El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en materia de Educación, Toni Valero, ha registrado una iniciativa en el Congreso para reclamar a los responsables de Educación del Gobierno que expliquen de cara al próximo curso escolar “qué medidas” van a adoptar tanto para “garantizar que las comunidades autónomas cumplan la normativa laboral y de Seguridad Social en la gestión de los auxiliares de conversación”, evitando así que su falta de regularización derive en la pérdida de derechos laborales”, como para evitar “la desaparición de un recurso educativo necesario para los centros públicos”.
Valero basa el contenido del texto registrado en los datos y experiencias constatados en el curso recién concluido y en los anteriores. Se ha visto cómo en diversas comunidades, en especial algunas gobernadas por el Partido Popular, “se ha paralizado la incorporación de auxiliares de conversación”, lo que genera una “pérdida de oportunidades educativas para miles de estudiantes y pone en riesgo la continuidad de un programa fundamental para la internacionalización y la calidad de la enseñanza pública”.
El diputado y también coordinador general de IU Andalucía busca conocer hasta qué punto desde el Gobierno se es “conocedor de esta situación” y del “perjuicio” que acarrean estos recortes. Para ello, advierte del papel “relevante” de la figura de los auxiliares de conversación y su labor como “herramienta fundamental” para el “aprendizaje de lenguas extranjeras en el sistema educativo público que, en todo caso, es vital para el desarrollo de la competencia lingüística del alumnado y el intercambio cultural en los centros educativos”.
La pregunta escrita dirigida al Gobierno advierte de que con anterioridad la mayoría de estos auxiliares no eran dados de alta en la Seguridad Social, un flagrante “incumplimiento de la legalidad vigente” al tratarles en la práctica como falsos becarios/as. El Ministerio de Trabajo aplicó las correspondientes sanciones a las administraciones autonómicas incumplidoras, algunas de las cuales alegaron como respuesta que ello generaba ‘inseguridad jurídica’, con la consecuencia de paralizar o reducir estas incorporaciones.
Hipocresía autonómica al trasladar su responsabilidad al Gobierno central
Toni Valero denuncia que “la obligación de proteger los derechos laborales no puede quedar supeditada a la conveniencia administrativa ni económica de ninguna institución”, además de “poner en riesgo la calidad de la enseñanza pública”.
El diputado critica también la hipocresía de algunas comunidades al “trasladar la responsabilidad al Gobierno central” de sus propias acciones, además de optar por “cuestionar las actuaciones inspectoras o, incluso, por paralizar programas de auxiliares de conversación”.
Recordó, además, de cara a lo que pueda suceder en el próximo curso que los derechos de este colectivo son una “conquista relativamente reciente por parte del Ministerio de Trabajo” y que, en todo caso, “no resulta ajena en el Derecho comparado, como en Francia, donde los auxiliares cotizan y reciben prestaciones por desempleo tras su desempeño”.