Por el derecho a manifestación y las libertades democráticas: Libertad 6 de Zaragoza

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Cuatro años y nueve meses de prisión es la condena que ha emitido la Sala Penal del Tribunal Supremo contra cuatro de los seis de Zaragoza, jóvenes que se manifestaron contra un acto del partido de extrema derecha Vox  el 17 de enero de 2019. La sentencia rebaja la pena pedida por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que era  de siete años, y la de la Audiencia de Zaragoza, que les condenó a seis años. Pero esta rebaja no impide su  entrada en la cárcel.

Mientras los que difunden el odio hacia el diferente utilizan las instituciones como caja de resonancia de sus  soflamas reaccionarias estos jóvenes zaragozanos, que fueron arrestados por su estética mucho después de la  manifestación, han sido condenados sin que se demostrara nada de lo que se les acusa, solo por estar allí,  basándose su condena en los testimonios contradictorios de los policías que los detuvieron.

Tenemos una deuda pendiente con todas las personas que están siendo reprimidas en nuestro país. Hablamos de  los antifascistas, de los sindicalistas y de los activistas que tienen causas judiciales abiertas por defender y  ejercer derechos fundamentales. Nada de esto hubiese sucedido si no se le hubiese dado cobertura legal a la  criminalización de la protesta y de la organización popular y muchos de estos casos, como es el de los “6 de Zaragoza” no se hubiesen evitado si la ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad  ciudadana hubiese sido derogada.

Por lo tanto para Izquierda Unida es absolutamente imprescindible trabajar para la derogación total y completa  de la “ley mordaza” en aras de garantizar que el ejercicio de los derechos civiles en nuestro país no es  perseguido.

Por eso Izquierda Unida se compromete a trabajar, dentro de los espacios e instituciones en los que tiene  responsabilidades, especialmente en el Gobierno de España, para evitar la entrada en la cárcel de los jóvenes  antifascistas de Zaragoza.

Igualmente, se compromete a trabajar en el seno del gobierno estatal para derogar la ley Orgánica 4/2015, de 30  de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como “ley mordaza”.

Porque hoy son los seis de Zaragoza, pero mañana podemos ser cualquiera de nosotros y nosotras, debemos  defender los derechos fundamentales y garantizar las condiciones para que estos se cumplan.