El Grupo Plurinacional Sumar ha decidido pasar a la acción y que su diputado portavoz en temas de Interior y Justicia, además portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, encabece de nuevo la búsqueda de un acuerdo para la “derogación de facto” de la denominada ‘ley mordaza’, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que impuso en 2015 el Gobierno del Partido Popular para reprimir con más contundencia la protesta ciudadana contra los recortes y las políticas de ajuste de la derecha frente a la grave crisis económica.
Santiago ha explicado en rueda de prensa en el Congreso la detalladísima proposición de ley que esta misma mañana ha registrado su grupo ante la “situación de emergencia democrática en la que se encuentra nuestro país, con la derecha y la ultraderecha instaladas en un discurso abiertamente autoritario, fascista, que no reconoce las reglas básicas de la democracia y que pretende acabar con las libertades públicas”.
El portavoz parlamentario de IU ha avisado que tras el “paréntesis” de varios días que pidió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reflexionar sobre su continuidad y la inacción que le ha seguido, es ahora aún más necesario impulsar medidas como ésta o como la “reforma para desbloquear el Consejo del Poder Judicial (CGPJ), la despenalización de los delitos de opinión o terminar con los aspectos más restrictivos con derechos y libertades fundamentales”, principales objetivos tanto del PP y Vox.
Recordó también en referencia a Yolanda Díaz cómo “la vicepresidenta segunda del Gobierno y nuestra ministra de Trabajo ya advirtió que eran necesarias medidas de transformación profunda del Poder Judicial para su democratización y la derogación de las reformas ‘mordaza’”.
Para lograrlo esta vez, tras el bloqueo que propiciaron algunos grupos la pasada legislatura, Enrique Santiago hizo un claro y específico llamamiento para “un amplio acuerdo de todas las fuerzas progresistas y democráticas, para que de forma rápida y urgente acabemos el trabajo al que dedicamos decenas de meses en la anterior legislatura”. En concreto, dirigió la petición a PSOE, PNV, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, cuyo voto es imprescindible para alcanzar la mayoría necesaria en la Cámara Baja.
De la misma forma, Santiago detalló que su grupo opta por recuperar el texto de la ponencia que trabajaron y pactaron las formaciones progresistas el año pasado y que supuso consensuar “cerca del 95% de los contenidos de la reforma”, y que ningún grupo parlamentario hasta hoy se ha molestado o esforzado en retomar, aunque “ya han pasado nueve meses desde que comenzó la actual legislatura”.
El portavoz del grupo de Sumar en temas de Interior y Justicia destacó que “hoy ponemos en la agenda parlamentaria esta urgente necesidad”, con una iniciativa que “recoge un trabajo que no ha realizado en exclusiva nuestro grupo parlamentario, sino que es un trabajo colectivo de todas las fuerzas políticas que he mencionado”, y que es “prácticamente al 100% el dictamen aprobado en la ponencia de la derogación de la ‘ley mordaza’.
Importantes cambios estructurales
Enrique Santiago recordó los principales “cambios estructurales” que recoge la proposición de ley registrada frente al texto que impuso el PP en 2015 y que sigue en vigor a día de hoy: “la seguridad ciudadana tiene que ser la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales y, en ningún caso, puede entenderse como la restricción a esos derechos, como hizo el Partido Popular”. Esa misma garantía “debe estar plenamente establecida en todos los procedimientos de interlocución e identificación con los agentes de la autoridad”.
“También se incorporan -detalló- plenas garantías al derecho de manifestación, incluida la manifestación espontánea por sucesos imprevisibles, siempre y cuando no se altere la normal de convivencia, así como dar más garantías a los organizadores de manifestaciones que cumplen la ley, al margen de los sucesos que ocurran en estas”.
Además, se introduce “expresamente un enfoque de Derechos Humanos en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se incorpora el criterio sancionador vinculado a la capacidad económica de los sancionados y, por tanto, se reducen las cuantías de sanciones en sus tramos máximos”.
Así, “se incluye en la norma el concepto de conciliación” y ante la imposición de una sanción “se introduce la actividad reparadora sustitutiva de esas sanciones, y no solamente en el caso de menores de edad”.
“Hay mayores garantías para el ejercicio del derecho de huelga de la protesta de las movilizaciones por conflictos sociales. Se eliminan las sanciones al ‘top manta’ o las sanciones a periodistas e informadores gráficos por cubrir manifestaciones y actuaciones policiales, y se reducen las sanciones por tenencia de cannabis y desaparece por tenencia de plantas para el consumo en lugares no accesibles al público”, añadió.
Enrique Santiago concluyó su explicación reiterando su llamamiento “para que esta proposición de ley se tramite a la mayor brevedad, porque todos conjuntamente la hemos construido y acordado, y porque es la mejor forma de frenar esta campaña de ataque a la democracia”.
Se mostró convencido de que la iniciativa “es susceptible de mejora y nosotros, por supuesto, vamos a buscar el máximo acuerdo y consenso para mejorarla entre todas las fuerzas progresistas y democráticas. Tenemos una base muy sólida con la que empezar a trabajar y concluir este trabajo de forma urgente”.
Sobre si es posible alcanzar esta vez un acuerdo en los temas que lo imposibuilitaron antes, como las ‘devoluciones en caliente’ o el uso de las pelotas de goma por parte de los agentes, Santiago reiteró “nuestras aspiraciones son siempre de máximos, de máxima garantía al ejercicio de todos los derechos fundamentales y libertades” y dejó abierta la posibilidad de pactar enmiendas para superar las diferencias.
“Estamos absolutamente abiertos, no queremos liderar nada”, insistió y señaló que “ojalá” se incorporaran más aspectos a la iniciativa registrada, siempre con el enfoque de usar la mejor técnica legislativa para recoger cambios.
A preguntas de los medios sobre si teme que sindicatos policiales rechacen la medida, Enrique Santiago se adelantó su disposición a explicar a los verdaderos sindicatos que representan a los profesionales policiales que los cambios que presentan “garantizan los derechos de los agentes e incorporan mejoras para desempeñar su actividad”. No obstante, dejó claro que le importan poco lo que opinen las “fundaciones” camufladas como sindicatos o aquellos que “usan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado para hacer política” al servicio del PP y Vox.
