El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado por Córdoba en el Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha advertido esta mañana de las “muchas y graves consecuencias” que tendrán los aranceles con los que vuelve a amenazar Donald Trump al campo y la industria españoles, y ha planteado tomar medidas ya para “adelantarnos y evitarlo”. En esta línea, Santiago planteó que España actúe “ante la Unión Europea (UE) y a través de la Organización Mundial de Comercio” para que “ningún producto que tenga que ver con la alimentación, pueda ser objeto de guerra arancelaria”.
Durante una rueda de prensa tras reunirse con representantes del sindicato agrario COAG en la sede de IU Córdoba, secundado por los/as dirigentes provinciales de IU Sebastián Pérez e Irene Ruiz, reconoció su “preocupación” por este tema, acrecentada hoy mismo cuando “nos hemos despertado con una nueva aversión arancelaria: la implantación de un arancel del 25% a todos los productos europeos que se exportan a Estados Unidos relacionados con el hierro y con el aluminio”.
“Comienza un itinerario muy peligroso”, valoró el diputado de IU, “que no sabemos cómo va a acabar”. Esto incluye la afectación a las economías de Córdoba y de Andalucía, también en distintos productos no agrícolas, porque “quiero recordar que tanto el cobre como los grupos electrógenos son dos de las exportaciones fundamentales de la provincia hacia Estados Unidos, que el año pasado se incrementaron un 35%”, dijo.
Enrique Santiago recordó que después de “cuatro años de agresiones con la política arancelaria de Estados Unidos” en el anterior mandato de Trump, a productos agrícolas como la aceituna de mesa, “lo que ya sería realmente inaceptable para el desarrollo económico de la provincia es que comenzarán no solamente a multiplicarse aranceles a productos agrícolas, sino también a productos transformados e industriales”.
“Es fundamental que se tomen las medidas desde la Unión Europea. España debe ser proactiva ante la UE y a través de la Organización Mundial de Comercio para que, desde luego, ningún producto que tenga que ver con la alimentación pueda ser objeto de guerra arancelaria”, incidió.
Santiago recordó que hablamos también de “una cuestión de seguridad alimentaria”, porque las políticas arancelarias que agreden a los productos agrícolas “acaban dificultando el acceso a una alimentación sana, generalizada y, por lo tanto, a la seguridad alimentaria”.
Mostró la “plena disposición” de IU para abordar estas tareas con las organizaciones empresariales y sindicatos. Así, coincidió con la Confederación de Empresarios de Andalucía en la “inquietud y preocupación” que mostraron ya en la primera legislatura de Trump por las consecuencias de los aranceles “sobre 113 productos españoles, la inmensa mayoría relacionados con la producción agrícola de esta provincia, como el olivo en buena parte” y que llevó a una caída de ventas de la aceituna de mesa de un 35%.
Enrique Santiago denunció que “no haya una contestación contundente a esta política arancelaria por parte de todas las fuerzas políticas”. Destacó que “Izquierda Unida y el grupo parlamentario de Sumar nos sentimos muy solos y muy solas levantando la voz contra esta política arancelaria”, mientras que a otros grupos como PP y Vox, “que tienen representación aquí en la provincia de Córdoba, se les llena la boca de hablar de patriotismo, pero cuando llega este tipo de políticas agresivas por parte de la Administración Trump, pues miran para otro lado y no han dicho ni una palabra hasta este momento”.
“Para prevenir el problema -detalló- es necesario empezar a activar la diplomacia económica y comercial de este país a través de la Unión Europea” y, para ello, puso a disposición el trabajo parlamentario de IU tanto en el Parlamento andaluz como en el Congreso, “a la entera disposición de todas las organizaciones agrarias, sindicatos y organizaciones empresariales que quieran trabajar en ese frente común”.
Alertó de que entre las “muchas consecuencias” de la política agresiva de EEUU está también que afectará de una forma muy grave “a la despoblación y desde luego es nuestra obligación de tener políticas activas que prevengan la despoblación, que ya es un problema en la provincia de Córdoba”.
