El diputado andaluz de Izquierda Unida y portavoz en temas de Agricultura del Grupo Plurinacional Sumar, Toni Valero, ha denunciado esta tarde en el Congreso ante el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el problema “clave” que supone “la especulación, tanto sobre la tierra, como los productos comercializados”. Valero reclamó al ministro una “ley para la agricultura y ganadería socialmente necesaria, que sirva para proteger de verdad a los agricultores y ganaderos profesionales”.
El parlamentario malagueño en el grupo de Sumar ha alternado en su respuesta a la comparecencia parlamentaria de Planas un claro análisis de los principales problemas que arrastra el sector primario en nuestro país con una completa exposición de propuesta en positivo para hacerles frente.
“Vamos a intentar -dijo Valero- que esta comisión sea ejemplo de política útil para aquellos a quienes nos debemos, que son los productores de los alimentos, los consumidores de dichos alimentos y, como no, para la preservación del medio natural que hace posible al sector primario”.
El también coordinador general de IU Andalucía incidió en que la grave especulación que asola al campo acarrea una “falta de rentabilidad que está provocando situaciones lamentables, como la de estas semanas en el Valle del Guadalhorce (Málaga), donde tiraban los limones sin recogerlos porque los pagan a cerca de 20 céntimos el kilo, mientras en los supermercados se venden a más de 2 euros”.
Toni Valero apuntó al “papel de las distribuidoras y el impacto de los tratados de libre comercio que permiten, por ejemplo, la entrada de cítricos de Sudáfrica a precios irrisorios y sin las garantías de los productores de nuestro país”.
Expuso que esos mismos tratados “son parte de la trampa del comercio internacional y merman nuestra soberanía alimentaria”, de ahí que el sector “se encuentra en esa trampa del comercio internacional: se le anima y fuerza a participar en las exportaciones mientras sufre las consecuencias con importaciones con las que no puede competir”.
El diputado indicó también que “nos preocupa mucho la crisis climática y la consiguiente escasez de agua, que es y será estructural”. Reconoció que las consecuencias del aumento de las temperaturas y de la falta de agua “son múltiples” y se están viendo “agravadas”, entre otras causas, “por la negligente gestión hídrica de comunidades autónomas, como la de la Junta de Andalucía”.
“Se han perdido cosechas, se han perdido jornales, aumenta el desequilibrio territorial por los desplazamientos de cultivos y el riesgo de abandono de cultivos por la desertización”, advirtió.
A ello se le suman los “problemas sanitarios, más plagas y más duraderas y, cómo no, episodios de estrés térmico que generan en los animales una situación de menor bienestar, peor ingesta, pero producción y peor estado inmunitario”.
Toni Valero dedicó un apartado especial a advertir sobre “la ‘uberización’ del campo”, que resumió como el “proceso creciente de concentración de la tierra en manos de grandes empresas y fondos de inversión, mientras se expulsa de la misma a los pequeños y medianos productores”.
“Pequeños y medianos productores no pueden aguantar más. Esto, unido a la creciente industrialización del campo, está suponiendo que muchos agricultores dejan de trabajar sus tierras y pasen a ser empleados por grandes empresas que acaparan las tierras”, indicó.
Otro problema grave es el “relevo generacional”. El diputado de IU por Málaga expuso que en los próximos diez años “se prevé que se jubilen seis de cada diez agricultores y ganaderos. El campo necesita un relevo generacional, pero también muchos de nuestros pueblos necesitan de ese relevo para no desaparecer en ese reto demográfico que tenemos. Muchos jóvenes no pueden acceder a la tierra porque la especulación se lo impide”.
Todo ello unido “empuja a la desaparición de la agricultura y la ganadería social. Una crisis de la que se están aprovechando unos pocos especuladores”, de ahí que Valero indicara que “nos corresponde evitar que nuestro sector primario caiga definitivamente en manos de las industrias y de los fondos de inversión”.
Llegada la hora de plantear alternativas factibles y razonadas, Valero expuso que “urge propiciar una transición agroecológica”, la mejor manera de “hacer frente a la crisis climática y energética, garantizar una dieta saludable y nutritiva, y reforzar el papel de los agricultores y ganaderos profesionales de pequeñas y medianas explotaciones”.
“Hay que transitar -continuó- hacia una soberanía alimentaria, que es el derecho a decidir nuestra política en alimentación”. Esto supone, “decidir lo que llevamos a la mesa por encima de los países. Hay que ir más allá de la seguridad alimentaria, que se centra en la accesibilidad a los alimentos, pero que no cuestiona la concentración de poder en manos de grandes multinacionales que absorben a los pequeños y medianos productores de nuestro país”.
Entre las prioridades aún más concretas, además de la ya mencionada ley para la agricultura y ganadería socialmente necesaria, Valero considera que España debe ser “proactiva en una Política Agraria Común en favor de la agricultura social y profesional”, aunando las dos ideas clave de “priorizar las explotaciones familiares agrarias de talla humana y seguir avanzando en el camino del ‘dinero público para los bienes públicos’”.
También consideró necesario “cumplir la ley de la cadena alimentaria” y, para ello, “se debe reforzar el control y la transparencia en todos los eslabones pero, especialmente, en la distribución y la industria. Hay que desplegar redes de distribución locales, que unan a productores y a consumidores para alejar la especulación y disminuir la huella ecológica”.
Acorde con la crisis climática, “hay que fomentar la transición de cultivos acorde a la escasez de agua y a las condiciones ambientales del terreno. Es necesario redefinir el papel y la dimensión del regadío, y apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones profesionales. En definitiva, redistribuir el agua en función de criterios sociales”.
Toni Valero apuntó también a la obligación de “proteger los suelos de usos agrarios y ganaderos frente a la amenaza de los macro proyectos de renovables en manos de fondos de inversión. Sin tierra no hay agricultura ni ganadería sostenible”.
El diputado andaluz de IU, concluyó su intervención apostando por “limitar el tamaño de las explotaciones en favor de la mayoría y de acuerdo con el sector para vincular la asignación de recursos y reducir las exigencias burocráticas a aquellas explotaciones que realmente lo necesitan y son necesarias para nuestra alimentación saludable y soberanía alimentaria”.
