La portavoz federal de Izquierda Unida y eurodiputada de Unidas Podemos, Sira Rego, ha anunciado esta mañana el voto en contra de nuestra organización a la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que se celebra este martes en el pleno de Estrasburgo. Un voto en contra, que se sustenta en varios ejes que hacen de esta PAC “una propuesta a la medida de la patronal del campo, que sigue protegiendo a los agricultores de sofá y que da la espalda a la crisis ecosocial”.
Lo primero es que “esta nueva PAC nace obsoleta”. La regulación lleva negociándose desde 2017 y no va a entrar en vigor hasta 2023, por tanto, “no está adaptada a las exigencias” no sólo medioambientales, sino a la realidad del campo. Por ejemplo, ignora los cambios que la propia UE y la sociedad están viviendo. Desde el Pacto Verde Europeo, a la estrategia De la Granja a la Mesa, pasando por la Estrategia europea sobre biodiversidad, o los problemas estructurales que se han manifestado con crudeza en el campo en los últimos años: “Hablamos de precios a la baja, de la subida del gasoil, de los insumos cada vez más altos, del cierre de explotaciones, de competencia desleal o del deterioro de la posición de las y los agricultores en la cadena de valor”.
El texto, alerta Rego, “no tiene en cuenta cuestiones fundamentales como la redistribución económica entre los agricultores más precarios, la incorporación de la mujer y de los jóvenes con medidas concretas o la crisis climática”.
Es “una propuesta conservadora”. “Había una oportunidad de traer una PAC más justa, que pensara en las necesidades del momento y la gravedad de la crisis ecosocial”. Pero la realidad es otra. “Hay un enorme caudal de recursos económicos que no está llegando a los pequeños y medianos agricultores y esta era la oportunidad, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en medio de una reflexión profunda sobre el modelo productivo y las necesidades que tiene la gente trabajadora en Europa”.
La portavoz de IU señala como un tema clave que la propuesta de reforma no aborda algo que es “sustancial” y que “genera una enorme brecha y desigualdad en la agricultura”, como la implementación de “un sistema de fijación justa de precios”. Cabe recordar que los precios bajos y volátiles como los que tenemos ahora son el factor principal que explica las bajas rentas de nuestros agricultores y agricultoras.
Por otro lado, y pese a que hay algunos grupos que están haciendo bandera de ello, la propuesta, más alla de las “buenas palabras y declaraciones de intenciones, no incluye ninguna medida concreta que reconozca y mejore la situación de las mujeres agricultoras”. Tampoco para la juventud que quiera dedicarse al campo, ya que, por ejemplo, las ayudas mínimas al relevo generacional se han quedado en un 3% de los pagos del Primer Pilar, muy lejos de las necesidades de un sector profundamente envejecido.
“Las ayudas directas siguen sin tener un techo máximo y sin ser una medida vinculante para los Estados miembros”, lo que puede llevar a abusos porque en la práctica, el cálculo se basa en deducir todo tipo de gastos. Tampoco atiende a una reivindicación histórica del campo como es la “definición de la figura del agricultor genuino, por lo que esta PAC también prima a los agricultores de sofá y los grandes tenedores de tierra, que podrán seguir acaparando las ayudas”.
En la misma línea, está la cuestión de los derechos históricos, “que es un mecanismo anacrónico de cálculo de las ayudas del Primer Pilar que permite que gente que no está en activo pueda seguir cobrando las ayudas”. Esto conlleva que agricultores con derechos reconocidos en los años noventa sigan cobrando la PAC o que en 2027 puedan cobrar por derechos del año 2000. Y a la inversa: agricultores y ganaderos en activo no pueden acceder a las ayudas, lo que dificulta enormemente el imprescindible relevo generacional.
“Creemos que es una PAC que da la espalda nítidamente a la protección del medioambiente y las demandas sociales”, continúa. Los ecoesquemas “son un fracaso”, porque se dotan a la baja económicamente y se detraen del apoyo directo a rentas” para promover unas medidas cuya implantación les requiere, además, un gasto adicional a los pequeños agricultores. “No se van a aplicar”, vaticina Rego, “o sólo lo van a aplicar las grandes empresas y explotaciones”, que con esta decisión podrán seguir haciendo campañas de greenwashing a costa de la renta de los pequeños perceptores de la PAC.
“Los recursos deberían haberse repartido de una manera más justa para evitar que las explotaciones más pequeñas queden atrás, para impulsar una agricultura que tenga también en cuenta a quienes estén produciendo en esquemas más pequeños y sostenibles, para invertir los recursos públicos en modernizar la agricultura y hacerla más sustentable, que es algo fundamental en el caso de la crisis ecosocial y un sistema de producción más justa, que no obligue a los agricultores a vender por debajo de los precios de producción, que es un drama que sufren muchos agricultores y agricultoras de nuestro país”, ha resumido.
- Enlace al mapa «¿Quién se lleva la PAC?» con los grandes beneficiados de la PAC en España: izquierdaunida.org/ayudas-pac
