El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha presentado esta mañana junto a la diputada del mismo grupo Martina Velarde las 30 enmiendas al proyecto de Ley de Memoria Democrática registradas en el Congreso conjuntamente con el Grupo Socialista, cuyo plazo concluye hoy miércoles. Entre los cambios destaca el que se introduce con una nueva redacción del artículo 2, referido expresamente a la Ley de Amnistía de 1977. Su objetivo es “garantizar el derecho a la justicia de las víctimas” e indica expresamente que ‘todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario”, según el cual “los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”.
Santiago, en respuesta a los medios sobre esta misma enmienda, ha celebrado el acuerdo alcanzado que conduce a que, si sale adelante la reforma, no se pueda seguir utilizando la Ley de Amnistía “como una excusa para no perseguir crímenes” como los que se explicitan en el nuevo texto.
El diputado reconoció la limitación de su alcance práctico después de los muchos años transcurridos, ya que “la responsabilidad penal acaba con la muerte” y muchos responsables han fallecido. No obstante, destacó que la justicia no consiste solo “en sancionar”, sino que también es “muy importante conocer la verdad judicial”, algo que tiene en sí mismo un “efecto reparador” para las víctimas, para llegar al convencimiento de que no existen afectados de primera y de segunda.
“No se trata -dijo- de juzgar a servidores públicos de la dictadura, sino a aquellos que cometieron estos crímenes que no son amnistiables”, detalló el también portavoz parlamentario de IU en el Congreso.
La nueva Ley de Memoria Democrática contemplará a partir de otra enmienda que el fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática aborde la “investigación de los hechos que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la guerra y la dictadura”.
Otra de los cambios incluye ampliar el censo de víctimas del franquismo -sobre el que ya se trabaja desde 2019- para que integre “tanto a las personas fallecidas y declaradas fallecidas, como a las supervivientes que presten su expreso consentimiento”.
Martina Velarde detalló también que a partir de la entrada en vigor de la ley, el Gobierno tendrá un año para designar una comisión técnica que “elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos” hasta el 31 de diciembre de 1982. De esta forma se deben señalar “posibles vías de reconocimiento a las mismas”, así como a sus familiares o a colectivos en relación a “casos concretos”, apostilló Santiago.
A todo ello va a contribuir la creación de una “oficina de víctimas”, que se encargará del “apoyo técnico de las mismas y recogida los testimonios de las personas que padecieron persecución y de sus familiares, así como realizar labores de divulgación y sensibilización sobre los padecimientos y luchas de que protagonizaron las víctimas de la guerra, la dictadura”.
Para Enrique Santiago el conjunto de las enmiendas formalizadas hoy supone dar “pasos muy sólidos” para satisfacer el derecho a la Verdad, Justicia, Reparación y a la no repetición de graves crímenes” que exigen desde hace años las víctimas del franquismo, sus familias y los colectivos que los representan. En su opinión, este acuerdo alcanzado con el PSOE “es francamente bueno” y “mejora” el texto inicial del anteproyecto elaborado en el seno del Gobierno de coalición.
Las enmiendas impulsadas por Unidas Podemos reconocen también “el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura, en los términos que se establezcan legalmente, así como en la normativa de desarrollo”.
La nueva ley traslada al Gobierno la obligación de elaborar en el plazo de un año desde que entre en vigor una auditoría de los bienes incautados y, a partir de ahí, se establecerán las vías para el resarcimiento. Una comisión técnica será la encargada de estudiar el “conjunto de medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la Guerra y la Dictadura, y reconocidas tanto en la normativa estatal como en la autonómica, para que establezca conclusiones y recomendaciones sobre el grado de cobertura alcanzado y déficits subsanables”.
Como ya se adelantó, se incluye una enmienda para que se reconozca la nacionalidad no solo a los “descendientes” de los brigadistas internacionales, siempre y cuando acrediten “una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes y la defensa de la democracia en España”.
Entre los pasos que van más allá de la conocida como ‘ley de memoria histórica” en vigor para acabar con los vestigios de la dictadura franquista se plantea, entre otras cuestiones, suprimir el nombre del Valle de los Caídos para que pase a llamarse oficialmente Valle de Cuelgamuros y se recupere así su “nombre original”.
De la misma forma, se acelera la supresión de los títulos nobiliarios concedidos durante la dictadura para exaltarla y recompensar a personas que colaboraran con ella, por lo que se pide suprimir 33 ducados, marquesados y condados, entre ellos el de Franco o Primo de Rivera.
Se plantea el acceso “libre gratuito y universal” a los archivos privados, además de a los públicos, para que se puedan consultar documentos históricos integrantes de series documentales o de colecciones de bienes del Patrimonio Documental sobre el golpe de Estado, la Guerra, la dictadura franquista, la resistencia guerrillera antifranquista o el exilio.
Enrique Santiago declaró que su grupo parlamentario tratará de conseguir el mayor número de apoyos posibles entre el resto de formaciones políticas y argumentó su confianza en poder lograrlo en que “si hay un bloque en el Parlamento que defienda rechazar la aplicación del Derecho internacional van a tener difícil explicarlo fuera de nuestro país”.
