Izquierda Unida plantea al Gobierno la posibilidad de que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) “se coordine” con el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) -su homólogo para la investigación en Francia- para participar en el futuro en la investigación que realiza el organismo francés en la que ha localizado más de 3.000 bidones que contienen toneladas de residuos radiactivos en la Fosa Atlántica, a menos de 700 kilómetros de la costa gallega.
Todos/as los/as diputados/as de IU en el Congreso -su portavoz Enrique Santiago, Fèlix Alonso, Engracia Rivera, Toni Valero, Nahuel González y Francisco Sierra- han registrado una iniciativa en el Congreso en la que, además, interroga a los responsables del Ejecutivo si “se ha realizado, aparte de la investigación en curso, alguna evaluación para determinar si se ha producido algún tipo de filtración de material radiactivo de los bidones y analizar, en su caso, cuál es su impacto actual en el ecosistema marino y la salud pública”.
Según estudios recogidos por múltiples fuentes periodísticas, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX la industria nuclear de países como Francia, Reino Unido, Holanda o Suiza arrojó en la Fosa Atlántica cerca de 220.000 bidones con más de 142.000 toneladas de basura radiactiva. Ahora, el proyecto bautizado como ‘NODSSUM’ que coordina el CNRS, donde participa el departamento de Geología de la Universitat de Girona, ha completado la primera fase en la zona para analizar el estado de los bidones y estudiar qué repercusión han tenido o pueden tener en el futuro sobre el ecosistema marino.
Izquierda Unida señala en su iniciativa a partir de los datos recabados que “el contenido de los bidones incluye, pero no se limita, lodos, componentes metálicos contaminados, resinas de intercambio iónico y equipamiento de oficina. Los materiales radiactivos fueron encapsulados en bitumen o cemento para soportar las condiciones de alta presión en el fondo marino”, pero no existe certeza de por cuánto tiempo.
Un grave problema desde hace muchos años
La Comisión Europea ya reconoció en 2017 la presencia de estos residuos nucleares, al tiempo que constató la “ausencia de estudios actualizados sobre su impacto ambiental”, algo en lo que coinciden desde hace décadas múltiples instituciones oficiales, organismos y grupos ecologistas. Por ejemplo, Greenpeace expresó hace años su preocupación y solicitó acciones e investigaciones oficiales por este caso.
En este contexto, la iniciativa de IU plantea a nivel parlamentario al Gobierno si a cualquier nivel internacional “existe un plan de acción para la recuperación segura de estos bidones y el traslado del material radiactivo a una ubicación segura, considerando la profundidad y las condiciones del emplazamiento”.
También si, además de la investigación científica en marcha que coordina el CNRS francés, va a implementar “medidas específicas para asegurar la localización de los 220.000 bidones tóxicos y su posterior recuperación o neutralización segura”.