Izquierda Unida ha registrado hoy una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, después de haber tenido conocimiento “en atención a nuestra actividad parlamentaria”, por la próxima llegada del buque ‘Chemical Master’ “que partió el 30 de octubre del puerto de Ashdod (Israel) y que tiene previsto descargar el próximo martes, día 11 de noviembre, en la dársena de Escombreras del puerto de Cartagena, un total de 1.500 toneladas de ácido fosfórico, tal y como figura en el registro de la web de la Autoridad Portuaria de Cartagena”.
La denuncia formalizada lleva las firmas del portavoz parlamentario y responsable federal de Justicia e Interior de Izquierda Unida, Enrique Santiago, así como de Juan Moreno, en calidad de letrado de esta formación.
El texto señala que los datos puestos en conocimiento de la Fiscalía “se exponen al objeto de evitar la comisión reiterada de graves infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario, así como delitos de contrabando”. Para ello, Izquierda Unida realiza un pormenorizado relato de hechos y antecedentes, enmarcados en la actual situación legal derivada del genocidio que perpetra desde hace años el régimen israelí contra la población palestina.
De esta forma, la denuncia detalla que la carga química que transporta el ‘Chemical Master’ “irá a parar a la filial de la multinacional israelí ICL ubicada en la propia ciudad murciana (Cartagena), donde se fabrica fertilizante”, después de que “al parecer, el barco ha realizado previamente escala, el pasado día 5, en el puerto de Barcelona”.
Izquierda Unida indica que “se trata del segundo barco cargado con ácido fosfórico procedente directamente de Israel que descargará material en Cartagena en el último mes y medio, después de que lo hiciera el pasado 14 de septiembre el carguero ‘Trans Tind’”.
El escrito de Enrique Santiago incide especialmente en el hecho de que tanto la carga química que lleva ahora el ‘Chemical Master’ como la que transportó el ‘Trans Tind’ “viene directamente de territorios ocupados por el Ejército israelí en el Mar Muerto”, situación que ha denunciado el colectivo ‘BDS’.
IU apunta en su denuncia que este colectivo “hace acertada referencia, asimismo, a las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia en las que se insta a los Estados a que adopten ‘medidas que impidan relaciones comerciales y de inversión que contribuyan’ a la ocupación israelí.
Contra tal fin se dirige también el “Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno de España el pasado 23 de septiembre y convalidado posteriormente por las Cortes”, lo que se recuerda de forma específica también en el escrito registrado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional para su específico conocimiento.
Así, se detalla de forma pormenorizada que “tras una fuerte presión social y ante las evidencias de la comisión por parte del Estado de Israel de los más graves crímenes contra la población de Palestina, el Gobierno de España acordó la adopción de pioneras medidas en el ámbito de la Unión Europea”.
Se trata del citado Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, “por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, medidas que vienen a reforzar el embargo al Estado de Israel de armas y otros materiales de doble uso y la denegación de autorización de tránsito de estos productos con finalidad bélica”.
También y de manera clara “la prohibición de la importación en España de los productos originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, de acuerdo con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024, lo que hace necesario extremar las precauciones de inspección para que ningún material susceptible de uso bélico o proveniente de territorios ocupados militarmente por Israel pueda evitar las denegación de tránsito o importación utilizando el falseamiento o indeterminación del etiquetado de la carga”.
“Debe alertarse -destaca la denuncia-, como hace ‘BDS’, que la multinacional israelí ICL aprovecha la ocupación militar en la zona del Mar Muerto para aumentar sus beneficios derivados de la extracción de recursos como la roca de fosfatos”. Estos recursos son luego exportados a puertos como el de Cartagena, “haciendo de la ocupación militar un lucrativo negocio”.
Según recoge el portal de investigación ‘Who Profits’, esta empresa “tiene una concesión hasta el año 2030 para la explotación de recursos como sal, potasa y bromuro de la cuenca norte del Mar Muerto, ubicada en la Cisjordania ocupada”.
La actividad de la filial de ICL en España, incluida la fábrica de Cartagena hacia la que el ‘Chemical Master’ lleva su carga, incluye también otras sedes como las situadas en Cataluña, Valencia o Mallorca. Esta labor productiva ha sido asimismo catalogada por el ‘Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo’ como ‘cómplice con la ocupación y el genocidio en curso’.
Izquierda Unida solita de forma específica a la Fiscalía que, conforme a lo establecido en el artículo 23.4 y 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, proceda de manera muy concreta a:
“1º.- Verificar la información que se contiene en este escrito de denuncia y la posible actividad de importación y descarga del ácido fosfórico, proveniente de territorios ocupados militarmente por Israel, carga alojada en el interior del buque ‘Chemical Master’, que opera importando la carga por la mercantil Fomento y Desarrollo Agrícola S.L., cuya propietaria es también es la multinacional israelí ICL.
2º. Igualmente deberá impulsar los procedimientos judiciales necesarios para determinar las personas responsables de haber tratado de contravenir la legislación española y realizar contrabando con productos que provenientes de territorios ocupados militarmente por Israel y cuyos beneficios facilitan la perpetración de graves delitos contra la comunidad internacional
3º.- Impulsar las medidas cautelares ejecutivas de bloqueo e incautación de la carga que sean procedentes y eficaces.
4º.- Dar cuenta a la Corte Internacional de Justicia de las actuaciones realizadas y, en su caso, de dicha incautación por lo que pudiera corresponder en orden al cumplimiento de la resoluciones ejecutivas que ya ha adoptado”.
Enrique Santiago solicita también como diputado y dirigente federal de Izquierda Unida a través del letrado Juan Moreno que la Fiscalía de la Audiencia Nacional “informe de la presentación de esta denuncia a la Fiscalía de Sala del Tribunal Supremo sobre Derechos Humanos”.
