El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha señalado hoy que la presunta red de corrupción vinculada a la actividad pública y privada del ex ministro Cristóbal Montoro y buena parte del equipo profesional del que se rodeó es representativa de la ‘Hacienda patriótica’ del Partido Popular. Maíllo ha instado a otras formaciones políticas del Congreso a respaldar la creación de una comisión de investigación parlamentaria, cuya propuesta de desarrollo ha elaborado IU y a la que ya ha dado el visto bueno la dirección de su grupo parlamentario.
En un contacto con los medios en dependencias del Congreso, Maíllo ha explicado que “el Partido Popular creó cuando estaba en el Gobierno una ‘policía patriótica’ y el Partido Popular creó también la ‘Hacienda patriótica’, dedicada desde el Estado al beneficio de particulares y de empresas”.
El máximo responsable de IU se felicitó por el hecho de que “gracias a una moción de censura se impidió, entre otras cosas, que siguieran estas corruptelas” por parte de “ese mismo PP que estaba gobernando no en tiempos inmemoriales, sino hasta 2018”.
“Si el PP llega a seguir gobernando hubieran seguido haciendo estas prácticas corruptas, que deben ser investigadas a fondo y de las que ya hay una instrucción muy desarrollada que dura nada menos que desde hace ocho años”, subrayó.
Frente a algunos actores secundarios del PP que en los últimos días han salido a quitar importancia a este grave asunto, el máximo responsable de IU ha señalado que “el Partido Popular es el mismo y la única diferencia que hay es que ahora están en silencio”, entre ellos “Feijóo o Tellado, que siempre están en los medios y ahora están en absoluto silencio”, sin apariciones públicas desde hace días.
“Ante ese silencio -apostilló-, tiene que haber transparencia, contundencia y rapidez en la acción, como hemos dicho en el resto de casos de corrupción que han salido”.
Por ello, Maíllo detalló a primera hora de la mañana que “Izquierda Unida tiene elaborada una propuesta de creación de una comisión parlamentaria de investigación de este caso, que ya tiene encima de la mesa y va a entregar al resto de formaciones del grupo de la izquierda plurinacional del que formamos parte para que se asuma”.
Con posterioridad, la dirección del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha aprobado tramitar en el Congreso esta solicitud de creación de una comisión de investigación sobre el ‘caso Montoro/PP’ a partir del único texto redactado y propuesto por Izquierda Unida.
A partir de ahora se negociará con otras formaciones parlamentarias para conseguir su apoyo y cumplir con el Reglamento de la Cámara Baja que exige la firma de 2 grupos parlamentarios o 70 diputados (art. 52) para que se pueda registrar esta iniciativa
Antonio Maíllo insistió que en este caso estamos ante el ejemplo de una “corrupción legislativa”’, es decir, una manipulación de las leyes para favorecer “tanto a particulares como a empresas”.
Argumentos para la comisión de investigación parlamentaria
El texto de la iniciativa incide en la necesidad de investigar “qué empresas podrían haber participado en la trama”, no solo compañías gasistas. También la “coincidencia temporal entre el dictado de nuevas leyes que introdujeron mejoras fiscales al sector eléctrico y de las energías renovables con pagos realizados por compañías del ramo al despacho de servicios profesionales jurídicos, económico y fiscales denominado Equipo Económico”.
Se plantean también los “supuestos ‘encargos’ de múltiples normas fiscales realizados por distintas grandes empresas al Ministerio de Hacienda a través de Equipo Económico”, la “coincidencia entre algunas de estas empresas y los beneficiarios del Real Decreto Ley 12 de 2012 de 30 de marzo de ‘amnistía fiscal’ -que luego, el 8 de junio de 2017, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional- y determinar si esta amnistía fue diseñada y aprobada también para beneficiar a clientes de Equipo Económico a cambio del pago de determinadas cantidades económicas”.
La propuesta de comisión señala la necesidad de investigar la “elaboración de informes periciales por Hacienda y contestaciones a requerimientos judiciales, en ambos casos a petición por ejemplo del juez instructor del denominado ‘caso Papeles de Bárcenas’” o las “resoluciones dictadas por los Tribunales Económicos Administrativos Regionales (TEAR) y por el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) sobre asuntos tributarios, infracciones y liquidaciones fiscales que hayan afectado a varias empresas energéticas o de juego que han aparecido como beneficiadas de la elaboración de leyes”.
Los objetivos incluirían la “posible relación de otros ministros del Gobierno del PP con la ‘venta’ de leyes o elaboración de estas por encargo de empresas a cambio de pagos económicos”. Aquí han aparecido informaciones que señalan la supuesta intervención del que fuera ministro de Justicia entre septiembre de 2014 y junio de 2018, Rafael Catalá, para influir en la aprobación de leyes fiscales que beneficiarán a la empresa de juego CODERE, que habría pagado casi 700.000 euros a Equipo Económico”.
