En 2013, la Unión Europea acordó una serie de medidas para desarrollar, antes de 2030, una Red Transeuropea de Transporte que reforzase la cohesión social, económica y territorial, asegurando la accesibilidad de todas sus regiones (Reglamento 1315/2013). En 2023, la Comisión revisará el estado de esta ‘red básica’ teniendo en cuenta los proyectos planteados por cada país, que deberían actualizar las líneas ya existentes, crear nuevas infraestructuras y conexiones que respondan a las necesidades ciudadanas y de la actividad productiva, así como reducir las emisiones derivadas del transporte. En el caso de España, estos cambios deberán concretarse en el Plan Ferroviario Español 2020-2026, que está en fase de borrador.
Unidas Podemos se ha dirigido a la Comisión Europea para hacer llegar las demandas de la Coordinadora Estatal por el Tren Público, Social y Sostenible, que pide analizar si el Plan español respeta el Reglamento y los objetivos de accesibilidad y cohesión territorial recogidos en el mismo. La plataforma pide crear una red española “mallada, tupida, extensa, coherente, consistente y accesible, dotada de servicios ferroviarios asequibles para toda la población”, bien tejida con los corredores Atlántico y Mediterráneo, pero prestando mayor atención a la vertebración de las zonas rurales.
En las últimas décadas, en España se ha privilegiado el desarrollo de líneas de alta velocidad (AVE) que conectan grandes núcleos urbanos, abandonando las líneas de cercanías y media distancia (que utilizan más del 90% de las personas que viajan en tren). La Coordinadora exige que el nuevo Plan español proyecte “una red formada por líneas de doble vía, electrificadas, con tráfico mixto de personas y mercancías, velocidades medias de 165 km/h, estaciones en el centro de las ciudades y estaciones en las cabeceras de comarca del mundo rural”, además de reforzar la red de trenes de cercanías, regionales y de larga distancia, trenes de mercancías y nocturnos.
“¿Cree la Comisión que la red básica ferroviaria española debería no limitarse a integrar los corredores Atlántico y Mediterráneo, incluyendo nuevas redes, trenes nocturnos, conexiones transfronterizas, estaciones en el medio rural y conexiones más pequeñas? ¿Considera que el Plan ferroviario se ajusta a los objetivos climáticos del Pacto Verde, del paquete ‘Fit for 55’ y del Plan Nacional de Energía y Clima?”, plantea en el escrito enviado a la Comisión a través de Unidas Podemos.
La Coordinadora Estatal por el Tren Público, Social y Sostenible agrupa a decenas de plataformas de la sociedad civil, organizaciones profesionales, ecologistas y partidos políticos que reclaman una red ferroviaria extensa, coherente y vertebradora del territorio urbano y rural. Defienden un servicio público esencial que garantice el acceso de toda la población a derechos básicos como la sanidad, la educación y el empleo, que falicite el contacto con otras personas y con las administraciones públicas, y que permita el suministro cotidiano de otros bienes y servicios.
Todo ello teniendo en cuenta que el transporte ferroviario de personas y mercancías es uno de los más sostenibles, y que una buena red nacional e internacional ayudaría a cumplir el objetivo de reducción de emisiones del Pacto Verde Europeo (un 90% menos de gases de efecto invernadero procedentes del transporte de aquí a 2050, respecto a los niveles de 1990).
