Izquierda Unida lleva más de un mes esperando a que los máximos responsables del Ministerio de Justicia respondan si piensan tramitar “de forma urgente y prioritaria” el indulto a las personas condenadas conocidas como ‘Las seis de La Suiza’.
Las/os seis sindicalistas -cinco mujeres y un hombre- están en prisión desde ayer, después de que un día antes el responsable del Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón dictara orden de detención e ingreso en prisión para todas, tras desestimar las solicitudes de las defensas y la Fiscalía para suspender la condena a tres años y medio de cárcel.
Todos los/as diputados/as de Izquierda Unida -desde su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, pasando por Fèlix Alonso, Toni Valero, Engracia Rivera, Francisco Sierra y Nahuel González- firmaron la iniciativa registrada en el Congreso el 3 de junio donde ya planteaban al departamento de Félix Bolaños “qué plazos” maneja para el indulto, más teniendo en cuenta “que ha sido solicitado por numerosas personas y organizaciones sindicales”, además de recordar que la propia “Fiscalía había pedido que no ingresen en prisión”.
El texto destaca que es “urgente e indispensable” este indulto “para el mantenimiento de la democracia”. Mientras, el silencio del titular de Justicia -también ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes- y de sus máximos responsables alcanza también a otra de las cuestiones planteadas: conocer “qué va a hacer el Gobierno para proteger el ejercicio de la libertad sindical y el derecho a huelga evitando otros casos de condenas como este”.
Cada una de las personas ya en prisión fue condenada a penas individuales de dos años por obstrucción a la justicia, y a un año y medio por coacciones, además de a pagar conjuntamente 150.000 euros de indemnización -cantidad ya satisfecha- por las protestas llevadas a cabo en el exterior de la pastelería La Suiza.
Estas protestas se realizaron de forma pacífica, con autorización administrativa previa y sin intervención policial en ninguna de ellas. Buscaban que el dueño del comercio abonara una indemnización por despido a una trabajadora que le había acusado de acoso laboral y sexual, y que retirara una denuncia presentada contra su marido, a lo que el empresario se negó en todo momento.
Contra la libertad sindical y el derecho a huelga
Los parlamentarios de IU inciden en que la última sentencia condenatoria “se sustenta en la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que lo denunciaban por acoso laboral y sexual”.
Para Izquierda Unida, este tipo de fallos “debilita el ejercicio de la libertad sindical y el derecho a huelga, y puede reducir la voluntad de las trabajadoras y trabajadores de ejercer dichos derechos, suponiendo un claro retroceso social”.
En la iniciativa parlamentaria se recuerda que la Plataforma de la Abogacía en Defensa de la Acción Sindical alerta también de que las sucesivas sentencias sobre este caso “desde primera instancia hasta el Tribunal Supremo, crean un precedente jurídico muy nocivo sobre los derechos fundamentales de libertad sindical, libertad de expresión y derecho de manifestación”, además de recordar que el auto del juez Lino Rubio Mayo, “implica una exhibición de ‘orgullo’ por este retroceso, en lo que jurídicamente consideramos un verdadero atropello a la acción sindical”.
