El Grupo Municipalista de Izquierda Unida-Podemos-Comuns en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha concretado una moción para que las formaciones que lo integran la presenten en todos los ayuntamientos donde tienen representación para, entre otras cuestiones, instar al Gobierno estatal a que, hasta lograr que se apruebe una nueva ley de financiación local, “presente con urgencia un proyecto de ley de modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo” para que sitúe el marco jurídico del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido popularmente como impuesto de plusvalía, en los términos que establecen las distintas sentencias del Tribunal Constitucional.
El Grupo Municipalista responde así con celeridad tras haber conocido de forma genérica la reciente decisión del Pleno del Tribunal Constitucional de declarar la nulidad de varios puntos del articulado de la citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales en lo que tiene que ver con el impuesto de plusvalía.
El texto de la moción insta también al Gobierno del Estado a que, dado que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 acaba de iniciar su tramitación en el Congreso, incluya en las cuentas públicas “un fondo específico de compensación por las pérdidas ocasionadas a los ayuntamientos”.
De igual forma, el grupo de Izquierda Unida-Podemos-Comuns en la FEMP plantea “promover, junto con las entidades municipalistas, una nueva ley de financiación de las entidades locales, con el objetivo de que se conviertan en unos gobiernos con capacidad de transformación y puedan desarrollar con calidad sus competencias y servicios”.
El Grupo Municipalista está en contacto permanente con el Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común en el Congreso para convertir también el texto de la moción en una iniciativa parlamentaria para que sea debatida en la Cámara Baja.
La iniciativa registrada ahora para que se apruebe en los plenos municipales por todo el Estado recuerda que antes del fallo del Constitucional conocido esta semana, este mismo tribunal ya declaró inconstitucionales y anuló en sendas sentencias con fecha 11 de mayo de 2017 y 31 de octubre de 2019 otros artículos que afectan al contenido del muy cuestionado impuesto de plusvalía.
“Aunque hay que permanecer a la espera de conocer el contenido de la sentencia y los votos particulares para hacer una valoración más exhaustiva del alcance de esta medida y su repercusión en los ingresos de los ayuntamientos -señala el Grupo Municipalista en su moción-, advertimos que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana queda totalmente desmembrado y con gran incertidumbre jurídica en cuanto a sus efectos recaudatorios”.
Las sentencias del Constitucional de 2017 y 2019 contenían ya un mandato para llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones del régimen legal del impuesto de plusvalía. Pese a ello, los sucesivos gobiernos no han completado la reforma exigida. De ahí que el Grupo Municipalista de Izquierda Unida-Podemos-Comuns considere que “los entes locales no deben asumir en ningún caso las consecuencias de una regulación estatal incorrecta y extemporánea”.
Advierten también que “sin duda, la modificación de la normativa tendrá un impacto notable sobre las finanzas municipales”, por lo que se deben buscar “sistemas compensatorios de forma urgente para que los entes locales dispongan de la capacidad económica y la autonomía financiera necesaria para continuar ofreciendo los servicios que prestan y desarrollar las medidas de reconstrucción social y económica como consecuencia de la pandemia”.
“Ahora bien -avisan en la moción-, las sentencias sobre el impuesto de plusvalía evidencian no solo la necesidad de ajustes superficiales frente a las exigencias constitucionales, sino la urgencia de emprender la reforma de la financiación local. El municipalismo se le ha ganado y lo merece”.
El Grupo Municipalista considera que es así “especialmente por el trascendental papel que el municipalismo ha jugado en la contención socioeconómica de los efectos causados por la crisis sanitaria del Covid-19, con un importante esfuerzo inversor, asumiendo competencias impropias y haciendo enormes esfuerzos para ampliar el escudo social para proteger a las familias, bonificar en tasas a la hostelería y el comercio local, o garantizar los servicios sociales básicos”.
Alegan que la nueva ley de financiación local “no puede dilatarse más en el tiempo y debe estar aprobada antes de finalizar la legislatura”. De ahí que detallen que las dificultades económicas que atraviesan los ayuntamientos “hacen más necesario que nunca un marco normativo que combine la presencia de un espacio fiscal propio con un conjunto de transferencias incondicionadas provenientes de una mayor participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado y en los fondos de las comunidades autónomas para cerrar la brecha existente entre las necesidades de gasto y los servicios a prestar”.
Hasta lograr que la moción se apruebe en los plenos municipales por todo el Estado, el Grupo Municipalista de Izquierda Unida-Podemos-Comuns muestra su “satisfacción” por el hecho de que la declaración aprobada por unanimidad esta misma mañana en la Junta de Gobierno de la FEMP reunida en Torremolinos incluya ya buena parte de las reclamaciones expresadas con anterioridad por este grupo.
Entre ellas están la de demandar al Gobierno ‘la aprobación urgente’ de una norma legal que reforme el impuesto de plusvalía para que se garantice ‘la seguridad jurídica de los ciudadanos y los gobiernos locales, y la correspondiente recaudación para las haciendas locales’ y la creación de ‘un fondo de compensación a los ayuntamientos por las cantidades no recaudadas”, por el último fallo del Constitucional y que esto ‘se haga extensivo a las pérdidas de recaudación originadas por las anteriores sentencias’.
En este mismo contexto, el portavoz del Grupo Municipalista y alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, ya remitió ayer una carta al presidente de la FEMP, Abel Caballero, para que “solicite urgentemente una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL)”, dependiente del Ministerio de Hacienda como órgano permanente para la colaboración entre la Administración General del Estado y la Administración Local.
