El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha solicitado por carta al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que se dirija en nombre del Gobierno a las máximas autoridades del Parlamento Europeo para que “suspendan de inmediato” una exposición autorizada a petición de la formación de extrema derecha Vox sobre el Valle de los Caídos -Valle de Cuelgamuros, en su denominación oficial actual-, entre otros motivos por “blanquear del régimen autoritario y represivo” de la dictadura franquista.
En concreto, Santiago ha dirigido la misiva al titular de Memoria Democrática “en mi calidad de portavoz parlamentario de Izquierda Unida y recogiendo el criterio de la dirección de esta fuerza política” para reclamarle expresamente que “se interese por este asunto para expresar a la Presidencia del Parlamento Europeo (responsabilidad de Roberta Metsola) la incompatibilidad que hay entre el respeto a los principios fundacionales de la Unión y esta exposición, cuyo fin es blanquear el régimen autoritario y represivo de Franco, negar la condición de víctimas de franquismo a las personas que sufrieron dicha represión y enaltecer el fascismo”.
Se trata de la exposición denominada ‘La Cruz como símbolo de las raíces cristianas de Europa’, inaugurada el pasado martes en la sede de la Eurocámara en Bruselas. “Una ignominia de estas características es equiparable únicamente a que el partido neonazi ‘Alternativa para Alemania’ (AfD) hubiera organizado una exposición sobre los campos de exterminio nazis, calificándolos de ‘lugares de trabajo’”, traslada Santiago al ministro.
Expone que esta muestra que el partido de Santiago Abascal ha hecho coincidir con la semana del 18 de julio, día del golpe de Estado fascistas contra la República Española en 1936, tiene como fin el “enaltecimiento de un régimen dictatorial que causó el sufrimiento y la represión de miles de personas, contraviniendo la Ley de Memoria Democrática que prohíbe expresamente los actos públicos de exaltación de la dictadura franquista y refuerza el deber institucional de preservar una Memoria basada en la dignidad de las víctimas”.
Izquierda Unida considera que ataca también al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea “que establece como principios fundacionales de la Unión el respeto a la dignidad humana, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales”.
La carta que obra ya en poder del ministro Ángel Víctor Torres destaca que el evento supone una “revictimización de las muchas víctimas de la dictadura franquista que fueron sometidas a trabajos forzosos y condiciones de exterminio en las obras realizadas por el régimen dictatorial en el Valle de Cuelgamuros’”.
“El Valle de Cuelgamuros constituye un símbolo de la dictadura y del sufrimiento de miles de personas represaliadas”, incide Enrique Santiago, que recalca también que “el uso del nombre ‘Valle de los Caídos’ en lugar de su denominación oficial ‘Valle de Cuelgamuros’ constituye en sí un acto de revisionismo y exaltación del pasado franquista y una vulneración simbólica de la Ley de Memoria Democrática”.
Esta norma en vigor modificó su nombre “con el fin de resignificar ese enclave y eliminar cualquier elemento de glorificación de la dictadura”, se subraya en la carta.
Mentiras para tratar de cambiar la historia
Entre los paneles que muestra la exposición en dependencias del Parlamento Europeo se puede leer que el ‘Valle de los Caídos’ tardó casi 20 años en construirse y un total de 2.000 presos trabajaron ‘de modo voluntario en las obras acogiéndose a un ventajoso sistema de redención de penas para el trabajo’.
El texto continúa: ‘Estos trabajadores penados que en contra de lo que común y erróneamente se ha dado como válido, no eran presos políticos, sino presos procedentes de la guerra civil…’ haciendo una equiparación, a continuación, entre trabajadores libres y presos, finalizando dicho panel con la afirmación de que ‘muchos de ellos apenas llegaron a beneficiarse del sistema ya que fueron puestos en libertad al poco de integrarse en la ejecución de las obras’.
De esta forma se niega “la condición de presos políticos a las víctimas de la represión franquista que fueron sometidas a penas de prisión y a trabajos forzados, con resultado de muerte en algunos casos, en la construcción de un monumento de exaltación al fascismo”, expone la carta enviada al ministro.
