El momento actual, con graves heridas en la ética pública, exige convertir en acción legislativa la lucha contra la corrupción, con medidas radicales para exterminar una lacra que puede arrasar con la propia democracia.
La recuperación de la credibilidad y la exigencia de amplios sectores sociales que no quieren que llegue la extrema derecha al gobierno exige cumplir con ellos a través de lo que debe hacer el Parlamento y el Gobierno: leyes y normas para su ejecución que recuperen la confianza y den seguridad y certidumbre a quienes desean que la corrupción sea una pesadilla a la que se le dé portazo definitivo.
En el presente documento se señalan 35 iniciativas, medidas y reformas que desde Izquierda Unida se proponen para afrontar con eficacia la lucha contra las prácticas corruptas, los corruptos y los corruptores.
Son medidas que esta organización política ha elaborado a lo largo de 30 años, muchas de las cuales se han intentado abrir paso infructuosamente hasta ahora.
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Medidas relativas a la persecución de los delitos relacionados con la corrupción
1. Ley integral anticorrupción.
- Los corruptos y corruptores asumirán los costes directos e indirectos de sus acciones, perjuicios a terceros, costes judiciales, restitución derechos lesionados.
- Prohibición de concurrir a concursos públicos de contratación de empresas condenadas ellas o sus directivos por corrupción en los últimos diez años.
2. Ley expropiatoria de bienes o beneficios adquiridos mediante prácticas corruptas: debe perseguirse de forma especial el rol que juegan las empresas corruptoras y sus dirigentes, ampliando responsabilidades en el seno de la estructura empresarial corrupta.
3. Ampliación de los tipos penales y endurecimiento en algunos supuestos de penas establecidas en el Código Penal para corruptos y corruptores.
- Deben abordarse también las conductas de pasividad ante la corrupción en supuestos de conocimiento de estas prácticas y falta de denuncia por parte de sujetos de la estructura interna de las empresas, la administración o las organizaciones políticas y sociales.
- Endurecimiento del delito de cohecho o soborno impropio.
- Endurecimiento de las penas del delito fiscal y ampliación del plazo de prescripción.
4. Inhabilitación de 30 años para ocupar cargos públicos y urgencia en los expedientes judiciales con cargos públicos imputados.
5. Tramitación y aprobación de la ley de creación y desarrollo de la Oficina de prevención de la corrupción:
- Siguiendo las indicaciones GRECO, la Oficina de prevención de la corrupción tendrá como función la prevención, detección, investigación y erradicación de la corrupción, el fraude y el uso o destino ilegal de fondos públicos, así como cualquier otro aprovechamiento irregular derivado de conductas que conlleven conflicto de intereses o el uso en beneficio privado de informaciones derivadas del ejercicio de funciones incluidas en el ámbito de actuación concreto.
- Tendrá independencia y autonomía y su presidencia será elegida por el Pleno del Congreso.
6. Refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción, tanto en medios materiales como humanos, incluidas las unidades policiales de supervisión y lucha contra la corrupción.
7. Mantenimiento del estatuto legal de las acusaciones populares y limitación legal del máximo a imponer en fianzas para poder ejercer la acusación popular.
8. Reforma de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción para dotar de mayores garantías a los denunciantes de corrupción.
9. Aprobación urgente del Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, que se encuentra en estos momentos en tramitación y regula por primera vez la actividad de los ‘lobbies’ en sus relaciones con las instituciones y el conjunto del sector público.
10. Aprobación urgente de la reforma del Reglamento del Congreso para incorporar un nuevo Título XIV para la regulación de los grupos de interés y los incumplimientos o infracciones por parte de los diputados y grupos parlamentarios. Debe exigirse igual reforma en el Senado y el resto de parlamentos autonómicos en los que su normativa siga siendo poco exigente o nula.
11. Modificación de la ley de indultos para que no se pueda conceder a condenados por corrupción.
12. Limitación de aforamientos. En línea con el principio 6 de los 20 principios directores para la lucha contra la corrupción adoptados por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 6 de noviembre de 1997 de cuyo cumplimiento se encarga el grupo Greco.
13. Favorecer la especialización de personas u organismos encargados de luchar contra la corrupción y otorgarles los medios y la formación necesarios para el ejercicio de sus funciones.
14. Eliminación de la inviolabilidad del monarca.
Medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal
15. Desarrollo de la Ley General Tributaria para mayor eficacia en la prevención y lucha contra el fraude.
16. Atribución a la Agencia Tributaria la función de investigar el fraude fiscal organizado y blanqueo de capitales.
17. Dotación de medios financieros, materiales, tecnológicos y humanos a la Agencia Tributaria, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España; a las Fuerzas de Seguridad encargadas de la lucha contra la delincuencia económica y fiscal; a la Fiscalía Anticorrupción.
18. Creación de una Policía Fiscal en la Agencia Tributaria.
19. Lucha contra el fraude en el IVA.
20. Prohibición para que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en paraísos fiscales. Todo movimiento de fondos con origen o destino a un paraíso fiscal tributarán en España al 24%.
21. Medidas de control de los procesos de contratación de las administraciones públicas.
22. Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, para limitar las revisiones de precios y sobrecostes.
23. Reforma de la legislación de transparencia e información pública, para ampliar y profundizar en los supuestos de publicación y transmisión de información de los procesos de contratación.
24. Publicación de documentos relativos a procedimientos y contratos de urbanismo en tiempo real.
25. Registro público de recalificaciones de suelo.
26. Creación de una unidad en la Agencia Tributaria de comprobación de los datos fiscales declarados y los datos registrados como plusvalías de convenios urbanísticos y recalificaciones.
Cargos públicos
27. Los salarios de los representantes electos no excederán al del funcionario de rango más alto de la administración en la que ejerce su labor. Eliminación de los complementos de cargo.
28. Eliminación de los planes de pensiones privados u otras prestaciones por ser cargo público.
29. Todas las personas con responsabilidades públicas tendrán la obligación de depositar su declaración de bienes e intereses en un registro público.
30. Regulación y transparencia en regalos e invitaciones. Los obsequios con valor superior a 200€ serán rechazados o entregados a la institución.
31. Incompatibilidad de tres años para ejercer en empresas privadas o prestar servicios en sectores directamente relacionados con su cargo.
Campañas electorales
32. Limitar drásticamente los gastos de las candidaturas por partidos políticos.
33. Los registros y archivos del Tribunal de Cuentas serán de acceso público.
34. Código ético del cargo público comprometiéndose a denunciar cualquier dato de corrupción que conozca, separarse de cargos electos o puestos de libre designación tras su imputación, siendo definitiva cuando sean condenados.
Medidas contra el transfuguismo
35. Reforma del Pacto contra el transfuguismo. Imposición de sanciones, suspensión de militancia, eliminación o reducción de dietas e indemnizaciones y exigencia del cargo público a infractores.
