Izquierda Unida valora de manera general de forma “positiva” el real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros que actualiza las entregas a cuenta de las entidades locales para 2026 hasta los 29.247 millones de euros.
Para esta formación, la iniciativa que aumenta un 8,8% estas cuantías respecto al ejercicio anterior y abre nuevas posibilidades para el uso del superávit de 2025 por parte de los ayuntamientos, supone un “avance importante para la financiación local”, ya que “garantiza más recursos para los consistorios y permite un uso más flexible de los remanentes en un contexto en el que muchos ayuntamientos reclaman más autonomía para decidir el destino de sus fondos”.
“No obstante -incide también IU-, a pesar de que los avances son relevantes, siguen sin resolver el problema de fondo de la financiación local, ni sustituyen la necesidad de una reforma estructural del sistema”.
Izquierda Unida no va a cejar en exigir que “se dote a los ayuntamientos de mayor suficiencia financiera, estabilidad normativa y una capacidad real para desarrollar políticas públicas”.
“Este decreto -analizan desde la responsabilidad de Municipalismo de IU- confirma que es posible flexibilizar el marco fiscal cuando existe voluntad política. Por ello, sostenemos que debe aprovecharse para destinar al máximo los remanentes allí donde gobernamos y exigir también su uso para mejorar la vida de la ciudadanía en los municipios donde no formamos parte del gobierno local”.
IU reitera su compromiso con “una financiación local justa, suficiente y estable”, a través de la cual los ayuntamientos “puedan prestar mejores servicios públicos, invertir en vivienda, educación, sanidad, igualdad y atención a mayores, además de responder con más eficacia a las necesidades sociales de los vecinos y vecinas sin depender de decisiones discrecionales del Gobierno estatal de turno”.
Por otra parte, entre los aspectos más relevantes del decreto, se apunta también que permite a las entidades locales “cumplir con determinados requisitos al facilitar que se destine el superávit de 2025 a gastos no financieros, inversiones financieramente sostenibles, sin que computen en la regla de gasto y, de manera excepcional, a políticas de vivienda con un plazo de ejecución de hasta cuatro años”.
Favorable excepción de obligaciones
Para beneficiarse de esta flexibilidad, los ayuntamientos deberán cumplir una serie de condiciones: que la deuda viva a 31 de diciembre de 2024 no supere el 65% de los ingresos corrientes liquidados en ese ejercicio, que se haya cumplido la regla de gasto en 2024, que exista superávit en contabilidad nacional junto con remanente de tesorería positivo para gastos generales, y que el periodo medio de pago a proveedores se mantenga dentro de los límites legales.
Izquierda Unida valora también de forma positiva que el decreto “exima a las entidades locales de la compensación y reintegro de las cuotas nacionales de los servicios de telefonía móvil que hayan sido objeto de sentencias judiciales firmes, evitando así un perjuicio adicional para las arcas municipales”.
Además, se prevé una excepción a la obligación de aprobar un plan económico-financiero en 2026 y 2027 para aquellas entidades que incumplan estabilidad o regla de gasto como consecuencia del uso del remanente, “lo que también refleja una mayor flexibilidad”.
