El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha instado esta mañana al Gobierno español, así como al conjunto de los ejecutivos e instituciones de la Unión Europea (UE), a estar “especialmente vigilantes” con las elecciones convocadas en Bolivia el próximo domingo. Santiago ha trasladado la “preocupación” de su grupo por el hecho de que “un Gobierno golpista de facto sea el que organiza estos comicios”, para los que insistió en reclamar la “vigilancia de toda la comunidad internacional, de la Unión Europea y de nuestro Gobierno” para que se desarrollen dentro de los cauces legales y “haya un escrutinio con normalidad, transparencia y en paz”.
El también portavoz parlamentario de Izquierda Unida presentó hoy en rueda de prensa desde el Congreso, junto a la también portavoz adjunta de Unidas Podemos, Sofía Castañón, y al diputado de este grupo y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Antón Gómez-Reino, una proposición no de ley de Unidas Podemos relativa a las garantías democráticas en los próximos procesos electorales en América Latina.
En relación a Bolivia, detalló a los periodistas cómo dos grupos de observación de los comicios viajan desde esta mañana hacia ese país. Uno está compuesto por cinco representantes del Partido de la Izquierda Europea (PIE) -fuerza supraestatal de la que forman parte tanto Izquierda Unida como el PCE-, entre las que se encuentran la vicepresidenta del PIE y dirigente de IU, Maite Mola, así como el responsable de Política Internacional de la formación española, Francisco Pérez Esteban. Además, Unidas Podemos envía también como observadores a dos de sus diputados/as: Lucía Dalma y Gerardo Pisarelo.
Enrique Santiago indicó que “esperamos que se den las garantías para que puedan aterrizar en La Paz” y que las autoridades locales les permitan realizar sus tareas de “observación de la situación con todas las facilidades”. Tiene claro que los problemas pueden llegar de “un Gobierno de facto impuesto tras un golpe militar, como han acreditado distintas auditorías internacionales”.
Estas mismas auditorías destaparon también cómo responsables políticos que apoyan al actual Gobierno de facto boliviano echaron de manera ilegal del poder al presidente Evo Morales, hasta obligarlo a salir del país. No satisfechos con ello, inhabilitaron la primera candidatura con la que su partido, el MAS, quería presentarse a estos nuevos comicios y no sin mucho esfuerzo se les permitió finalmente regularizar otra candidatura distinta.
Santiago denunció que, al igual que ocurre en otros países latinoamericanos, “estas técnicas de inhabilitación forman parte de esa guerra jurídica” para tratar de expulsar a organizaciones de izquierda de las elecciones y poder variar así la voluntad real de la ciudadanía a la hora de elegir libremente a sus representantes.
Antón Gómez-Reino, por su parte, explicó que la iniciativa parlamentaria que registra Unidas Podemos busca que el Congreso inste al Gobierno español e, indirectamente, a todos los agentes políticos a “implicarse más en la defensa de la democracia en América Latina y en los procesos electorales” de sus países, ya que en muchos de ellos “no atraviesa por un buen momento”.
De forma similar, la diputada Sofía Castañón destacó la importancia que en estos países latinoamericanos tienen “las movilizaciones que realiza el movimiento feminista” a través de sus distintas asociaciones y representantes políticos. Indicó que es necesario que se garantice con todas las fuerzas esta “representación política de las mujeres” debido a los ataques que sufren, “en especial las indígenas”, hasta llegar en “muchos casos a pagarlo con su vida”.
