Izquierda Unida ha impulsado y registrado en el Congreso una iniciativa parlamentaria a través de su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, y de la totalidad de sus diputados/as para que los máximos responsables del Gobierno encargados de este asunto respondan si tienen pensado “renegociar el actual acuerdo con la Santa Sede, a raíz de que la Iglesia católica parece que actúe como un partido político más de la derecha” o si van a “dirigirse a la Secretaría de Estado del Vaticano quejándose de la injerencia en asuntos internos de otro país como España”.
Izquierda Unida actúa así después de que hace unos días el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, reclamara en una entrevista un ‘adelanto electoral’ tras la sucesión de informaciones sobre el denominado ‘caso Koldo’. Poco después, el obispo auxiliar de Toledo, César García Magán, subrayó también en rueda de prensa como portavoz de la Conferencia que ‘evidentemente el presidente ha propuesto una salida al bloqueo institucional, y que hablen los ciudadanos. Y yo creo que decir que hablen los ciudadanos es un principio básico de una democracia’.
El texto registrado que firman Enrique Santiago, Fèlix Alonso, Toni Valero, Engracia Rivera, Nahuel González y Francisco Sierra advierte de que declaraciones de este tipo “rompen una de las pocas normas no escritas en las relaciones Iglesia-Estado en España, la no interferencia política por parte de los prelados”.
“Es inadmisible -destacan- esta intromisión por parte de la Iglesia católica en la política nacional y debe subrayarse el carácter aconfesional del Estado español, a pesar de las cuantiosas ventajas fiscales que el Estado aporta a la Iglesia”.
Inmatriculaciones y privilegios fiscales
Por ello, Izquierda Unida plantea a las personas del Ejecutivo encargadas de las relaciones con la jerarquía católica si van a “dirigirse a la Conferencia Episcopal pidiendo que se rectifiquen esas declaraciones y que, expresamente, se indique si responden a un acuerdo de algún órgano de la Iglesia Católica española o si, por el contrario, responden únicamente al criterio del portavoz de la Conferencia Episcopal”.
Los/as diputados/as inquieren también si desde el Gobierno se va a “iniciar una nueva revisión de todos los bienes inmatriculados de la Iglesia católica, esta vez en profundidad y con la voluntad de devolver a sus legítimos propietarios todos los bienes usurpados por la Iglesia” y si va a “avanzar en la retirada de privilegios fiscales a la Iglesia Católica en España, en especial en lo relativo a la tributación”.
En esta misma línea, preguntan también si “dejará sin efecto el convenio suscrito con la Conferencia Episcopal para la resignificación del Valle de Cuelgamuros, en esta ocasión eliminando la presencia de la Iglesia católica del lugar que fue construido por la dictadura para ensalzar al dictador”.
Para acabar, Izquierda Unida plantea también al Ejecutivo que “explique a la Conferencia Episcopal que a la vista del papel represor que tuvieron durante el golpe de Estado contra la República y la posterior dictadura, no tienen la legitimidad ni la posición moral para entrometerse en la política nacional”.
