Izquierda Unida, con la firma de sus seis diputados/as en el Congreso coordinados por Nahuel González, portavoz parlamentario de IU en temas de Deporte, ha registrado una iniciativa con una batería de cuestiones dirigidas a los máximos responsables del Gobierno en materia Internacional y de Derechos Humanos, además de deportiva, para plantearles directamente si van a “exigir” a los organizadores de la Vuelta ciclista a España -en adelante La Vuelta- la “exclusión” del equipo ciclista profesional Israel-Premier Tech “mientras persistan las medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) relativas a Gaza”, además de interrogar si se ha mantenido algún tipo de “comunicación formal con la Unión Ciclista Internacional (UCI) y con la empresa organizadora” de La Vuelta sobre esta cuestión.
De la misma forma, Izquierda Unida interroga al Ejecutivo para que “detalle con precisión qué acuerdos de patrocinio, apoyo institucional, cesión de imagen, subvenciones o facilidades públicas (directas o indirectas) mantiene para la edición vigente de La Vuelta” a través de las distintas empresas, organismos y corporaciones públicas que aportan dinero a este evento deportivo a través de la publicidad o diferentes servicios.
Se da la circunstancia de que con la empresa privada Unipublic -organizadora de La Vuelta y desde hace años mayoritariamente de capital francés, ya que es propiedad de la misma compañía que organiza el Tour- tienen acuerdos comerciales Correos (que ha renovado su patrocinio hasta 2027), además de Loterías y Apuestas del Estado, o Paradores. Además, la radiotelevisión pública RTVE ha pagado 12,3 millones de euros por los derechos de emisión entre 2025 y 2028, según distintos datos publicados previamente.
Izquierda Unida señala con claridad en su iniciativa registrada en el Congreso que “el deporte de alto nivel que se celebra en territorio español debe ser plenamente coherente con los compromisos del Estado en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, así como con los principios de no discriminación, integridad y responsabilidad social que inspiran la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte y la actuación del sector público cuando presta apoyo económico, logístico o de imagen a acontecimientos deportivos (patrocinios, cesiones de marca institucional, ayudas o incentivos fiscales indirectos)”
Los/as parlamentarios de IU recuerdan que la Corte Internacional de Justicia “ha dictado medidas cautelares en relación con la actuación de Israel en Gaza, considerando plausibles las alegaciones de genocidio y ordenando el cumplimiento de obligaciones específicas de prevención y de respeto del Derecho Internacional Humanitario”.
“En este contexto -destaca Nahuel González- resulta inaceptable que en España se promocionen o normalicen -directa o indirectamente mediante apoyos públicos- equipos o estructuras deportivas que funcionan como vehículos de blanqueo institucional de dichas actuaciones”.
De ahí que IU interrogue directamente al Ejecutivo en su iniciativa si los acuerdos firmados y en vigor “incluyen cláusulas de debida diligencia en Derechos Humanos que permitan limitar, condicionar o retirar el apoyo público si la organización admite equipos cuya actividad, imagen o financiación blanqueen vulneraciones graves del Derecho Internacional Humanitario o estén asociadas a Estados sometidos a medidas cautelares de la CIJ por presunto genocidio”.
En la presente edición de La Vuelta las tres primeras etapas se han desarrollado ya en suelo italiano, mientras que la de mañana martes, día 26, se iniciará en Italia y concluirá en territorio francés. Los siguientes etapas ya tendrán lugar en suelo español.
Precedentes con Rusia y Bielorrusia por Ucrania
Nahuel González, que recuerda que “la Unión Ciclista Internacional no tuvo ningún problema en actuar en 2022 sobre equipos ciclistas e intereses rusos y bielorrusos en este deporte tras la invasión de Ucrania”, incide en que “La Vuelta es un evento de enorme seguimiento internacional”, por lo que “corresponde al Gobierno garantizar que cualquier apoyo público -presencia de marca ‘Gobierno de España’ o del Consejo Superior de Deportes, acuerdos, subvenciones, exenciones, cesiones logísticas, seguridad extraordinaria, etc.- esté condicionado a cláusulas éticas y de debida diligencia en Derechos Humanos”.
Esto debería incluir, en su caso, “la exclusión de equipos que, por su financiación, denominación, imagen corporativa o posicionamientos públicos, contribuyan a blanquear crímenes internacionales o vulneraciones graves del Derecho Internacional Humanitario”, algo que es “coherente con los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, y con la obligación general de prevención y no complicidad”.
Izquierda Unida incluye en la iniciativa registrada estos interrogantes específicos “en relación con el equipo Israel-Premier Tech o cualquier equipo que, por su denominación, financiación principal o marca-país, opere como instrumento de propaganda estatal de Israel:
a) ¿Exigirá el Gobierno a la organización de La Vuelta su exclusión mientras persistan las medidas cautelares de la CIJ relativas a Gaza?
b) ¿Ha mantenido el Ejecutivo comunicaciones formales con la UCI y con la empresa organizadora a tal fin? En su caso, remita copias de dichas comunicaciones.
c) ¿Qué tipo de acuerdos, cesiones de imágenes, subvenciones y facilidades existen actualmente con el equipo Israel-Premier Tech? ¿Ha tomado el Gobierno medidas para que no se publicite ni difunda la participación de este equipo, empleado como herramienta de propaganda blanqueadora de genocidio?
Dado que es más que improbable que la organización proceda a estas alturas a la exclusión de este equipo ciclista, la iniciativa planea también de cara al futuro si el Ejecutivo “retirará todo apoyo público (patrocinio, presencia de marca, ayudas o facilidades) a La Vuelta y promoverá un marco común con otros Estados miembros de la Unión Europea (UE) para condicionar patrocinios públicos a estándares de Derechos Humanos en grandes vueltas ciclistas”.
Izquierda Unida pregunta también si “prevé el Gobierno aprobar, antes de la próxima edición, un protocolo específico para acontecimientos deportivos en España que:
a) establezca criterios de exclusión de equipos vinculados a graves violaciones de Derechos Humanos o al blanqueo institucional de crímenes internacionales.
b) imponga cláusulas éticas obligatorias en cualquier convenio o patrocinio público.
c) fije un mecanismo de verificación independiente y de transparencia pública de los acuerdos?
¿Tiene previsto el Ejecutivo reforzar la orientación del Consejo Superior de Deportes y del sistema de patrocinios institucionales para que ningún evento deportivo celebrado en España sirva de plataforma de normalización de crímenes internacionales, garantizando la plena coherencia con la acción exterior y los compromisos internacionales de España?
