Izquierda Unida ha registrado una iniciativa en el Congreso para tratar de que el Gobierno de coalición intervenga de manera más activa para impedir y minimizar los efectos del ERE anunciado por la multinacional japonesa Bridgestone en varias de sus plantas en España y que, en un principio, amenaza los puestos de trabajo de 546 personas. Entre otras cuestiones, el texto plantea si el Ejecutivo español se va a dirigir a sus homólogos japoneses de cara a que también tomen medidas “para que actúen e impidan ese daño a las trabajadoras y trabajadores de Bridgestone en Basauri y Cantabria”.
El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, impulsa esta actuación parlamentaria, a la que se han sumado otros grupos con su rúbrica, después de que apoyó a la plantilla de Bridgestone la semana pasada compartiendo la concentración que realizaron en Madrid frente a la Embajada de Japón y de recibirles en el Congreso para escuchar sus demandas de manera detallada.
La iniciativa se completa inquiriendo del Gobierno una relación exhaustiva de “qué subvenciones, exenciones fiscales y gastos en cuotas de la Seguridad Social ha recibido Bridgestone desde 2018” y reclamando que detalle lo antes posible “qué medidas” concretas va a adoptar “para impedir la destrucción de empleo y la deslocalización planeada por la empresa”.
Santiago lamenta la “gran incertidumbre y afectación en la totalidad de la plantilla de Bridgestone que ha causado el anuncio del más de medio millar de despidos” y destaca que “la falta de un Plan Industrial sobre el futuro de la empresa en nuestro país deja gravemente tocada la viabilidad de las plantas afectadas por las drásticas medidas anunciadas”.
Para el portavoz parlamentario de IU resulta “lamentable que la dirección de Bridgestone dé muestras únicamente de querer ejecutar una estrategia de deslocalización de las plantas españolas preestablecida” y haya dejado “en muy segundo plano los esfuerzos realizados por la plantilla en los últimos años tras la aplicación de varios ERTE, además del dinero público y las gestiones realizadas por las instituciones para garantizar el empleo y la continuidad de los centros de trabajo”.
