Cada 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional Por los Derechos Sexuales y Reproductivos y el derecho al Aborto Seguro.
Los derechos sexuales y reproductivos y entre ellos la interrupción voluntaria del embarazo, son derechos humanos internacionalmente reconocidos por Naciones Unidas y el Consejo de Europa.
La falta de acceso al aborto seguro hace que el 45% de todos los abortos en el mundo sean inseguros. No sólo es un problema de salud pública al ser responsable de hasta un 13% de la mortalidad materna en todo el mundo, es un problema político que hace necesario la exigencia del cumplimiento de los derechos humanos.
En una sociedad capitalista y patriarcal como la nuestra, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido históricamente gestionados desde el tutelaje, tratandonos como ciudadanas de segunda, o directamente negando su existencia. Desde Izquierda Unida defendemos que estos derechos no son negociables: son parte fundamental de un proyecto feminista, emancipador y transformador.
Vivimos tiempos de ofensiva reaccionaria, en los que los derechos sexuales y reproductivos son los primeros en ser cuestionados y los más expuestos a retrocesos.
El derecho al IVE en España sigue marcado por desigualdades estructurales y territoriales que limitan la efectividad del derecho reconocido por ley. El acceso real sigue siendo desigual, limitado y lleno de obstáculos, una marcada inequidad territorial con fuerte impacto en mujeres en situación de vulnerabilidad social y económica.
Desde 2023 que la ley establece la necesidad de la integración del IVE en la Red de Salud Pública, poco o nada se ha avanzado. El derecho al IVE está externalizado, más de un 80% se realizan en centros privados acreditados, dependiendo en gran medida del lugar de residencia, mujeres que siguen desplazándose de una provincia a otra de su comunidad autónoma o trasladándose fuera de la misma, dependiendo anualmente de la asignación arbitraria de la gerencia territorial de salud a la hora de concertar centros, siempre privados para la gestión del IVE.
Seguimos sin una “Ley de Conciencia” sin regulación efectiva ya que sigue produciéndose “objeciones en bloque” imposibilitando el IVE en centros públicos, convirtiendo un derecho legal en un obstáculo práctico.
Denunciamos la carencia y marginalidad en los planes de estudio sobre IVE, que limitan la capacidad de respuesta del sistema público. Persisten prejuicios en la atención sanitaria y discursos que cuestionan su legitimidad, trato discriminatorio en los trámites, falta de homogeneidad en los itinerarios de acceso, una ausencia de protocolos claros y retrasos administrativos que condicionan el método elegido e incluso el cumplimiento de plazos legales. El derecho al IVE en nuestro país sigue condicionado e impacta de manera brutal en mujeres pobres, jóvenes, migrantes y sin red de apoyo.
Reclamamos una protección real y establecimiento de zonas de seguridad alrededor de las clinicas, donde la reacción y los grupos llamados eufeminsticamente “Provida” acosan a las mujeres que acuden a esas clinicas, urge defender la intimidad y la dignidad de quienes deciden abortar.
Una ofensiva reaccionaria donde los gobiernos autonómicos gobernados por la derecha y la extrema derecha importan medidas antiabortivas de Hungría o Italia, como obligar a escuchar el latido fetal o imponer ecografías innecesarias, violencia claramente obstétrica e institucional.
La ley del concebido no nacido, equiparando al feto y al embrión a una persona; el argumento historico de la derecha y la extrema derecha, para cercenar el derecho al aborto e imponer la maternidad forzada a las mujeres.
Simone de Beauvoir nos recordó “No olvideis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados”.
En Izquierda Unida sostenemos que blindar constitucionalmente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sólo tendrá sentido si se hace con garantías reales y eficacia jurídica, integrándolo no solo en el artículo 43 de la Constitución Española -dedicado a los principios receptores de la política social y económica- sino también en el artículo 15, donde se reconocen los derechos fundamentales a la vida, a la integridad física y moral, y a la dignidad. Sólo así el derecho al aborto podrá ser plenamente exigible ante los tribunales y quedar verdaderamente protegido frente a retrocesos.
Esta exigencia se fundamenta también en los avances ya logrados por el Ministerio de Igualdad anterior, que en 2023 impulsó la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Una norma que amplió derechos, eliminó obstáculos y garantizó el acceso a la sanidad pública. Ignorar ese precedente feminista supone debilitar lo ya conquistado y convertir un avance jurídico en un gesto meramente simbolico.
En Izquierda Unida apostamos por una reforma constitucional que garantice derechos reales y no meras declaraciones. Sólo así podremos avanzar hacia una igualdad efectiva, construida sobre seguridad jurídica, derechos universales y protección del cuerpo de las mujeres frente a los retrocesos.
Porque los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales, no negociables y deben de estar en el centro de cualquier política pública transformadora.
Recordamos con orgullo que fue la movilización feminista la que hizo dimitir a un ministro del Partido Popular por intentar, una vez mas, retroceder en los derechos conquistados por las mujeres. No vamos a permitir ni un paso atrás.
Hacemos un llamamiento a la participación en las distintas movilizaciones que convoque el movimiento feminista y acciones de activismo incluyendo las redes sociales.
¡Aborto libre, seguro, gratuito y en el sistema público de salud!
