
Izquierda Unida ha impulsado el registro en el Congreso de una iniciativa para que los máximos responsables de la política exterior del Gobierno se pronuncien con claridad sobre “qué medidas” han puesto en marcha para contribuir a apoyar el “respeto por los Derechos Humanos y las libertades básicas en Marruecos”.
La iniciativa la firman el portavoz parlamentario de IU y el también diputado y coordinador general de IU Andalucía, Enrique Santiago y Toni Valero, respectivamente. En ella, entre otras cuestiones, se indica al departamento que lidera José Manuel Albares que “resulta preocupante” el hecho de que “el régimen marroquí utilice de forma recurrente a su propia población desesperada como instrumento de presión política sobre el Gobierno de España, generando crisis migratorias que afectan a la frontera de Ceuta y Melilla”.
“Estas personas -especifican Valero y Santiago- no son ‘invasores’, como los presenta la extrema derecha, sino seres humanos que aspiran a vivir dignamente en su propio país y cuyos derechos son sistemáticamente vulnerados mientras el monarca ostenta un nivel de lujo insultante frente a la miseria del pueblo”.
IU concreta esta valoración preguntando de manera específica si hay alguna intención de trasladar al Gobierno marroquí “nuestra profunda preocupación por la vulneración de los derechos de la infancia, especialmente por la situación de los menores sin hogar y la de los que arriesgan su vida intentando cruzar la frontera”.
Completa esta idea el hecho de que las autoridades del régimen practiquen y hayan acentuado “graves restricciones del derecho de manifestación en Marruecos”, así como las “sistemáticas detenciones que se están llevando a cabo desde el mes de agosto en el marco de las protestas en defensa del derecho a la sanidad pública, las libertades básicas y el fin de la corrupción”.
De hecho, en las últimas semanas han sido detenidas centenares de personas “solo por intentar ejercer pacíficamente su derecho a manifestarse en un país que es, de facto, una dictadura monárquica a pesar de su fachada democrática”.
A ello se añade la “grave situación de los presos de conciencia rifeños que se encuentran en prisión”. Entre ellos, “el vecino de Alhucemas Nasser Zefzafi, condenado a 20 años de cárcel en 2018 por defender una sanidad pública digna y libertades básicas como el derecho de expresión, de reunión, asociación y manifestación para el pueblo rifeño y para todo Marruecos”.
Liberación también para los presos de conciencia rifeños
Izquierda Unida ha preferido no incluir en este texto, ya que lo ha concretado por separado en otras iniciativas, todo ello coincidiendo con el primer medio siglo de su puesta en práctica sistemática, la grave situación de ataque permanente y de vulneración de derechos del pueblo saharaui, así como la ocupación ilegal del territorio que le pertenece en el Sáhara Occidental.
De esta forma, completa la iniciativa interrogando sobre “qué medidas se están tomando para apoyar los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la región del Rif y en los territorios ocupados”, cuáles para “reclamar la liberación de los presos de conciencia rifeños, entre ellos Nasser Zefzafi” o qué se hace para “promover la liberación de los presos de conciencia en las cárceles marroquíes”.
Enrique Santiago y Toni Valero apuntan que ante esta situación los responsables competentes del Gobierno “tienen dos opciones: reforzar la dictadura de Mohamed VI, legitimando la ocupación ilegal sobre el Sáhara Occidental que realiza el régimen marroquí con el apoyo de Donald Trump e Israel, y el silencio de Europa, o tomar la senda de la defensa de los Derechos Humanos y el derecho de autodeterminación de los pueblos, dejando de ignorar la grave situación del pueblo marroquí y del pueblo saharaui”.


