Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una iniciativa que impulsan sus diputados por circunscripciones andaluzas Francisco Sierra, Toni Valero y Enrique Santiago, este último también portavoz parlamentario de IU, en la que plantean al Congreso que inste a los responsables del Gobierno a “constituir el Comisionado para la Migración Temporera en Huelva” para que coordine una respuesta entre todas las administraciones competentes a “las nefastas condiciones de vida que sufren unas 5.000 personas en la provincia de Huelva y las vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la agricultura intensiva”.
Entre las medidas sobre las que debería trabajar dicho Comisionado estarían buscar “soluciones habitacionales sostenibles (construcción de viviendas dignas y accesibles para trabajadores agrícolas), regularización laboral (implementar políticas que garanticen el acceso a contratos justos), Seguridad Social y derechos básicos, (programas específicos para mujeres y niños)”, así como proporcionar “atención prioritaria a los colectivos más vulnerables”.
Este Comisionado debería hacer frente también a “la negativa de ciertos ayuntamientos a empadronar a personas migrantes y realizar campañas de sensibilización ante esta realidad, así como proyectos específicos a desarrollar en los centros educativos, asociaciones y población en general de las zonas afectadas que faciliten la integración y la convivencia entre la población migrante y la autóctona”.
La proposición de ley que impulsa Izquierda Unida a través de su grupo parlamentario de la izquierda plurinacional se ha elaborado en colaboración y teniendo muy en cuenta el trabajo sobre el terreno de IU Huelva. Su contenido plantea directamente “intervenir con carácter urgente en los asentamientos más deteriorados por la falta de servicios como la recogida de basura mientras se crea y se materializa la solución definitiva que establezca el Comisionado para la migración temporera en Huelva”. Propone también “garantizar, en colaboración con la Diputación de Huelva, el suministro de agua potable a los distintos asentamientos”.
Izquierda Unida entiende que en estas actuaciones “se deben implicar a todas las administraciones”, por lo que el citado Comisionado debe coordinar “las acciones de las instituciones implicadas: organizaciones sociales, ayuntamientos, mancomunidades, Diputación de Huelva, Junta de Andalucía, Gobierno de España y Unión Europea”.
Francisco Sierra destaca que “Huelva es un pilar clave de la agroindustria española, con 11.000 hectáreas dedicadas al cultivo de frutos rojos, que representan el 93% de la producción nacional”.
En 2023, este sector generó 346.250 toneladas y una facturación de 1.163 millones de euros, de los cuales el 86% se destinó a la exportación internacional. Sin embargo, el éxito económico contrasta con la precariedad en que viven miles de trabajadores migrantes que hacen posible este modelo productivo.
“En Huelva, el 68% de las trabajadoras y trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social están vinculados al sector agrícola, aunque esta cifra excluye a personas sin contrato laboral, muchas en situación irregular. Se estima que unas 5.000 personas residen en asentamientos informales distribuidos por municipios como Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y la mancomunidad de Mazagón”, explica Sierra.
Iniciativas financiadas sin cumplir
El diputado de Izquierda Unida recuerda que el pasado año, la vicepresidenta y responsable del MITECO del Gobierno de España “suscribió un acuerdo con la Junta de Andalucía llamado ‘Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural Doñana’ por el que se aprobaban 350 millones para actuaciones en distintos ámbitos”.
Uno de ellos, dotado con 32 millones de euros, de vital importancia para la producción agrícola y de absoluta emergencia social y humanitaria, fue la ‘Línea 13. Mejora de las condiciones de vida y habitabilidad de vivienda de las personas temporeras agrícolas y otros colectivos en situación de vulnerabilidad’.
Francisco Sierra argumenta que a pesar de estas iniciativas anunciadas por las distintas instituciones “hemos podido constatar in situ que en los asentamientos de temporeros en Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera se sigue sin cumplir las condiciones propias de una vida digna en lo referente a salubridad y habitabilidad”.
