El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado por Córdoba en el Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha registrado en el Congreso una iniciativa junto al también diputado de IU y vicepresidente segundo de la Comisión de Defensa, Félix Alonso, para que desde el ministerio que dirige Margarita Robles expliquen, entre otras cuestiones, “qué grado de participación tiene” en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (Feindef), una feria de armamento centrada en la innovación militar que se celebra esta semana en la capital cordobesa, y si estará presente en ella “alguna empresa israelí”.
Santiago y Alonso citan en la exposición de su iniciativa que han tenido conocimiento a través de “informaciones periodísticas” de este encuentro armamentístico, además de los detalles correspondientes a que la empresa española Escribano M&E, asociada con una de las principales empresas armamentísticas de Israel, “se ha instalado en el Parque Científico Tecnológico de Rabanales 21, vinculado corporativamente a la Universidad de Córdoba”.
Ambos diputados requieren también del Gobierno que detalle si tiene conocimiento que la cita feria de armamento “cuenta para su desarrollo con alguna ayuda o subvención pública de cualquier administración”.
Además, de manera muy concreta, solicitan a Defensa que explique si durante esta reunión comercial en Córdoba “se va a exponer algún armamento utilizado por el Ejército israelí en Gaza o ‘probado en combate’ por Israel”, durante el genocidio contra el pueblo palestino que en los últimos cuatro meses se ha cobrado la vida de cerca de 35.000 personas, la mayoría de ellas mujeres y menores.
Enrique Santiago considera “importante recordar” que en 2012, tanto el Ayuntamiento de Córdoba, por unanimidad en una declaración institucional, como el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba, “mostraron su apoyo al Tratado sobre el Comercio de Armas”, que en su artículo 6.3 recoge claramente que un Estado parte en ningún caso autorizará cualquier transacción de armas ‘si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte’.
La iniciativa registrada, que el Gobierno debe responder por escrito, interroga también sobre si “habrá, en su caso, algún tipo de sanción a las empresas israelíes o europeas que colaboren o estén vendiendo armamento a Israel y que acudan a la feria de armas, atendiendo a las cláusulas de respeto a los Derechos Humanos que existen en los acuerdos comerciales entre la Unión Europea (UE) con Israel, al igual que con terceros países”.
