El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha registrado una iniciativa en el Congreso con vista a que el Gobierno realice las reformas legales necesarias para garantizar y convertir en “estable” la “suspensión de los procedimientos de desahucios y lanzamientos arrendaticios para hogares económicamente vulnerables sin alternativa habitacional”.
La iniciativa, que firman también los/as diputados/as en el mismo Grupo Plurinacional Sumar Engracia Rivera y Francisco Sierra, inquiere también sobre qué más medidas prácticas pueden adoptarse desde el Ejecutivo para “asegurar la suspensión del lanzamiento judicial de todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad y en proceso de desahucio”.
La formalización del texto en el Registro del Congreso se produce después de que la semana pasada se suicidara un hombre de 70 años en Sabadell mientras era desahuciado del inmueble en el que vivía desde hacía 30 años con su esposa. La mujer tiene movilidad reducida tras largos años de enfermedad, por lo que debe estar la mayor parte del tiempo postrada en la cama.
La exposición de la iniciativa señala que “quienes conocían la situación de vulnerabilidad de la pareja afirman que no tenían ninguna solución ni alternativa habitacional”. Explica también que desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) local relatan que “la pareja se había visto obligada a dejar de pagar el alquiler por la precaria situación económica que atravesaban y para poder abonar el resto de los gastos imprescindibles para su subsistencia”.
Los/as parlamentarios/as que firman la iniciativa recuerdan que el artículo 87 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, “extendió hasta el 31 de diciembre de 2024 las medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda establecidas en el artículo 1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19”.
Aunque el conocimiento previo, seguimiento y gestión de este tipo de situaciones suele ser competencia de los servicios sociales de los ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía, desde el grupo de Sumar consideran que “es preciso averiguar por qué no se aplicó” en la práctica la “suspensión extraordinaria de los procedimientos de desahucios y lanzamientos arrendaticios en el caso de personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional”, prorrogada por el Gobierno de coalición desde finales del año pasado y que habría sido crucial para esta pareja.
La pregunta parlamentaria registrada incluye conocer también “qué datos tiene el Gobierno sobre este trágico suceso y, en particular, sobre la ausencia de conocimiento por parte de la administración de la problemática de esta pareja de personas vulnerables hasta que se conoció el desalojo” y “qué otras medidas va a adoptar para garantizar el derecho a la vivienda y evitar situaciones como las que lamentablemente hemos conocido”.
