El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado de Unidas Podemos en la Diputación Permanente, Enrique Santiago, he remitido esta mañana una carta al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, donde le traslada la “preocupación” del grupo parlamentario por las consecuencias que para el dinero público puede tener el desarrollo de las investigaciones judiciales que un juzgado sigue contra el sindicato policial Jupol y buena parte de sus máximos dirigentes por un presunto delito de malversación.
“Quiero trasladarle la preocupación de nuestro grupo parlamentario -inicia Santiago su misiva- respecto a las noticias aparecidas sobre posible malversación de fondos públicos o privados por parte de responsables del sindicato policial Jupol”.
El diputado de Unidas Podemos se interesa por los datos que se han hecho públicos en relación a que el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, en Diligencias Previas 1192/21, tiene abierta causa en relación a las posibles irregularidades en los gastos efectuados por el sindicato Jupol con dinero procedente de subvenciones públicas y de las cuotas de sus afiliados. Según los medios de comunicación, estas irregularidades alcanzarían la cifra de 360.000 euros, gastados mediante 97 tarjetas de créditos utilizadas por representantes del sindicato policial.
Enrique Santiago expone al ministro que también se ha publicado que “Asuntos Internos ha detectado más de 13.000 euros sin justificar de la tarjeta de crédito del actual secretario general de Jupol, Aarón Rivero”.
Esta información “es parte del nuevo atestado que se ha presentado a la jueza que lleva la causa” y, tal y como señala la Prensa, “a la vista de estos nuevos atestados, la jueza tendrá que decidir si imputa al actual secretario general de Jupol, Sr. Rivero, y a otros responsables del sindicato o archiva las actuaciones, habiendo solicitado una prórroga de la instrucción hasta el mes de diciembre de 2023”.
Dada la “gravedad de las acusaciones”, Santiago reconoce al ministro Grande-Marlaska que “nos preocupa que mientras que el Sr. Rivero, máximo responsable de Jupol, está siendo investigado por estos graves hechos, al permanecer en activo como funcionario por mor del principio de presunción de inocencia, pueda acceder a recursos públicos”.
“Por ello -expone-, queríamos preguntarle si desde el Ministerio del Interior se ha tomado o se piensa tomar alguna medida cautelar para que el Sr. Rivero no realice ningún servicio profesional en el que pueda acceder y disponer de fondos públicos o acceder a fondos de terceros bajo custodia de la Policía, dado las investigaciones en curso que apuntan a un uso indebido y en provecho particular de dinero de un sindicato al que tenía acceso, así como obligación de velar por su correcta utilización”.
Santiago concluye indicando que esta iniciativa se lleva a cabo “teniendo en cuenta que dichos fondos económicos sindicales pueden proceder tanto de subvenciones públicas como de cuotas de los afiliados”.
