El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha presentado hoy en el Congreso una iniciativa en nombre de su grupo en la que, entre otras cuestiones, plantea “la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta ese 60% del salario medio, que en estos momentos es un mínimo de 1.100 euros”, así como la “imprescindible adopción de medidas para proteger a los deudores hipotecarios más vulnerables ante la subida de los tipos de interés”.
Santiago explicó en rueda de prensa esta proposición de ley, cuyo contenido ha impulsado IU en el grupo parlamentario. La había registrado inmediatamente antes para hacerla coincidir con la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, “y porque también hoy las centrales sindicales, lideradas por CCOO y UGT, celebran concentraciones en las sedes de las organizaciones patronales por toda España”, dentro de su campaña de movilizaciones bajo el lema ‘Salario o Conflicto’ para lograr mejoras en las condiciones de trabajo. Le acompañó en el Registro de la Cámara Baja el responsable federal de Programa y Argumentario de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato.
El portavoz adjunto de Unidas Podemos saludó “el esfuerzo de los sindicatos en la mejora de los derechos de los trabajadores y en el acompañamiento que están haciendo para conseguir que este Gobierno vaya más allá cada año y garantice mejores condiciones laborales, salariales y prestaciones a las familias trabajadoras de este país”. A las movilizaciones de hoy le seguirán “asambleas para incentivar el diálogo social y llegar a un acuerdo de negociación colectiva entre el 14 y el 28 de octubre, y finalmente una movilización el 3 de noviembre en Madrid para desatascar este bloqueo que lleva a la devaluación de los salarios”.
La iniciativa registrada, titulada expresamente ‘sobre las medidas a adoptar para proteger a las familias trabajadoras de las consecuencias de la crisis económica’, completa su parte propositiva instando al Ejecutivo a “ponerse a trabajar por la importancia de un acuerdo de negociación colectiva entre las distintas organizaciones sindicales y empresariales”, como apuntó Santiago.
Plantea también “adoptar más medidas para revertir los recortes introducidos por el Partido Popular en materia de protección por desempleo”, así como “emplazar a los agentes sociales para que incentiven la suscripción de un Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva ‘verde’, que incorpore medidas alineadas con la transición ecológica, con la eficiencia energética y la movilidad sostenible, fomentando la participación de las personas trabajadoras”.
Enrique Santiago conoce de primera mano y así lo trasladó a los medios que el Gobierno de coalición “ha venido trabajando de forma muy intensa, con el liderazgo del Ministerio de Trabajo, en la subida del SMI”. Valoró tambiñen que “hay que felicitarse del importante incremento en los Presupuestos Generales de 2023 de las pensiones de jubilación, la mejora en las prestaciones por desempleo -dejando sin efecto la reforma que hizo el Gobierno del PP para restringirlas-, los importantes incrementos en el Ingreso Mínimo Vital o la subida de los funcionarios”, que en 15 meses, entre lo que queda de este año y enero de 2024 verán una subida en sus salarios de un 9,5%.
“Estamos muy preocupados -dijo- porque todo esto contrasta con la actitud de la patronal de permitir la devaluación de los salarios al frenar todo el proceso de negociación colectiva, que está ahora mismo bloqueado, y a pesar de la evidente pérdida de capacidad adquisitiva” de las personas trabajadoras.
Advirtió que esto se une a la “irresponsable subida por parte del BCE de los tipos de interés”, que “puede provocar un incremento de cerca de un 35%-37% de las cuotas de las hipotecas medias de las familias españolas”.
En respuesta a diversas preguntas de los periodistas, Santiago apuntó que una vez que el Gobierno sí está haciendo su trabajo “es el turno de que la patronal haga el suyo”, mucho más porque las grandes empresas están alcanzando “beneficios exorbitantes” en medio de esta crisis.
Rechazó hablar de ‘pacto de rentas’ porque eso supone aceptar unos marcos en los que parece que “se derivan las responsabilidades que tiene la patronal a otros lugares, como puede ser a la Administración Pública, en relación al aumento de los salarios”.
