La portavoz federal de Izquierda Unida, Sira Rego, ha reclamado hoy una “investigación en profundidad y llegar hasta el fondo” para “dirimir y depurar todas las responsabilidades en su caso” por el espionaje a dirigentes políticos independentistas a través del programa de seguimiento informático y de escuchas ‘Pegasus’. Rego considera que el “mejor instrumento” para hacerlo es a través de la comisión de investigación parlamentaria que ha solicitado en el Congreso Unidas Podemos, junto a otras formaciones que integran el llamado acuerdo de investidura salvo el PSOE.
La dirigente federal de IU tachó en su tradicional rueda de prensa telemática de los lunes de “inaceptable” esta trama de espionaje “a la oposición política, a abogados” y a otras personas del entorno independentista. “En el marco de una democracia y de un Estado de Derecho esto no es aceptable de ninguna manera”, apostilló.
En principio, según los datos que manejan desde estas formaciones que cuentan con representación parlamentaria, el espionaje afectaría a más de 60 dirigentes y cargos públicos catalanes y vascos, al margen de otras personas colaboradoras, por lo que Rego incidió en que una comisión en el Congreso es el “instrumento que más garantías puede dar”.
Sira Rego opinó que “todos los gestos hechos hasta ahora” por el Gobierno así como sus propuestas para aclarar el asunto son “positivos”, pero volvió a defender que una investigación desde el Congreso es una “herramienta útil”, tanto “desde el punto de vista democrático, como de fiabilidad y transparencia”, por lo que se debe poner en marcha cuanto antes.
Por otra parte, a preguntas de los/as periodistas sobre el dinero que se destinará a la organización de la próxima cumbre de la OTAN del mes de junio en Madrid, la portavoz federal señaló que como formación “antiotanista” que es IU “no tiene ningún sentido” que se dedique ninguna cantidad para que se reúna una organización que es un “instrumento de guerra”.
Rego defendió que la prioridad para Izquierda Unida sigue siendo “el gasto social” y que se destine “más dinero para la sanidad, educación, dependencia y el resto de servicios que de verdad protegen a la clase trabajadora”.
