Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, y del también diputado en el Congreso Francisco Sierra reclaman a los máximos responsables del Ministerio de Educación una “actuación contundente y decidida” para “garantizar el acceso universal a la educación superior” y evitar que se socave la “igualdad” a la hora del acceso a la misma.
Santiago y Sierra han registrado una iniciativa parlamentaria en la que constatan que “el derecho a la educación como principio constitucional exige garantías de acceso y calidad del servicio público acorde con las necesidades y desarrollo del Estado y las propias comunidades autónomas”.
Esto conlleva “medidas y políticas públicas activas” que contribuyan a “reforzar la red de universidades públicas en todo el territorio desde el punto de vista de su organización y financiación sostenible”.
Francisco Sierra, que además de diputado es catedrático en la Universidad de Sevilla, destaca y así plasma en la iniciativa que “a diferencia del contexto europeo, en España las dos últimas décadas han estado marcadas por un crecimiento desmesurado de las universidades privadas, sin un aumento proporcional de la población ni de la demanda real, dando lugar a desequilibrios y dinámicas de desarrollo que socavan el principio universal de la educación de calidad”.
Izquierda Unida pone como ejemplo el avalado por el Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid que supone en la práctica que un convenio en el que participan el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y la Universidad Complutense “abre la puerta a la discriminación por razones de renta de aquellos estudiantes que aspiren a cursar Derecho y acceder a la abogacía”, lo que “normaliza un modelo híbrido ajeno a nuestro marco normativo”.
La iniciativa parlamentaria recuerda que “hasta ahora, los centros adscritos se habían desarrollado por criterios esencialmente territoriales, como sucede con el centro de Aranjuez de la Universidad Complutense de Madrid o el de Osuna, en el caso de la Universidad de Sevilla”.
IU denuncia que en los últimos años “se observa un proceso que cuestiona el principio constitucional de reconocimiento del derecho a la educación de calidad, así como el propio marco normativo vigente”.
Derechos e igualdad conculcados en la práctica
Apunta de manera directa a que se conculca en la práctica desde múltiples gobiernos autonómicos del Partido Popular el contenido y claros requisitos que establece el vigente Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios.
Enrique Santiago y Francisco Sierra recuerdan en su iniciativa que al citado real decreto “se suma al conjunto de la legislación vigente en la tarea de regular el reconocimiento de las universidades privadas que pretendan constituirse en cualquier parte del Estado, siendo normativa básica y de obligado cumplimiento, sin perjuicio de aquella aprobada por las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias en la materia”.
Por todo ello, los diputados de Izquierda Unida interrogan directamente a los máximos responsables del Ministerio de Educación “qué medidas va a adoptar para garantizar el acceso universal a le educación superior” y “qué instrumentos de control y evaluación tiene previsto implementar para evitar el socavamiento y conculcación del derecho de igualdad”.
De la misma forma, plantean si Educación tiene previsto “el desarrollo de una herramienta de fiscalización de situaciones claramente de abuso de derecho en el ejercicio de las competencias de aquellos gobiernos que están incumpliendo sus obligaciones con la universidad pública”.
