El portavoz parlamentario en temas agrícolas y ganaderos del Grupo Plurinacional Sumar y coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha registrado esta mañana una iniciativa parlamentaria para ahondar en las graves consecuencias para las personas y el medioambiente de determinadas prácticas de ganadería industrial intensiva. Valero, que firma el texto junto a la diputada del mismo grupo Tesh Sidi, plantea a los máximos responsables del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se pronuncien sobre si “hay suficientes controles e inspecciones a las granjas intensivas e industriales subvencionadas con dinero público español y de la Unión Europea (UE)” y si piensan “reforzar las inspecciones” de este tipo de instalaciones “para asegurarse que se cumplen con todas las directivas y regulaciones pertinentes”.
La batería de preguntas incluidas en la iniciativa parlamentaria se centra principalmente en las granjas intensivas localizadas en las comunidades de la Región de Murcia y de Andalucía.
En la exposición de motivos se cita al documental ‘Food for profit’, realizado por los periodistas Giulia Innocenzi y Pablo D’Ambrosi, que refleja los ‘vínculos entre el Parlamento Europeo y la ganadería industrial’ tras una investigación de cinco años, y las numerosas pruebas sobre prácticas crueles e ilegales realizadas en España y en la UE.
Aporta numerosos datos, como que el 90% de la carne consumida en la Unión Europea procede de ganadería industrial, “contraponiéndose a los mitos y a la creencia popular de que la carne consumida localmente es de una calidad muy distinta y mucho mejor que la que se podría consumir en Estados Unidos o China”, señalan Valero y Sidi.
“Este porcentaje es alarmantemente alto -añaden- y evidencia los problemas y la hipocresía de la regulación agraria comunitaria. Los datos y afirmaciones acerca de los peligros de la ganadería industrial están apoyados y confirmados por estudios de organizaciones como Greenpeace, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y muchos otros”.
El documental señala en especial cómo “las prácticas de ganadería intensiva financiadas por la Política Agraria Común (PAC), un plan que recibe casi 400.000 millones de euros de la financiación de la Unión Europea”.
La investigación se centra en varias granjas en Italia, Polonia, Alemania y también España. Sus autores se infiltraron en una macrogranja de Murcia, una región devastada por los efectos nocivos de la contaminación, en buena medida motivada por los productos utilizados en la agricultura intensiva y por las aguas residuales, en zonas como la del Mar Menor.
Toni Valero y Tesh Sidi ponen ejemplos concretos para entender mejor el alcance de lo que ocurre, como que “un cerdo defeca de media 10 veces más que una persona, lo que supone que en Murcia se produce cada año el equivalente a 1.500 piscinas olímpicas de aguas residuales”. De la misma manera, además de en esta comunidad, otras padecen también la amenaza de las macrogranjas, “como Andalucía, con el proyecto de La Calahorra, Puebla de Don Fadrique, Marquesado del Zenete”, entre otros.
La iniciativa parlamentaria plantea a los responsables competentes del Gobierno “cuál es su opinión sobre la proliferación de macrogranjas en Murcia, Andalucía y tantas otras regiones españolas” y si conocen “la situación de irregularidad en las prácticas, crueldad animal y desecho de residuos contaminantes que sucede actualmente” en las granjas de Murcia que expone el documental” o, en concreto, “qué medidas de revisión y control de daños está aplicando en zonas afectadas por la contaminación y los vertidos como el Mar Menor o Doñana”.
El texto registrado hoy interroga también sobre si se “reforzarán las inspecciones” sobre estas instalaciones en España “para asegurarse que se cumplen con todas las directivas y regulaciones pertinentes” y, de forma más genérica, “cuál es la opinión del Gobierno sobre la información expuesta por el documental ‘Food for profit’ respecto de la presión de ‘lobbies’ en la legislación de la PAC y sobre las prácticas que incurren en crueldad animal en la UE y España”.
