- El magistrado Francisco de Jorge Mesas, a quien le ha correspondido por turno de reparto, comunica a los querellantes en un auto que da traslado a la Fiscalía para que informe si procede practicar las ‘diligencias interesadas’ encaminadas a determinar la ‘naturaleza y circunstancias’ de los hechos denunciados y en su caso, el ‘procedimiento aplicable’
- La misma instancia judicial recibe una segunda querella que firman a título individual cinco personas de nacionalidad española, todas ellas integrantes de las tripulaciones de las naves asaltadas y retenidas ilegalmente en tierra durante días hasta su posterior
La Audiencia Nacional ha decidido admitir e incoar “diligencias previas” por la querella presentada a mediados del pasado mes de noviembre por Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista de España (PCE) contra altas autoridades civiles y militares del régimen de Israel por su vinculación directa en la organización del asalto en octubre a las embarcaciones de la denominada Global Sumud Flotilla y la detención de cientos de personas que participaban en la misma, entre ellas “decenas de personas de nacionalidad española”.
El magistrado Francisco de Jorge Mesas, a quien ha correspondido la querella por turno de reparto, ha comunicado ya formalmente a ambas formaciones a través de un auto que procede, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 774 y 777 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ‘instruir Diligencias Previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable’.
El magistrado de la Audiencia Nacional estima con anterioridad que, una vez recibida la querella dirigida contra varias personas concretas por la comisión de los delitos que se detallan en la misma es ‘procedente’ actuar de esta forma, al ‘no estar determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos, ni las personas que en ellos han intervenido’.
De la misma forma, De Jorge Mesas dispone dar cuenta al Ministerio Fiscal de la incoación de estas diligencias previas, por lo que ‘confiere traslado’ a fin de que la Fiscalía ‘emita informe sobre la admisibilidad de la querella y la procedencia de las diligencias interesadas’.
Tal y como explicaron públicamente en su día Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, y Enrique Santiago, portavoz parlamentario de IU y secretario general del PCE, la querella va dirigida en contra del “ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, del que depende el Servicio Penitenciario de Israel (SPI); Ramatcal Eyal Zamires comandante en jefe de las Fuerzas Armadas israelíes; Ram Rotberg, almirante y comandante de las Fuerzas Navales de Israel, máximo responsable de las tropas que asaltaron los barcos”.
A estos tres se les suma “Yosef Knipes, máxima autoridad de la prisión de Ketziot, el general de brigada del sistema penitenciario de Israel responsable no solo de las comisiones de delitos de torturas sistematizadas durante la detención ilegal, sino de la ausencia de investigación alguna”.
Los delitos que se les imputan por el momento incluidos en el texto de la querella son los de “detención ilegal, piratería, tortura, delitos contra personas y bienes en caso de conflicto armado”, todo ello “en el contexto de la comisión de delitos de lesa humanidad y de genocidio” recogidos en el Código Penal español y en los tratados internacionales de aplicación directa.
Por otra parte, la Audiencia Nacional ha recibido una segunda querella que firman a título individual Alicia Armesto, Néstor Prieto, Manuel García Morales, Reyes Rigo y Juan Carlos de la Rubia, todas personas de nacionalidad española integrantes de la Global Sumud Flotilla asaltada por fuerzas militares de Israel y luego .
Esta querella también ha correspondido “por antecedentes” al magistrado Francisco de Jorge Mesas de la misma instancia judicial, que igualmente ha decidido instruir diligencias previas y dar traslado de las mismas a la Fiscalía.
Este segundo texto imputa los mismos delitos a la misma relación de querellados y en él se especifica, por ejemplo, que ‘es hecho notorio que numerosas personas formaban parte de la denominada como Global Sumud Flotilla, que zarpó de Barcelona a finales de agosto de 2025, y se encontraban embarcados en distintos buques, numerosos de esos de bandera y bajo pabellón y jurisdicción española’.
Una segunda querella de particulares
Entre ellas se encontraban las cinco personas querellantes, de nacionalidad española, que viajaban ‘embarcadas en diferentes embarcaciones con el objetivo de suministrar ayuda humanitaria a la población de Gaza, asolada por una implacable campaña militar’.
Además, con anterioridad al conocido asalto a la flotilla, ‘diversas embarcaciones sufrieron al menos dos ataques de índole militar contra estas, en concreto ataques con drones consistente en lanzamiento de proyectiles, material incendiario, bombas aturdidoras y material químico, en concreto los días 8 y 9 de septiembre de 2025 en el puerto de Sidi Bou Said (Túnez) y el 24 de septiembre 2025 en las aguas de la isla griega de Creta’. En este último caso resultó afectada ‘la embarcación tripulada por el querellante de nacionalidad española Juan Carlos de la Rubia’.
Los/as cinco querellantes hacen un pormenorizado relato en primera persona de los hechos ocurridos durante la travesía, los sucesivos ataques y los días que permanecieron ilegalmente retenidas por las autoridades del régimen israelí. Todo ello se sustancia en los delitos ya mencionados que, finalmente, imputan a las personas contra las que se querellan.
