El diputado de Izquierda Unida y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha logrado sacar adelante esta mañana en la Comisión de Justicia una iniciativa impulsada también por esta formación en el Grupo Plurinacional Sumar para “abaratar y agilizar” cualquier trámite, hasta ahora bastante oneroso, que quiera hacer cualquier comunidad de vecinos ante el Registro de la Propiedad o un notario de cara a dificultar la instalación de pisos turísticos en su edificio o instalaciones.
Así, en el texto finalmente aprobado sin el apoyo de PP y Vox se insta al Gobierno a “adoptar medidas, en definitiva, que agilicen la inscripción de los acuerdos que adopten las Comunidades de Propietarios prohibiendo los alquileres turísticos, así como la unificación de los aranceles registrales y notariales, para reducir el coste de las referidas inscripciones”.
Durante su intervención para defender la proposición no de ley inicial -iniciativa que también firman el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, y su diputada Engracia Rivera- Valero explicó que “hay que intervenir en todos los frentes, porque la vulneración del derecho a la vivienda se ha agravado con la proliferación descontrolada de pisos turísticos, que se extienden por pueblos y ciudades como una auténtica mancha de aceite. Las ciudades se han convertido en tableros de Monopoli donde unos pocos se apoderan de las calles”.
“Las comunidades de vecinos -destacó- sufren también estas consecuencias porque se han convertido en una línea de defensa frente a alcaldes y presidentes autonómicos del PP que no cumplen la Ley de Vivienda y que entregan nuestros barrios y centros históricos a los pisos turísticos. Ante la pasividad de la derecha al no actuar frente a esta invasión es la gente la que está actuando”.
Las comunidades de vecinos cuentan con una herramienta legal para limitar esta expansión, pero hacerla efectiva requiere en ocasiones modificar los estatutos de la comunidad en el Registro de la Propiedad, lo que es una segunda complicación, además de pasar previamente por una notaría.
Toni Valero advirtió de que “dicha inscripción en el registro tiene un coste para los vecinos y vecinas, que tienen que pagar primero a un notario que levante acta y después volver a pagar para registrar la modificación, otro segundo arancel que puede ser bastante alto y que se calcula en función de distintas variables”.
A su juicio, “estos impedimentos imposibilitan y limitan que muchas comunidades de vecinos adopten limitaciones. Con nuestra proposición no de ley consideramos fundamental que se aprueben medidas para garantizar el derecho de las comunidades a decidir sobre el uso de sus edificios e instamos a facilitar los trámites y evitar las tarifas desproporcionadas y aligerar las cargas económicas para el vecindario”.
El diputado malagueño de IU tachó de “plaga” el gran crecimiento de los pisos turísticos, con la derecha mirando para otro lado, lo que impone “un modelo de turismo e inmobiliario depredador que destruye ciudades, identidades, cultura y formas de vida” y que “se come recursos públicos y naturales, acaba con nuestra forma de vida impulsando a la gente de sus barrios, generando problemas de convivencia y convirtiendo los centros históricos en parques temáticos”.
Contra la clase trabajadora
“Además -apostilló Valero-, se come los salarios de la clase trabajadora porque a más pisos turísticos más inflación, más aumento del precio de la vivienda y una reducción de su oferta a largo plazo, hasta encarecernos la vida a todos y todas. Todo esto lleva a un desplazamiento forzoso de la población en nuestras ciudades”.
El texto aprobado insta a estudiar y adoptar medidas para “facilitar y agilizar los trámites necesarios para realizar la inscripción registral de los acuerdos que adopten las comunidades de propietarios en torno a la limitación del uso de viviendas residenciales como pisos turísticos”.
También para “establecer criterios claros y objetivos para la determinación de los aranceles registrales y notariales, que eviten la interpretación subjetiva y la aplicación de tarifas desproporcionadas”.
Del mismo modo, en el texto final transado con el Grupo Socialista se plantea “limitar o bonificar los aranceles registrales aplicables a la inscripción de los acuerdos de prohibición de pisos turísticos en comunidades de propietarios, así como también la limitación o bonificación de los aranceles notariales, como por ejemplo, la escritura de modificación de los Estatutos de Comunidad de Propietarios para prohibir o limitar los arrendamientos turísticos, la legitimación de las firmas del Secretario o Presidente de la Comunidad o notificaciones o requerimientos a propietarios que incumplan”.
