La actual crisis de acceso a la vivienda es uno de los principales problemas sociales y económicos del país, afectando de manera directa a la cohesión social, a la igualdad de oportunidades y al ejercicio efectivo de derechos fundamentales. El progresivo encarecimiento del alquiler, la inestabilidad residencial y la creciente financiarización del mercado inmobiliario están expulsando a amplias capas de la población de sus barrios y municipios, dificultando el desarrollo de proyectos de vida dignos y estables.
Esta situación es el resultado de un mercado desregulado que ha priorizado la especulación y la rentabilidad sobre la función social de la vivienda. Ante este escenario de emergencia habitacional, las administraciones públicas tienen la obligación de actuar de forma decidida y coordinada, utilizando todas las herramientas legales disponibles para garantizar el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible, tal y como reconoce la Constitución Española.
En este contexto, la presente moción plantea un conjunto de medidas urgentes y necesarias orientadas a la intervención del mercado del alquiler, la protección inmediata de las personas inquilinas y la limitación de las prácticas especulativas, con el objetivo de situar la vivienda como un derecho y no como un activo financiero.
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MOCIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE ZONAS TENSIONADAS, LA APROBACIÓN DE UNA PRÓRROGA EXTRAORDINARIA DE LOS ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA HABITUAL Y LA PROHIBICIÓN DE LAS COMPRAS ESPECULATIVAS
La vivienda constituye hoy en día el epicentro de la mayor desigualdad social en España. Según FOESSA, el 45% de la población que vive en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Además, la vivienda es el factor que genera mayor distancia entre rentas. Según un informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la renta de los caseros es un 82% superior a la de los inquilinos.
A lo largo de 2026 y 2027 más de un millón de hogares podrían enfrentarse a la finalización de sus contratos de alquiler, en lo que ya se conoce como ‘la gran extinción de los alquileres’, correspondiente a los contratos firmados durante la pandemia de la COVID-19. Casi tres millones de inquilinas e inquilinos quedarían en una situación de absoluta incertidumbre y desamparo, ante la disyuntiva de tener que aceptar potenciales subidas prohibitivas en los precios del alquiler o tener que mudarse lejos de aquellos barrios y ciudades donde tienen su vida, sus allegados o tienen a sus hijos e hijas escolarizados.
En el último lustro, el mercado del alquiler en España ha experimentado una escalada desproporcionada de precios que, según todas las previsiones, continuará a lo largo de 2026, volviendo a cerrar en máximos históricos. Según datos procedentes de portales inmobiliarios, la subida media de los alquileres a nivel estatal entre octubre de 2020 y octubre de 2025 fue del 34,3%, pasando el precio ofertado para viviendas en alquiler de 10,85 euros el metro cuadrado a 14,5 euros.
En el caso de………….. (poner nombre de la CCAA o Ayuntamiento correspondiente)
Los datos no dejan lugar a dudas y evidencia la necesidad de una intervención urgente del mercado del alquiler de vivienda por parte de los poderes públicos, para hacer efectiva la función social de la vivienda, recogida en el artículo 47 de la Constitución Española, y que garantice el derecho a una vivienda digna.
Las comunidades autónomas tienen las principales competencias y herramientas en materia de vivienda, tal y como se refleja en el artículo 148.1.3 de la Constitución y en sus respectivos estatutos de autonomía. En este marco competencial se inscribe, de manera específica, la potestad para declarar zonas de mercado residencial tensionado prevista en la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda.
La declaración de dichas zonas constituye un instrumento esencial para intervenir de forma eficaz ante situaciones de subidas persistentes y desproporcionadas de los precios del alquiler, permitiendo la aplicación de medidas orientadas a garantizar el acceso a una vivienda digna en condiciones asequibles. Allí donde esta herramienta se ha puesto en marcha ha demostrado su utilidad como mecanismo de contención en la escalada de precios, lo que refuerza la responsabilidad de las administraciones autonómicas para ejercer sus competencias para paliar la actual emergencia habitacional y proteger el interés general.
Por su parte, el Gobierno de España, en el ejercicio de sus competencias, tiene la responsabilidad de garantizar un marco común de protección de derechos en situaciones de especial vulnerabilidad social y económica, especialmente cuando concurren circunstancias extraordinarias que afectan de manera generalizada al acceso y mantenimiento de la vivienda habitual, como es el caso en en la actual crisis de vivienda por parte de la ciudadanía.
Desde esta perspectiva, y ante el rechazo a declarar las zonas tensionadas por el Gobierno de…. (poner nombre de la CCAA correspondiente), así como el tiempo que requeriría su aplicación, resulta necesaria la aprobación de una nueva prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de la vivienda habitual, en el marco de las competencias exclusivas estatales sobre la legislación civil. Esta medida se encuentra recogida en la LAU y ya ha estado en vigor durante más de dos años en nuestro ordenamiento jurídico tras la aprobación y posterior convalidación en el Congreso de los Diputados de ocho Reales Decretos-ley entre los años 2020 y 2023. Por tanto, la prórroga extraordinaria es, en estos momentos, la única medida capaz de proteger de manera efectiva e inmediata a los más de 2,7 millones de personas en todo el Estado y…. (poner dato de la CCAA correspondiente) que pueden verse afectadas por la revisión arbitraria y desproporcionada de los precios del alquiler en los próximos dos años.
Finalmente, es imprescindible tomar medidas para que la vivienda sea, exclusivamente, un bien de primera necesidad y deje de ser un bien de inversión. Existe una causa objetiva urgente y de extrema dificultad del ejercicio del derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada por parte de la mayor parte de la población en la mayor parte de las ciudades de nuestro entorno, ligada directamente a un comportamiento especulativo del mercado inmobiliario. Así lo confirman diferentes datos: entre 2014 y 2024, el 56% de las compras se hicieron al contado, sin hipoteca, el 15% la hicieron extranjeros no residentes y entre 2008 y 2020, prácticamente la mitad de las compras de viviendas son de empresas con más de 8 viviendas.
Esa causa es la que justifica la necesidad perentoria de regulación del uso del suelo por parte de los poderes públicos para revertir la situación y evitar la especulación, por mandato expreso del art 47 de la Constitución.
El Gobierno de España tiene la capacidad, tal y como queda recogido en el estudio jurídico del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona sobre ‘La viabilidad jurídica de la limitación de adquisición de inmuebles destinados a uso residencial para su destino a vivienda propia de la persona adquiriente’ de limitar las adquisiciones de inmuebles solo para que la persona adquiriente lo destine a su propia vivienda habitual y a la adquisición de edificios enteros, ampliando la alternativa de la restricción a que la persona adquiriente de los edificios enteros los ponga en régimen de alquiler, pero en unas condiciones accesibles de tiempo y precio. También debe ampliarse la limitación, no solo a las adquisiciones de los inmuebles, sino también a los negocios jurídicos de disposición que supongan la cesión de los derechos de adquisición sobre los inmuebles, aunque no hayan transmitido.
La medida limitativa debe ser temporal y aplicable solo en las ZMRT, para evitar que se altere el estatuto básico del derecho de propiedad sobre los inmuebles imponiendo una restricción del poder de disposición que haga irreconocible el derecho.
MOCIÓN
(Izquierda Unida en…… Nombre de la institución donde se presenta) insta al Gobierno de la CCAA/Ayuntamiento de…………….:
- A ejercer las competencias que le atribuye la legislación vigente y proceder a la declaración de zonas tensionadas en (localización) con el objetivo de atajar la crisis de acceso a la vivienda actual, contener los precios, proteger el interés general y garantizar el derecho a la vivienda de la ciudadanía de (localización).
- (Izquierda Unida en…… Nombre de la institución donde se presenta) insta al Gobierno de… para que, a su vez, inste al Gobierno de España a que aprueben con la máxima urgencia una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual para los contratos sujetos a renovación en 2026, 2027 y 2028.
- Izquierda Unida en (poner nombre de la CCAA o Ayuntamiento correspondiente) insta al Gobierno de España a que apruebe con la máxima celeridad posible las modificaciones legislativas necesarias para limitar las compras especulativas de viviendas y garantizar su uso como residencia habitual y permanente.
Organizaciones firmantes:
Izquierda Unida
Movimiento Sumar
Comuns
Más Madrid
Compromís
Més per Mallorca
