Izquierda Unida, a través de su Comisión Internacional, denuncia que el ‘Gobierno transitorio’ de Jeanine Áñez, que sigue gobernando de facto en Bolivia tras el golpe de Estado contra Evo Morales, “incrementa su represión selectiva contra líderes de su principal oposición política, el Movimiento al Socialismo (MAS), que hoy lidera el candidato presidencial Luis Arce en sustitución de Morales, así como contra dirigentes de otros movimientos políticos y sociales aprovechándose de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19”.
En este contexto, IU muestra su “total rechazo y condena” por la detención de la dirigente Patricia Arce, alcaldesa de Vinto, en Quillacollo. Según los datos conocidos por esta formación, Arce fue arrestada en su domicilio, alrededor de las 23,00h., mientras veía la televisión junto a sus hijos, el pasado martes, día 21. El arresto lo ejecutó de forma ilegal un grupo policial boliviano que, según fuentes conocedoras de la acción, operó sin orden judicial previa.
La alcaldesa Arce es responsable del municipio de Vinto, de cerca de 50.000 habitantes. Fue candidata por el MAS y, en noviembre pasado, tras el levantamiento de policías y militares que concluyó en golpe de Estado y suspensión de derechos y garantías constitucionales, fue tomada de rehén por un grupo de hombres armados. Actuaciones similares de grupos parafascistas y paramilitares se sucedieron en otras localidades.
Patricia Arce fue golpeada y humillada; le echaron pintura y le cortaron el pelo, tras lo cual fue exhibida públicamente en una acción vejatoria y contraria al más mínimo respeto de sus derechos.
La Comisión Internacional de IU expresa su “solidaridad” con Arce tras su detención, al tiempo que exige su “inmediata puesta en libertad”. Esta formación muestra también su “seria preocupación” por la posibilidad de que “no solo se violen sus derechos democráticos con este arresto, sino que pueda sufrir tortura o malos tratos auspiciados por Gobierno que está llenando las cárceles de presos políticos, mientras se escuda en la pandemia del Covid-19 para no dar pasos decisivos para convocar nuevas elecciones presidenciales”.
IU denuncia que “el Gobierno interino de Jeanine Áñez aplica de facto en Bolivia un estado de excepción ilegal bajo la cuarentena. Resulta increíble que este Ejecutivo, que tenía la función de convocar en tres meses unos nuevos comicios tras las fallidas elecciones de octubre pasado, siga gobernando seis meses después y ejerciendo una política de represión selectiva”. Por ejemplo, Áñez impide que dirigentes del MAS refugiados desde hace seis meses en la Embajada de México puedan salir del país, violando así el Derecho Internacional.
La Comisión Internacional de IU advierte de que “la criminalización de la pluralidad política se acrecienta en Bolivia. Áñez y su Gobierno ganan tiempo para consolidar su poder antidemocrático, mientras trata de debilitar a la oposición política e incrementa el número de presos políticos, sobre todo en los territorios de más resistencia política, como es el caso de Cochabamba”.
Izquierda Unida llama a la comunidad internacional a “exigir la libertad de todos los presos políticos en Bolivia, a impedir que se siga encarcelando a cargos públicos democráticamente elegidos, como es el caso de Patricia Arce, y a que las autoridades bolivianas cumplan con el Derecho Internacional y permitan que salgan del país los opositores refugiados en la Embajada de México”.
