Garantizar constitucionalmente la interrupción voluntaria del embarazo es una demanda feminista para proteger el derecho de las mujeres sobre sus cuerpos. En enero de este año el grupo parlamentario Sumar ya presentó una propuesta para garantizar el derecho al aborto en la Constitución; sorpresivamente, el presidente Pedro Sánchez anunció que el martes 14 de octubre iría a Consejo de ministras y ministros la propuesta de inclusión del aborto en la Constitución Española.
Las feministas de IU acogimos la noticia con satisfacción, aunque sin olvidar que los cuerpos de las mujeres siempre están en disputa y los derechos de las mujeres utilizados y manipulados de manera interesada.
En una sociedad capitalista y patriarcal como la nuestra, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido históricamente gestionados desde el tutelaje, tratándonos como ciudadanas de segunda, o directamente negando su existencia. Desde Izquierda Unida defendemos que estos derechos no son negociables: son parte fundamental de un proyecto feminista, emancipador y transformador. Por eso, exigimos políticas públicas valientes, que garanticen el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, la educación sexual integral y el derecho a decidir libremente sobre nuestros cuerpos.
Las feministas de Izquierda Unida afirmamos con rotundidad que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo debe estar plenamente garantizado como una prestación más del Sistema Nacional de Salud, con financiación pública, universalidad y equidad en el acceso. Para ello, es imprescindible su integración expresa en el marco de los artículos 15 y 43 de la Constitución Española, como parte indiscutible del derecho a la salud. Solo así el derecho al aborto podrá ser plenamente exigible ante los tribunales y quedar verdaderamente protegido frente a retrocesos.
No puede haber justicia social ni democracia real mientras se permita que trabas administrativas o recortes ideológicos limiten el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.
Esta exigencia se fundamenta también en los avances ya logrados por el Ministerio de Igualdad anterior, que en 2023 impulsó la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Aquella norma amplió derechos, eliminó obstáculos y garantizó el acceso en la sanidad pública. Ignorar ese precedente feminista supone debilitar lo ya conquistado y convertir un avance jurídico en un gesto meramente simbólico.
De igual modo, las políticas de igualdad no pueden construirse de espaldas al movimiento feminista ni ignorando las demandas de quienes llevan décadas sosteniendo la lucha por la igualdad. Es imprescindible que el Ministerio escuche, rectifique y actúe con responsabilidad ante las voces críticas que, desde el feminismo, señalamos los riesgos de iniciativas parciales o mal planteadas.
Desde Izquierda Unida, advertimos además que no puede haber blindaje real si las comunidades gobernadas por la derecha siguen vulnerando la ley, negándose a garantizar abortos en hospitales públicos o fomentando la objeción de conciencia colectiva. El Partido Popular y Vox mantienen su agenda reaccionaria contra los derechos sexuales y reproductivos; su política de obstáculos demuestra por qué necesitamos garantías constitucionales firmes.
Esta medida forma parte de una política feminista integral: IU apuesta por una reforma constitucional que garantice derechos reales y no meras declaraciones. Solo así podremos avanzar hacia una igualdad efectiva, construida sobre seguridad jurídica, derechos universales y protección del cuerpo de las mujeres frente a los retrocesos.
Las feministas de Izquierda Unida trabajaremos, dentro del Grupo Plurinacional Sumar, para que los derechos de las mujeres y las personas LGTBIQA+ se recojan de manera plena y garantista en la Constitución, blindando los avances logrados e impidiendo cualquier retroceso disfrazado de modernidad.
Rechazamos que los derechos feministas sean tratados como mercancía en debates mediáticos o como peones en juegos de poder institucional. Son derechos fundamentales, no negociables, y deben estar en el centro de cualquier política pública transformadora.
Recordamos con orgullo que fue la movilización feminista la que hizo dimitir a un ministro del Partido Popular por intentar, una vez más, retroceder en los derechos conquistados por las mujeres. No vamos a permitir ni un paso atrás. Nuestro compromiso es claro: seguiremos defendiendo, en las calles y en las instituciones, el derecho a decidir, a abortar libremente y sin obstáculos, porque nuestros cuerpos no son territorio de disputa política.
