolescentes en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas que les afectan.
  15. Impulso normativo y para la introducción del enfoque de derechos en la atención a la infancia que incluirá:
    • Consejo Audiovisual para ejercer la vigilancia y sanción de las intromisiones en el derecho al honor, la intimidad familiar y personal y la propia imagen de los niños, niñas y adolescentes.
    • Creación de una Carta para la Protección del Menor no Acompañado.
    • Redacción de Protocolos de Atención, Calidad y Evaluación de Servicios.
  16. Para erradicar las situaciones de abuso y maltrato entre iguales, de violencia de género y para la detección y atención de situaciones de riesgo social se propone la Creación de Equipos de Mediación, especializados en la resolución de Conflictos en los distintos ámbitos donde se desarrolla la vida social de la infancia.
  17. Promoción de la parentalidad positiva y la conciliación. Proponemos trabajar con las familias con una finalidad educativa y comunitaria que facilite la prevención de conflictos. Es necesario actuar sobre la solidaridad intergeneracional, la seguridad económica, la salud, la educación, el acceso a la vivienda, la situación de las familias monoparentales o la gestión de los conflictos familiares.
  18. Impulsar foros, consejos y otros espacios de participación infantil y de la adolescencia.

4. Ampliar los derechos de quienes emigraron

El número de españoles residiendo en el extranjero en 2026 según el INE asciende a 3,2 millones de personas. Estas cifras oficiales contrastan con otros estudios en los que se demuestra que la cifra es mucho mayor, ya que muchas y muchos emigrados no se inscriben en las Oficinas Consulares, pero sí aparecen en las estadísticas locales, como, por ejemplo, en las afiliaciones a la seguridad social. Parte de esta emigración es reciente y por motivos económicos. En realidad, su origen último radica en el modelo productivo asignado a España y en la falta de expectativas para la gente más joven. A diferencia del perfil de emigrante aventurero difundido ampliamente en los medios de comunicación, la realidad de la emigración es heterogénea, y consta de personas que se marcharon a vivir fuera de España en diferentes momentos, con diferentes edades, orígenes (nacidos y no nacidos en España), y niveles de formación.

Durante la anterior legislatura se han conseguido avances sensibles como la derogación del voto rogado y la obtención de la ciudadanía española para distintos casos de personas descendientes de españoles y españolas en el exilio en la Ley de Memoria Democrática.

Pero hay que ir más allá.

Terminar con este exilio económico y para mejorar lo máximo posible las condiciones en las que se encuentran los que se ven forzados al exilio o los que no tienen otra alternativa que quedarse fuera exigen medidas y por eso Izquierda Unida seguirá defendiendo el cumplimiento de los artículos 9 y 42 de la Constitución Española en los que se expresa:

Artículo 9, Punto 2: »Corresponde a los poderes públicos… facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.»

Artículo 42: »El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.‘‘

Proponemos:

  1. Permitir la inscripción en el censo y la realización de trámites consulares por vía telemática: Debe avanzarse en la informatización del censo electoral para permitir las altas y las bajas en los censos de emigrantes permanentes (Censo de Españoles Residentes Ausentes; CERA) y temporales (Electores españoles Residentes en España temporalmente en el extranjero; ERTA) para solucionar los problemas de acceso a los consulados por horarios y distancia.
  2. Iniciar los procedimientos necesarios hacia la creación de una circunscripción electoral de representación directa de los emigrantes, abriendo un debate público sobre los términos en los que se estructuraría la misma. Una circunscripción electoral propia para el Congreso de los Diputados y el Senado, proporcional al número de residentes españoles en el exterior, establecería una correcta representación parlamentaria de los ciudadanos españoles de la diáspora. La emigración constituiría la 3ª provincia del Estado, solo por detrás de Madrid y Barcelona.
  3. Reinstaurar el derecho de los emigrantes a votar en las elecciones municipales.
  4. Reformar el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, para que este asegure la responsabilidad del Estado en la realización de estrategias de retorno digno.
  5. Garantizar el acceso a subsidios, prestaciones por desempleo, ayudas a vivienda, sociales, etc. de las personas retornadas en igualdad de condiciones.
  6. Creación de la Oficina de Retorno integrada en el sistema de ventanilla única, que asesore y facilite trámites a las personas retornadas o que deseen retornar y Creación del Portal de Retorno en Internet, con facilidad de trámites en línea.
  7. Desarrollar medidas específicas para facilitar la integración de familiares y personas acompañantes de los y las retornadas.
  8. Facilitar el retorno de las personas mayores, desarrollando convenios para el reconocimiento y traslado del derecho a pensión, facilitando el acceso a residencias, asistencia a domicilio, etc.
  9. Facilitar el retorno de personal vulnerables, que hayan sufrido violencia machista, por delitos de odio, etc. en los países de acogida. Protección y problemas con tutelas compartidas en parejas mixtas (de dos nacionalidades) donde la nacionalidad del país de acogida es la que recibe más apoyo.
  10. Implementar ayudas económicas para el retorno destinadas específicamente a cubrir necesidades concretas (transporte, trámites…) para las cuales la persona retornada tenga dificultades.
  11. Arbitrio de las fórmulas más beneficiosas para el reconocimiento a los trabajadores españoles que hayan trabajado en el exterior, de las prestaciones económicas, derivadas de las cotizaciones a la Seguridad Social. Dichas fórmulas garantizarán el cómputo de los años de servicio militar, y de los que no figuren documentados a pesar de haber sido trabajados con anterioridad al hecho emigratorio y que podrán probarse con los documentos testimoniales que se establezcan reglamentariamente.
  12. Promulgar una Ley de Descendientes que amplie los casos para la obtención de la nacionalidad española recogidos en la Ley de Memoria Democrática.
  13. Adopción de un Código de la Nacionalidad que cumpla la disposición adicional segunda de la Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, que garantice que los descendientes puedan recuperar su nacionalidad española de origen y que posibilite la doble nacionalidad simultánea, suprimiendo la actual obligación de renuncia a la nacionalidad extranjera. Establecimiento de Convenios de doble nacionalidad real y simultánea, especialmente con los países de Hispanoamérica, de la Unión Europea y Suiza.
  14. Asegurar mecanismos garantistas de la cobertura sanitaria al emigrante, como la Tarjeta Sanitaria Europea. Deberán ser facilitados independientemente de la situación laboral o administrativa de la persona.
  15. Coordinar Oficinas de la Emigración dentro del Estado español con las Consejerías de la Seguridad Social en el exterior, de forma que cumplan su función de asesoría social, con competencias y medios adecuados.
  16. Adopción de un plan de promoción de las Aulas de lengua y cultura españolas (ALCE) garantizando su apertura a partir de 8 alumnos y manteniéndolas con 6, y en el que se permitirá la incorporación de niños no españoles, especialmente hispanoamericanos.
  17. Adaptación de los diplomas DELE a la realidad y características de los alumnos de las ALCE y conservación de los actuales certificados emitidos por el MEC. Desarrollo de las Secciones Internacionales y mayor apertura a los residentes españoles del Instituto Cervantes. Creación de un programa de clases de lengua y cultura general para los emigrantes adultos.
  18. Proporcionar mayores recursos para la participación de los emigrantes en la UNED.
  19. Desarrollo por parte de TVE Internacional de una programación de calidad, que tenga en cuenta las necesidades informativas, formativas, culturales y deportivas de la ciudadanía española en el exterior. Dicho programa se orientará a la enseñanza y difusión de todas las lenguas oficiales del Estado.
  20. Democratización de las relaciones laborales dentro de la Acción Educativa Española en el Exterior (AEEE), así como pruebas de acceso a los puestos de trabajo donde prime la objetividad, el mérito, la capacidad y la igualdad de género, como la formación en valores de cooperación, solidaridad y empatía. También es necesario el reconocimiento como interlocutores a los sindicatos y las juntas de personal.
  21. Impulsar una reforma de la legislación referida a la AEEE adaptada al contexto de la emigración española actual, que no provoque diferencias salariales entre los profesionales de esta, interinos, así como una revisión de los objetivos de la AEEE que se encuentran desfasados, en relación a los centros en el exterior y su función. Desarrollar en los centros en el exterior los ciclos formativos de formación profesional, como en España, y sobre todo, el CFGS de Promoción de la Igualdad de Género, como seña de identidad de la Educación Pública Española
  22. Implementar becas para cursar estudios en España para los ciudadanos españoles residentes en el exterior, siguiendo el modelo de algunas comunidades autónomas. Solicitud a las consejerías de Educación de las comunidades autónomas la necesaria coordinación entre todas las administraciones publicas implicadas para que colaboren estrechamente con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, con el fin de que se alcance este objetivo, según establece la Ley 40/2006, de 14 de diciembre del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, Título Preliminar, Disposiciones Generales, Capítulo III; Derechos relativos a la educación y a la cultura, Artículo 23.
  23. Reactivar, adaptándolo a la realidad actual, el derogado plan de ayudas para la promoción educativa en el exterior de la Orden ministerial del 2007, que asistía a familias con necesidades económicas, cuyos hijos cursan estudios medios o de Formación Profesional, estudios universitarios y técnicos superiores, otros tipos de estudios y especialmente a jóvenes con discapacidad física, psíquica o sensorial.
  24. Establecer responsables de Agregadurías y Consejerías de Educación con una experiencia mínima en el sector educativo de 15 años, para ser conocedores del mismo y ser un referente en su ámbito de gestión. Equiparando el número de mujeres y hombres, y siendo necesario, el haber sido docente.
  25. Potenciar en América Latina y el Caribe, la cooperación educativa y los intercambios de profesorado y alumnado.
  26. Desarrollar y aplicar un Plan de Igualdad para la AEEE., en consonancia con la Estrategia de Acción Exterior, 2021-24, del Gobierno de España.
  27. En los ALCES, potenciación de la figura del profesor/a con más presencia en detrimento de la plataforma virtual, como piden las familias.
  28. Aumentar los años de experiencia docente a 10 y el valor de la formación como el desarrollo de programas de excelencia, innovación, intercambio e inclusión en los centros de destino en territorio español, para acceder a las plazas en el exterior tanto de docentes como de asesores.
  29. Dotar a los centros con los servicios de los que dispone cualquier centro español dentro del territorio nacional. Audición y Lenguaje, pedagogía terapéutica, y departamentos de orientación, libres de carga lectiva. No existe discrepancia en ser centros de excelencia y disponer de estos servicios pedagógicos y terapéutico.
  30. Libertad de presentación a las plazas de asesores en el exterior a todas las especialidades de Secundaria, ya que la competencia es por el conocimiento del sistema y no de la especialidad, porque en la actualidad, se concentran en pocas especialidades y podría vulnerar el artículo 14 de la Constitución Española de igualdad de trato. Así como ampliar también al cuerpo de maestros esta democratización del acceso.
  31. Implementar en los centros el conocimiento de las demás lenguas cooficiales de España.
  32. Reformar, simplificar y digitalizar el sistema de homologación de títulos y experiencia profesional, así como promover el sistema de cualificación profesional para mejorar la empleabilidad. Al mismo tiempo, que se deben reconocer los sistemas educativos no universitarios, como se ha hecho con Colombia, con los demás países de América Latina para acceder a la universidad pública española.
  33. El Estado propiciará la acción del movimiento asociativo e incentivará las redes que generen mayor eficacia y aprovechamiento de los recursos públicos.
  34. Creación de un registro Oficial de Asociaciones de Españoles en el exterior e inclusión de dichas asociaciones en los planes nacionales de fomento del asociacionismo y del voluntariado. Incremento del presupuesto asignado para la emigración y los retornados, tanto para gastos de funcionamiento como para actividades de interés general, en el marco de programas plurianuales de colaboración con las distintas Administraciones Públicas.
  35. Simplificación de la normativa de subvenciones y fijación de criterios de transparencia y objetividad en la asignación de las mismas a los centros, asociaciones y federaciones, agilizando su tramitación y limitando su justificación, en todos los programas, al importe de la ayuda concedida.
  36. Mejora de las condiciones laborales del personal de servicio exterior: El personal del servicio exterior lleva desde 2009 con el sueldo congelado, lo que es un problema en países con una elevada inflación (ej. Argentina) o con un elevado nivel de vida (ej. Australia), y repercute en el ejercicio de sus funciones. Garantizar unas condiciones de trabajo dignas para el personal del servicio exterior es imprescindible para que puedan atender a los españoles de la diáspora de forma correcta.
  37. Reforzar la red de Oficinas Consulares y de Consejerías de Educación y Cultura, Trabajo, y Sanidad.
  38. Se instrumentarán las medidas pertinentes para el reconocimiento automático en España de las sentencias de divorcio pronunciadas por los tribunales de los países de residencia que conciernan a emigrantes españoles.
  39. Reglamentariamente, se determinarán los supuestos en los que la ciudadanía española residente en el exterior que carezca de recursos económicos podrá acceder a la asistencia jurídica gratuita.
  40. En el caso de las asociaciones relacionadas con la Memoria Histórica y el exilio político, el Estado Español garantizará su subsistencia en los países en las que se hubieran creado, estableciendo el justo reconocimiento a su lucha por los derechos y valores democráticos.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto quiere invertir Izquierda Unida en dependencia?

El programa de IU se propone duplicar la inversión pública en dependencia hasta el 1,4 % del PIB, el promedio de la OCDE, lo que supondría 23.000 millones de euros en total en 2028 entre todas las administraciones. Además, consolidaría la aportación estatal en el 50 % del coste del sistema —8.000 millones adicionales— condicionados a que las comunidades autónomas aporten 2.500 millones más.

¿Qué propone Izquierda Unida para agilizar los trámites de la dependencia?

Un plazo máximo de tres meses para dictaminar las solicitudes de dependencia y una revisión por las comunidades autónomas de los criterios del baremo, con un protocolo de actuación que evite una aplicación restrictiva.

¿Habrá una prestación universal por crianza con Izquierda Unida?

Sí. El programa de IU plantea implantar en 2030 una Prestación Universal por Crianza de 200 euros al mes por hijo o hija. El coste bruto se estima en 19.308 millones de euros al año y, descontando las ayudas que sustituiría, el gasto adicional neto sería de unos 11.000 millones, un 0,7 % del PIB.

¿Cuánto quiere invertir Izquierda Unida en la infancia?

Alcanzar al final de la legislatura el 2,5 % del PIB en inversión en protección social a la infancia y a las familias, lo que supone más de 12.000 millones de euros adicionales cada año.

¿Qué propone Izquierda Unida para el Ingreso Mínimo Vital y la infancia?

Mejorar el acceso al Ingreso Mínimo Vital e igualar su umbral de acceso al de pobreza moderada, para que llegue a la infancia y la adolescencia más vulnerables, incluidas las familias en situación administrativa irregular o en trámite de solicitud.

¿Qué es la Ley de Juventud que propone Izquierda Unida?

La primera ley de juventud de ámbito estatal, un marco garantista para las personas jóvenes con cuatro pilares: derechos económicos y cobertura social (vivienda, emancipación, empleo digno y servicios públicos); participación democrática, incluido el derecho al voto a los 16 años; salud mental y bienestar, con recursos específicos de atención psicológica; y crisis ecosocial y justicia intergeneracional.

¿Plantea Izquierda Unida un pacto de Estado por la juventud?

Sí: un Pacto de Estado que obligue a considerar a la juventud un vector crítico en cualquier política pública e incluya un plan con presupuesto detallado por acciones, elaborado de forma participativa a partir de un análisis real de la situación.

¿Qué propone Izquierda Unida para los emigrantes?

Permitir la inscripción en el censo y los trámites consulares por vía telemática (CERA y ERTA), abrir el debate sobre una circunscripción electoral propia para los residentes en el exterior en el Congreso y el Senado, y reinstaurar el derecho de los emigrantes a votar en las elecciones municipales.

Botón volver arriba
Secret Link