Todos los diputados y diputadas de Izquierda Unida firman la iniciativa registrada en el Congreso en la que instan a los responsables competentes del Gobierno a que actúen ante la Fiscalía para que se inicie el “proceso de disolución de la asociación neonazi conocida como Núcleo Nacional”, mediante la resolución judicial necesaria, por su constante actuación antidemocrática.
El portavoz parlamentario de IU en el Congreso, Enrique Santiago, junto a los también parlamentarios/as de esta formación Toni Valero, Fèlix Alonso, Francisco Sierra, Engracia Rivera y Nahuel González señalan en su texto cómo Interior ya informó en su momento que la Guardia Civil abrió a comienzos de abril una investigación por la difusión de mensajes racistas y violentos, en un caso a través de un vídeo en el que instaban a una ‘defensa activa’ de las calles y a una ‘lucha conjunta contra la invasión’.
Con posterioridad, el Instituto Armado habría remitido a los juzgados un informe en el que aprecia posibles delitos de odio contra marroquíes y judíos en vídeos difundidos en redes sociales, según distintas informaciones.
Izquierda Unida advierte en la iniciativa que, mientras tanto, Núcleo Nacional “continúa campando a sus anchas y convocando concentraciones para reunir a sus exaltados ultraderechistas”.
Uno de los últimos ejemplos tuvo lugar en el distrito madrileño de Vicálvaro, el pasado día 18 de octubre, hasta donde llegaron miembros de la supuesta asociación para “lanzar consignas racistas y mostrar lo que sucede cuando existe una falta de memoria histórica”, en este caso, contra la apertura de un centro de acogida para personas sin hogar en el barrio de El Cañaveral.
Los/as diputados/as de IU hacen referencia a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal a la hora de reclamar la “necesaria” actuación contra los responsables del “ataque directo a la convivencia y a la memoria democrática que estos negacionistas de la verdad y glorificadores de las violaciones de los derechos humanos” mantienen “impunemente”.
Izquierda Unida plantean también en su iniciativa si el Gobierno tiene intención “a través del Ministerio Fiscal, de impulsar actuaciones sobre otras asociaciones u organizaciones que incumplan la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática”.