Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista de España (PCE) han registrado esta mañana en la Audiencia Nacional una querella, en ejercicio de la acusación popular, contra altas autoridades civiles y militares del régimen de Israel por su vinculación directa en la organización del asalto el pasado mes de octubre a las embarcaciones de la denominada Global Sumud Flotilla y la detención de cientos de personas que participaban en la misma, entre ellas “decenas de personas de nacionalidad española”.
Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, y Enrique Santiago, portavoz parlamentario y secretario general del PCE han presentado públicamente el contenido de la querella en un contacto con los medios en dependencias del Congreso.
Santiago, también responsable federal de Justicia e Interior de IU, se ha encargado de detallar que los delitos incluidos en el texto son “los de piratería, detención ilegal, tortura, delitos contra personas y bienes en caso de conflicto armado”, todo ello en el contexto de la comisión de delitos de lesa humanidad y de genocidio recogidos en el Código Penal español y en los tratados internacionales de aplicación directa.
El diputado de IU apuntó especialmente que “no hay ninguna duda jurídica” de la “competencia” de la justicia de nuestro país para actuar en este caso “al tratarse de un asalto en un acto de piratería a barcos de bandera española ocurrido en aguas internacionales”.
Así, la querella va dirigida en contra del “ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, del que depende el Servicio Penitenciario de Israel (SPI); Ramatcal Eyal Zamires comandante en jefe de las Fuerzas Armadas israelíes; Ram Rotberg, almirante y comandante de las Fuerzas Navales de Israel, máximo responsable de las tropas que asaltaron los barcos”.
A estos tres se les suma “Yosef Knipes, máxima autoridad de la prisión de Ketziot, el general de brigada del sistema penitenciario de Israel responsable no solo de las comisiones de delitos de torturas sistematizadas durante la detención ilegal, sino de la ausencia de investigación alguna”.
“Estas son las autoridades -detalló Santiago- que claramente intervinieron en los hechos y que entendemos que son responsables de los delitos cometidos contra ciudadanos españoles y otros que no son de nacionalidad española, pero que iban en barcos de bandera española, es decir, en un lugar con jurisdicción de nuestro país”.
Antonio Maíllo recalcó la pertinencia de llevar a cabo esta acción judicial para responder de manera efectiva al “secuestro de compatriotas y de ciudadanos de otras nacionalidades en aguas internacionales y las torturas en la cárcel a la que fueron trasladados ilegalmente por parte de los responsables que tenían competencia para tomar estas decisiones” que aparecen en la querella.
Enrique Santiago se afanó en destacar que esta acción judicial “no es simplemente una iniciativa para obtener un titular mediático, ni tampoco es un juicio inquisitorial”, por eso “no hemos denunciado más allá de las personas directamente implicadas en estas actividades de los que nos consta que hay pruebas de que dieron las órdenes de forma directa y que intervinieron en los hechos criminales”.
No obstante, aclaró que “como pedimos en la querella, si a la vista de lo que se investigue y de las diligencias que se practiquen aparecieran vínculos, elementos probatorios, que acreditan la implicación de las máximas autoridades del Estado de Israel, obviamente la justicia española tendría que continuar la investigación más allá de estas cuatro personas querelladas e ir contra cualquier alto responsable del Gobierno israelí”.
Por eso, se indica expresamente al juzgado de la Audiencia Nacional al que por turno corresponda atender el texto registrado hoy que la querella va dirigida contra las cuatro personas citadas “así como contra otras que pudieran surgir en el curso de las actuaciones en concepto de autores, cómplices, cooperantes o inductores”.
Enrique Santiago y Antonio Maíllo coincidieron en señalar que la actuación que abren IU y PCE “debe ser simplemente un primer paso”, al cual pueden sumarse más adelante “con toda normalidad las personas directamente perjudicadas por estos hechos”.
Maíllo expresó su deseo de que “se llegue hasta el final”, entre otras razones “porque el Derecho Internacional no es un brindis al sol, está para que se cumpla, e Israel ha hecho norma del incumplimiento de la leyes internacional y de saltarse toda la normativa, desde la Convención de Ginebra a la Carta de Naciones Unidas, o cualquier norma vinculada a la civilización”.
El texto registrado esta mañana en la Audiencia Nacional incide en que la criminal acción contra la Global Sumud Flotilla tenía que ver con que con ella “se trataba de impedir la continuidad de un bloqueo que lleva más de 17 años”, un “bloqueo y control de la entrada de material y ayuda humanitaria que desempeñan un papel fundamental en la creación de condiciones de vida dirigidas a la destrucción física de la población palestina en la Franja de Gaza”.
Hay que llegar hasta el final
El máximo responsable de IU indicó que los responsables israelíes de las múltiples ilegalidades perpetradas “tienen que pagar por ello” y destacó que “España está como Estado en el lado correcto de la historia”.
“No nos hemos equivocado -dijo- a la hora de posicionarnos en contra del genocidio palestino, no hemos sido cómplices de mirar para otro lado mientras la mayoría de los países europeos se movían en la mayor de la hipocresía ante el exterminio televisado de la población palestina”.
Antonio Maíllo indicó que “queremos seguir estando” en ese lado correcto “sin ningún tipo de contemplaciones” y por eso ahí están hitos como “el reconocimiento del Estado palestino, al que han seguido otros países, el embargo de armas no solo en el acuerdo del Consejo de Ministros, sino ratificado en el decreto-ley en el propio Congreso y tendremos que tomar más medidas”.
Aseguró que “no pararemos hasta llevar a (Banjamin) Netanyahu ante el Tribunal Internacional de La Haya” y, en esa clave, “nos queda que el Gobierno se vincule al acuerdo y al equipo jurídico de La Haya para interponer acusaciones al Estado de Israel para sentar en el banquillo a sus máximos responsables”.
