Izquierda Unida va a presentar en el pleno de todos los ayuntamientos del Estado donde tiene representación una moción “instando a un acuerdo para la condonación de deuda autonómica con el Gobierno del Estado condicionada a la mejora de los servicios públicos”, tal como expone el responsable federal de Municipalismo de IU, Rubén Pérez, y se señala explícitamente en su encabezamiento.
La propuesta de Izquierda Unida ha sido elaborada conjuntamente por las responsabilidades de Municipalismo y de Economía. Plantea en concreto, entre otras cuestiones, que las corporaciones municipales insten conjuntamente al Gobierno del Estado que surja de la investidura que se debate desde mañana en el Congreso y al Ejecutivo de la comunidad autónoma correspondiente a “habilitar un mecanismo de cálculo que, teniendo en cuenta criterios de renta, población o existencia de infraestructuras básicas permita garantizar los servicios públicos esenciales (Educación, Sanidad, Empleo Público) con los recursos anualmente ahorrados por la condonación de la deuda”, al tiempo que “impida de forma expresa la realización de rebajas tributarias de impuestos propios o cedidos con los recursos adicionales obtenidos por este mecanismo de reducción de deuda”.
Rubén Pérez explica que tras la negociación del PSOE con distintas fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo de gobierno, que ha tenido una plasmación muy concreta en el caso de Cataluña, desde IU “pretendemos que se alivie el gasto financiero y la deuda de las comunidades autónomas para condicionar los recursos ahorrados en mejora de servicios sociales y de una mayor financiación autonómica hacia los ayuntamientos que soportan desde hace años medidas injustas de ahorro y falta de financiación suficiente para los servicios públicos esenciales que prestan”.
Por eso, la iniciativa plantea también en concreto que las corporaciones locales insten al Gobierno del Estado y a los autonómicos a “abrir con carácter inmediato una negociación análoga a la de Cataluña, que permita el ahorro de los intereses y la amortización parcial de la deuda mediante mecanismos de condonación de la misma”.
La parte propositiva de la moción se completa instando a estos mismos ejecutivos a “la creación de un Fondo de Financiación Local y un incremento análogo de los mecanismos ya existentes para que los fondos ahorrados con la condonación de la deuda lleguen a los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma de manera transparente, equitativa y suficiente”.
Izquierda Unida razona su propuesta y recuerda que “muchas comunidades autónomas han tenido una financiación claramente inferior a sus necesidades. De hecho, hay un rango de más de 35 puntos porcentuales entre los niveles de financiación de las regiones mejor y peor tratadas, y eso no responde ni a diferencias en factores de coste ni a los ingresos tributarios brutos de los distintos territorios”.
Para IU, este debate es “absolutamente central”, al tiempo que considera que, visto lo acontecido a raíz de determinadas valoraciones sobre el acuerdo de gobierno referido a Cataluña “no puede ser objeto de demagogia oportunista”.
“No queda otra opción que poner en marcha un plan de reducción de la deuda que las comunidades autónomas tienen con el Estado y que se vincule a la prestación de servicios esenciales, como son los que desempeñan los ayuntamientos en materias competenciales que tienen otras administraciones, los llamados gastos impropios”, se indica.
Las responsabilidades federales de Municipalismo y de Economía de Izquierda Unida justifican la “urgencia” de este debate en cuestiones tan concretas como el hecho de que “las comunidades autónomas dedicaron un 17,6% de promedio a pagar intereses y capital en 2022 (último año fiscal)”, lo que “condiciona completamente su capacidad presente y futura de proveer de servicios públicos en cuantía y calidad suficiente a la ciudadanía”.
Esta formación insiste en que ese plan de reducción de la deuda que la mayoría de las comunidades autónomas tienen con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) debe tener “un programa condicionado que garantice tanto la mejora, extensión y universalización de los servicios públicos, como la financiación suficiente por parte de las comunidades autónomas de los ayuntamientos que llevan soportando incrementos insostenibles de gasto social sin contraprestación financiera por parte de otras administraciones con competencias. Algo que con la crisis sanitaria del covid-19 quedo claramente patente”.
