Los avances incorporados hoy en los dos Decretos-Ley aprobados hoy por el Consejo de Ministras y Ministros en materia de vivienda son fruto de una presión popular que ha permitido incorporar medidas que hace apenas unas semanas parecían fuera de la negociación y superan las resistencias mantenidas por el PSOE ante reformas de mayor calado. Aunque hubiéramos preferido que todas las medidas quedaran recogidas en un único texto, y reconociendo que las medidas fiscales estén muy alejadas de las necesarias para penalizar a los especuladores, la prioridad ahora es mantener la movilización social y lograr que ambos decretos sean convalidados este viernes en el Congreso.
Esta es una gran victoria popular en la lucha por el derecho a la vivienda. El coraje de Maricarmen y la presión sostenida en las calles han permitido llegar mucho más lejos de lo que era inimaginable hace apenas una semana, demandas compartidas con las las organizaciones sociales. La lucha liderada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos ha movilizado a todo el país, y ha demostrado que permite desbloquear medidas y que puede obligar a avanzar allí donde existían resistencias. A ello se suma que Maricarmen podrá volver a la vivienda de la que fue desahuciada, tras el acuerdo alcanzado entre sus representantes y la propiedad.
Entre las medidas aprobadas se encuentran la ampliación de la protección frente a los desahucios de personas vulnerables hasta 2030, la regulación de los contratos de temporada y del alquiler por habitaciones, la renovación automática de determinados contratos de alquiler y nuevas limitaciones dirigidas a frenar la actuación de los fondos y el lucro salvaje y desmedido en el mercado de la vivienda.
Es momento de mantener la movilización hasta este viernes y a concentrar todos los esfuerzos en lograr una mayoría parlamentaria que permita sacar adelante los dos decretos-ley.
Los grupos parlamentarios, y diputadas y diputados de las Cortes Generales que voten saben lo que hay en juego. Se trata de impedir desahucios, proteger a familias vulnerables, limitar abusos en los alquileres y avanzar en derechos para quienes hoy tienen enormes dificultades para acceder o permanecer en una vivienda. La posición debe ser clara: o se está con la clase trabajadora o se está con los rentistas y especuladores.
Estos decretos, en cualquier caso, no constituyen un punto final. Son el inicio de una batalla que debe continuar para afrontar los problemas estructurales de la vivienda en nuestro país, especialmente unos precios de alquiler y de compra cada vez más alejados de los ingresos de amplias capas de la población.
Nuestra militancia lleva décadas volcada en las luchas por el derecho a la vivienda, participando activamente en sindicatos, plataformas, asambleas y espacios que organizan la respuesta frente a los desahucios, los alquileres abusivos y la especulación. Estaremos también presentes en las movilizaciones convocadas por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos para los próximos 3 y 4 de octubre en distintas ciudades del país.
La organización y la presión popular abren camino. Izquierda Unida seguirá trabajando junto al movimiento por la vivienda para lograr la convalidación de ambos decretos y, desde el día siguiente, continuar avanzando en más derechos y en una transformación estructural de la política de vivienda.
