El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha presentado esta mañana de forma pública un documento con “35 medidas para luchar contra la corrupción”, propuestas “radicales, claras y contundentes”, relativas a la “persecución de los delitos relacionados con esta lacra, con un endurecimiento claro para perseguir a los corruptos pero también a los corruptores, para actuar contra el fraude fiscal, las relaciones con los cargos públicos, las campañas electorales y medidas contra el transfuguismo”.
En declaraciones a los medios en las dependencias de IU en el Congreso, Maíllo destacó que “hay que salir de los lamentos, hay que dar más explicaciones y convertir esta vergüenza en acción política”, porque nos encontramos ante “un momento con graves heridas en la ética pública que exige convertir en acción legislativa la lucha contra la corrupción”.
“Es muy importante -apuntó- dar respuesta a millones de personas de izquierda que están indignadas con razón y que necesitan una respuesta que dé certidumbre y seguridad en forma de cómo tiene que hablar el Parlamento y cómo debe hablar el Gobierno a través de medidas radicales”.
Para el máximo responsable de IU “es el momento de avanzar en una apuesta radical sin matices, contundente, en la que el Gobierno y su salida política tienen mucho que ver con la respuesta que se dé en términos legislativos contra la corrupción”.
“Queremos mantener el Gobierno, pero para hacerlo hay que actuar. El Gobierno no se mantiene diciendo lo siento, hay que actuar, y un gobierno habla a través de las leyes, habla a través de los acuerdos del Consejo de Ministros y habla a través de los proyectos de ley que se envían al Parlamento”, comentó.
De ahí el documento presentado y las 35 medidas que incluye, de las que Maíllo quiso detallar algunas, a las que “Izquierda Unida ha intentado abrir paso a largo de la historia” y que “están actualizadas, por supuesto”.
La primera plantea crear una “Ley Integral Anticorrupción, que tiene mucho que ver con la necesidad de que los corruptos y los corruptores, de los que no se habla, afronten los costes directos e indirectos de toda sus acciones”, entre ellos “los perjuicios a terceros, los costes judiciales y la restitución íntegra de los derechos lesionados” y que incluye “la prohibición de concurrir a concursos públicos de contratación a las empresas condenadas por corrupción o sus directivos en los últimos 10 años”.
IU plantea también una “ley expropiatoria de bienes o beneficios adquiridos por prácticas corruptas y la ampliación de equipos penales” a través de la “reforma del Código Penal”. Maíllo entiende que también debe actuarse contra “las conductas de pasividad, es decir, de gente que conoce actos delictivos de corrupción y no lo comunican, lo que debe convertirse en una obligación. Es lo que llamamos corrupción pasiva”.
Reclamó también “endurecer el delito de cohecho o soborno impropio, de las penas de delito fiscal”, así como tramitar una ley para “la creación y desarrollo de la Oficina de Prevención de la Corrupción”, algo que ya presentó hace más de un año en el Congreso, a la vez que se debe “reformar la ley 2/23 de protección de personas que informen sobre infracciones normativas de lucha contra la corrupción”.
Esta treintena larga de medidas “que son una propuesta de inicio” se las explicará comunicará IU “al resto de formaciones que compartimos grupo parlamentario, a los partidos con los que compartimos el pacto de investidura y al partido con el que compartimos Gobierno, el PSOE”.
Además, en las explicaciones a los medios ofrecidas unas seis horas antes de que Pedro Sánchez compareciera en la sede del PSOE, Maíllo detalló que en una reunión que la dirección de IU tiene previsto hacer mañana se valorará si deben incorporarse más contenidos “a tenor de la respuesta y la intervención que tenga el secretario general del Partido Socialista sobre las medidas internas que debe desarrollar su organización” y también “las que a nosotros nos competen, que son medidas de carácter externo para ejecutar desde el Gobierno”.
A preguntas de los medios sobre qué pasaría si el PSOE resulta vinculado formalmente en la investigación judicial por financiación ilegal, Antonio Maíllo dijo que “ahora mismo en política tenemos que hablar de realidades y no establecer supuestos que no se dan”, aunque aseguró tajante que “todo cambiaría de pantalla todo”.
«Lo peor para el Gobierno es quedarse paralizado»
“Ahora -dijo- hay unos audios que nos han indignado a todos, que nos han sacudido. Ahora mismo hay una herida abierta en la sociedad por estos audios y el informe de la UCO que nos interpela a todas las organizaciones y a lo que hay que dar salida. Si eso se convirtiera en una situación de imputación a un partido estaríamos en otra pantalla, absolutamente incontrolable” y apostillo que “cuando se den las situaciones sobrevenidas que se tengan que dar, Izquierda Unida hablará”.
Hasta entonces, Maíllo incidió en que es una “necesidad” que “la gente sepa que hay organizaciones que estamos a disposición de remangarnos claramente para afrontar de verdad la lucha contra la corrupción, que se convierta en una batería de medidas que no se han tomado hasta ahora y que consideramos absolutamente inaplazables”.
El máximo responsable de IU explicó también con contundencia que “lo peor que podría hacer el Gobierno es quedarse paralizado”, entre otras razones porque “la corrupción corroe tanto que envenena y salpica hasta el debate político y las coordenadas morales de un país. La ética política y pública están heridas y, por tanto, hay que sanarlas y desde ese punto de vista es desde el que vamos a concentrar todas nuestras propuestas”, con la autoridad que da que “hemos pedido transparencia y celeridad en la investigación, y contundencia en la toma de medidas”.
