El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha denunciado esta mañana en el Congreso que el Partido Popular utiliza su ‘brigada jurisdiccional y mediática’ para atacar a los fiscales que persiguen los muchos delitos cometidos por sus militantes o amiguetes” y ha exigido a la derecha que “deje en paz a los fiscales que se dedican a perseguir delincuentes”.
Santiago intervino ante la Diputación Permanente de la Cámara Baja para rechazar radicalmente la estrategia del PP plasmada en su petición de comparecencia del ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, para ‘explicar los motivos del respaldo del Gobierno al fiscal general del Estado’. Aprovechó para advertir que mientras esto ocurre “España, desgraciadamente, ha vuelto a comprobar que las administraciones del PP y de Vox nos dejan indefensos ante cualquier catástrofe, ya sea una dana o sean incendios forestales”.
El diputado y portavoz en temas de Justicia e Interior de IU empezó aclarando a la derecha que lo que ha hecho el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, y que ha dado pie a la intentona del PP, ha sido simplemente “dictar un ‘auto de transformación’ de las diligencias previas, continuando con su estrategia. No hay ninguna novedad, ningún procesamiento que justifique este debate, salvo las ganas del PP de seguir haciendo ruido, utilizando la persecución que han organizado contra el fiscal general”.
Antes de incidir sobre el auto dictado por el magistrado Hurtado, recordó que se trata del mismo juez “que se opuso a interrogar a Mariano Rajoy en el juicio Gürtel, que no veía motivo para condenar al PP por corrupción, que ignoraba quien era ese ‘M. Rajoy” que recibía ‘dinero B’ de Bárcenas”.
Explicó que ha sido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que “ha informado el 9 de junio que el abogado del novio de la señora Isabel Díaz Ayuso envió al fiscal del caso una ‘propuesta reconociendo que se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública’ y proponiendo resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la Agencia Tributaria”.
A continuación, “el presunto delincuente confeso, definido por Miguel Ángel Rodríguez como ‘Alberto, el de Quirón’, niega haber enviado el correo reconociendo sus delitos, pero el correo remitido por el abogado desautorizado es publicado por los medios de comunicación. Una filtración judicial más de las innumerables que ocurren a diario en este país”.
Enrique Santiago incidió en que lo que hizo la Fiscalía General fue solo “desmentir las falsedades propagadas por el equipo de la señora Ayuso: que la Fiscalía le había propuesto al novio que reconozca sus delitos, una posibilidad que no existe en la Ley española. Cualquier persona decente habría actuado defendiendo la verdad, como hizo el fiscal general”.
Denunció con cierta ironía que “el Tribunal Supremo, en un mundo judicial al revés, persigue al máximo responsable de perseguir los delitos, porque se ha atrevido a perseguir a un delincuente cercano a quien manda en el Partido Popular”.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida recordó cómo “la fiscal del ‘caso Montoro’ ha tenido que denunciar la pasividad de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la cúpula de la Fiscalía Anticorrupción para perseguir la ‘venta’ de leyes tributarias y amnistías fiscales por la organización criminal creada por el ministro Montoro y otros ex altos cargos del PP, a cambio de jugosas comisiones, eximir de impuestos y permitir delitos o fraudes fiscales a grandes empresas y a los más ricos”.
El ‘penalismo mágico’ del PP
Por ello, advirtió e interrogó con sorna sobre que como “el fiscal de Medioambiente ha anunciado que va a investigar a ayuntamientos y comunidades autónomas que no hayan cumplido su obligación de prevención de incendios. ¿Cuánto va a tardar el Partido Popular en perseguir a este fiscal?”
Santiago consideró que “en lugar de prevenir catástrofes o de combatirlas, el PP recurre al ‘penalismo mágico’, un poder sobrenatural que atribuyen al Derecho Penal para evitar incendios”. Por eso, “proponen endurecer penas para prevenir incendios forestales, aunque el Código Penal ya prevea penas de hasta 20 años para quienes quemen los bosques. Endurecer las leyes penales no acabará con las catástrofes climáticas”.
“Puestos a tocar el Código Penal -dijo-, mejor un nuevo delito que sancione a quienes prostituyen a la Hacienda Pública y ‘venden’ a sus cuerpos de inspección a ricos y defraudadores”.
Por ello, insistió al Partido Popular que “dejen en paz a los fiscales que se dedican a perseguir delincuentes y, entérense de una vez, su discurso está provocando el incremento del apoyo electoral a la ultraderecha, no al PP”.
