En los próximos días el Gobierno dará el primer paso hacia la elaboración de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, con la presentación del techo de gasto, es decir, el límite de gasto de estos nuevos presupuestos.
Nosotras tenemos claro que esto no es un tecnicismo, sino una decisión profundamente política. Lo que está en juego no es una cifra contable, sino qué país queremos construir. Un país que priorice el bienestar de la mayoría o que siga atrapado en los límites de la austeridad.
Nuestra propuesta es aumentar el techo de gasto 62.000 millones de euros hasta el 15,8% del PIB, es decir, incrementarlo casi un tercio. Queremos que los elogios que recibe nuestra economía por parte de organismos internacionales tengan una traducción material para la clase trabajadora, y se haga una inversión del 40% de este incremento en una política de vivienda contundente, en un Plan de Trabajo Garantizado para apoyar al mundo rural (26%) y en reforzar los derechos sociales y servicios públicos (20%).
👉 Te dejamos por aquí el documento que hemos elaborado donde explicamos a fondo toda la propuesta. Para que la estudies, la hagas tuya y la extiendas entre los tuyos.
Entre todas y todos, podemos impulsar unos Presupuestos que cuiden de la gente y del planeta, que sean una verdadera palanca de transformación social, feminista y ecológica.
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Introducción
Ya se ha publicado la Orden HAC/974/2025, de 1 de septiembre, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2026. Más allá de cómo se plantee la negociación, se apuntan en este documento los datos fundamentales del primer hito para su aprobación: la aprobación del Techo de Gasto para 2026 y que será esencial para definir dicho Presupuesto
En la Orden se detalla que: “se continuará con la labor realizada para favorecer la creación de empleo en sectores de alto valor añadido, de calidad y con derechos, reforzando y ampliando el Estado de Bienestar mediante el blindaje de los servicios públicos esenciales, independientemente de la administración que tenga la competencia de gestión. Unos servicios públicos cada vez más personalizados, eficaces y adaptados a las necesidades de una ciudadanía que los legitima con su uso, que son la red de protección de las familias y los colectivos más vulnerables, motores de innovación y empleo, así como garantes de la igualdad de oportunidades y de la cohesión territorial. Asimismo, se continuará apostando por políticas que impulsen viviendas asequibles para dar respuesta a uno de los principales retos que tiene la sociedad española en este momento, especialmente entre la juventud. Y se aumentará la apuesta por la sostenibilidad medioambiental como factor de competitividad y de garantía de futuro a través de las reformas ya iniciadas en el ámbito de la lucha contra la emergencia climática, en materia de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, de la movilidad sostenible, de la descarbonización, de las energías renovables y de la digitalización, manteniendo los compromisos adquiridos con nuestros socios estratégicos en materia de defensa e innovación”.
Sin embargo, para que se pueda cumplir, es imprescindible en 2026 un crecimiento del gasto y la inversión pública de forma significativa que deben reflejarse en el techo de gasto.
Por eso definiremos en este documento cómo afrontar los retos sociales más importantes que siguen pendientes desde la perspectiva de Izquierda Unida, los verdaderamente transformadores.
El techo de gasto como antesala a unos futuros presupuestos, los únicos de la legislatura, debe proporcionar verdadera seguridad a la población con la consolidación de un potente escudo social, feminista y ecologista.
Evolución del techo de gasto en estos últimos años
Las informaciones que han sido publicadas en estas últimas semanas parecen indicar que el Gobierno espera aprobar el límite de gasto no financiero, lo que conocemos como ‘techo de gasto’, en este último trimestre del año para dejar preparado el terreno sobre el que diseñar los Presupuestos Generales del Estado para 2026.
En cualquier caso, desde nuestra organización nos queremos anticipar al debate y plantear exigencias de distintos niveles para que se pueda aprobar un techo de gasto a la altura de las necesidades de la mayoría social que espera respuesta a sus urgencias.
Es importante visibilizar nuestra alternativa económica.
Tras la moción de censura y ahora con el gobierno de coalición, cambió la música de “recortes” pero ni mucho menos deberíamos conformarnos y, sobre todo, con la amenaza de que la prioridad sea el gasto militar cuando es imprescindible ser ambiciosos en garantizar derechos.
Aunque el fallido techo de gasto aprobado para 2025 fuera histórico en términos nominales (+3,2% sin tener en cuenta fondos europeos), si lo medimos en relación con el PIB, hubiésemos estado en 2025 todavía cuatro puntos porcentuales por debajo del récord alcanzado en 2010 (16,88%) con respecto a la riqueza. Eso es muestra clara que las políticas públicas significan, desde el punto de vista presupuestario y medidas en relación con la riqueza, mucho menos que antes de la Gran Recesión. Y esa deriva hay que detenerla.
Es evidente que, a pesar de la lógica crítica, las variaciones por etapas de gobierno muestran que solo los gobiernos de coalición con presencia de la izquierda transformadora tienen capacidad de empujar hacia arriba los compromisos presupuestarios destinados a políticas públicas.
Un techo de gasto en 2026 a la altura de las necesidades sociales
Debemos tomar la iniciativa ya desde el debate de la subida del techo de gasto en el debate político y económico porque es esencial para que los buenos datos macroeconómicos se trasladen a la vida de la gente que en nuestro país tiene dificultades para llegar a fin de mes.
Además, es imprescindible ir más allá y no dejar la subida del techo de gasto en un mero dato macroeconómico o de contabilidad nacional. Y será únicamente eso si no se traduce en mejoras tangibles en la vida de la gente.
Nuestra propuesta es de un incremento de casi 62.000 millones de euros de techo de gasto en 2026 frente al aprobado y fallido para 2025.
Supondría un 31,6% de aumento en términos nominales.
Pasar de un techo de gasto inferior al 10% sobre el PIB que aprobaron PP y Ciudadanos en 2018, y llegar a 2026 para cerrar la legislatura con un 15,80% sería un gran avance. Pero claro, siempre y cuando el nuevo incremento y consolidación sea con políticas que reduzcan la desigualdad y mejoren la vida de la mayoría social.
¿A qué destinaríamos el incremento del techo de gasto en 2026?
El incremento propuesto supone, con los cálculos estimados de PIB de 2025, un 3,8% del PIB de aumento y casi 62.000 millones de euros adicionales para políticas públicas.
El 40% de los nuevos recursos se destinarían a vivienda, el 26% al Plan de Empleo Garantizado para un millón de personas para abordar el reto ambiental y de seguridad ante los incendios que precisa el mundo rural y a mejorar infraestructuras, especialmente las ferroviarias (cercanías y media distancia), el 20% a más recursos para avanzar en la erradicación de la pobreza infantil, a la extensión del Ingreso Mínimo Vital y a nuevas prestaciones públicas en educación y sanidad, el 8% a incrementar las transferencias a comunidades autónomas, el 3% del aumento a corporaciones locales, el 2% a mayor financiación de gastos impropios de la Seguridad Social y el 1% a mantener el poder adquisitivo del funcionariado con la correspondiente subida salarial.
a) Plan de actuación en materia de vivienda
El objetivo es dedicar más de 24.000 millones anuales, el 1,5% del PIB, para crear un gran parque de vivienda pública de alquiler asequible y no descalificable:
- Movilizando la vivienda vacía mediante una mayor fiscalidad y agencia pública de casero seguro y garantizado.
- Promoviendo directamente desde el Estado la construcción de viviendas en suelo público (SAREB, Defensa, ADIF, RENFE, ayuntamientos y CCAA).Con este esfuerzo adicional, se destinará al menos el 2% del PIB a políticas públicas para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente la promoción de vivienda pública de alquiler asequible hasta el año 2035.El 1,5% adicional al presupuesto actual se destinaría a lo siguiente:
- Programa de Erradicación de los desahucios por hipotecas de primera vivienda mediante el cual, el Estado se haría cargo de la vivienda y la hipoteca, incorporando la vivienda al parque público y la familia continuaría en la misma con un alquiler social relacionado con sus ingresos. El coste de este programa según las estimaciones de desahucios realizados en 2024 ascendería al 0,25% del PIB e incorporaría un máximo de 20.000 viviendas anuales al parque de vivienda pública.
- Programa de construcción/rehabitación de 500.000 viviendas públicas por parte de la SAREB para destinarlas a alquiler social. Se construirían en los próximos diez años (50.000 unidades anuales) en el suelo urbanizable de su propiedad y el procedente de las administraciones públicas (terrenos ociosos del Ministerio de Defensa o de Adif). Se dedicaría un 0,40% del PIB anual a este Programa lo que supone 20 veces más que la partida presupuestaria dedicada a ello en 2022 y 100 veces más que la de 2021.
- Reglamentar la adquisición de vivienda privada por parte del Estado para dedicarlas al alquiler social mediante el uso del derecho de tanteo y retracto de las administraciones públicas o mediante la expropiación forzosa a grandes tenedores. Se dedicaría a este rubro un 0,50% del PIB durante los próximos doce años y permitiría adquirir 50.000 viviendas anuales para destinarlas al parque público (500.000 viviendas en total).
- Programa de Protección a los deudores hipotecarios ante las subidas de los tipos de interés. Se establecerá una deducción de hasta 300 euros al mes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en forma de “impuesto negativo” (similar a la prestación por maternidad). Podrían solicitarla quienes tuvieran ingresos de su unidad familiar de hasta tres veces el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), es decir, 21.600 euros anuales y su cuota hipotecaria supere el 40% de los ingresos netos del hogar. El programa podría beneficiar a un millón de familias y supondría un coste del 0,10% del PIB. Esto sigue siendo necesario a pesar de la bajada del euríbor.
- Programa de Protección para arrendatarios vulnerables que permitirá facilitar el acceso a alquileres sociales en el mercado libre a las personas víctimas de violencia de género, las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables, incluidos supuestos de vulnerabilidad sobrevenida, mediante ayudas directas al alquiler y a los gastos de suministros y comunidad de hasta el 100% de la renta del alquiler y de dichos gastos. Se destinaría a ello un 0,25% del PIB y podría beneficiar a 500.000 familias.
b) Plan de Empleo Garantizado de apoyo al mundo rural y de mejora de las infraestructuras
Supone invertir algo más de 16.000 millones de euros, el 1% del PIB, en un Plan estatal de apoyo al mundo rural que cree hasta un millón de puestos de trabajo para el fortalecimiento de los servicios públicos y la atención a la recuperación medioambiental, la gestión forestal y la prevención de los incendios. El objetivo es fijar a la gente a su territorio y combatir la despoblación.
Con salario bruto mensual de 1.500 euros, el programa tendría un coste bruto por millón de empleos incluidos gastos de gestión del 1,9% del PIB en términos brutos pero los retornos vía tributos y cuotas de seguridad social limitarían el esfuerzo fiscal al 1% del PIB.
También incluiría el desarrollo de un Plan Estatal de Infraestructuras, incluidas las ferroviarias de cercanías y media distancia. Además, se abordaría la mejora no solo para el transporte de personas, sino para desarrollar de verdad el tráfico de mercancías, que mayoritariamente se hace por carretera y sin aprovechar el amplio abanico de posibilidades que ofrece el tren.
c) Incremento de inversión en derechos sociales para garantizar una vida digna
Es imprescindible destinar el 0,75% del PIB adicional, más de 12.000 millones de euros adicionales, a reforzar y desplegar políticas públicas en el desarrollo de políticas de cuidados, el refuerzo del Ingreso Mínimo Vital, la lucha contra la pobreza infantil, fortalecimiento de la inversión en el sistema de dependencia para alcanzar el 50% de la inversión total, actuación para el adecuado despliegue del Ingreso Mínimo Vital reforzar y transformar los pilares de nuestro sistema sanitario, con especial esfuerzo en la Atención Primaria, fortalecer el Plan de Salud Mental con una dotación suficiente para ampliar su cobertura, aumentar los recursos para la lucha contra la violencia machista incrementando un 10% el presupuesto para desplegar adecuadamente el Plan Conjunto Plurianual en materia de violencia contra las mujeres (2023-2027) y ampliar el Plan de Inserción Sociolaboral para mujeres y niñas víctimas de trata, de explotación sexual y para mujeres en situación de prostitución para ofrecer una salida real y digna a mujeres y niñas que han sufrido graves vulneraciones de derechos humanos.
d) Aumento de las transferencias a las comunidades autónomas
Se incrementaría un 3% las transferencias a las comunidades autónomas. Supondría 4.745 millones adicionales a los recursos percibidos en 2025, un 0,29% del PIB más.
e) Aumento de las transferencias a las corporaciones locales
Se incrementaría un 7% las transferencias a las corporaciones locales. Supondría 2.025 millones adicionales a los recursos percibidos en 2025, un 0,12% del PIB más.
f) Incremento transferencias a la Seguridad Social
El aumento de 1.500 millones de euros de transferencias a la Seguridad Social permitirá la adecuada dotación para la mejora de gastos impropios como revalorización por encima del promedio de las pensiones no contributivas.
g) Mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios del funcionariado
Se estima que la revalorización de salarios del funcionariado con arreglo a la inflación supondrá algo más de 500 millones de euros adicionales en 2026.
Conclusiones
Siendo enormemente complicado que haya aprobación de Presupuestos Generales del Estado, ¿por qué dedicar tiempo al techo de gasto?
Es importante porque el techo de gasto se aprueba en Consejo de Ministros y no va a aprobación parlamentaria en el Congreso como los objetivos de déficit y deuda.
Es evidente que es el termómetro de lo que las fuerzas políticas aspiramos a hacer en unos futuros Presupuestos Generales del Estado y por eso es importante que se reflejen nuestras aspiraciones para las políticas públicas de 2026.
Si algo queda claro después de este análisis es que el abordaje con garantías de éxito de los principales retos de la legislatura requiere de un potente impulso presupuestario y eso requeriría de un incremento del techo de gasto de casi el 32%.
Es evidente que no hay espacio fiscal para aumentos adicionales en gasto militar a no ser que se subordinen las actuaciones en vivienda, en mejoras sensibles en derechos sociales y servicios públicos, fortalecimiento de las infraestructuras, de forma especial las ferroviarias y las de cercanías, financiación adecuada de comunidades autónomas y corporaciones locales y garantizar la subida de sueldos al funcionariado.
