Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad habían detenido hasta el 3 de enero del presente año a un total de 84 personas “por incidentes producidos en las concentraciones de la calle Ferraz”, en las movilizaciones que se sucedieron durante al menos los dos meses anteriores, alentadas por el Partido Popular y Vox. En un buen número de ocasiones estas acciones acabaron con la actuación de grupos extremistas violentos, donde se atacaba a los agentes y periodistas presentes, además de destrozar material urbano en las inmediaciones de la sede estatal del Partido Socialista.
Esta cifra de detenciones está incluida en la respuesta escrita que el Gobierno ha hecho llegar recientemente al portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz en temas de Interior del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, tras la pregunta que registró el pasado 15 de diciembre. La iniciativa la firmaban también los/as diputados/as de IU en Sumar Nahuel González y Engracia Rivera.
Además, también en “aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana”, tal y como señala la respuesta, es decir, de la conocida como ‘ley mordaza’, norma que el Partido Popular impuso para reaccionar a las movilizaciones sociales posteriores al 15M y dar más poder de actuación en la calle a los agentes del orden, y sobre la que PP y Vox sumaron fuerzas para torpedear su derogación la legislatura pasada, “el número de denuncias efectuadas por desobediencia y falta de respeto a la autoridad en las concentraciones de la calle Ferraz, había sido de 367. Todas ellas se encuentran en tramitación”.
Enrique Santiago intentaba en su momento con esta iniciativa “arrojar luz más allá de las manipulaciones y ‘fake news’ impulsadas conjuntamente por PP y Vox” sobre la verdadera respuesta por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a lo que tachó como “estrategia desestabilizadora de la derecha y la ultraderecha”, evidenciada “en el acoso permanente a militantes y locales del PSOE y de otras fuerzas políticas que forman parte del Gobierno de coalición”, entre ellas Izquierda Unida.
El portavoz parlamentario de IU formalizó su iniciativa poco después de anunciarle públicamente al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que recabaría más datos específicos que él no había sido capaz de precisar durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso del 13 de diciembre.
Entre otras cuestiones, la pregunta escrita reclama cifras oficiales sobre “cuál ha sido el número de personas detenidas por incidentes producidos en las concentraciones de la calle Ferraz” o cuál es “el número de sanciones que se han impuesto en las concentraciones de la calle Ferraz, en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana por desobediencia y falta de respeto a la autoridad”.
El texto interrogaba también de forma particular sobre “cuántas denuncias penales ha presentado la Policía Nacional con ocasión de los altercados en las concentraciones de la calle Ferraz”.
La pregunta parlamentaria incidía en cómo esas concentraciones que solían acabar con actos violentos contaban con la presencia permanente de “elementos radicales con simbología fascista en primera línea” y cómo en ellas se sucedían las amenazas, incidentes y ataques a los agentes policiales, en ocasiones en los mismos días que acudían dirigentes de la derecha y la ultraderecha de PP y Vox.
Todo ello obligó a unas importantes restricciones del libre movimiento de personas y vehículos en esa zona de Madrid, con las consiguientes molestias para el vecindario y un perjuicio económico directo a los pequeños negocios del entorno.
Sin embargo, la breve respuesta escrita que hace llegar el Gobierno a los/as parlamentarios de IU se limita a facilitar las ya mencionadas cifras de detenciones y denuncias realizadas, mientras obvia el resto de cuestiones. Sobre ellas, repite de manera idéntica en dos párrafos que “cabe remitir a lo manifestado por el ministro del Interior el 13 de diciembre de 2023”, tanto en una respuesta a una pregunta oral, como en su comparecencia posterior de ese mismo día ante el Pleno del Congreso.
