El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha denunciado esta mañana que existe “una operación de desestabilización muy constante y muy organizada”, contra el Gobierno de coalición y el desarrollo de políticas de izquierda en esta país, en la que “hay sectores del poder judicial que, vergonzosamente, están intensamente comprometidos con esa operación”.
Santiago hizo estas valoración en declaraciones en el Congreso antes de mantener una reunión con Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos, preguntado por los medios por la solicitud hecha al Tribunal Supremo por el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, para que impute nada menos que al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Peinado tomó declaración en abril pasado como testigo al ministro en el marco de la más que polémica instrucción que abrió hace meses contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la que el juez ya ha recibido varias severas correcciones por parte de instancias judiciales superiores.
El juez instructor ha enviado ahora una exposición razonada al alto tribunal, ya que Bolaños es aforado y él carece de competencias para imputarlo, donde apunta a su presunta responsabilidad por supuestos delitos de malversación y falso testimonio. Lo primero, por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, pese a que el ministro señaló que no la conocía de nada. y que no la propuso para el cargo de libre designación. Lo segundo, en base a su declaración ante el juez.
Enrique Santiago ha advertido también de que “estos días vamos a vivir una huelga política de jueces”, un paro decidido “no para reivindicar mejoras de sus condiciones de trabajo”, sino “una huelga para coaccionar a uno de los poderes del Estado, al poder legislativo, y ordenarnos cómo tenemos que legislar”.
“Probablemente -señaló el portavoz de IU en el Congreso- el poder judicial ha olvidado que el único poder del Estado elegido por los ciudadanos en España es el poder legislativo”.
Santiago lamentó que “la Iglesia Católica también ha entrado en esta operación de desestabilización”. Tachó de “realmente inaceptable que esté pidiendo elecciones”, y que lo haga “una institución que en 2000 años no ha convocado una consulta ni unas elecciones en ningún lugar”.
