Izquierda Unida intensifica la exigencia de medidas concretas al Gobierno de coalición para cumplir con la legalidad internacional en relación a las decisiones y órdenes emanadas de órganos supranacionales como la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el genocidio y la violencia que practica con impunidad el régimen de Israel contra la población palestina en Gaza y Cisjordania.
En este contexto encaja la iniciativa registrada este último viernes en el Congreso -a la que seguirán otras en los próximos días- en la que, a través de su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, IU plantea a los responsables competentes del Ejecutivo “adoptar las medidas necesarias para incluir en todos los pliegos de contratación pública (ministerios, organismos autónomos, empresas públicas y demás entidades dependientes del Estado) una cláusula que excluya de la participación en licitaciones a empresas nacionales o extranjeras que colaboren, directa o indirectamente, con la ocupación ilegal de los Territorios Palestinos Ocupados”.
Esta exclusión abarcaría también a aquellas empresas que colaboren “con actos que puedan constituir genocidio, en aplicación de las medidas provisionales ordenadas por la CIJ y de la opinión consultiva del 19 de julio de 2024 que declaró ilegal la ocupación”.
Aunque sin una vinculación directa con la gran polémica abierta en este momento, dado su ámbito competencial y sectorial distinto, la iniciativa viene a coincidir en el tiempo con la multitudinaria y solidaria respuesta dada por gran parte de la afición y público en general por donde pasan las etapas en contra de la participación del equipo ciclista Israel-Premier Tech -propiedad del magnate Sylvan Adams, colaborador y amigo del Gobierno genocida de Benjamin Netanahu- en la Vuelta a España. Este evento deportivo internacional lo organiza una empresa privada, en este caso Uniplublic, que se beneficia de múltiples contratos de administraciones públicas españolas.
Enrique Santiago recuerda en su escrito que en julio del pasado año “la Corte Internacional de Justicia determinó que los asentamientos israelíes en Cisjordania violan el Derecho internacional”, por lo que “ordenó la paralización de asentamientos y la evacuación de colonos, subrayando su carácter de anexión permanente, así como la vulneración de la 4ª Convención de Ginebra”.
“En la Opinión Consultiva -constata- se insta a todos los Estados miembros de la ONU a no reconocer ni ayudar a mantener dicha situación, ordenando también la evacuación de asentamientos, la restitución de tierras y reparación de daños, recordando la obligación de no cooperar con las políticas discriminatorias de ocupación”.
La CIJ establece sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación que “todos los Estados tienen la obligación de no reconocer como lícita una situación derivada de una violación grave del Derecho Internacional, de no prestar ayuda o asistencia para el mantenimiento de dicha situación, y de cooperar para ponerle fin”.
Además, la Resolución A/RES/ES-10/17 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 15 de diciembre de 2023, instó a todos los Estados a “abstenerse de cualquier medida que pueda implicar reconocimiento, apoyo o asistencia a la ocupación de territorios”.
Precedentes y empresas ya señaladas por organismos internacionales
Izquierda Unida apunta en su iniciativa parlamentaria que “numerosas empresas, entre las que se encuentran empresas españolas, han sido señaladas por su participación, directa o indirecta, en actividades económicas relacionadas con los asentamientos israelíes en territorios ocupados de Palestina, considerados ilegales según el Derecho internacional”.
Estas compañías de sectores como la construcción, tecnología y transporte “han sido incluidas en informes de organizaciones como Naciones Unidas, observatorios de Derechos Humanos y diversas organizaciones como Amnistía Internacional por contribuir a la sostenibilidad de los asentamientos o beneficiarse económicamente de ellos”.
“La implicación de estas empresas, que forman parte de la ocupación y colonización que ejerce Israel sobre los territorios ocupados, también podría vulnerar la legalidad internacional, ya que dichas actividades pueden estar asociadas con violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Humanitario Internacional”, completa su exposición Santiago.
Izquierda Unida atiende así también a las reclamaciones de diversas organizaciones de Derechos Humanos para “la adopción de medidas contra estas empresas con actividad económica en los asentamientos ilegales”.
Recuerda que “existen precedentes como el caso de Irlanda”, donde a través de la Oficina de Contratación Gubernamental el Ejecutivo irlandés “ha dictado directrices que obligan a los órganos contratantes a verificar la implicación de las empresas en actividades que vulneren el Derecho Internacional y, en su caso, denegar la participación en licitaciones”.
Recientemente el Ayuntamiento de Barcelona acordó también excluir de sus procesos de contratación pública a aquellas empresas que aparecen en la Base de Datos de Naciones Unidas por su participación en actividades económicas vinculadas a asentamientos ilegales israelíes en Palestina.
Enrique Santiago explica que incluir cláusulas de este tipo en los procesos de contratación públicos de la Administración General del Estado “permitiría dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de España, alinear la política pública con las resoluciones de la CIJ y garantizar que los recursos públicos no contribuyan directa o indirectamente a situaciones de ocupación ilegal, apartheid o genocidio”.
