
Solo con un estado social avanzado que democratice la economía de forma equitativa, justa y sostenible pueden garantizarse servicios públicos de calidad. Desde esta perspectiva, tenemos que liderar las propuestas transformadoras que no se queden en meras propuestas asistenciales o de ayudas que perpetúen las injusticias que el sistema capitalista causa.
Izquierda Unida plantea en este bloque nuestra propuesta para caminar hacia el fortalecimiento de unos servicios públicos de calidad y que proporcionen una plena protección social.
1. Políticas sociales y de cohesión
España fue en 2024 el décimo país de la Unión Europea (UE) por gasto en prestaciones de protección social, al destinar el 25,13 % de su PIB a ese objetivo, por debajo de la media en los Veintisiete (27,34 %), según los datos de la oficina de estadística comunitaria Eurostat. Es decir, estamos casi un diez por ciento por debajo y aunque la brecha se ha reducido considerablemente en los siete últimos años con las medidas aprobadas por el gobierno de coalición, es necesario avanzar más y más rápido.
Desde IU apostamos por la configuración de un sistema de servicios sociales estructurado a nivel autonómico, con un marco mínimo y financiación suficiente por parte del estado, y en el que los municipios cumplen un papel esencial como administración más cercana a la ciudadanía. Son los servicios sociales de base quienes mejor pueden intervenir en la realidad de cada pueblo y de cada barrio. Es fundamental que los servicios sociales no se vinculen solamente a la población más desfavorecida, aunque ésta siempre sea una prioridad, pero es necesario recalcar que los servicios sociales se dirigen a toda la ciudadanía y buscan la calidad de vida de la población en general.
La atención a la infancia, presente en todos los niveles de las administraciones, debe tener en el ámbito autonómico su pleno desarrollo: legislando de forma precisa en cooperación con las leyes estatales y creando un marco de atención básico para la intervención directa.
También el apoyo a la diversidad funcional exige un desarrollo mucho más comprometido de las políticas públicas en aspectos básicos para la inclusión social de los colectivos que la integran: la accesibilidad universal e integral precisa una implicación de las administraciones públicas muy significativa, empezando por la concienciación social y la promulgación de las normativas necesarias para hacer real ese objetivo.
Para garantizarlo es imprescindible reforzar el sector público y apostar de forma decidida por la gestión directa de los servicios sociales y cuando eso no sea posible, se debe priorizar la colaboración con entidades sociales del tercer sector por encima de las empresas mercantiles con ánimo de lucro. En el diseño de las políticas sociales no deben olvidarse las distintas situaciones generadoras de vulnerabilidad, discriminación o exclusión social, como la infancia, la diversidad funcional, la dependencia, la inmigración, la etnia, la condición sexual o el género.
Hay aspectos en que las políticas públicas fijadas desde el Estado resultan imprescindibles para que el estado de bienestar llegue a toda la ciudadanía con los niveles de calidad y cobertura suficientes. Y deben garantizarse por ley. A nivel estatal es imprescindible mejorar la gestión y el alcance del IMV para que pueda conseguir los objetivos de cobertura social.
Del análisis del diseño del IMV se desprende que la prestación, a marzo de 2026, ha desplegado solo una parte de su capacidad potencial, puesto que ha llegado a 829.399 hogares en los que viven 2.532.284 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Del total, más de un millón son niños, niñas y adolescentes, en concreto, 1.034.319. La cuantía media de la prestación es de 543,1 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 495,6 millones de euros.
En marzo de este año 2026, había 125.920 prestaciones activas más que hace un año, al haber aumentado el número de hogares protegidos en casi un 18%. Este porcentaje es similar al incremento del número de beneficiarios, que ha sumado un 18,1% (387.278) desde marzo de 2025.
Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino. En marzo, el 68% de los titulares (563.741) y el 53,4% de los beneficiarios (1.352.883) son mujeres.
Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a más de 3,5 millones de personas (3.546.408).
Sin embargo, la AIReF asegura que tiene recorrido para convertirse en un instrumento más potente en la lucha contra la pobreza y la exclusión social puesto que constata que 400.000 hogares que podrían recibir el IMV aún no lo han solicitado, el 57% de los posibles beneficiarios, fenómeno conocido como non take-up. Este fenómeno, común en la práctica internacional por la compleja gestión de este tipo de prestaciones, está presente en hogares que poseen algún tipo de renta y, en particular, se concentra entre aquellos que obtendrían un incremento de renta más limitado en el caso de ser beneficiarios del IMV.
Si estuviera plenamente implementado, el IMV ampliaría la cobertura de los programas de rentas mínimas de las comunidades autónomas en cerca de 250.000 hogares. Además, mejoraría la situación de más de la mitad de los hogares que ya tenían derecho a los programas autonómicos de rentas, incrementando la renta que podrían recibir. En este sentido, hay que señalar que su diseño se configura como una prestación suelo, es decir, cubre a parte de los hogares que anteriormente ya podían recibir las rentas mínimas y amplía la cobertura fundamentalmente en aquellas comunidades autónomas en las que sus programas de garantías de rentas para la lucha contra la pobreza eran más limitados. Con todo ello, el IMV junto con los programas de rentas mínimas, si estuvieran plenamente implementados, conseguirían cubrir aproximadamente al 60% de los hogares en riesgo de pobreza (entendido como los que poseen rentas por debajo del 40% de la mediana). En todo caso, todavía quedarían 540.000 hogares en riesgo de pobreza sin cubrir, lo que supone un 40% del total de hogares en pobreza, que no tienen derecho ni al IMV ni a los programas autonómicos. Este porcentaje del 40% sin cubrir podría variar en los próximos años si las CCAA modificasen sus rentas mínimas como consecuencia de la liberación de recursos de sus programas de rentas derivada de la implementación el IMV.
La promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia, tal como se configuró en la Ley de 2006, exige un nivel de financiación estatal suficiente para que las comunidades autónomas puedan romper el bloqueo de las listas de espera y la recepción de los servicios y prestaciones en plazos razonables para que una parte considerable de las personas afectadas no queden sin atención en el tiempo vital real de su existencia, como ha sucedido ampliamente hasta ahora.
Igualmente, el refuerzo de la atención primaria de servicios sociales, que depende en gran medida de la financiación del denominado Plan Concertado de 1988, requiere hoy un cambio estructural, que implique la adopción de un nuevo Plan general Básico de servicios sociales como garante de una financiación apropiada, que recoja todas las necesidades del sistema Público en su atención básica, con la cobertura profesional, administrativa y material adecuada a sus fines. El mero refuerzo presupuestario del Plan concertado, con ser muy válido, en la medida aplicada por el Ministerio de derechos sociales, no es solución bastante para garantizar la estabilidad del sistema.
Proponemos:
- Aprobación de una Ley de Derechos Sociales moderna y actual, de las llamadas de tercera generación que incluya la carta de ciudadanía del sistema Público de servicios sociales como una pieza esencial de los servicios públicos para que su concepción de la atención social sea coherente con todos los avances y mecanismos propios, que faciliten la garantía de los derechos y la intervención social solvente.
- Garantizar que en 2028 incrementaremos un 1,5% del PIB en los presupuestos destinados a protección social, excluido pensiones.
- Facilitar y agilizar el proceso de concesión del Ingreso Mínimo Vital dotando de recursos a la Seguridad Social y a las administraciones autonómicas y locales que permita dar toda la potencia a la medida aprobada. La ayuda no está llegando a todas las personas que lo necesitan, ya que un montón de papeleo deja a mucha gente atrás.
- Concesión de la prestación de oficio.
- Simplificar el proceso de solicitud en los casos en que no sea otorgada de oficio.
- Reconsiderar la definición del patrimonio establecida para ser beneficiario del IMV.
- Estudiar con detalle las solicitudes rechazadas por motivos relacionados con la renta y la unidad de convivencia.
- Fomentar la publicidad institucional de la prestación.
- Continuar trabajando en el encaje entre el IMV y la renta mínima de cada comunidad autónoma.
- Regulación de la complementariedad de las rentas garantizadas y rentas mínimas de las comunidades autónomas con el Ingreso Mínimo Vital para asegurar que las prestaciones económicas del estado español cubran el umbral de la pobreza fijado por la UE en unos 750 euros por persona y así cumplir la Carta Social europea.
- Ampliar el IMV a los 540.000 hogares en riesgo de pobreza sin cubrir por este mecanismo cuando esté plenamente desarrollado y las rentas mínimas de las comunidades autónomas, lo que supone un 40% del total de hogares en pobreza, que no tienen derecho ni al IMV ni a los programas autonómicos y que deben ser protegidos.
- Actualización de los mapas de servicios sociales como instrumentos de planificación y coordinación de los recursos sociales.
- Actualización de los catálogos de prestaciones sociales con el reconocimiento de los derechos subjetivos y de las carteras de servicios como elemento básico para que la atención social integral en cada comunidad sea efectiva y garantista.
- Aplicación del nuevo modelo de residencias de mayores con políticas más humanas y solidarias hacia el colectivo que más ha sufrido la crisis sanitaria, escuchando sus necesidades y priorizando cuidados físico y emocional.
- Regular el apoyo público a los nuevos proyectos de cohousing que representan una nueva modalidad de convivencia solidaria con proyectos cooperativos de vivienda.
- Implantar un modelo de coordinación sociosanitaria sistemática y potente que para fomentar esa intervención multidisciplinar consecuente para una atención coherente.
- Garantizar una financiación suficiente para la Estrategia Nacional de Lucha contra el Sinhogarismo 2023-2030, a través de partidas específicas en los Presupuestos Generales del Estado en los departamentos de Servicios Sociales y Vivienda y coordinación de las administraciones públicas, las entidades del tercer sector (operadores público-comunitarios de servicios residenciales, sociales, laborales, etc.), basada en el modelo Housing First para garantizar que las personas sin hogar tengan un alto grado de elección y control y ofrecer oportunidades de acceso a tratamiento y apoyo para la integración en la comunidad.
- Realizar una revisión del Plan Concertado de Servicio Sociales, de las subvenciones y de las transferencias del Estado a las CCAA y ayuntamientos para que no se financien nuevas plazas dirigidas al sinhogarismo en centros colectivos. Asimismo, es necesario impulsar a través de los mecanismos de financiación estatales exclusivamente plazas en viviendas.
- Poner en marcha el grupo de trabajo derivado de la Ley de Vivienda para regular el alquiler de habitaciones.
- Aprobar una Estrategia de Desinstitucionalización que impulse un nuevo modelo de atención a personas en situación de sinhogarismo. Centrándola en un sistema de cuidados basado en la atención en la comunidad y en la provisión de apoyos personalizados y libremente elegidos, dotándola de presupuesto para poder desarrollarla de manera efectiva.
2. Por una educación pública, laica, democrática y de calidad para todos y todas
Para Izquierda Unida es objetivo esencial proteger y potenciar los servicios públicos de educación como garantes del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad. Asegurar una financiación suficiente para la educación pública es condición básica e imprescindible para garantizar la atención del hecho diferencial y la compensación ante las situaciones de vulnerabilidad del alumnado, sea por motivos de salud, por poseer capacidades diferentes, o por cualquier otra situación de género, económica, social. Solo así las diferencias serán consideradas un valor y no una lacra social. La inclusión es un indicador o factor de calidad y equidad porque supone garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado. Abarca una transformación en la cultura (barreras conceptuales o actitudinales), en la política (currículum escolar, organización, legislación), en la práctica educativa (metodología, evaluación…) y en los entornos educativos formales o informales, para dar cabida a las diferentes necesidades e identidades del alumnado.
Proponemos:
- Impulsar una modificación en Ley Orgánica de la Educación consensuada con la comunidad educativa que garantice un suelo de inversión del 7% del PIB, teniendo en cuenta los criterios de inclusión, equidad social y territorial frente al 4,6% del PIB dedicado el año pasado lo que supondría unos 35.000 millones anuales adicionales. Se fijarán en la normativa como mínimos a cumplir por parte de las comunidades autónomas competentes en la materia los puntos que siguen.
- Garantizar la cobertura en todo el territorio autonómico de la red pública.
- Impulsar con normativa estatal la supresión progresiva de los conciertos educativos hasta su completa desaparición, mediante la integración voluntaria y negociada de los centros privados concertados en una red única de centros públicos, arbitrando medidas para la integración y homologación de su profesorado. Con carácter inmediato se controlará el estricto cumplimiento de la ley.
- Se suprimirán de forma inmediata con normativa estatal los conciertos educativos con centros que discriminen por razón de sexo o utilicen mecanismos encubiertos para seleccionar a su alumnado por razones económicas, ideológicas u otras características culturales o personales.
- Fiscalización estatal para que los centros privados sostenidos con fondos públicos no impongan tasas ilegales a las familias del alumnado, mientras los conciertos estén en vigor.
- Es imprescindible impulsar la mejora de las condiciones del profesorado con el impulso marco de la normativa estatal. El papel de las y los docentes es fundamental en el sistema educativo. Por ello, debe reconocerse su función educadora y social, y mejorarse las condiciones en las que imparten la docencia. Dignificar la profesión docente pasa por la reducción significativa de la ratio de alumnado y de los horarios lectivos, por la contratación de más profesorado a través de amplias ofertas públicas de empleo, reduciendo la interinidad al mínimo posible, mejorando las retribuciones y aumentado la financiación para disponer de los recursos y mejoras que necesiten en su práctica docente.
- La normativa estatal debe incorporar otros profesionales de la educación que apoyen la labor educativa del profesorado en los ámbitos escolar, comunitario, social y laboral, y que contribuyan al desarrollo integral del alumnado en lo personal, social e institucional. Su papel es fundamental para contribuir a una educación, escolar y no escolar, basada en los principios de igualdad, diversidad, sostenibilidad, autonomía, convivencia, participación democrática, solidaridad y justicia social. Especialmente necesaria es la incorporación de profesionales de la educación social y de la mediación intercultural. Es necesario establecer un departamento de orientación en todos los centros educativos, con un orientador u orientadora al menos por cada 250 alumnas y alumnos, y que cuente además con profesionales de la educación social y de la mediación intercultural.
- Impulsar la ampliación de la red de centros de Educación Infantil de titularidad pública y asegurar el mantenimiento de la existente.
- Garantizar que la Escuela Infantil sea universal, pública y gratuita desde los 0 años. Al mismo tiempo impulsaremos medidas de corresponsabilidad y de flexibilización que no alarguen innecesariamente el tiempo efectivo escolar.
- Plan de mejora de la infraestructura educativa pública que incluirá el aumento de la inversión para la adaptación de los centros educativos a las temperaturas extremas en las aulas y la mejora de la eficiencia energética.
- Plan de mejora de los patios escolares, destinando recursos para adecuar los centros a actividades y espacios de uso alternativo: huertos, reciclaje, aulas abiertas al aire libre o espacios de recreo inclusivos que fomenten el ocio alternativo y los deportes minoritarios.
- Impulsar a nivel estatal la eliminación de la zona única de escolarización que favorezca la cercanía de plazas públicas al domicilio familiar para favorecer el ahorro económico, sostenibilidad medioambiental.
- Gratuidad del transporte escolar incluidas las enseñanzas postobligatorias, prestando especial atención al medio rural.
- Asegurar la gratuidad progresiva de la enseñanza pública, desde la primera infancia hasta la Universidad, dotándola de recursos suficientes, incluyendo materiales didácticos, libros, servicio de comedor y de transporte escolar, así como becas de residencia o becas-salario para el alumnado que lo necesite.
- Fomentar a nivel estatal la ampliación progresiva del número de centros dotados de comedor de gestión directa o autogestión, hasta llegar a que este sea el único modelo de gestión de los comedores escolares. Asimismo, promover, mediante un equipo de nutricionistas, una dieta saludable y equilibrada que incentive el consumo de productos de cercanía.
- Promover la reducción progresiva del volumen de libros de texto, potenciando los repositorios digitales con recursos educativos en abierto.
- Creación de un Servicio de Contenidos Educativos Digitales Libres y Compartidos que coordine la creación y actualización de dichos recursos.
- Eliminación de tasas en las enseñanzas no universitarias y gratuidad de los grados universitarios y las enseñanzas de formación profesional de grado superior y enseñanzas de régimen especial.
- Establecer becas que respondan una fiscalidad progresiva y ayudas en función de la renta.
- Eliminar las desgravaciones fiscales en gastos de enseñanza privada (uniforme, transportes, complementarias….), de las becas y ayudas que no contemplan la progresividad fiscal y de las “donaciones” que tienen que hacer las familias.
- Garantizar la calidad educativa aumentando la atención personalizada y permitiendo la adaptación a las nuevas realidades en el aula con metodologías, atención a la diversidad, formación continua de calidad para el profesorado, mejora de la convivencia y educación a distancia.
- Reducción de la ratio de alumnado por grupo con valores adecuados para la etapa educativa y el contexto de los centros, tomando como referencia general las indicaciones de la Red Europea para infantil (ciclo 0-3 años: 1 persona adulta por cada 4 niños de 0 a 12 meses; 1/6 niños de 12 a 24 meses; 1/8 niños de 2 a 3 años; 1/ 12 niños de 3 a 4 años y 1/16 niños de 4 y 5 años), así como el criterio de 20 estudiantes por aula como máximo en las enseñanzas de primaria y secundaria y de 30 alumnos y alumnas en Bachillerato, para poder desarrollar una enseñanza personalizada, trabajar con grupos más pequeños en las aulas y favorecer la atención a la diversidad.
- En las unidades específicas de educación especial, tanto en centros docentes ordinarios como específicos, el número de alumnos y alumnas por aula será el siguiente:
- Psíquicos: 5
- Sensoriales: 5
- Físicos/motóricos: 5.
- Autistas o psicóticos: 3.
- Plurideficientes: 4
- Plurideficientes: 4.
- Unidades que escolarizan alumnado de diferentes discapacidades: 5.
- Programas de transición a la vida adulta y laboral: 5.
- Los centros que impartan enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato y FP estarán dotados con:
- Un orientador u orientadora, dotación que se verá incrementada por cada fracción de 250 alumnos y alumnas.
- Un maestro o maestra de Pedagogía Terapéutica, dotación que se verá incrementada por cada fracción de 250 alumnos y alumnas.
- Un maestro o maestra de Audición y Lenguaje, dotación que se verá incrementada por cada fracción de 250 alumnos y alumnas.
- Un profesional PTIS y un segundo profesional por unidad específica de Educación Especial, dotación que se verá incrementada siempre que las necesidades del alumnado del centro lo requieran, en función de los informes de escolarización correspondientes.
- Los centros que desarrollen planes de compensación educativa autorizados por la Administración educativa recibirán la dotación adecuada de profesorado de apoyo que corresponda en función de las medidas curriculares y organizativas que se desarrollen, así como el reforzamiento del departamento de orientación o, en su caso, del equipo de orientación educativa. En aquellos centros o zonas que se establezcan, se podrá contemplar la intervención de educadoras y educadores sociales y de otros profesionales con la titulación adecuada.
- Los centros que desarrollen programas específicos dirigidos al alumnado que presente graves carencias lingüísticas, o en sus competencias o conocimientos básicos, derivadas de su incorporación tardía al sistema educativo, recibirán el profesorado de apoyo y los profesionales con la debida cualificación que correspondan para la atención del mismo, de acuerdo con lo que a tales efectos establezca la Administración educativa.
- La educación a distancia tiene que tener en cuenta las ratios docente-alumnado, el derecho a desconexión, y las ratios de profesionales como orientación, PTs, ALs…., etc para asegurar una adecuada atención al alumnado y unas condiciones de trabajo dignas.
- Mejora e inversión en la red pública de centros de Formación Profesional, garantizando las plazas públicas acordes a las necesidades de formación y matriculación del alumnado.
- Adaptación de la oferta de Formación Profesional a las estrategias de desarrollo de la Comunidad Autónoma y al cambio de modelo productivo.
- Facilitar la apertura de los centros de FP en horario de tarde para permitir que se impartan todas las modalidades formativas de FP previstas en la nueva normativa, facilitando la adquisición y el reconocimiento de las competencias profesionales atendiendo en especial a las necesidades de personas desempleadas y de zonas económicamente deprimidas.
- Financiación para formación de calidad del profesorado de FP para su actualización. Que se realice a través de los centros de referencia estatales mediante planes estratégicos y no a través de petición de proyectos de innovación a nivel individual (algo que supone un incremento en la burocracia en los centros).
- Impulsar las Enseñanzas de Régimen Especial bajo el concepto de educación permanente para toda la vida -Conservatorios, Escuelas de Arte y Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI)-. Garantizar sus presupuestos de funcionamiento, equipamiento e infraestructuras. Actualizar la normativa que les afecta para hacerla completa y coherente con su realidad. Además, ampliar la red de centros de ERE en general y la oferta de EOI en cuanto a plazas y número de idiomas, para atender toda la demanda, con especial atención a las zonas rurales. También, dotar de plazas suficientes el ciclo profesional de Conservatorio.
- Ampliar las plazas de las Escuelas de Arte Dramático públicas para satisfacer la demanda.
- Introducir en los centros educativos la figura del enfermero o enfermera escolar, así como el establecimiento de un servicio público integral que atienda a la salud mental del alumnado. Atenderán aspectos relacionados con la alimentación, actividad física, descanso, higiene, prevención de adicciones y uso responsable de las tecnologías, la educación afectivo-sexual, la salud menstrual y la prevención de infecciones de transmisión sexual, la detección temprana de problemas de salud mental, en coordinación con psicología y orientación educativa.
- – Impulsaremos la formación en primeros auxilios y el apoyo al alumnado con enfermedades crónicas y alergias.
- Ajustar nuestro sistema educativo a lo establecido en el artículo 24 de la Convención de la ONU, dotando a las escuelas y al profesorado de todos los medios necesarios para que la educación inclusiva sea una realidad para las personas con capacidades diversas de nuestra comunidad.
- Transformaremos el actual modelo en uno de escuela pública, laica y de calidad que respete la pluralidad y la diversidad existentes dentro de las aulas.
- Promoveremos instrucciones claras que regulen el principio de laicidad en la escuela, que atribuyan de manera expresa la competencia de la aplicación de dicho principio y que no dejen a discrecionalidad de los centros la decisión relativa a simbología y a actividades de marcado carácter religioso.
- En tanto que la Ley estatal no permita suprimir la religión del ámbito educativo, eliminar del currículo las horas de enseñanza de religión competencia de la administración autonómica, y fijar el horario de dichas enseñanzas y las alternativas al principio y final del horario escolar. Como alternativa a esas horas lectivas, incluiremos desde las administraciones regionales una asignatura cuyo desarrollo curricular sea la Educación en Igualdad.
- Promover escuelas democráticas en el marco de ciudades y entornos educadores. Democratizar la gestión de los centros educativos en todos los niveles, fortaleciendo los órganos colegiados de representación de la comunidad educativa.
- Garantizar y profundizar en la autonomía de los centros, aportando herramientas y orientaciones para su desarrollo efectivo.
- Promoveremos el asociacionismo estudiantil como forma de fomentar la participación democrática e impulsar el sentido crítico de nuestros jóvenes.
- Convertiremos los centros educativos en centros de conocimiento, complementándolos con instrumentos para la transformación social que reduzca las desigualdades sociales y garantice una vida digna para todas las personas en aplicación de los derechos humanos universales.
- Poner en marcha un proceso participado con la comunidad educativa, con una apuesta firme por la equiparación de salarios y derechos laborales del profesorado de todos los niveles educativos no universitarios.
- Apoyar las reivindicaciones del profesorado interino con un Plan de Estabilidad que reconozca sus derechos adquiridos (tiempo de servicio, trienios y sexenios, entre otros).
- Incorporar contenidos de Economía Social y Solidaria, emprendimiento colectivo, economía feminista, finanzas éticas, consumo responsable y Comercio Justo en los programas curriculares de todas las etapas educativas, tanto en las leyes vigentes como en las que se reformen. Se prestará especial atención a la materia de Economía y Emprendimiento de 4º de ESO y a la Formación Profesional, en la competencia emprendedora y en los módulos de empleabilidad y sostenibilidad.
- Formar al profesorado en Economía Social y Solidaria. Incluir estos contenidos en el máster de profesorado y en los planes de formación continua, para que el profesorado cuente con los conocimientos y recursos necesarios para trabajarlos en el aula.
3. Pacto por la defensa y el refuerzo de la Universidad Pública
La universidad es un servicio público y como institución social y colaborativa para la formación de las personas y la creación y transmisión de conocimiento, ciencia y cultura, destinada al bien común. Lógicamente para desarrollar funciones tan importantes es imprescindible la existencia de recursos públicos y la carencia de los mismos ha permitido la entrada a potentes tendencias mercantilizadoras, privatizadoras y burocratizadoras desarrolladas, sobre todo, en las últimas décadas.
Según el estudio Radiografía de la financiación de las universidades públicas en España (2009-2024) las transferencias corrientes de las comunidades autónomas a las universidades públicas alcanzaron en 2024 un valor equivalente al 0,49% del PIB nacional. Por su parte, la financiación global (sumando capital, fondos europeos y aportaciones locales) se aproxima al 0,65%. En ese periodo, las transferencias autonómicas crecieron un 21,78%, frente al 56,2% de los presupuestos regionales, lo que evidencia la pérdida de peso relativo de la educación superior dentro del gasto público. El estudio revela, además, que el gasto público medio por estudiante en España asciende a 7.830 euros, lo que equivale al 76% de la media europea (10.265 euros). A su vez, la financiación pública universitaria equivale al 0,74% del PIB, frente al 1,44% en Dinamarca, el 1,05% en Alemania y el 0,91% en Francia.
La falta de financiación pública afecta gravemente al estudiantado porque España ha alcanzado un récord histórico de cerca de 1,9 millones (1.875.000) de estudiantes de nuestras universidades en 2025 pero el aumento lo están absorbiendo casi en exclusiva las universidades privadas. En concreto, durante la última década, el número de estudiantes en universidades públicas ha crecido un 2%, mientras que en las privadas ha crecido un 129%. Como resultado, un 30% del alumnado estudia en universidades privadas. Hace diez años era solo el 15% y hace veinte, el 10%. El crecimiento de la universidad privada es especialmente intenso en titulaciones de alta demanda o de carácter habilitante como en ciencias de la salud, donde un tercio de los títulos ofertados en los grados y el 62% en los másteres en ciencias de la salud se realiza en la privada.
La infrafinanciación de las universidades públicas está provocando la subida de las notas de corte y, a su vez, que ni siquiera expedientes brillantes puedan acceder a determinados estudios en la pública. Es decir, podrán estudiar o no en función de si su familia puede pagarlo. Las Comunidades Autónomas son las competentes para aumentar la financiación de las universidades públicas pero es la Administración Central la que debe garantizar que eso ocurra.
Por eso es imprescindible la puesta en marcha de un gran pacto por la defensa y reforzamiento de las universidades públicas y del sistema universitario, en su conjunto, como servicio público para la formación universitaria, el conocimiento, la ciencia y la cultura, y ello desde la consideración de dicho sistema como parte central del estado social y del modelo de sociedad abierta, cohesionada y sostenible que perseguimos.
Proponemos:
- Modificar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para establecer como obligación normativa y no como deseo que las comunidades autónomas deben destinar al menos el 1% de su PIB regional a las universidades públicas para garantizar una financiación estructural, estable y sostenida.
- Aprobar normativa estatal con requisitos de actuación para las universidades privadas idénticos a las que tienen las públicas para garantizar la calidad del sistema universitario en materia de calidad del profesorado docente e investigador, del ofrecimiento de un mínimo de titulaciones en grado, máster y doctorado. En cualquier caso, la autorización de nuevas universidades privadas requerirá un informe vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de las agencias de calidad autonómicas elaborado de forma independiente por profesores elegidos por sorteo y con criterios objetivos.
- Realizar una auditoría de calidad de las universidades privadas ya creadas por parte de la ANECA con el objeto de evaluar la calidad de las mismas y sancionar los incumplimientos de los requisitos que deben cumplir.
- Establecer planes adicionales a nivel estatal para abordar las necesidades futuras de reposición de plantilla que incluya la reducción del empleo temporal y precario que sufren el Personal Docente e Investigador (PDI) y el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTAS) de las universidades públicas. Todo ello redunda en una peor enseñanza y deterioro del servicio público. Las universidades deben disponer de una figura laboral con estabilidad, de inicio, para incentivar la consecución de este objetivo. El tope de de contratación temporal debe aplicarse también al Personal de Administración y Servicios.
- Reconocer adecuadamente la docencia, su papel en la carrera académica del profesorado y la importancia de evaluar su calidad, con participación del estudiantado.
- Evaluar la investigación con nuevos indicadores que no dificulten las carreras del profesorado más joven, de los grupos de investigación más pequeños o de líneas menos competitivas que favorezcan carreras estables y más diversas.
- Favorecer la ciencia y los datos abiertos, recogidos en repositorios públicos y apoyados por las personas universitarias/científicas responsables, y ello frente al mercado de editoriales privadas que domina la difusión del conocimiento y condiciona nuestro sistema de publicaciones.
- Promover la incorporación en los estatutos de las universidades las unidades de igualdad y dotarlas de los recursos económicos, materiales y humanos y del poder de decisión y actuación requeridos.
- Prevenir y erradicar los distintos tipos de violencias y acoso en el medio universitario, contemplados, entre otras fuentes, en el Convenio 190 OIT.
- Asegurar la formación permanente de toda la comunidad universitaria orientada a posibilitar las movilidades internacionales, como la referida al conocimiento de idiomas.
- Facilitar los intercambios internacionales, también de llegada, aumentando la información y reduciendo de manera rotunda la tramitación burocrática en todos estos procesos, para favorecer las colaboraciones.
- Replanteamiento del papel y del funcionamiento de las agencias de evaluación como ANECA y de su relación con las actividades, fines y autonomía de la universidad.
- Reforzar las políticas de no discriminación e inclusión efectiva de los colectivos desfavorecidos, infrarrepresentados o invisibilizados, recurriendo, en su caso, a acciones positivas para garantizar la democratización y ampliación del acceso del estudiantado universitario, así como en la minimización de las desigualdades según origen sociofamiliar, género, procedencia, etnia, discapacidad u otras diversidades.
- Potenciar la oferta de becas y de otros soportes requeridos para minimizar la precariedad vital y educativa del estudiantado.
- Garantizar alojamiento digno cuando se requiera con plazas en residencias estudiantiles a precios asequibles.
- Reforzar las vías de acceso a los estudios universitarios reglados desde actividades profesionales previas o que se dirijan a colectivos de edades más elevadas de las habituales, facilitando la incorporación de quienes no pudieron hacerlo previamente o deseen regresar al sistema. Adaptar esta oferta formativa, incorporando aspectos como horarios flexibles o matrículas a tiempo parcial.
- Facilitar una inserción sociolaboral digna, en un empleo decente y con derechos, frente al empleo precario fomentando la formación dual universitaria conciliando el objetivo de una inserción laboral decente con el de ofrecer una formación especializada e integral de calidad.
- Fortalecer la participación estudiantil en la vida universitaria, con el consiguiente reconocimiento de los derechos estudiantiles y de los consejos y órganos de este colectivo, así como de su participación en el gobierno de las universidades.
4. Por una sanidad pública, universal y de calidad
Que nuestra sanidad está entre las mejores del mundo es un mantra que ha alejado al Sistema Nacional de Salud de las reformas que ha ido necesitando a lo largo de su historia. El modelo diseñado en los 80 nunca llegó a desarrollarse al 100%. Está incompleto ya que se diseñó para afrontar una situación epidemiológica distinta a la actual. Es anacrónico.
Es imprescindible construir ahora un SNS que profundice en el modelo universalista (Modelo Beveridge), que fue el elegido en su origen y sigue siendo adecuado en la actualidad en nuestro país. Precisamos que se desarrolle en todo su alcance para que sea completamente funcional. En este sentido se ha de impedir la creciente privatización del sistema sanitario ya que es el problema central de la sanidad pública y está detrás de gran parte de su ineficiencia
Es preciso que atienda las necesidades reales de salud de hoy, y que además cuente con los mecanismos suficientes para adaptarse a los cambios y tendencias epidemiológicas del futuro con atención a que no haya sesgos de género.
El principal cambio necesario en nuestro sistema es transitar de la idea de sanidad a la de salud como objetivo de nuestras políticas públicas. Hay que transitar de la idea de “derecho a la protección de la salud” a “derecho a la salud”. Pasar del “te curo cuando estás enfermo” y el “mejor prevenir que curar” al “trabajemos juntos para mantener tu salud, la de tu familia y la de tu comunidad”.
La contribución del sistema sanitario a la salud de la población es escasa. Este aspecto es difícil de cuantificar, pero todos los modelos teóricos actuales coinciden en la intersectorialidad de la salud y que sus determinantes básicos son sociales y económicos. El sistema de salud debe funcionar como un corrector de las inequidades en salud. El sistema de salud debe mirar más allá del sistema sanitario y buscar “las causas de las causas” del malestar y el bienestar: condiciones de vida y trabajo resultado de la distribución de los recursos (vivienda, educación, trabajo, alimentación…). Debemos cambiar la mentalidad del conjunto de la población, pero sobre todo de las instituciones. No queremos crear un buen sistema sanitario, queremos construir un sistema de salud.
Este sistema de salud debe nacer desde la comprensión que su objetivo final, aumentar el nivel de salud de la población, requiere contemplar la solidaridad y la interdependencia entre las ciudadanas y ciudadanos, así como la existencia de factores poblacionales que condicionan finalmente las opciones de vida, evitando el discurso individualista y culpabilizador con respecto a la persona con mala salud. Por lo que la corresponsabilidad institucional y comunitaria será la de aumentar estas posibilidades al máximo.
La responsabilidad estatal es situar el marco de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas dado que son estas las competentes en sanidad.
Proponemos:
- Modificar la Ley de Medidas para la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud para garantizar un suelo de inversión anual del 8% del PIB, teniendo en cuenta los criterios de inclusión, equidad social y territorial. En 2024 fue el 6,7%. Nuestro compromiso es incrementar el gasto público sanitario anualmente medio punto de PIB hasta igualar el porcentaje promedio de los 10 países de la UE con mejores índices y que actualmente son Alemania, Francia y Países Bajos que destinan el 10% del PIB en promedio. El incremento se destinará a la red sanitaria pública a fin de impedir su derivación a empresas sanitarias privadas y evitar un mayor deterioro de la red de gestión pública. Los fondos para la sanidad pública serán finalistas y ligados al cumplimiento de los objetivos del Plan Integrado de Salud cuya aprobación debe realizarse de forma urgente.
- Modificar la Ley para la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud para armonizar los desarrollos sanitarios de las comunidades autónomas de forma que se garantice la igualdad de todos ante el derecho a la salud, y para que ante los esfuerzos inversores del Estado dirigidos a desarrollar la Atención Primaria, la Salud Pública, Salud Mental, ó para garantizar unas plantillas mínimas homogéneas de sanitarios, así como para permitir disponer de similares recursos asistenciales en todo el Estado, o para el cumplimiento de las directrices asistenciales y planes de salud propuestos por el Ministerio, las CC.AA. se verán obligadas a cumplirlos y a dar cuenta de su ejecución ante el Consejo Interterritorial del SNS.
- Derogación de tres artículos de la Ley General de Sanidad, Ley 14/1986. Concretamente derogación parcial del texto del artículo 66 (derogación del 2º párrafo del apartado 1 y de los apartados 2 y 3 del artículo 66) y derogación total de los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad 14/1986. Se buscará la reversión de los conciertos, conciertos singulares, contratos de gestión asistencial, etc, promoviendo rescindirlos en base a incumplimientos, y la no renovación de los mismos.
- Garantizar la cobertura sanitaria universal en todo el territorio autonómico de la red pública. Se garantizarán iguales servicios y prestaciones asistenciales en todas las CC.AA. Se recuperará la capacidad del Ministerio de elaborar diagnósticos y planes de salud de obligado seguimiento en todas las CC.AA. con la elaboración de indicadores de seguimiento, etc, y cuyos resultados serán de público conocimiento. Para el control y seguimiento de las garantías de igualdad y cobertura universal se crearán organismos de participación de los que formarán parte representantes de ciudadanas/os, representantes de los/as sanitarias, autoridades autonómicas y estatales.
- Dedicar el 25% del gasto sanitario a Atención Primaria y un 4% a Salud Pública.
- Establecer una cartera común de servicios garantizándose que no se introduzcan copagos sanitarios. Se incluirán dentro de dicha cartera de servicios:
- Odontología e higiene bucodental
- Fisioterapia
- Logopedia
- Podología
- Farmacia comunitaria
- Gerontología
- Ortopedia, prótesis y ortesis
- Óptica
- Nutrición
- Complementar el sistema salud público con el sistema público de servicios sociales para transitar hacia un sistema sociosanitario de las administraciones públicas.
- La atención primaria es el pilar fundamental de nuestra sanidad. Debe de adaptarse a las nuevas características epidemiológicas de la población española para atender a los problemas de cronicidad y discapacidad propios del envejecimiento de la población y dotarse de equipos multidisciplinares (fisioterapia, podología, óptica etc.) para hacerles frente. Nuestro modelo debe dejar de pivotar en torno a las especialidades hospitalarias para girar en torno a la salud comunitaria y atención primaria. Para ello es imprescindible que se adopten las siguientes medidas:
- Se establecerán los mecanismos para la reorientación de los servicios de Atención Primaria de Salud hacia la comunidad en la que se insertan.
- Se dotará de los recursos necesarios (profesionales, espacios, coordinaciones…) para posibilitar que los equipos de atención primaria puedan asumir esta necesaria labor sin perjuicio de las actividades asistenciales necesarias.
- Se establecerán mecanismos de trabajo con los ayuntamientos y demás entidades municipales/supramunicipales para la consecución de los objetivos en salud de la población.
- Crear mecanismos de continuidad asistencial bajo la responsabilidad de los servicios de Atención Primaria de Salud.
- Se establecerá un tiempo mínimo de consulta en cada categoría de los servicios prestados en los centros de Atención Primaria, como norma general, se tenderá progresivamente a una duración mínima de 10 minutos por consulta médica presencial y una demora máxima de 48 horas.
- Desarrollo de programas en Atención Primaria, con la ayuda de especialistas, en procesos de gran impacto: dolor crónico, educación para la salud, autocuidado, envejecimiento saludable, confrontación del estrés, etc.
- Creación de oficina de Farmacia Pública en Atención Primaria.
- Creación de una base de datos estatal donde se unificarán las historias clínicas de toda la red pública de los diferentes servicios de salud autonómicos obligando a los centros de salud privados a indexar en esta base sus actuaciones clínicas, diagnósticos, prescripciones y pruebas para que pueda ser consultado desde centros del sistema sanitario público. Garantizaremos el acceso ágil a la información clínica relevante para los profesionales autorizados de ambos niveles, con tratamientos, pruebas, indicaciones facultativas y planes de cuidados actualizados.
- Altas y derivaciones con continuidad garantizada. Estableceremos protocolos obligatorios de alta y derivación, con información clínica suficiente, instrucciones claras y un plan de seguimiento definido, evitando que el paciente tenga que asumir la responsabilidad de conectar por su cuenta ambos niveles asistenciales.
- Implantar canales ágiles y bidireccionales de consulta entre Atención Primaria y Especializada, para resolver dudas clínicas, compartir información y facilitar decisiones asistenciales sin barreras burocráticas innecesarias.
- Coordinación profesional de los casos complejos. Reforzaremos la figura de profesionales de referencia y, cuando sea necesario, incorporaremos personal específicamente cualificado para coordinar la gestión de casos y garantizar la continuidad de los cuidados. El paciente, en el centro de la continuidad asistencial. Garantizaremos que cada persona conozca las indicaciones que debe seguir, quién se responsabiliza de su seguimiento y cómo acceder al siguiente nivel asistencial cuando lo necesite.
- Plan Estratégico Nacional para la reducción de listas de espera, tanto diagnósticas como quirúrgicas, dentro de la sanidad pública que evite la derivación de pacientes a la sanidad privada financiada con dinero público. Así mismo la gestión de dichas listas de espera se realizará con transparencia, publicándose en tiempo real, indicando especialidad (priorizando salud mental y oncología) por departamentos de salud.
- Cumplir la ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, garantizando la realiza de la interrupción de embarazo en los centros sanitarios públicos.
- Renovación consensuada del Plan Nacional contra drogas y adicciones.
- Integración de la sanidad penitenciaria en el SNS.
- Elaboración de programas de salud mental para reclusos/as en las cárceles.
- Diseñar un programa de IA público con fines asistenciales garantizando la privacidad y evitar su utilización con fines comerciales.
- Ampliación del ISCII para dotarle de competencias como organismo de auditoría de la ciencia de la salud, la práctica clínica y la tecnología sanitaria similar al NICE británico. Sus competencias serían extender la cuarta garantía al conjunto del sistema sanitario e industrial auditando con criterios de coste-efectividad, indicación clínica en base a la evidencia científica y visión de género de forma prioritaria a las siguientes áreas:
- Salud Pública: Auditar los programas de salud pública iniciados por las instituciones y proponer medidas para prevenir la desinformación e intoxicación que produce la propaganda comercial en materia sanitaria al conjunto de la población.
- Práctica Clínica: Generar guías de práctica clínica de consenso profesional en todos los tratamientos y cuidados destinados a pacientes atendiendo a sus enfermedades y condiciones clínicas específicas. Todo ello con criterios de seguridad clínica, coste efectividad, eficiencia clínica y visión de género.
- Tecnología Sanitaria: Evaluar la necesidad e indicación de incorporar nuevas tecnologías sanitarias a la práctica clínica, sean diagnósticas, terapéuticas o paliativas (Medicamentos, productos sanitarios, maquinaria sanitaria, procedimientos invasivos y/o quirúrgicos) aplicando a través de una Agencia Pública de Evaluación Sanitaria que decidirá la incorporación de las nuevas tecnologías aplicando el método científico. De este modo, se evitará la inclusión en el sistema sanitario público de cualquier práctica médica o medicamento que no haya demostrado su eficacia bajo criterios exclusivamente científicos. El dinero público no financiará a instituciones que promueven la difusión y divulgación de procedimientos terapéuticos pseudocientíficos que confunden a la ciudadanía y ponen en peligro su salud.
- Establecimiento en norma estatal de la homologación salarial del personal sanitario de las distintas CCAA y de sus condiciones laborales (jornada anual, ponderación de horas nocturnas).
- Todos los centros acreditados para la formación postgrado de MIR, EIR, etc, tanto públicos como privados, estarán sometidos a Auditorías de funcionamiento y cumplimiento del programa MIR, EIR, etc, organizadas por el Ministerio de Sanidad y desarrolladas por auditores públicos, cuyas conclusiones se harán públicas y se realizarán con una periodicidad al menos bianual. Se promoverán actividades de formación continuada suficientes dentro del sector público, financiadas por el mismo, entre las que se incluirá la formación en el uso adecuado de medicamentos con énfasis en la deprescripción. Se fomentarán actividades de investigación desde el sector público, habilitando organismos de investigación en los centros sanitarios públicos dotados de presupuestos adecuados.
- Supresión del sistema de aseguramiento privado para el personal de la administración general del Estado a través de mutualidades (MUFACE, MUGEJU e ISFAS) y financiado con fondos públicos, pasando a ser absorbido por el dispositivo asistencial del sistema nacional de salud, el cual será convenientemente adaptado en suficiencia, para recibir la nueva demanda asistencial generada con la incorporación de estos colectivos.
- Todas las políticas del sistema público de Salud deberán ser con perspectiva de género. Las investigaciones que se realicen siempre en investigación deberán tener al menos 50% mujeres en los grupos de experimentación, pero también deberán incluir embarazadas y población infantil. Incluyéndose cultivos celulares, que deberá ser también en un 50% de células de hembras. Se revisarán de forma obligatoria las dosis, los tratamientos y los protocolos para eliminar los sesgos de género.
- Aprobar a nivel estatal un plan obligatorio de internalización de los servicios no clínicos (limpieza, hostelería, lavandería…) para su prestación directa por parte de las administraciones públicas.
- Creación de una red científico industrial sanitaria coordinada desde la administración central a través de las universidades públicas y la red sanitaria pública. Esta red de I+D+I pública estará en coordinación con la farmaindustria pública y se financiará integralmente mediante presupuestos públicos. Las patentes e innovaciones que surjan del trabajo de dicha red mantendrán su patente en propiedad del Estado hasta la extinción de la misma.
- Aplicar la Disposición adicional 27 de la Ley de Contratos del Sector Público, de Adquisición Centralizada de Medicamentos, Productos y Servicios sanitarios con miras al Sistema Nacional de Salud, para establecer mecanismos de compra centralizada de todos los medicamentos y productos sanitarios.
- Prohibir el acceso de visitadores médicos, de la industria farmacéutica, alimentaria o similares a todo centro sanitario salvo para la eventual formación en el caso de compra de tecnología sanitaria. Las relaciones con la industria farmacéutica serán transparentes y los acuerdos con la industria serán públicos y accesibles. No se considerarán como méritos baremables a efecto alguno la formación patrocinada, sufragada u organizada por la industria farmacéutica, alimentaria o similares. Esto será de aplicación a cursos, másters, congresos y demás eventos científicos, etc. Se prohibirá la presencia de productos de merchandising de la industria farmacéutica, alimentaria o similares en todo centro sanitario. Se prohibirá el patrocinio de eventos científicos o profesionales sanitarios por parte de la industria farmacéutica, alimentaria o similares. También se prohibirá la financiación por parte de laboratorios farmacéuticos de sociedades médicas científicas o asociaciones de pacientes.
- Crear una empresa farmacéutica pública con la capacidad de actuar en la fabricación y distribución de medicamentos. Esta empresa pública se dedicará a la fabricación de aquellas moléculas cuya patente se haya extinguido, con la suficiente garantía de composición y seguridad que los haga análogos al medicamento de marca. Así mismo fabricará los fármacos investigados y patentados por universidades o centros de investigación públicos. En caso de desabastecimiento de algún fármaco, esta empresa pública podrá fabricar cualquier molécula independientemente del estado de la patente en el momento del desabastecimiento. Esta empresa pública se encargará de la fabricación de productos sanitarios de uso común (gasas, guantes, paños, vendas, etc.).
- Modificar la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia modificando su artículo 1, al suprimir el texto: “las oficinas de farmacia son establecimientos sanitarios privados de interés público, sujetos a la planificación sanitaria que establezcan las Comunidades Autónomas, en las que el farmacéutico titular-propietario de las mismas, asistido, en su caso, de ayudantes o auxiliares, deberá prestar los siguientes servicios básicos a la población. Y sustituyéndolo por el siguiente texto: “las oficinas de farmacia son establecimientos sanitarios de interés público, que pueden ser de carácter público o privado, sujetos a la planificación sanitaria que establezcan las Comunidades Autónomas, en las que habrá un farmacéutico/a titular, que estará asistido/a, en su caso, de ayudantes o auxiliares, y deberá prestar los siguientes servicios básicos a la población.
- En el marco del desarrollo tecnológico en medios diagnósticos y asistenciales en la práctica médica, abogamos por disponer en el sistema público, de forma temprana, de los mejores y más avanzados medios, cuya amortización es necesario garantizar a través de su uso adecuado y continuo. Para ello defendemos la extensión de los horarios de atención al público y la no derivación para realizar pruebas diagnósticas ni procedimientos, que se trataran de prestar en el sistema público para lo cual se habilitaran las plantillas suficientes para permitir prestar un servicio continuado.
- Creación de centros de salud mental infanto-juvenil.
- Prevención combinada y acceso a la salud: Garantizar e impulsar el acceso universal a herramientas de prevención eficaces como la Profilaxis Preexposición (PrEP), el fomento del diagnóstico precoz y el acceso a tratamientos antirretrovirales de última generación.
- Erradicación del estigma y la discriminación: Implementar de forma transversal las medidas contempladas en el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH, asegurando que ninguna persona sea excluida del ámbito laboral, sanitario, educativo o social debido a su estado serológico.
- Educación sexual y sensibilización: Promover una educación afectivo-sexual integral, científica y con perspectiva de género en las aulas, así como campañas públicas que actualicen la información sobre el VIH (difundiendo de forma masiva el principio científico de que Indetectable es igual a Intransmisible: I=I).
- Apoyo al tejido asociativo: Reforzar la financiación y el apoyo institucional a las ONG y entidades de base comunitaria que realizan la atención a pie de calle, cribados y el acompañamiento psicosocial a las personas con VIH.
5. Derecho a la Salud Mental como eje esencial de reconstrucción social y comunitaria
Es esencial la mejora del bienestar emocional de la población, atender de forma integral a las personas con problemas de salud mental, apoyar a sus familias y promover un modelo de atención integral y comunitario que favorezca la recuperación y la integración social.
Proponemos:
- Garantizar el derecho a la Salud Mental como uno de los ejes de reconstrucción social y comunitaria.
- Elaboración de diagnósticos y planes de salud mental a todos los niveles, desde los centros de salud hasta las diferentes instituciones asistenciales del Estado, garantizando la participación ciudadana y profesional en el control de los mismos
- Aumentar la ratio de profesionales de psiquiatría, psicología clínica, de enfermeras especialistas en salud mental y trabajadoras sociales hasta un mínimo de 10×100.000 habitantes, con énfasis en fortalecer los programas de continuidad de cuidados y los centros de salud mental comunitarios y en todos los centros de Atención Primaria.
- Implementar un Plan Estatal para disminuir las listas de espera y los tiempos entre cita, hasta una media aproximada de diez días para los casos graves y mensual para los casos estabilizados.
- Realizar campañas de sensibilización para eliminar el estigma sobre la salud mental.
- Desarrollar medidas específicas para atender los problemas de Salud Mental en los y las jóvenes, abordando así mismo la elaboración de los planes educativos teniendo en cuenta el impacto en la salud mental de las y los estudiantes. Serán imprescindibles medidas en el entorno de niños, niñas y adolescentes, con promoción del ocio saludable, espacios de encuentro entre iguales, o la implantación de estrategias de interlocución entre adolescentes y autoridades (educativas, sanitarias o administrativas) para que se puedan tener en cuenta sus necesidades y demandas expresadas en sus propios términos.
- Elaborar y ejecutar programas de prevención del suicidio particularmente dirigidos a los jóvenes. Asimismo, se potenciará la prevención e intervención en adicciones en general y en particular dirigidos a los jóvenes en la adicción al juego y a las redes sociales.
- Prestar especial atención a lo relacionado con la salud mental en el marco del ámbito educativo, tanto del alumnado como el impacto psíquico que tiene en los y las profesionales de educación el sufrimiento psíquico de niños, niñas y adolescentes. Invertiremos en formación y apoyo para todo el personal educativo, introduciendo prácticas exitosas de sensibilización y detección con los alumnos y alumnas en todas las etapas educativas y con especial énfasis en la etapa secundaria.
- Potenciar las políticas de prevención de la cronicidad en salud mental de orientación comunitaria centrada en los modelos de recuperación y diversidad funcional, que exige abordaje multiprofesional y trabajo en equipo, en colaboración permanente con usuarios, familiares y colectivos implicados como expertos, incluido los órganos de gobierno.
- Orientar las prácticas de salud mental hacia el objetivo de la recuperación funcional e integración social de las personas con problemas de salud mental. Para ello ampliaremos las intervenciones psicosociales y promotoras de emancipación eficaces en el ámbito comunitario, dotándolas del presupuesto y personal necesario. Los programas de continuidad de cuidados serán los garantes de que se priorice la intervención psicosocial, en coordinación fluida con la red de atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera.
- Poner en marcha el desarrollo de la estrategia Cero Contenciones, relativa a la eliminación de las sujeciones mecánicas en todo el ámbito asistencial, especialmente en el de la salud mental. Propondremos una iniciativa legislativa específica en el primer año de legislatura. Trabajaremos con todos los colectivos implicados, especialmente psiquiatras y personal de unidades de hospitalización de agudos y servicios de urgencias hospitalarias, estancia media, larga estancia y otros recursos residenciales así como usuarios/as, familiares y colectivos afines, para conseguir que las prácticas coercitivas sean una excepcionalidad y tiendan a desaparecer, para ser sustituidas por otras prácticas de cuidados en la crisis que no atenten contra la dignidad de la persona, basadas en los derechos humanos y la vinculación afectiva, realizadas por personal bien formado, como las que se promueven en unidades hospitalarias de modelo abierto o las de ingreso domiciliario.
- Garantizar el acceso a terapia individual y grupal a niños, niñas y adolescentes en los centros de salud mental. Reforzaremos los hospitales de día de psicoterapia intensiva/centros educativo-terapéuticos de modo que la lista de espera para estos centros, donde se atiende a los menores con trastorno mental grave, no sea superior a un mes. Se adaptarán los planes educativos teniendo en cuenta el impacto en la salud mental de las y los estudiantes. Trabajaremos de forma conjunta con educación en la posibilidad de adaptaciones curriculares desligadas de diagnósticos, centradas en la necesidad de intervención, eludiendo así la patologización sistemática de toda particularidad.
- Priorizar el abordaje de los llamados trastornos mentales graves para evitar la cronicidad, erradicar el estigma y evitar la ley de cuidados inversos. En relación con la coordinación con la Red de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera, eliminaremos progresivamente los acuerdos-marco, abandonando el sistema de financiación precio-plaza ocupada y priorizando formas de gestión que no discriminen a los y las pacientes más frágiles y vulnerables. Sustituiremos los modelos biomédicos por modelos psicosociales. Priorizaremos los criterios técnicos frente a los económicos para evitar la dinámica impuesta por los fondos de inversión que han colonizado el sector. Potenciaremos la estabilidad de los equipos, se priorizará la formación de las plantillas y se abordará la reversión de los conciertos existentes.
- Se tratará de normalizar la práctica, siempre que sea posible, de la hospitalización a domicilio en situaciones de crisis y recaídas en procesos severos, para evitar el estigma.
- Fomentar en los distintos espacios educativos, sociales y culturales el conocimiento y la integración de los trastornos mentales de cara a una inclusión social efectiva.
- Fomentar y promover redes de apoyo a las familias y colectivos de las personas con trastorno mental, implantando programas de apoyo, formación y seguimiento de manera colaborativa y horizontal.
6. Inclusión para que nadie quede atrás
La inclusión de personas con discapacidad significa entender la relación entre la manera en que las personas funcionan y cómo participan en la sociedad y garantizar que todas tengan las mismas oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida al máximo de sus capacidades y deseos. En definitiva, se trata de poner en marcha políticas que impidan que nadie se quede fuera.
Proponemos:
- Aprobar un Plan estatal por la normalización y la inclusión de la diversidades, que recoja, también la inclusión a todos los niveles sociales de las personas con discapacidad.
- Establecimiento de medidas concretas por ámbitos. En la circunstancia de la discapacidad también hay diversidad, y esta especificidad tiene que recogerse:
- Empleo.
- Medidas concretas con respecto a la inclusión laboral de personas con discapacidad.
- Medidas para la integración de las personas con discapacidad en centros de trabajo y tareas laborales.
- Medidas para evitar que las personas trabajadoras inicien procesos de incapacidades laborales, por causas laborales, que acaben o culminen con el reconocimiento de un grado de discapacidad y/o con exclusión laboral.
- Vivienda digna.
- Medidas para garantizar el acceso y mantenimiento de vivienda digna de las personas (también con discapacidad de origen o adquirida).
- Medidas para garantizar la accesibilidad a lugar de residencia, así como mantenimiento en las viviendas.
- Familias y menores.
- Medidas para prevenir y detectar tempranamente situaciones de menores con discapacidad, al fin de facilitarles los apoyos necesarios para facilitar su desarrollo personal y su integración familiar.
- Medidas para que las familias puedan facilitar los apoyos necesarios a los menores a su cargo, sin costes personales, laborales y/o económicos.
- Medios de vida y apoyos económicos.
- Garantizar el acceso a ingresos dignos y estables, como al resto de la población.
- Medidas para garantizar que las personas con discapacidad acceden a los recursos de apoyo en igualdad de condiciones que otras ciudadanas, evitando paternalismos o apoyos inadecuados.
- Salud y acceso a la sanidad.
- Garantizar el libre acceso a la atención sanitaria, y que esta atención sea ágil y adecuada (esto en general para toda la ciudadanía), respetando la libertad y toma de decisiones de las personas con discapacidad y facilitando la información y los procesos de forma individualizada.
- Conseguir que la sanidad sea de verdad comunitaria y preventiva, de forma que se eviten y/o retrasen procesos de deterioro de la salud que desemboquen, entre otras consecuencias en situaciones de discapacidad permanente.
- Educación.
- Adecuar la educación pública para que de verdad sea inclusiva y respete la diversidad del alumnado, a través de la implementación de todo tipo de medidas y recursos transversales. Garantizar la escolarización en centros no especiales, a través de la adaptación de los mismos para todo tipo de alumnado.
- Respetar el proceso educativo de cada alumno o alumna con discapacidad, garantizando que puedan desarrollar su aprendizaje y habilidades sin límite de edad o momento evolutivo y erradicando la desigualdad entre territorios o zonas.
- Cultura.
- Adecuar los espacios y eventos culturales para que de verdad sea inclusiva y respete la diversidad de los/as usuarias con discapacidad, a través de la implementación de todo tipo de medidas y recursos transversales.
- Ocio y tiempo libre.
- Adecuar los espacios y eventos de ocio y tiempo libre para que de verdad sea inclusiva y respete la diversidad de los/as usuarias con discapacidad, a través de la implementación de todo tipo de medidas y recursos transversales.
- Empleo.
- Dotación suficiente del Plan Básico de servicios Sociales (antiguo plan Concertado), para reforzar la atención primaria de los servicios sociales, como base del sistema Público de servicios sociales, cuarto pilar del estado de bienestar.
- Adecuado control público sobre las entidades tuteladas por el estado que debe ser real y transparente para el cumplimiento de sus fines sociales y para velar por la legalidad de sus actuaciones. Además, deben someterse a la ley de Transparencia, a fin de posibilitar su seguimiento por los asociados y por la sociedad en general.
- Reducir paulatinamente el juego como recurso para la cobertura de políticas sociales y eliminar instrumentos que generen ludopatías y controlar la cantidad y cualidad de la publicidad que se utiliza para su expansión comercial.
- A través de un nuevo sistema de cuidados debe asegurarse al máximo la continuidad en sus domicilios de las personas mayores, que lo deseen, profundizando en la teleasistencia y la ayuda domiciliaria. Además debe articularse una coordinación sociosanitaria solvente que apoye las medidas domiciliarias y los modelos residenciales para mayores o grandes discapacitados. De otro lado, debe generarse un plan de apoyo a las iniciativas de centros sociales de convivencia para mayores, a fin de que se amplíen las oportunidades de implantación de estos modelos residenciales autónomos y de gran valor social.
- Elaboración de nuevos Planes de Acción para Personas con Discapacidad para potenciar la autonomía personal para mejorar la participación de las Personas con Discapacidad en la sociedad.
- Regulación del Sistema de Atención Temprana y los procesos de acceso, apoyos a la infancia, familia, organización de sistemas, recursos y financiación.
- Impulsar las medidas de ayuda a programas de empleo con apoyo para favorecer el acceso de las personas con discapacidad en el sector privado.
- Diseñar normativas de Accesibilidad Universal que bajo el principio de que se trata de un derecho, contemplen no solo las barreras arquitectónicas, así como las sanciones pertinentes por su incumplimiento.
- Hacer accesibles los portales virtuales de la administración pública para personas con discapacidad sensorial, física o cognitiva.
- Impulsar la figura de la Asistencia Personal como elemento que favorece la autonomía personal y la vida independiente de la persona con la consecuente mejora en su calidad de vida que esto produce.
- Incrementar los recursos de atención residencial que permitan una mayor autonomía personal, como viviendas con apoyos.
- Ampliar, consolidar y dar estabilidad a los programas de formación, orientación e inserción laboral para personas en situación o riesgo de exclusión social, con incentivos a su contratación e impulso de las empresas de inserción.
- Favorecer la consolidación de procesos de emprendimiento y empleo inclusivo mediante la cesión, el acceso a la gestión público-cooperativa o la financiación de infraestructuras productivas, y abrir una línea estatal de apoyo a equipamientos de fomento de la Economía Social y Solidaria, como ateneos cooperativos y escuelas de emprendimiento colectivo.
- Voto accesible e igualdad de derechos: garantizar que todas las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto de forma autónoma y secreta en todos los procesos electorales eliminando las barreras que todavía impiden su pleno ejercicio.
7. Transporte eficaz para una movilidad sostenible
La normativa en nuestro país reconoce el derecho de todos los ciudadanos y las ciudadanas a disfrutar de un sistema de movilidad sostenible y justo que permita el libre ejercicio de sus derechos y libertades constitucionales, favorezca la realización de sus actividades personales, empresariales y comerciales y atienda las necesidades de las personas menos favorecidas y de las zonas afectadas por procesos de despoblación, y en particular, preste especial atención a los supuestos de movilidad obligada. Las administraciones públicas deberán facilitar el derecho a la movilidad en los términos establecidos en la ley, a través de un sistema de movilidad, definido como un conjunto de infraestructuras, modos de transporte y servicios que faciliten los desplazamientos de las personas y el transporte de las mercancías. El sistema de movilidad constituye un elemento esencial para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas y sus oportunidades de progreso en relación con el acceso al empleo, la formación, los bienes y servicios, la cultura, el ocio y las demás actividades cotidianas. En consecuencia, deberá ser eficaz, seguro, asequible, eficiente, socialmente inclusivo y respetuoso con la salud y el medioambiente. El sistema de movilidad facilitará la movilidad activa y sostenible y podrá incluir servicios de transporte público regulares, discrecionales o a la demanda, servicios de movilidad compartida y servicios de movilidad colaborativa. Deberá desarrollarse en beneficio de las generaciones actuales y futuras, la prosperidad económica, la cohesión social, el equilibrio territorial y la calidad de vida.
Izquierda Unida defiende un sistema de movilidad que priorice el uso de los medios de transporte públicos colectivos y electrificados y el uso del coche compartido.
Nuestro país no es homogéneo. Además de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, donde existen sistemas de transporte público mejorables pero eficientes y que permiten la movilidad sostenible dentro de la ciudad y de los pueblos y ciudades limítrofes sin la necesidad del uso del coche privado, también hay muchas zonas con menos población que carecen de un sistema de transporte que les permita una movilidad eficaz dentro de su comarca, con su capital de provincia y con su hospital de referencia.
Proponemos:
- Cambiar el modelo actual y transformar el transporte público en un verdadero servicio público que no ha de regirse por criterios de mercado y de beneficio. Las Administraciones Públicas son las responsables en última instancia de crear las condiciones materiales para que las personas puedan utilizar el transporte público de forma habitual para la vida cotidiana, como es ir al trabajo, estudiar, ir al médico, o el ocio.
- Establecer un Sistema Tarifario Integrado, a través del Bono Único, que garantice la intermodalidad a todos los pasajeros, y que garantice la mejor tarifa para el usuario, sin penalizar los transbordos y favoreciendo su fidelización. Integrar nuevas formas de movilidad en el sistema tarifario, adoptando el esquema MaaS (Mobility as a Service) para modos de transporte colectivo e individual.
- Regular y reducir las plazas de aparcamiento de todos los edificios pertenecientes a las distintas administraciones, disuadiendo así del acceso en automóvil.
- Establecer Planes de Transporte al Trabajo obligatorios y vinculantes para los grandes centros de trabajo que incluyan incentivos para que las personas trabajadoras accedan a los puestos de trabajo utilizando el transporte público y medios no motorizados.
- Prohibir, y en su caso cancelar, el desarrollo de convenios con aerolíneas para la promoción turística a través de subvenciones otorgadas por empresas públicas o mixtas.
- Trabajar por el desarrollo de una red de ferrocarril que vertebre la movilidad interior y compromiso de electrificación del 100% de la misma.
- Implantación de políticas para la reducción del tráfico rodado, principal fuente de contaminación del aire en las ciudades, hasta cumplir tanto los límites legales fijados por la Unión Europea como los recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
- Aprobar normativa que limite los vehículos con motor de combustión interna para avanzar hacia un parque automovilístico cero emisiones antes de 2040, apoyando y coordinando la implantación de las zonas de bajas emisiones exigidas por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
8. Cultura para aspirar a vidas más felices
Si queremos plantear una propuesta de país y una propuesta de transición ecosocial justa hemos de plantear un modelo de cultura y ocio atractivo, accesible y sostenible que haga realidad eso de aspirar a “una vida que merezca la alegría ser vivida”. Una cultura basada en valores de solidaridad, sostenibilidad, igualdad y respeto que genere nuevas tradiciones alejadas del hiperconsumismo. Un ocio desligado de grandes centros comerciales, privatizado e impactante, para construir ocio y cultura basado en el disfrute de la naturaleza, el deporte y la cultura y de cercanía. El mundo de la cultura ha quedado duramente golpeado por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Este sector está incluido, paradójicamente, entre los más frágiles de cuantos existen en el sufrido tejido productivo español. En nuestro país, la cultura siempre ha tenido que lidiar con aquello de que su consumo debe ser gratuito o barato, como algo accesorio a nuestras vidas, malviviendo de espaldas a la importancia que se le da en otros países.
Desde IU consideramos imprescindible implementar un plan consensuado con el conjunto de asociaciones del sector con el objetivo de implementar medidas a desarrollar por las Comunidades Autónomas, así como establecer marcos laborales estables que permitan afrontar en el futuro nuevas crisis.
Asegurar los derechos laborales de quienes trabajan en la creación cultural, en la interpretación artística y en asegurar el acceso de la ciudadanía a las expresiones culturales es fundamental para que se cumpla en el día a día el precepto constitucional que define la Cultura como un derecho al que todas y todos tenemos acceso.
Proponemos:
- Garantizar un 0,2% del PIB en presupuesto estatal mínimo destinado a Cultura (frente al 0,12% de 2024).
- Creación de mesas del sector plurales, con representación de las diferentes asociaciones y sindicatos para trabajar de manera común, desarrollando las medidas más urgentes.
- Crear y desarrollar el Convenio Laboral de Personal Profesional del Espectáculo y la Cultura, en paralelo al Estatuto del Artista.
- Implementar planes de choque para la música y las artes escénicas que comprenda subvenciones de importes de entrada, de tal forma se pueda reducir el precio de taquilla.
- Diseñar programas de ayudas públicas a jóvenes creadores.
- Fomentar el asociacionismo y las iniciativas culturales autogestionadas o ligadas a la economía social como ejes de la política cultural y, en consecuencia, se establecerán partidas presupuestarias para su impulso, así como se reglamentará su funcionamiento democrático y participado por la ciudadanía.
- Conformar mesas del sector, abiertas y dinámicas, con todos los agentes culturales presentes junto a la ciudadanía.
- Defensa e impulso de la cultura propia, abierta y plural de las clases trabajadoras, de su memoria frente a los mitos y los tópicos, así como se contribuirá directamente a impulsar su riqueza y dinamismo actual.
- Defensa e impulso de una cultura inclusiva de cara a aquellos colectivos con menor acceso y menor representatividad en la cultura dominante visibilizándolos a través de actividades autogestionadas por los propios colectivos.
- Defensa e impulso de una cultura feminista que promueva tanto el acceso y conocimiento a la cultura producida por mujeres como a la creación feminista.
- Para atender a quienes acuden a centros de Cultura, se desarrollará la figura del personal de Mediación Cultural, de modo que se enriquezca la relación del pueblo con su Cultura, la Mediación Cultural servirá asimismo para favorecer el acceso de la población migrante a la cultura local y viceversa, es decir, para fomentar el conocimiento e imbricación de la cultura foránea en la local, enriqueciéndola desde una visión viva y dinámica de ésta. Los puestos de mediador o mediadora cultural serán complementarios y no sustitutos de bibliotecarios/as, archiveros/as o museólogos/as, entre otros.
- Supervisión de las intervenciones con dinero público en los bienes de la Iglesia. Transparencia y control de los recursos públicos destinados para la preservación y restauración de tales bienes, así como tutela de las actuaciones y mejora de la coordinación entre administraciones e instituciones a tales efectos.
- Cancelación de los privilegios que en cuestiones de patrimonio cultural aún retenga la Iglesia Católica, desarrollando una estrategia general para la revisión total de los Acuerdos del Estado con la Santa Sede.
- En coordinación con los Museos Estatales, se impulsará el desarrollo de exposiciones temporales basadas en los depósitos de estos museos en los locales y se trabajará para la consolidación tanto de las colecciones permanentes como de las exposiciones temporales en todos los centros de patrimonio autonómicos.
Estas exposiciones estarán comisariadas por especialistas en la materia, de modo principal por titulados/as en másteres relacionados con la gestión del patrimonio histórico y cultural que sean impartidos en universidades públicas.
- Preservación del patrimonio etnográfico e industrial, tanto tangible (como por ejemplo vivienda rural u obrera), como intangible (véase aquí por ejemplo la memoria oral), huyendo de una visión elitista del patrimonio basada en la recuperación exclusiva de bienes inmuebles tales como palacios o casas señoriales.
- Desarrollo de planes y programas educativos en defensa del patrimonio dirigidos a todas las edades, a través de bibliotecas públicas, centros de interpretación o casas de cultura.
- Impulsar el desarrollo de proyectos interautonómicos de intercambio cultural para el fomento de una Cultura compartida y favorecer el conocimiento del público del trabajo de creación e interpretación desarrollados en otros territorios del Estado.
- Integración de los contactos con el mundo de la creación y la interpretación de los planes de estudios universitarios para el encuentro directo del alumnado con la Cultura.
- Aprovechamiento de infraestructuras infrautilizadas para la creación de Residencias para Compañías de Danza, Baile, Teatro y de Orquestas y Coros
- Desarrollo de un proyecto pedagógico que integre el Teatro y las Artes escénicas, y enseñanzas artísticas en general, en los currículo de Primaria y Secundaria.
- Elaborar un decreto de protección de salas de teatro de pequeño formato.
- Combatir la mentalidad oficialista de grandes montajes multimillonarios de «prestigio» para potenciar la descentralización de recursos para la difusión de la producción nacional en circuitos regionales e internacionales
- Homologación de títulos de enseñanzas musicales definiendo claramente las enseñanzas superiores sin olvidar cualificaciones y titulaciones profesionales existentes.
- Promover el reconocimiento de los grados de la RESAD y de las Escuelas de Diseño.
- Asegurar la viabilidad del INAEM y protegerlo de las amenazas de privatización existentes.
- Potenciar el Centro de Tecnologías del Espectáculo mediante la creación de las titulaciones de FP correspondientes a las actividades y oficios de las artes escénicas y de la música
- Obligatoriedad de enseñanzas artísticas impartidas por profesionales duramente todo el periodo de escolarización obligatoria
- Reconocimiento del trabajo del personal de restauración de bienes del patrimonio creando el Cuerpo facultativo de Restauración de Bienes de Patrimonio y de Ayudantes de Restauración de Patrimonio
- Potenciar la donación de archivos personales en los Archivos Estatales
- Creación de una Universidad Pública de las Artes
- Cumplimiento del pago de pago por parte de todas las administraciones a las y los artistas por trabajos contratados y realizados, eliminando retrasos que penalizan a compañías y a las trabajadoras y trabajadores.
- Equiparar al personal subalterno y administrativo que trabaja en instituciones culturales al personal artístico en cuanto a las discontinuidades y su repercusión en cotizaciones a la seguridad social, etc.
- Poner en marcha el Museo Nacional del cine y el audiovisual
- Recuperar y depositar en Archivos Estatales los documentos correspondientes al ejercicio de sus cargos de Jefes de Estado, Presidentes del Gobierno, Ministros, Secretarios Generales y Directores Generales que se encuentren en posesión de personas físicas o entidades privadas.
- Impulsar un debate público acerca de si las producciones culturales para ser realmente cultura deberían ser producidas por la acción de un ser humano o de un colectivo. Y en este sentido, nada generado por una IA debería considerarse Cultural.
- Potenciar la cultura de contenidos abiertos que promueve el acceso libre, la reutilización y la redistribución de obras creativas, educativas y de investigación. Este movimiento social y tecnológico se basa en la filosofía de compartir el conocimiento sin restricciones legales significativas, permitiendo a cualquier persona adaptar, modificar y construir sobre el trabajo original. Es un movimiento que se activó en los inicios de Internet pero que las opciones basadas en plataformas de pago han tratado de ocultar. Se facilitará el uso y distribución de los contenidos basados en licencias flexibles, la Educación y Ciencia Abierta que fomenta la creación de Recursos Educativos Abiertos (REA) y el acceso a publicaciones científicas e investigaciones libres de muros de pago y la Colaboración masiva que impulsa plataformas construidas por comunidades globales, como la enciclopedia Wikipedia, los Torrents, etc.
9. Pensiones públicas más dignas y garantizadas
El acuerdo logrado en la anterior legislatura en el seno del gobierno de coalición consolidó una reforma del sistema público de pensiones que pasaba por garantizar el poder adquisitivo de las pensiones públicas, eliminar el recorte de estas como elemento de ajuste y cambiar el paradigma para su sostenibilidad poniendo el foco en los ingresos.
El análisis realizado del impacto que las reformas implementadas han tenido en el gasto en pensiones públicas es para quienes defienden los intereses de la clase trabajadora el elemento fundamental. Tanto los datos de la AIReF como los del Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea muestran que las medidas adoptadas han supuesto de forma agregada más recursos destinados a pensiones públicas, tanto en 2050 como en 2070. Si se hubiese mantenido la reforma de 2013 del PP, el gasto en pensiones públicas en 2050 sería del 13,1% del PIB, similar al actual, pero con 15 millones de pensionistas. Es decir, hubiera supuesto un recorte brutal de prestaciones.
Las reformas realizadas añadirán 3% del PIB adicional en recursos en 2050 y un 3,6% del PIB más en 2070 al gasto en pensiones públicas. Si analizamos los datos desagregados correspondientes a 2050, gracias a las reformas de 2021 y 2023, habrá un impacto positivo del 23% en las retribuciones del conjunto de pensionistas. Como hemos indicado en el capítulo anterior, no todo lo aprobado opera de forma similar. Impactan favorablemente la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC (3,1% del PIB), la eliminación del factor de sostenibilidad (1% del PIB). También lo hacen, aunque de forma significativamente menor, la subida de las pensiones mínimas y no contributivas y la ampliación del período de cálculo de pensión con la elección de los mejores 27 años de cotización (+0,1% del PIB en ambos casos). Entre los factores que restan están la ampliación de bases de cotización máximas a un ritmo mayor que el de la subida de la pensión máxima (-0,1% del PIB). Pero en este caso, no se puede evaluar de forma negativa porque contribuye de forma positiva a la equidad del sistema. Y el elemento claramente negativo lo constituyen tanto los incentivos para la jubilación demorada como los desincentivos a la anticipada (-1,1% del PIB).
En resumen, hemos frenado un recorte de las pensiones públicas, consolidamos un mecanismo de equidad intergeneracional por la vía de la obtención de más ingresos en su mayoría de las empresas, garantizamos la revalorización de las pensiones con el IPC, subirán las pensiones mínimas y las no contributivas hasta el 60% de la renta mediana y se mejorará la situación para las mujeres con el complemento de género y la cotización en etapas de laguna motivadas por cuidados.
Se demuestra así que es posible una reforma que garantice la sostenibilidad de las pensiones públicas poniendo el foco en la mejora de ingresos del sistema y sin recortes de las prestaciones. Supone un cambio radical de modelo con respecto a las reformas previas implementadas por el PSOE y la realizada por Rajoy en 2013.
Por ese motivo desde IU valoramos como un paso adelante y muy el acuerdo alcanzado entre las fuerzas políticas de izquierda que hicieron posible el gobierno de coalición y los sindicatos de clase. A pesar de que estamos satisfechas y satisfechos con el acuerdo logrado, no nos conformamos y creemos que hay que ir mucho más allá.
Proponemos:
- Realizaremos una reforma constitucional para garantizar la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC y que ninguna pensión sea inferior al SMI. Reforzaremos el nivel de protección constitucional ubicando el derecho a la pensión pública y su revalorización automática en la Sección 2.ª del Capítulo II del Título I («De los derechos y deberes de los ciudadanos»), sin paralizar la actividad legislativa ni activar el procedimiento agravado del Artículo 168 CE (que exige obligatoriamente la disolución de las Cortes Generales, la celebración de Elecciones Generales y un referéndum ratificatorio). Nuestra propuesta adopta la vía del procedimiento ordinario de reforma constitucional (Artículo 167 CE). Exigiremos que esta reforma de la Constitución sea ratificada con un referéndum vinculante.
- Devolver la edad de jubilación a los 65 años que nos fue arrebatada sin diálogo ni justificación en la reforma realizada en 2011.
- Reducir la edad de jubilación en determinados oficios y profesiones por su especial penosidad. Construcción, limpieza, ayuda a domicilio y la pesca deben poder acceder a los 60 años por su especial esfuerzo físico y el elevado riesgo de siniestralidad.
- Reducir la edad de jubilación por turnos nocturnos mediante el reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación por penosidad e insalubridad en el trabajo nocturno. Se modificará el régimen de la Seguridad Social para establecer un coeficiente reductor del 0,20 en la edad de jubilación de quienes realicen turnos de noche (permanentes o rotativos), permitiendo reducir un año por cada 5 años trabajados en nocturnidad. Esta medida se fundamenta en la evidencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que clasifica el trabajo nocturno como probable carcinógeno (Grupo 2A de la IARC), compensando el deterioro acumulativo de la salud cardiovascular, metabólica y la esperanza de vida.
- Reducir la brecha de género en las pensiones con la mejora del complemento destinado a corregirla brecha. Es imprescindible para compensar los periodos dedicados a cuidados y corregir la penalización de las carreras laborales interrumpidas o marcadas por la parcialidad involuntaria.
- Realizar el informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social entre los años 1967 y 2019 que está obligado por ley y no ha sido publicado.
Garantizar pensiones públicas dignas y sostenibles es cuestión de voluntad política y de capacidad de llevarla a cabo. Ningún derecho conquistado o recuperado se podrá mantener sin movilización y sin lucha. Por ese motivo, habrá que defender la reforma de 2021 y los futuros avances en las instituciones y sobre todo, en las calles.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto quiere invertir Izquierda Unida en educación pública?
El programa de IU plantea un suelo de inversión del 7 % del PIB en educación, frente al 4,6 % del año anterior, lo que supondría unos 35.000 millones de euros anuales adicionales. Ese mínimo se fijaría en la normativa para que lo cumplan todas las comunidades autónomas.
¿Qué propone Izquierda Unida con los conciertos educativos?
Su supresión progresiva hasta la desaparición completa, mediante la integración voluntaria y negociada de los centros privados concertados en una red única de centros públicos, con medidas para integrar y homologar a su profesorado; mientras tanto se controlaría el estricto cumplimiento de la ley. Además, se suprime de forma inmediata el concierto con los centros que discriminen por razón de sexo o seleccionen a su alumnado por razones económicas, ideológicas o culturales.
¿Cuánto dinero destinaría Izquierda Unida a la sanidad pública?
Un suelo de inversión anual del 8 % del PIB: en 2024 el gasto público sanitario fue del 6,7 %, y el compromiso es subir medio punto de PIB al año hasta igualar el porcentaje promedio de los diez países de la UE con mejores índices, que hoy son Alemania, Francia y Países Bajos, con un 10 % del PIB en promedio.
¿Qué haría Izquierda Unida con los conciertos sanitarios y la sanidad privada?
El programa propone derogar parcialmente el artículo 66 y por completo los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad de 1986, y buscar la reversión de los conciertos, conciertos singulares y contratos de gestión con la sanidad privada.
¿Qué propone Izquierda Unida para la salud mental?
Garantizar el derecho a la salud mental como uno de los ejes de reconstrucción social y comunitaria, con diagnósticos y planes en todos los niveles y una ratio mínima de 10 profesionales de psiquiatría, psicología clínica, enfermería especialista y trabajo social por cada 100.000 habitantes, reforzando los centros comunitarios y la continuidad de cuidados.
¿Cómo quedan las pensiones en el programa de Izquierda Unida?
Con una reforma constitucional que garantice la revalorización de las pensiones conforme al IPC y que ninguna pensión sea inferior al SMI. Además, el programa devuelve la edad de jubilación a los 65 años y permite jubilarse a los 60 en los oficios y profesiones de especial penosidad, citando construcción, limpieza, ayuda a domicilio y pesca.
¿Cuánto quiere aumentar Izquierda Unida el gasto en protección social?
Un incremento del 1,5 % del PIB en los presupuestos de protección social en 2028, excluidas las pensiones, y agilizar la concesión del Ingreso Mínimo Vital dotando de más recursos a la Seguridad Social y a las administraciones autonómicas y locales.
¿Qué plantea Izquierda Unida para la universidad pública?
Modificar la Ley Orgánica del Sistema Universitario para obligar —no como deseo, sino como norma— a que las comunidades autónomas destinen al menos el 1 % de su PIB regional a las universidades públicas, exigir a las universidades privadas los mismos requisitos que a las públicas y auditar a través de la ANECA las privadas ya creadas.
¿Cuánto presupuesto quiere Izquierda Unida para cultura?
Un mínimo del 0,2 % del PIB en el presupuesto estatal, frente al 0,12 % de 2024, junto con mesas sectoriales con asociaciones y sindicatos y un convenio laboral del personal profesional del espectáculo y la cultura, en paralelo al Estatuto del Artista.
¿Qué propone Izquierda Unida para el transporte público?
Convertirlo en un verdadero servicio público y no regido por criterios de mercado, con un Sistema Tarifario Integrado a través del Bono Único que garantice la intermodalidad y la mejor tarifa sin penalizar los transbordos, incorporando el esquema MaaS para los modos de transporte colectivo.
