El portavoz adjunto de Unidas Podemos y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha rechazo esta mañana de plano en el Congreso la iniciativa presentada “a contratiempo totalmente” por el partido ultraderechista Vox para, supuestamente, modificar la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos para incrementar la protección de los arrendadores. Santiago advirtió de que propuestas así, auspiciadas también por el PP, solo buscan “defender los grandes beneficios del sector inmobiliario y financiero”, los mismos que “han generado una crisis habitacional que ha vulnerado el derecho constitucional a una vivienda digna”.
El también secretario de Estado para la Agenda 2030 recordó durante su intervención en la Comisión de Justicia que en su grupo, tanto a nivel parlamentario como desde el Gobierno de coalición, “estamos con la gente, no con los ‘fondos buitre’ y los especuladores” para garantizar el acceso a una vivienda digna a todas las personas.
Explicó que el Ejecutivo “está trabajando por primera vez en una Ley de Vivienda que acabe con las subidas abusivas de los precios de alquiler, para garantizar alquiler estable, asequible y seguro. Esperamos que se apruebe en breve para poder promover un parque público de alquiler social y aumentar el gasto público en vivienda”.
De la misma forma, recordó que ya el Real Decreto-ley 7/2019 “derogó las modificaciones más importantes que el Partido Popular había aprobado”, por lo que “los arrendatarios vuelven a tener contratos de alquiler de cinco años o de siete años y el propietario es una persona jurídica”. También “se dio un trato diferenciado y preferente a los pequeños propietarios de vivienda, que buscan una relación de confianza con el inquilino de su piso, no como las personas jurídicas, que hacen negocio con un bien de primera necesidad”.
“Un trabajador arrendatario -ha comentado durante su intervención- no está en la misma posición jurídica que un gran tenedor de viviendas o que un ‘fondo buitre’ transnacional que invierte en vivienda para especular. Hoy sigue existiendo un desequilibrio entre las partes contratantes a favor del arrendador. Para el arrendatario, acceder a una vivienda en alquiler es una necesidad esencial para garantizar techo a su familia; para el arrendador, por lo general, suscribir el contrato no es una condición esencial para garantizar el disfrute de ningún derecho fundamental”.
Enrique Santiago detalló también que ese real decreto aprobado hace cerca de dos años fue solo “un primer paso, fruto del acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, para equilibrar la relación jurídica entre arrendadores e inquilinos”, después de que todas las reformas impuestas con anterioridad por el PP “siempre fueran a favor de los grandes propietarios, como ahora pretende Vox con esta proposición”.
Detalló que todas esas leyes de la derecha solo sirvieron para “dejar desprotegidas a las personas inquilinas y también a los pequeños propietarios de vivienda en beneficio de bancos, grandes inmobiliarias, fondos de inversión y las Socimis”.
Mientras, “fueron los ayuntamientos, junto a las asociaciones de vecinos, las plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH), los sindicatos de inquilinas, quienes aguantaron las consecuencias de los denominados ‘desahucios invisibles’, defendiendo a las familias del ‘mobbing’ de los fondos de inversiones, ante las listas cada vez más largas de demandantes de vivienda pública en alquiler, por la imposibilidad de las familias de pagar los precios del mercado privado”.
El portavoz adjunto de Unidas Podemos y portavoz de IU en el Congreso puso varios ejemplos para que se entendiera mejor lo que había hecho la derecha: “La reforma del 2013 -apuntó- provocó que los precios del alquiler se dispararan. Durante el 2017 el precio de la vivienda en alquiler se incrementó de media un 18,4%. Ese mismo año los salarios no subieron más de un 0,5%, es decir, subieron 37 veces menos los salarios que los precios de los alquileres. En ese año también más del 42% de los hogares españoles destinaban más del 40% de sus ingresos a pagar alquileres, situación considerada inaceptable por la Unión Europea, no por Cuba, por la Unión Europea”.
